Sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina

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Autora: Daniela Ortiz Celoria
Fecha de publicación: 22 Mar, 2021
Temas: Derecho procesal penal; Responsabilidad penal juvenil; Ley 22.278

Introducción

En el presente trabajo analizaremos el proyecto del sistema de responsabilidad penal juvenil, presentado el 19 de febrero de 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con el Ministerio de Seguridad. Este proyecto busca modificar la ley 22.278, promulgada y sancionada en 1980 por el último gobierno militar.

Así, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propone grandes modificaciones, entre las que podemos encontrar la reducción de la edad de imputabilidad, y procedimientos especiales para el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) en conflicto con la ley penal.

En ese sentido, cabe señalar que la delincuencia juvenil es considerada en la actualidad como una de las problemáticas más complejas, y despierta diferentes reacciones en el mundo del derecho y en la sociedad. Asimismo, que existe un descrédito de los posibles mecanismos estatales presentes para solucionarlo debido a la falta de congruencia y racionalidad en cuanto a las sanciones y a la violación de garantías constitucionales.

En materia legislativa nuestro país presenta una situación particular. En la actualidad, existe una contradicción entre dos leyes antagónicas, entre la ley 22.278 sancionada diez años antes de que nuestro país ratificara mediante la ley 23.849 la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) y lo que surge de la misma en cuanto que reemplaza la doctrina de la situación irregular por el de la protección integral de derechos. Esta aparente contradicción entre normas, y sobre todo en las prácticas institucionales con relación a los NNA, constituye el objeto de análisis de este trabajo.

 

I. Ley 22.278 – Régimen penal de la minoridad:

Publicada el 28 de agosto de 1980, en su artículo 1° reza “No es punible el menor que no haya cumplido 14 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación…” En su artículo 2° “Es punible el menor de 14 a 18 años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo primero[1].

Estos artículos fueron modificados el 18 de mayo de 1983, elevando el límite de la edad de imputabilidad.

Artículo 1º – No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.

Artículo 2º.- Es punible el menor de 16 a 18 años de edad que incurriere en delitos que no fuera de los enunciados en el artículo uno.

 

II. El sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina

En Argentina, rige el régimen de la minoridad instituido por la ley 22.278 para la sanción de delitos cometidos por personas menores de edad. Este decreto-ley, que data de la última dictadura militar, otorga amplias potestades al juez en la resolución de casos. Puede en ese sentido, dictaminar medidas privativas de libertad y alojamiento en instituciones específicas de menores, hasta incluso extender esas medidas hasta la mayoría de edad.

La ley establece que los adolescentes son imputables a partir de los 16 años, limite etario, el Estado debajo del cual no puede atribuir responsabilidad por la comisión de un delito.

En 1983, por efecto de la ley 22.803 se repuso el límite de imputabilidad que habría sido fijado en 1954 por la ley 14.394, dejada sin efecto tanto por la ley 21.338 de 1976, como el régimen penal de la minoridad (ley 22.278) sancionado en 1980 a instancias de la propuesta de una Comisión de Juristas.

De este proceso da cuenta González del Solar, quien explica la dureza de la ley 21.338 de este modo: “La criminalidad desatada por la guerrilla comunista durante los años ’70, trajo consigo nuevas reformas al régimen penal vigente. La ley 21.338 redujo la imputabilidad a los 14 años, al modificar la ley 14.394, estatuyendo que la regulación especial se aplicara hasta los 16 años, edad ésta a partir de la cual los menores quedaban sujetos al régimen penal común, significativamente agravado por sus innovaciones en las figuras y penalidades (…) la minoridad quedó expuesta desde los 14 años a la pena de muerte, conminada para numerosos ilícitos frecuentes en un estado de conmoción interior que importaba falta de seguridad y desasosiego extremo[2].

El autor citado manifestó que, al estimar superada la actividad criminal de la guerrilla, y como un testimonio del reencuentro con distintos sectores de la sociedad, el PEN encomendó a la Comisión integrada por Pena, Caride y otros especialistas, la elaboración de un proyecto para remozar el régimen penal de la minoridad, que con su concreción dio a luz la ley 22.278 [3].

En esta ley no prosperó la propuesta de la Comisión de volver el límite a los 16 años, fue recién en el año 1983, mediante la ley 22.803.

Para comprender los motivos de la posible reforma de la ley 22.278, analizaremos en profundidad algunos conceptos haciendo hincapié en los artículos 1°, 2°, 3° y 4°. 

Así el artículo 1° de la ley establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.

Como se puede observar, el primer párrafo del artículo citado establece una imputabilidad absoluta respecto de los menores de edad que no hayan cumplido 16 años al momento de cometer un ilícito. Esto se entiende que todo individuo por debajo de esa edad que cometa un hecho delictivo, para la ley penal es inimputable, es decir que no son sometidos a un proceso judicial penal, ni son pasibles de la aplicación de una pena de las establecidas en el Código Penal.

Al respecto señala Crivelli, el inconveniente que aquí se presenta tiene relación con la necesidad de estipular la edad a partir de la cual corresponde reclamar responsabilidad penal en la que predominen criterios de prevención especial positiva en relación al principio de culpabilidad por el acto. La determinación de la edad mínima a partir de la cual se encuentre legitimada la intervención penal es sin lugar a dudas producto de una opción valorativa que concrete los límites dentro de los cuales el Estado brinda un trato al infractor, intrínsecamente ligado a la política criminal que asuman las autoridades en base a las necesidades sociales percibidas [4].

El autor citado explica que “La normativa internacional no ha determinado expresamente una edad mínima para poder ser sujeto de responsabilidad, circunscribiéndose a recomendar que no se trate de una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual, aconsejando también a que la normativa especial se aplique a los «delincuentes adultos jóvenes«[5].

Por su parte, el artículo 2° dispone que “es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1. En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 4.Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.

En esta norma se establece una imputabilidad relativa, referida a la responsabilidad penal que pudiera caberle a los menores que se encuentren en la franja de edad de los 16 a 18 años, respecto de todos aquellos delitos que no sean de acción privada, o tuvieren una pena de multa o inhabilitación, o una pena privativa de la libertad que exceda los 2 años. 

Siguiendo la opinión de Crivelli, en estos supuestos, donde la norma establece que los menores comprendidos entre los 16 y 18 años de edad tampoco serán imputables, se reduce el ámbito material de intervención, quedando comprendidas en primer lugar, las faltas o contravenciones, toda vez que éstas, en ningún caso exceden los dos (2) años de prisión.

Por esta misma causal, es decir, por no exceder los dos (2) años de prisión, quedan fuera del ámbito de aplicación material del régimen penal juvenil un considerable número de acciones tipificadas en el Código Penal, tales como; lesiones leves (art.89); exhibiciones obscenas (art.129); amenazas (art.149 bis); delitos contra la libertad de reunión (art.160); delitos contra la libertad de prensa (art.161); violación de domicilio (art.150); hurto (art.162); daño (art.183); arrojamiento de cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren (art.193) entre otras, sin mencionar los tipos contemplados en las leyes complementarias [6].

Por su parte en el artículo 3°, la disposición determinará: a) La obligada custodia del menor por parte del juez, para procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá ordenar las medidas que crea convenientes respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio; b) La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor; c) El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere. La disposición definitiva podrá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y concluirá de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría de edad.

En este artículo se establecen los alcances de la disposición tutelar que dicta el juez de menores en virtud del artículo 1º de la ley.

Asimismo, Casanova sostiene que la norma deja traslucir cierta intención de intervención socioeducativa –formación y protección integral-, que puede ser la ventana donde los profesionales operen en el sistema penal juvenil por indicación del Juez; esto a través de sus informes técnicos razonablemente justificados, los cuales aconsejen el dispositivo y medidas más adecuadas para el joven.

A su vez también se hace mención a las obligaciones de los padres, obligaciones de las cuales no se los releva, pero que deben aceptar la orden judicial restrictiva de su patria potestad. A tal punto que el Juez tiene la facultad de retirar la guarda del sujeto de ser necesario, y cesar tal resolución en cualquier momento que se crea necesario mediante fundamentación razonable [7].

Por su parte Guemerean opina que este artículo no fue blanco de interpretación ni de polémica. Para ello, desempeñó por mucho tiempo un papel regulativo: se lo invocaba a los efectos de tomar medidas respecto a la tutela, para cesarla o declararla extinguida y, en ocasiones, a los efectos de tomar medidas respecto a la situación de las personas menores de edad que ameritaran alguna justificación ad hoc. Con la creciente instalación de un enfoque de derechos, la invocación de medidas ancladas en el “interés superior del niño” hizo volver la atención sobre un artículo cuya potencial discrecionalidad había pasado inadvertida.

Así la reinterpretación del artículo giró sobre dos ejes: el “interés superior del niño y las medidas siempre revocables en su beneficio” y la “adecuada formación de aquél mediante la protección integral” que invitó a los magistrados a proponer la prevención especial y las medidas de tipo socioeducativo como finalidades inherentes al tratamiento tutelar. En este sentido, es loable destacar el esfuerzo de los magistrados para buscar correctas hermenéuticas interpretativas que permitieran compatibilizar el vilipendiado pero vigente régimen penal de la minoridad con la moderna doctrina internacional, orientada por el enfoque de derechos humanos [8].

El artículo 4.- La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo 2 estará supeditada a los siguientes requisitos: 1) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales. 2) Que haya cumplido dieciocho años de edad. 3) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicar le sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso 2.

A este artículo según Guemureman, se lo conoce como el “perdón judicial”, es decir como la facultad soberana del juez de proceder en forma indulgente “perdonando”, atendiendo a consideraciones de madurez, o sea atendiendo a la persona y no al acto.

Justamente, detenerse en el análisis de las implicancias de este artículo es fundamental para comprender cómo se sanciona a los jóvenes: la efectiva imposición de una pena a un adolescente autor de un delito sólo será factible de ser aplicada si el joven ha cumplido ya los 18 años, si además estuvo sometido por un período de al menos un año de tratamiento tutelar, y si previo a esto ya se le había declarado la responsabilidad penal, es decir, si el tribunal había evaluado técnicamente que el adolescente había sido efectivamente al autor o coautor del delito de referencia [9].

 

III. El Régimen penal tutelar

Nuestra legislación Nacional adopto el sistema de “Situación Irregular” o “Modelo Tutelar”, a través de la ley 10.903, publicada en el Boletín Oficial el 30 de octubre de 1919, también llamada “Ley de Patronato de Menores” o “Ley Agote”.

El “Modelo Tutelar o de la situación irregular” se originó en Estados Unidos a fines del siglo XIX por el Movimiento de los Reformadores, como respuesta a la indignación que provocaba la promiscuidad y condiciones carcelarias de los niños y adolescentes en las cárceles de adultos, y que formó parte de lo que se conoció como “el movimiento de los Salvadores del Niño”[10].

Está fundado teóricamente en la escuela etiológica, es decir, en el positivismo criminológico de fines del siglo XIX y principios del XX, que comprendía a la pena como la respuesta científica a la anormalidad del delincuente y al procedimiento como una investigación en ese sentido[11].

Asimismo, Gómez da Costa sostiene, que, desde este paradigma, se considera a los destinatarios de las normas como “menores”, en el sentido de incompletos e incapaces. Es decir, se los define por sus carencias, para cosificarlos como “objetos de protección”, dignos de “tutela”.

Como puede observarse, centra la atención en la persona y la considera como desprotegida y/o desviada, por ello debe actuar el Estado a través de instituciones totales, en el primer caso como una especie de pater familiae para el menor, y en el segundo para corregir su desviación. La visión de la infancia desde esta óptica es necesariamente fragmentada, puesto que sólo se visibiliza al menor por la situación en que se encuentra, por ejemplo, de calle o de delito, y a razón de ello se le brinda una “ayuda o caridad estatal”, que por su carácter de tal no genera obligaciones para el Estado que brinda la ayuda y protección. Para “ayudar” o “proteger” no interesa la opinión del niño, puesto que se lo desmerece, se lo subestima mediante la exaltación de sus carencias, se los define a partir de lo que no saben, no tienen, no pueden o no son capaces de hacer o conseguir, como una “isla rodeada de omisiones” no se lo considera como una persona en desarrollo sino como una cuasi-persona -si se me permite el término-.

El supuesto en el que debe encontrarse el menor así concebido para habilitar la intervención estatal (tutela) debe configurar lo que se denomina “situación de riesgo o peligro moral o material”, “situación irregular” o ya “circunstancias especialmente difíciles”.

Estas están configuradas por omisiones y/o deficiencias de los adultos y del Estado que han generado o coadyuvado a que el niño forme parte de un estado situacional determinado que habilita a aquél a intervenir, y esa intervención, general y mayoritariamente –por no decir únicamente-, ha consistido históricamente en la “disposición” arbitraria del menor mediante la internación en instituciones totales similares a la prisión para adultos –o peores-[12].

Nos resultan interesante las características que Beloff le otorga al sistema de la situación irregular, el cual lo caracteriza a partir de las siguientes nociones:  

La primera es que refleja criterios criminológicos propios del positivismo. De esa concepción positivista se deriva un sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores (o “potenciales infractores”) de la ley penal a partir de las ideas del tratamiento, la resocialización -o neutralización en su caso- y, finalmente, de la defensa de la sociedad frente a los peligrosos. Desde la perspectiva de las teorías del castigo, tal justificación ha sido llamada prevención especial y dio paso al reemplazo de las penas por medidas de seguridad, terapéuticas o tutelares respecto de estos “menores en situación irregular” o en “estado de abandono, riesgo o peligro moral o material”, o en las igualmente vagas -no obstante ser más modernas- categorías de “menores en circunstancias especialmente difíciles” o “en situación de disfunción familiar”.

El segundo rasgo característico de la situación irregular es el argumento de la tutela. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la infancia y la juventud sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar con la intervención “protectora” del Estado. Estas características de las leyes de la situación irregular explican y justifican la abolición del principio de legalidad, principio fundamental del derecho penal de un Estado de Derecho. El desconocimiento de este principio permite que las leyes contemplen el mismo tratamiento tanto para niños y jóvenes que cometen delitos cuanto para aquellos que se encuentran en situación de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales (a la familia, a la alimentación, a la salud, a la educación, al esparcimiento, a la vestimenta, a la capacitación profesional, entre otros). Además, posibilita que las reacciones estatales sean siempre por tiempo indeterminado y sólo limitadas, en todo caso, por la mayoría de edad, oportunidad en la que cesa la disposición judicial sobre el menor en “situación irregular”.

El tercer rasgo característico de estas leyes es la singular función atribuida al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales, por decirlo de alguna manera. En este sentido, es importante recordar que el mayor porcentaje del trabajo de los juzgados de menores que funcionan según las previsiones de las leyes de la situación irregular es de naturaleza tutelar o asistencial[13].

 

IV. Fundamentos de la reforma.

El proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con fecha 19 de febrero de 2019 para la Reforma del Régimen Penal Juvenil se basa en cuatro ejes fundamentales: 1) contar con una justicia especializada, 2) abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, 3) fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, 4) procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

Establece que los jueces que intervengan en el sistema de responsabilidad penal juvenil deberán tener formación adecuada y deberán trabajar en colaboración con expertos en salud mental, en trabajo social, en sociología, en derecho y otras profesiones atinentes a la problemática.

Propone un sistema de escalas que establece las siguientes responsabilidades penales:

a) Un menor es penalmente responsable desde los 15 años de edad si comete un delito cuya pena máxima posible es de quince años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas).

b) También es penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años si comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.

El proyecto para un nuevo régimen penal juvenil prohíbe explícita y absolutamente la privación de la libertad para cualquier menor de 15 años (situación que actualmente ocurre en la Argentina). Además, según surge de los fundamentos del proyecto, el nuevo sistema busca dar respuesta a todos los involucrados: al joven que comete el delito, a la comunidad y, en sintonía con otras leyes aprobadas recientemente y con un cambio de enfoque general de la política de justicia y seguridad en la Argentina, a las víctimas, que en muchísimos casos son incluso más jóvenes que el agresor.

A su vez, el Régimen Penal de la Minoridad aún vigente en nuestro país, tampoco incluye herramientas que habiliten al sistema de justicia a efectuar un abordaje sistemático, integral e interdisciplinario, que fomenten la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal, y a la vez promuevan su integración social mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socioeducativas, acordes a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, ignorando lo establecido por el artículo 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El régimen actual otorga una enorme discrecionalidad al juez para someter a proceso a un niño, niña y adolescente, omitiendo un serio abordaje interdisciplinario que permita tanto otorgarle a este una función constructiva en la sociedad, como trabajar sostenidamente con aquél en su concreta responsabilidad subjetiva en el hecho cometido y sus consecuencias.

Asimismo, el anteproyecto menciona que dichas herramientas, mencionadas en el párrafo anterior, son imprescindibles en línea con el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional, educativa y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que implica la necesidad de buscar alternativas en clave de inserción social, en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto establece en su artículo 19 que ”Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

La planilla de definición de proyecto hace mención a la problemática a enfrentar[14]: a) Ausencia de formación “especializada” de actores del Poder Judicial y Operadores, contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y demás estándares internacionales; b) Ausencia de “especialidad” de penas que se aplican a NNA, contrario a CDN y demás estándares internacionales; c) Ausencia de Jueces, Fiscales, Defensores (en algunas provincias) y Cámaras especializadas; d) Exceso de prisión preventiva contrario a estándares internacionales en algunas provincias del país; e) Ausencia de normativas procesales especializadas en algunas provincias; f) Ausencia de una ley penal juvenil acorde a CDN y estándares internacionales; g) Ausencia de conocimiento e implementación de medidas alternativas al proceso; h) Disputas sobre edad de imputabilidad que entorpecen avanzar sobre el resto de pendientes; i) Malas condiciones de detención; j) Ausencia de mecanismos sistemáticos de monitoreo en algunas provincias; k) Ausencia de estadísticas unificadas, completas.

En el marco de la sanción de la ley N° 22.278 debe observarse que la misma fue promulgada diez años antes de que nuestro país ratificara -mediante la Ley N° 23.849- la Convención sobre los Derechos del Niño, la que reemplaza la doctrina de la situación irregular por la protección integral de derechos.     

En cuanto a los lineamientos a seguir en los fundamentos del proyecto de reforma, no sólo se sigue a dicha Convención, sino también aquellos instrumentos internacionales entre los que se destacan las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing (Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 29 de noviembre de 1985), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 14 de diciembre de 1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riad (Resolución 45/112 aprobada por la Asamblea General sobre la base del Informe de la Tercera Comisión A/45/756 en el Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones de fecha 14 de diciembre de 1990), las Reglas básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (Reglas de Brasilia), así como también las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la Libertad (Reglas de Tokio); Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y en Medidas no privativas de la Libertad para las Mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok); las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas; y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[15].

Como puede observarse, el nuevo proyecto recepta principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados por el artículo 75 inciso 22 de la Constitucional Nacional, constituyendo la base mínima de derechos y garantías que el Estado Argentino debe asegurar a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

V. Justicia especializada.

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la justicia especializada. Previo a adentrarnos en su desarrollo debemos comenzar por comprender qué se entiende por dicho concepto. La especialidad en el trato judicial a los niños, niñas y adolescentes imputados de un delito resulta la característica de mayor importancia para comprender el tema en cuestión. Dicha expresión de la protección especial surge de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según explica Barbirrotto, el principio de especialización se basa en crear un sistema con normas y procedimientos diferentes al de los mayores de edad, como también así, jueces y funcionarios capacitados en cuestiones relativas a los derechos de niños y adolescentes. Ello es así, por que el niño y/o adolescente es un sujeto de derecho, que exige ser tratado con todas las garantías constitucionales, más un plus, que es el atender a su particular proceso de desarrollo, especialmente cuando el déficit cultural y educativo lo han llevado a cometer algún delito.

Para el autor, la especialización en la justicia requiere una organización de un sistema judicial más flexible y diverso para juzgar a personas menores de 18 años, debido que los menores se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber finalizado el proceso madurativo[16].

 

VI. Conclusión

Resulta relevante a la hora de evaluar determinados aspectos controvertidos del Proyecto de Reforma Penal Juvenil, tener en cuenta un informe que presento UNICEF con ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil. Así, dicha organización sostiene que es sumamente importante que la reforma esté en línea con los estándares internacionales, y que para ello se requiere de un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezcan a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas.

Asimismo, en cuando a la edad de punibilidad, el organismo internacional, refiere que bajar la de edad podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva[17].

El Anteproyecto de ley del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que busca reemplazar a la Ley N° 22.278, pretende crear un régimen que brinda respuestas más eficaces frente a adolescentes que cometen delitos. El objetivo del sistema propuesto es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad y promover su reinserción social, ofreciéndole alternativas de vida que lo alejen del delito y lo vinculen de manera positiva con la comunidad.

Para ello, se ha privilegiado la participación en distintas etapas del proceso, tanto de la víctima como del entorno familiar y comunitario del adolescente, apoyándolo en el desarrollo de un rol constructivo en la sociedad.

Asimismo, se ha hecho foco en la organización de una justicia especializada en la materia y se ha puesto a disposición de los jueces una batería de medidas socioeducativas y disciplinarias. A su vez, el proyecto prevé que, en el caso de delitos leves y previa intervención de la víctima, se puedan aplicar institutos como la remisión, la mediación y la conciliación, para evitar el contacto del adolescente con el sistema penal, cuando ello sea innecesario o pueda resultar perjudicial.

A partir del análisis realizado en el presente trabajo, concluimos que la necesidad de una reforma al Sistema de Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil, se trata de una cuestión pendiente, que parte del reconocimiento de la necesidad de adecuar lo que recepta el ámbito nacional al ámbito internacional de los Derechos Humanos, que incluso tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Esto, ya era una obligación del Estado desde que suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahora también lo es como parte de una condena en sede internacional, a partir de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza.  

La corte IDH, no solo determinó cuáles eran los derechos que se vulneraron, sino que también ordenó a la República Argentina, que cumpliera con su obligación de adecuar su legislación a tales estándares. También se le ordenó la adopción de políticas públicas adecuadas para prevenir la delincuencia juvenil, a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y la obligación de brindar apoyo a ellos y a su familia.

La ley nacional 22.278 responde a un paradigma que se ha denominado como “doctrina de la situación irregular”, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como las demás normativas internacionales ya citadas, parten de considerar a los adolescentes como sujetos de derecho y tienden a la protección integral de todos sus derechos humanos. Todo lo contrario a lo que sucede actualmente con la ley vigente, en la cual los “menores” son considerados meros objetos de protección.

Como puede observarse en dicha ley, el juez dispone discrecionalmente de la vida del menor, generalmente sin plazo, ante la simple sospecha de que hubiera cometido un delito. Todo ello es más que suficiente para nosotros concluir que la normativa aludida debe ser derogada cuanto antes, y en su reemplazo debe sancionarse una ley que sea acorde a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

 

VII. Bibliografía

  • Archuf, Leonor. Crímenes y Pecados: de los jóvenes en la crónica policial. UNICEF Argentina. 2da edición. Buenos Aires, 2001.
  • Barbirrotto, Pablo Alejandro, El Principio de Especialidad en la Justicia Penal para Niños y Adolescentes.
  • Beloff, Mary (2006) Los derechos del niño en el sistema interamericano, Ed. del Puerto, citado en Brocca, Marcelo J. M (2011) Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Comentarios a la Ley 13.634, Ediciones Verzetti, Buenos Aires.
  • Casanova, Roberto Horacio. “Sobre el régimen penal de minoridad: la articulación comunitaria como alternativa a los dispositivos penales juveniles”. aacademica.org/000-044/521.
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  • Osio Alejandro Javier, El Estado en situación irregular respecto de niñas, niños y adolescentes. www.pensamientopenal.com.ar.
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  • Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ed. Ediar. Buenos Aires 2012.

 

VIII. Referencias

[1] Ley 22.278 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/texact.htm Recuperado: 4/4/2020.

[2] Guemureman Silvia, La cartografía moral de las prácticas judiciales en los tribunales orales de menores. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011. 

[3] González del Solar, José H. Delincuencia y derecho de menores. Ed. Depalma, Buenos Aires; 1995.

[4] Crivelli Ezequiel, Bases para un nuevo Derecho Penal Juvenil. Revista jurídica argentina la ley Número: 2008 E.

[5] Idem.

[6] Crivelli 2008 Op. Cit.

[7] Casanova, Roberto Horacio. “Sobre el régimen penal de minoridad: la articulación comunitaria como alternativa a los dispositivos penales juveniles”. www.aacademica.org/000-044/521. Recuperado 11/4/2020.

[8] Guemureman Silvia, La cartografía moral de las prácticas judiciales en los tribunales orales de menores. Los tribunales orales en la ciudad de buenos aires. Editores del puerto, Buenos Aires, 2011.

[9]  Guemureman, Op.cit. pág. 31.

[10] Osio Alejandro Javier, El Estado en situación irregular respecto de niñas, niños y adolescentes. www.pensamientopenal.com.ar. Recuperado 11/4/2020.

[11] Osio, Alejandro Javier, op. cit. Pág. 32.

[12] Gómez da Costa, Antonio Carlos Del menor al ciudadano-niño y al ciudadano adolescente, en AA.VV., Del revés al derecho. La condición jurídica de la infancia en América Latina. Bases para una reforma legislativa. Editorial Galerna. Bs. As. 1992.

[13] UNICEF. Justicia y Derechos del Niño. www.unicef.cl. Recuperado 13/4/2020.

[14] www.justicia2020.gob.ar. Recuperado 13/4/2020.

[15] www.justicia2020.gob.ar. Fundamentos del proyecto de reforma. Recuperado 15/4/2020.

[16] Barbirrotto, Pablo Alejandro, El Principio de Especialidad en la Justicia Penal para Niños y Adolescentes, Pensamiento Penal. Recuperado 19/4/2020.

[17] UNICEF, Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil. https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2019-01/6_Posicionamiento-Justicia-Penal-Juvenil_0.pdf. Recuperado 19/4/2020.


Ortiz Celoria, Daniela

Ortiz Celoria, Daniela

Abogada egresada de la UCES. Especialista en Derecho Penal egresada de la Universidad de Salamanca, España. Prestando funciones actualmente en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Bariloche.

Email: danielaceloria@gmail.com


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