La extinción de dominio en el derecho mexicano: Un mecanismo de combate a la delincuencia organizada

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Autores: Monivet Shaley López García y Franklin Ruiz
Fecha de publicación: 25 Nov, 2020
Temas: Derecho mexicano; Combate del crimen organizado; Extinción de dominio; Internacionalización; Reforma constitucional.

 

Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar que la figura de la extinción de dominio, deviene de la internacionalización del derecho mexicano como respuesta a los compromisos asumidos por el país con la firma de convenciones internacionales para la lucha de la delincuencia organizada. Por ello, tiene relación con el derecho penal, civil y administrativo, dado que se trata de un mecanismo de lucha contra la delincuencia organizada para debilitarla desde el aspecto económico y poder combatirla de manera efectiva.

Abstract

The purpose of this work is to show that the figure of the extinction of domain, comes from the internationalization of Mexican law as a response to the commitments assumed by the country with the signing of international conventions for the fight against organized crime. Therefore, it is related to criminal, civil and administrative law, since it is a mechanism to fight organized crime to weaken it from an economic point of view and to be able to combat it effectively.

I. La extinción de dominio como consecuencia de la internacionalización del derecho mexicano

La sociedad actual se desarrolla bajo un contexto de diálogo constante entre las instituciones nacionales e internacionales, para lograr una sociedad democrática de derecho que respete los derechos humanos como base de actuación de sus instituciones. Es así, como se han establecido intercambios entre el sistema internacional y nacional de cada uno de los Estados en donde se respetan y se incluyen los principios del ius congens y pro homine insertos en la internacionalización del derecho en cada uno de los países para dar muestra de la apertura al Derecho Internacional Público (DIP) en los órdenes estatales.

Por su parte, el Derecho Internacional Público (DIP), ha evolucionado a lo largo de la historia, así tenemos que en el inicio esta rama del derecho regulaba las relaciones entre los Estados como entes soberanos sin ocuparse propiamente de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Sin embargo, como ha ido evolucionando la sociedad, el DIP ya no regula solo las relaciones entre los Estados, sino que se ocupa de materias que se encuentran relacionadas de manera directa con el derecho interno. De esta forma, tenemos que el DIP y el derecho interno tienen una relación mayor cada día, derivado del hecho de que existen bienes o valores universalmente tutelados que deben ser protegidos en todos los núcleos sociales. Así, los principios del DIP cobran una mayor importancia dentro del derecho interno de los países y obligan a las autoridades a la observancia de los mismos en cada uno de sus actos, debido a que las violaciones de los derechos y libertades fundamentales interesan a la comunidad internacional y deben comenzar a protegerse en el orden interno de los Estados para que los ciudadanos no se vean en la necesidad de acudir a los organismos internacionales para el reclamo de los mismos.

Se afirma lo anterior, derivado del hecho de que ramas como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos (con todos sus enfoques), son materias transversales que deben observarse, protegerse, tutelarse y garantizarse por todas las autoridades del Estado, como se desprende de las obligaciones que ha adoptado el Estado mexicano desde la firma de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, firmada en el 23 de mayo de 1969, ratificada el 15 de septiembre de 1974, y que se convierte en la piedra angular para hacer exigible al estado los compromisos derivados de los tratados y convenios internacionales que se hayan firmado sobre todo en materia de derechos humanos, situación que se ha robustecido con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, que nos reflejan un cambio a favor de la internacionalización del derecho mexicano.

Dentro de ese reconocimiento del DIP, como piedra angular del derecho interno, tenemos que los Estados asumen cada vez más compromisos que deben de cumplirse por parte de las autoridades, a través de la toma de medidas legislativas para la adecuación de su normativa interna a los principios del DIP, buscando garantizar los derechos de los ciudadanos tanto en el derecho interno como ante las instituciones del DIP, como lo son el Sistema Universal y Regional de Protección de los Derechos Humanos, que obligan a crear las condiciones que reduzcan las brechas de pobreza, de género y de edad que existen en la mayoría de países, para hacer efectivos derechos como el acceso a la justicia.

Tan es así, que previo a las reformas constitucionales mencionadas, nuestro país había adoptado una internacionalización del derecho interno mexicano, ejemplo de ello fue la firma y ratificación de las siguientes convenciones que interesan desde el derecho penal para entender la figura de la extinción de dominio: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada el 13 de diciembre de 2002, que entra en vigor el 29 de septiembre de 2003, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada el 9 diciembre de 2003 con entrada en vigor el 14 de diciembre de 2005 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la cual fue firmada el 16 de febrero de 1989 por nuestro país y entro en vigor el 11 de noviembre de 1990, que comprometen y obligan a México a realizar las adecuaciones legislativas correspondientes para armonizar su derecho interno en el combate a la delincuencia organizada creando una figura que dote de las herramientas necesarias para descapitalizar a las redes delincuenciales relacionadas con delitos como el secuestro, trata de personas e hidrocarburos, entre otros. Con ello, vemos como el estado Mexicano, continúa con el proceso de internacionalización del derecho interno a través de la adecuación de sus instituciones jurídicas a los principios contenidos en las Convenciones y en este caso, de la acción civil de extinción de dominio para regular la privación del derecho de propiedad a beneficio del Estado, sin que se entregue una contraprestación al ciudadano.

 

II. La extinción de dominio como figura en el derecho interno de los Estados

Derivado de la firma de las convenciones: contra la Delincuencia Organizada Transnacional, contra la Corrupción, y contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, México se vio en la necesidad de adecuar las instituciones internas a los documentos internacionales. De esa manera, el 18 de junio del año 2008, se publica en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 22 constitucional que introduce la acción de extinción de dominio como una figura del derecho civil. Anterior a esa reforma, el artículo 22, tenía la siguiente redacción:

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. La autoridad judicial resolverá que se apliquen en favor del Estado los bienes que hayan sido asegurados con motivo de una investigación o proceso que se sigan por delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación o proceso, sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. La resolución judicial se dictará previo procedimiento en el que se otorgue audiencia a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de delincuencia organizada, siempre y cuando se trate de bienes respecto de los cuales el inculpado en la investigación o proceso citados haya sido poseedor, propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran sido transferidos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o adquirentes de buena fe”.

Previo a su reforma, el artículo comentado solo contenía la figura de la confiscación de bienes en los siguientes casos:

  1. La decretada para el pago de multas o impuestos;
  2. Cuando se decrete por autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito;
  3. La decretada con motivo del enriquecimiento ilícito contemplada en el artículo 109 de la Constitución Federal; y
  4. Por abandono de bienes a favor del Estado, en términos de las disposiciones aplicables.

Con la reforma constitucional,  se introduce en nuestro derecho la figura de la acción de extinción de dominio en su vertiente civil como una acción que tiene a su favor el Estado para hacerse con bienes provenientes de la comisión de un delito, como podemos ver de la exposición de motivos de la reforma del 2007, de donde se desprende lo siguiente:

“…En efecto, se propone establecer la posibilidad del Estado de aplicar a su favor, bienes respecto a los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia organizada…”.

Situación que se ve reflejada en la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019  que en su artículo 3 determina:

“… La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes”.

De esta manera, tenemos que la extinción de dominio es una institución jurídica cuyo objeto es que una persona pierda los derechos que tiene sobre determinados bienes cuyo origen o destino tenga una relación ilícita por su relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la LNED, que son los siguientes:

  • Los relacionados con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los contemplados en el título primero, disposiciones generales, capítulo único, naturaleza, objeto y Aplicación de la Ley federal contra la Delincuencia Organizada en el artículo 2;
  • Secuestro;
  • Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos;
  • Delitos contra la salud, contemplados en la Ley General de Salud en el título Décimo Octavo, medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, Capítulo VII;
  • Trata de personas, contemplados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en su Título Segundo, De los Delitos en Materia de Trata de Personas, Capítulos I, II y III. Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 205 Bis;
  • Delitos por hechos de corrupción, contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo I del Código Penal Federal;
  • Encubrimiento, los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal;
  • Delitos cometidos por servidores públicos, contemplados en el Título Décimo, Delitos por hechos de corrupción, Capítulo II, Ejercicio ilícito de servicio público y el Título Decimoprimero, Delitos cometidos contra la administración de justicia, del Código Penal Federal;
  • Robo de vehículos, contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 376 bis;
  • Recursos de procedencia ilícita, contemplados en los artículos 400 Bis y 400 Bis 1, del Código Penal Federal.;
  • Extorsión, contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 390 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las Entidades Federativas.

Tomando la naturaleza de estos delitos, podemos determinar que la acción de extinción de dominio, busca ser una herramienta dentro de la política criminal de los estados contra el crimen organizado, dado que se enfoca en los bienes que son obtenidos o utilizados en acciones delictivas relacionadas con este tipo de delito. Bajo el supuesto de que el crimen organizado genera ganancias para aquellas personas que participan en él, y dado que ninguna persona puede beneficiarse de una acción delictiva, es que el Estado busca la manera de que aquellos bienes obtenidos o utilizados en acciones delictivas pasen a ser parte del erario público y se obtenga un beneficio social, sin olvidar el hecho de que el derecho de propiedad no puede ser privado de manera arbitraria.

Así, la acción de extinción de dominio se encuentra relacionada con los bienes definidos en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, el cual nos establece la definición de bienes y bienes productos de delito. Nos dice que:

“bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos; mientras que los “productos del delito”, son los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”[1].

Sirva para ilustrar estos bienes, el dinero que se obtiene de rescate, por la explotación de personas, por la venta de narcóticos, los vehículos comprados con las ganancias de la venta de estupefacientes, los departamentos comprados con el dinero obtenido de la venta de personas como parte de la trata. Mientras que los bienes relacionados con el delito, son aquellos utilizados para cometer o intentar cometer el delito, sirva de ejemplos: la casa de seguridad en donde se resguardan a las víctimas de un secuestro, dónde explotan laboralmente a personas, los vehículos para transportar a las víctimas, los ranchos en dónde se hayan las fosas clandestinas, entre otros.

Aunado a ello, tenemos los bienes que siendo utilizados para la comisión de algún ilícito por un tercero, cuando el dueño o quien alegue algún derecho cobre el bien debió tener conocimiento de ello y no lo notifico a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Asimismo, tenemos que dentro de los bienes se encuentran aquellos intitulados a nombre de terceros, pero existan datos para determinar que son producto de los delitos enunciados en el artículo 22 constitucional y cuando el demandado se comporte como dueño, sin que el propietario, titular o quien se ostente como dueño no pueda demostrar su procedencia lícita y además existan indicios fundados para inferir la ilicitud de su obtención.

De ahí, que como se menciona por la Cámara de Diputados en el trabajo “EXTINCIÓN DE DOMINIO» Estudio de Derecho Comparado a nivel Internacional y Estatal (Segunda Parte)” (2012)[2]. La acción de extinción de dominio:

  • Es de carácter real;
  • Es de contenido patrimonial; 
  • Procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido;
  • El procedimiento es autónomo e independiente de cualquier otro de naturaleza penal; y
  • Será el Ministerio Público quien ejercite la acción.

De ello, que se cuente los elementos del debido proceso para tener una acción civil que nace en el derecho penal por su relación con la comisión de un hecho delictivo. Y cuyo ejercicio recae en la figura de la institución ministerial, quien pasa de ser el órgano acusador de una persona en el proceso penal, al actor en una acción civil buscando que los bienes productos u objetos de un delito salgan de la esfera de dominio de esa persona física o moral para pasar a dominio del Estado para beneficio de las víctimas del delito, de las instituciones y en general de la sociedad. De esta manera, lo señala el segundo párrafo del artículo 8[3] de la Ley Nacional de Extinción de dominio, que establece la facultad de la institución ministerial para preparar la acción de extinción de dominio y llevarla ante los tribunales con el objeto de que la autoridad judicial determine la propiedad de los bienes a favor del Estado. En este sentido, se vuelve actor del juicio civil y el impulsor del mismo, sin la intervención del ministerio público no sería posible llevar a cabo la acción en estudio.  

 

III. Relación con el Derecho Penal

Como podemos observar, la extinción de dominio es una acción civil que tiene una relación con la comisión de un hecho delictivo derivado del hecho de que los bienes que se pretenden extinguir a favor del Estado son aquellos provenientes o que hayan sido usados en la comisión de un alguno de los delitos enlistados en el artículo 22 de la Constitución Federal y la LNED, principalmente los relacionados con la delincuencia organizada, sin embargo no solamente se trata de tener una relación con aquellos delitos, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la primera sala, al resolver el amparo directo 22/2013, ha cuestionado la forma en que el juicio penal tiene un impacto en la acción de extinción de dominio con base en lo siguiente:

“…214. Con fundamento en esas disposiciones es evidente que el juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente al juez ante quien se siga la causa penal, las constancias del juicio a fin de estar en posibilidad de resolver de manera congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza intra procesal en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito, o bien la no demostración del delito tratándose se sentencia definitiva.

216. En esas circunstancias, se concluye que la autonomía que prescribe la norma constitucional no es absoluta sino relativa, porque la calificación del cuerpo del delito en el proceso penal debe impactar en el proceso de extinción de dominio, al grado tal que si no se acreditan sus elementos, no hay posibilidad alguna de que el juez civil continúe con el proceso de extinción de dominio, tal como lo consideró el legislador federal, según consta en el contenido de los artículos 10 y 50 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que impiden la contradicción de criterios en aras de respetar el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de Derecho pues, en el caso en que se trate de una contradicción de criterios injustificada, el afectado estaría en aptitud de hacerlo valer ante el juez de extinción y reclamar la devolución del bien cuyo dominio ha quedado extinto o, en su defecto, la indemnización por daños y perjuicios…”.

De lo anterior, podemos ver que aun tratándose de una acción que se sigue por la vía civil tiene una relación con la acción penal derivado del hecho de que para que la extinción de dominio sea decretada es necesario que se cuente con la sentencia en el juicio penal para no emitir sentencias contradictorias, lo que se refleja en la jurisprudencia 1a./J. 21/2015 (10a.), con número de registro 2008879, la cual señala lo siguiente:

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.

De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción I de la Constitución Federal, en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de materia penal, se concluye que dicha separación no es absoluta, sino relativa, porque la autonomía a que se refiere la disposición constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio y del que ha de emitir una decisión en cuanto a la responsabilidad de quien está sujeto al juicio penal, de forma que tal distinción involucra independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector; b) en el desarrollo de cada uno de los juicios; y, c) en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, generalmente, el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida da lugar a dos tipos de juicio: 1) el penal (encaminado a la sanción por la comisión de delitos); y, 2) el de extinción de dominio (enderezado a declarar derechos patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto constitucional citado prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Así, dicho artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que, paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución del delito e incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues sólo así se explica la aclaración en el sentido de que la extinción de dominio procede «aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la sentencia que determine la responsabilidad penal», lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio.

De dicha tesis vemos que existe una relación entre la acción penal y la acción civil de extinción de dominio dado que un requisito para promover la acción civil es que el fiscal haya realizado la investigación correspondiente y existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, aun cuando no se tenga la sentencia firme en el proceso penal, y si relacionamos ese hecho con lo determinado por el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que determina:

“Artículo 212. Deber de investigación penal

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión”.

Se puede observar que el fiscal, previo a promover la acción de extinción de dominio debe realizar una investigación eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial que haya explorado todas las líneas de investigación posibles, esto debido a que el resultado de la acción penal tiene un relación directa en el resultado de la acción civil, debido a que una sentencia absolutoria en materia penal traería consecuencias directas en la acción de extinción de dominio, como se puede ver de la Tesis I.3o.C. 894 C, de la Novena Época, con Número de Registro 162850, la cual señala en su rubro: 

“EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA.

La acción de extinción de dominio procede respecto de cualquier bien de los referidos en el artículo 5 de la legislación relativa del Distrito Federal, independientemente de quien lo tenga en posesión, de quien lo haya adquirido, o de que su propietario haya participado en la comisión o no de un hecho ilícito. En el entendido de que si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario, pero en ningún caso se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista una sentencia ejecutoriada que haya declarado la procedencia o no de la extinción de dominio”.

Podemos ver que ambas acciones tienen una relación que se deriva del hecho de que un requisito para la procedencia de la extinción de dominio es necesario que se dicte una sentencia condenatoria como se puede desprender de la tesis anteriormente trascrita y que se robustece la tesis Tesis 1ª. CXXXVII/2015, de la Décima Época, con Número de Registro 2008938, de rubro y contenido:

“EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a la materia de extinción de dominio, debe interpretarse en el sentido de que están prohibidos todos los actos confiscatorios, sin excepción, y que no debe considerarse como tal a la extinción de dominio, mientras no sea inusitada, trascendental o desproporcionada. En ese sentido, es incorrecto sostener que las medidas cautelares previstas en la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal implican una extinción de dominio de facto y, por tanto, actos confiscatorios que vulneran el precepto constitucional citado, toda vez que las medidas cautelares son órdenes judiciales que no contienen una decisión jurisdiccional sustantiva, es decir, no constituyen, reconocen, ni extinguen derechos, sino que simplemente tienen por objeto conservar o asegurar la permanencia de una situación fáctica concreta, para salvaguardar la integridad de la litis, además, porque la esencia de las medidas cautelares corresponde a la de los actos de molestia y no a la de los privativos, lo cual significa que no disminuyen, menoscaban o suprimen definitivamente un derecho del gobernado, sino que, pese a afectar su esfera jurídica, sólo restringen de forma provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. De manera que el hecho de que esas medidas cautelares tienen como efecto suspender el ejercicio del dominio y la disposición de los bienes, no debe interpretarse en el sentido de que suprimen el derecho real de propiedad, sino que lo restringen provisionalmente, precisamente para prevenir que mediante algún acto de disposición se altere o destruya el objeto de la litis, pues ello afectaría las finalidades e, incluso, la existencia del procedimiento. Esto es, durante la imposición de estas medidas, el afectado sigue siendo titular del derecho sustantivo de propiedad, pero sobre éste, se crea un gravamen con efectos diferidos en el tiempo, que le impide su ejercicio pleno temporalmente. Ahora bien, pueden existir situaciones concretas en las que los efectos de una medida cautelar pudieran parecer, en la práctica, idénticos que los derivados de la propia extinción de dominio, por ejemplo, cuando el objeto del juicio es un bien consumible, o de tal naturaleza que si no se usa o administra de manera muy precisa, sufre un menoscabo en su valor o incluso puede perderse, o cuando, en términos de la legislación aplicable, la entidad en cuya custodia se encuentra el bien (Secretaría de Finanzas u Oficialía Mayor del Distrito Federal) deba disponer de éste en pública subasta, de inmediato o tras un corto lapso anterior a la resolución de la sentencia, en ciertos casos contemplados por la ley, que haga suponer que la simple desposesión o aseguramiento del bien, o la suspensión de actos de disposición, implican fácticamente una desapropiación material. Sin embargo, ello no es así, pues aun cuando desde el punto de vista fáctico puede parecer que la ejecución de ciertas medidas cautelares equivale a la propia sustracción de bienes, jurídicamente ello no ocurre, porque si a resultas del juicio, el dueño conserva su derecho de propiedad, éste no se afecta en esencia por las medidas cautelares. Así, con base en ese derecho de propiedad incólume, el dueño podrá exigir la devolución del bien con sus frutos y accesorios, o el valor del bien y una indemnización por daños y perjuicios en caso de pérdida o menoscabo por dolo o negligencia de la entidad que mantuvo la cosa bajo su cuidado o administración, o bien, el valor de adquisición del bien, con sus réditos, en caso de que éste se hubiere enajenado. Además, la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no autoriza al juez para ordenar cualquier medida cautelar que solicite el Ministerio Público, mucho menos si, en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, se trata de una medida que deriva en un acto confiscatorio, ya que en cada caso en particular, el juzgador debe atender a las circunstancias especiales y emitir su decisión de forma fundada y motivada. Por tanto, no puede sostenerse que los artículos 11 a 14 y 16 a 18 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, que regulan el tema de las medidas cautelares, violan el artículo 22 constitucional, porque permitan la imposición de una medida cautelar confiscatoria”.

De todas estas tesis, podemos ver que realmente la acción civil de extinción de dominio en el derecho mexicano tiene una relación directa con el derecho penal, no se puede olvidar que una depende de la resolución de la otra, porque aun cuando se puede restringir de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, para que la restricción sea definitiva es necesario que se dicte una sentencia condenatoria dentro del proceso penal. Pero no se debe olvidar que no es una extensión de la acción penal, sino que se trata de un proceso autónomo, distinto e independiente de aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro iniciado con anterioridad o simultáneamente, es decir se trata de una acción nacida de lo penal pero separada desde el momento de su inicio por el ministerio público ante el juez de lo civil.  

 

IV. Relación con el derecho Civil

Como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación[4], del proceso legislativo para la aprobación de la reforma al artículo 22 de la Constitución Federal, se desprende que la institución de la extinción de dominio es un “régimen de excepción”, el cual corresponde a una serie de compromisos del Estado mexicano y que se encuentra dentro de un paquete de reformas dirigidas a enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo; asimismo, se consideró como uno de los objetivos de dichas reformas, que los recursos obtenidos con el ejercicio de esas medidas, sirvieran para implementar un sistema de justicia restaurativa en favor de las víctimas y de los ofendidos.

Ahora, al buscar la acción de extinción de dominio retirar la propiedad de un bien a una persona sin compensación alguna por estar relacionada con uno de los delitos contemplados en el numeral 22 de la Constitución Federal, es dable determinar que la figura de extinción de dominio puede ser vista como una figura de derechos reales. Esto, derivado de lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se establecen dos tipos de acciones, las reales y las personales, las primeras tienen una relación con los derechos reales, los cuales han sido definidos por la teoría de la siguiente manera:

“Ahora bien, podemos decir que el derecho real es la facultad que una persona tiene de usar, disfrutar y disponer de una cosa propia o ajena. Se dice que las acciones reales son persecutorias de la cosa, porque se ejercitan contra todas las personas que las tengan en su poder” (Dorantes Tamayo, 1986: 99).

Por su parte, las acciones personales han sido vistas como aquellas que protegen las obligaciones. Si en el caso de la extinción de dominio se busca sacar del patrimonio de una persona un bien obtenido a través de las ganancias de la delincuencia organizada o que fue utilizado para cometer un hecho delictuoso de los contemplados en el artículo 22 de la Constitución Federal, podemos decir que la acción civil de extinción de dominio es una acción real que busca desapropiar de ese bien a quién prestando su nombre o de manera directa adquirió o permitió el uso de uno de sus bienes en la comisión de un delito, procedimiento que se realizara a través de un juicio civil, que culminará con la sentencia que declare la aplicación de los bienes patrimoniales a favor del Estado.

Esto, debido a que esta acción fue pensada como una institución del Estado que busca desapropiar de determinados bienes obtenidos a través de una conducta delictiva o que fueron usados para la comisión de dicha conducta, para pasar ese derecho real a favor del Estado, por tanto debe ser a través de la vía adecuada, como lo es la vía civil, siendo las partes intervinientes en dicho proceso las siguientes:

  1. Actor: Ministerio Público
  2. Demandado: el propietario del bien que sirvió de medio para cometer el delito o que fue obtenido con recursos producto de la comisión de un delito.
  3. También podrá intervenir en el proceso aquella persona que estime afectados sus derechos en razón de que es propietario de un bien, respecto del cual no tenía conocimiento que se había utilizado para cometer un delito.

Una vez, iniciada la acción ante el juez competente el artículo 22 de la Constitución Federal, determina que se debe seguir un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I) Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II) Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III) Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Partiendo del supuesto que, para entender el término bienes se debe tomar en consideración lo establecido en la LNED, que determina que por bienes: se entenderán “todas las cosas identificadas como tales en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de las Entidades Federativas correspondientes, que estén dentro del comercio, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 7 de esta Ley”; en específico, los bienes sobre los que procede extinguir el dominio son:

  • Los que sean instrumento, objeto o producto del delito.
  • Los que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.
  • Los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo y.
  • Los que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Lo que tiene una relación con la tesis con número I.15º.C.31 C, décima época, de registro 2020154, de rubro y texto:

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA DE ÉSTA CONSISTE EN LA LIBERTAD DEL JUZGADOR PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA SU ORIGEN EN UN HECHO ILÍCITO, DERIVADO DE PRUEBAS QUE CONSTEN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA O PROCEDIMIENTO PENAL.

La acción de extinción de dominio necesariamente tiene su causa de pedir en la existencia de un hecho ilícito derivado de las pruebas que existen en una averiguación previa o en un procedimiento penal. El hecho de que ésta se funde en las actuaciones de la averiguación previa o del procedimiento penal, no desdice ni contradice la autonomía que de esa acción establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el origen del hecho ilícito y su existencia se surgen a partir de esas actuaciones, por lo que es ese hecho el que constituye el fundamento fáctico de dicha acción; mientras que la autonomía se actualiza con relación a que la sentencia que se dicte, no dependerá de que se determine la responsabilidad del procesado, porque ni siquiera su muerte incide en el curso de la acción de extinción de dominio. Tan es así, que el Juez de extinción de dominio puede tramitar la acción y resolverla aunque no exista auto de sujeción a proceso o un pronunciamiento en sentencia sobre la responsabilidad del acusado en la comisión del hecho ilícito, incluso, aunque no exista una persona determinada a la cual inculpar, porque lo relevante es que exista certeza de que hubo un hecho ilícito que encuadra en uno de los delitos que da lugar a la acción de extinción de dominio. El segundo párrafo del artículo 7 de la Ley Federal de Extinción de Domino establece tres supuestos para el ejercicio de la acción: a) que se sustente en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa; b) que se sustente en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo; o, c) en ambas. Lo que así procede cuando de esas actuaciones se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo 8, así como las resoluciones a que se refiere el diverso artículo 12 Bis ambos de la ley citada; es decir, conforme al texto de ésta, la acción de extinción de dominio no depende de los actos que realiza el Juez penal, sino de las actuaciones que pueden ser: i) las que integran la averiguación previa; ii) el procedimiento penal; o iii) ambos. Lo relevante es que si se trata de las constancias que integran la averiguación previa, deben arrojar datos que el Juez civil pueda analizar para determinar la existencia del hecho ilícito y que los bienes materia de extinción de dominio se ubican en los supuestos que establecen los artículos 22 constitucional y 12 Bis de la propia ley especial. De esa manera, la norma jurídica consagra la autonomía del juzgador de la acción de extinción de dominio en la toma de decisiones, puesto que garantiza su absoluta libertad para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la acción, conforme a los elementos aportados en el juicio por las partes, con independencia de lo que se resuelva en el procedimiento penal, siempre y cuando no se trate de la resolución que determine la falta de alguno de los elementos del cuerpo del delito o hecho ilícito. En cambio, cuando la acción inicia con base en una resolución del Juez penal en la que determinó la existencia del hecho ilícito, debe tenerse como un elemento de prueba para demostrar su existencia, pero corresponde a las partes aportar los elementos necesarios a juicio para acreditar los extremos de sus pretensiones, ya que la litis es determinar si procede o no la extinción del derecho real de propiedad de los bienes y no respecto de la responsabilidad del acusado en la comisión del hecho ilícito.

Como se viene afirmando, la extinción de dominio se pide a través de una acción civil que busca que los derechos reales de la cosa pasen a ser parte del patrimonio o administrados por el Estado, cuando se tengan la comisión de un delito (de los contemplados en el artículo 22 multicitado) y obren los datos de investigación que hagan suponer al juez civil que pudo haber sucedido. De ello, desprendemos que esta acción tiene relación con ambas materias, la penal que le da origen y sustento por la comisión de un delito, que se refleja en las acciones de investigación y la civil en la que se reclama la pérdida de los derechos correspondientes a favor del Estado.

 

V. Relación con el derecho Administrativo

La relación que guarda la extinción de dominio con el derecho administrativo, tiene que ver con la naturaleza propia de ese derecho, si tomamos en consideración que el derecho administrativo tiene por objeto regular las relaciones entre el Estado, como entidad soberana y los particulares. Esta situación se refleja en la acción de extinción de dominio debido a que no se verificará de propia autoridad por parte del Estado, antes bien, para su verificación necesariamente debe ventilarse en un procedimiento jurisdiccional, en el que autoridad y gobernado intervienen en un plano de igualdad y en el cual deben respetarse las formalidades esenciales de todo procedimiento. Y una vez, que se haya dictado la sentencia se lleven a cabo las acciones necesarias para preservar, administrar y en determinados casos acrecentar dichos bienes en beneficio de la sociedad.

Si consideramos que no en todos los casos se inicia la extinción de dominio una vez que se ha dictado una sentencia en el juicio penal, sino que en algunas ocasiones se inicia cuando la acción penal se encuentra en trámite pero ya se determinó de manera provisional que los bienes pasen a la administración del Estado, el órgano administrador, es decir el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las autoridades competentes de la Entidades Federativas, debe seguir las reglas del derecho administrativo al momento de realizar dichas acciones, derivado del hecho de que en caso de una sentencia absolutoria en la acción penal, el propietario puede pedir la restitución de sus bienes, incluyendo los daños y perjuicios causados, los cuáles deberá entregar el instituto correspondiente y esto se regirá bajo los principios del derecho administrativo. De lo anterior, se desprende la importancia de la relación entre la acción de extinción de dominio de naturaleza civil y el procedimiento administrativo de ejecución de la sentencia que corresponde de manera directa a una autoridad administrativa, que se rige por las leyes de la materia y por tanto lo actuado conforme a las reglas del derecho civil debe ser ejecutado por las reglas del derecho administrativo. Es decir,  es indispensable considerar que durante la ejecución de la sentencia las autoridades se apartan de las reglas del derecho civil y se rigen por las leyes administrativas propias de su naturaleza.   

De todo ello, verificamos que el derecho administrativo, al igual que el derecho penal y el derecho civil tiene una relación con la figura de la acción de extinción de dominio dada su propia naturaleza de mecanismo de combate a la delincuencia organizada por parte del Estado Mexicano.  

 

 VI. Algunos ejemplos de la extinción de dominio

Dentro de los casos disponibles para entender la acción de extinción de dominio, puede revisarse el amparo directo en revisión 2296/2018, en el cual los Agentes del Ministerio público especializados en la acción, de la Fiscalía de la Ciudad de México, reclamaron a favor del estado la declaración judicial a favor del Gobierno del Estado de México, el inmueble relacionado con Roberto Araujo Nava y Verónica Vilchis Angulo[5]. Dicha acción, derivada de la diligencia de cateo de veintidós de julio de dos mil catorce se observó que el inmueble sirvió para ocultar bienes producto del ilícito de robo de vehículo, acción que fue declarada procedente por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México el catorce de mayo de dos mil diecisiete. De ello, se deriva el recurso de apelación conocido por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien confirma la sentencia recurrida el once de julio de dos mil diecisiete, ante esa situación, se promueve por parte de los afectados, amparo conocido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mismo que fue negado el ocho de marzo de dos mil dieciocho. Situación que dio origen al recurso de revisión promovido ante la Oficina de Correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De dicha resolución, se desprende tanto el procedimiento a seguir como los principios que se deben seguir para la materia probatoria. Se establece que una vez que se admita la demanda, notificada y contestada, el juez debe celebrar la audiencia inicial en la que se precisen las pretensiones de las partes, las excepciones y defensas, para pronunciarse sobre los acuerdos probatorios respecto a los hechos que se controvierten. De esa manera, es necesario considerar por parte de los operadores, que la prueba para la acción de extinción de dominio debe cubrir los elementos de la prueba, no puede basarse en datos de prueba que obren dentro del legajo de investigación, sino que es indispensable que sean pruebas, desde el punto de vista de la materia penal, es decir deben cubrir los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder ser llevadas ante el juez civil y poder tener un impacto en la acción civil.

Esto último, nos permite ver de manera clara que la acción civil de extinción de dominio tiene una relación directa con las normas sustanciales penales, respecto al delito que se investiga, con las normas del procedimiento penal respecto a la manera en cómo debe justificar el fiscal ante el juez civil que se tienen los datos necesarios para acreditar a través de pruebas desde el punto de vista del proceso penal los requisitos que se exigen por la ley. Esta Cuestión resulta relevante, debido a que, el fiscal especializado en extinción de dominio debe considerar que los estándares probatorios de la materia penal regirán para el juez de lo civil que resuelva dicha petición y por tanto hacen indispensable que la acción se base en pruebas, es decir sea solicitada una vez desahogada la audiencia de juicio, debido a que anterior a ella todo lo que obra en la carpeta de investigación se refiere a datos de prueba que no cumplen con lo establecido en el amparo en revisión 2296/2018.

Es importante considerar que la extinción de dominio es una figura con un avance distinto en cada uno de los Estados, si bien existe una ley a nivel nacional que la regula, la fiscalía de cada estado ha ido avanzando de manera diferente y los poderes judiciales tienen un largo camino que recorrer en la especialización que requiere la figura. Esto debido a que, si bien se trata de un juicio de naturaleza civil, el juez que conozca de la causa debe conocer y dominar los principios del sistema acusatorio que rige en materia penal, ante las diferencias entre dato de prueba y prueba y los requisitos que en cada caso debe cubrir el fiscal en materia penal y que afectan el fondo del asunto civil. De ahí, la diferencia de asuntos llevados a nivel federal y local (en el caso de Oaxaca), ya que se requiere una especialización diferente tanto de los fiscales como de los jueces, lo que complica aún más el acceso a la justicia a los ciudadanos.

 

VII. Conclusiones

La figura de la extinción de dominio, forma parte de la política criminal del Estado, que guarda una relación con el derecho penal, civil y administrativo. Además de constituirse, como lo ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Primera Sala, en una herramienta especial utilizada para combatir a la delincuencia organizada que, derivado de las ganancias obtenidas y de la forma de operar de la misma ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades. Se afirma esto, debido a que los delitos contemplados como aquellos en los cuáles se puede ejercitar este tipo de acción, son los que se encuentran relacionados con una clase específica de forma delincuencial, la delincuencia organizada, en la que las características especiales que la componen, como es la capacidad de operación, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos y su condición de amenaza en contra del Estado y de sus miembros.

Ante esa situación, era necesaria la creación de una figura jurídica que permitiera una especial forma de combatir a la delincuencia organizada, no solo desde la investigación de los delitos, sino a través de una acción que permitiera debilitar su estructura, reducir las ganancias que obtienen sus miembros para poco a poco aumentar los costos de la comisión del delito y de esta manera dificultarles la forma en la que operan, para así lograr combatir a la delincuencia organizada desde uno de los pilares que la sostiene que es el patrimonio para continuar con sus operaciones, a través de una acción que no buscara directamente sancionar a un responsable sino quitar a las células criminales de aquellos bienes que pudieran constituir fuente de sus ingresos. Por supuesto, una cuestión importante dentro de la extinción de dominio es que se deja fuera de esta acción a los propietarios de buena fe para de esta forma no incurrir en arbitrariedades, dado que su objetivo es el de perseguir los bienes de la delincuencia organizada para debilitarla económicamente y no conculcar derechos humanos o fundamentales de los ciudadanos.

 

VIII. Referencias

[1] Organización de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, G.A. res 55/25, annex I, 55. Disponible en línea en http://hrlibrary.umn.edu/instree/Sorganizedcrime.html

[2] Cámara de Diputados. 2012. “Extinción de dominio” Estudio de derecho comparado a nivel internacional y estatal (segunda parte).

[3] Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los Bienes descritos en el artículo anterior, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.

El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público.

El proceso de extinción de dominio será autónomo, distinto e independiente de aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente.

[4] Párrafo 58, de la sentencia de Amparo Directo 49/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[5] Los nombres son utilizados, en virtud de que la versión pública de la resolución los menciona y por tanto se entiende que es información pública que puede ser utilizada para fines académicos.

 

IX. Bibliografía

Acevedo, D.E., “Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno”. Revista IIDH, vol. 16, pp. 133-161

Fix-Zamudio, H., “El derecho internacional de los derechos humanos en las Constituciones latino-americanas y en la Corte interamericana de Derechos humanos”, Revista latinoamericana de Derecho, año 1, núm. 1, enero-junio de 2004.

García Ramírez, S., “Seguridad y justicia: plan nacional y reformas constitucional. El difícil itinerario hacia un nuevo orden”. Series Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, un. 5. Universidad Autónoma de México. ISBN número 05: 978-607-30-1861-6 (versión electrónica)

Gamboa Montejano, C., Valdés Robledo, S. “EXTINCIÓN DE DOMINIO» Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte). Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Diciembre 2012.

Gamboa Montejano, C., Valdés Robledo, S. “EXTINCIÓN DE DOMINIO» Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Segunda Parte). Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Diciembre 2012.

Goddard Addame, J. “Interpretación del artículo 22 Constitucional, sobre la extinción de dominio”. Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional, núm. 9. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2019. ISBN 978-607-30-1256-0

Lopes Saldanha, J.M., Pacheco Vieira, L. “Nuevas geometrías y nuevos sentidos: internacionalización del derecho e internacionalización del diálogo de los sistemas de justicia”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 579 vol. XIV, 2014, pp. 545-579

Pérez Contreras, M.de M. “Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 91. Constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal”. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2017. ISBN 978-607-468-928-0.

Ruiz Cabello, M.D. “Extinción de dominio, herramientas del derecho civil ante la ineficacia del derecho penal”. Revista “alegatos”, núm. 77, México, enero / abril de 2011, pp. 79-110.

Uribe Benítez, O., “La Convención de Palermo”. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Julio de 2010.

 

X. Leyes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917.

Código Nacional de Procedimientos Penales. Diario Oficial de la Federación. 5 de marzo de 2014.

 

XI. Jurisprudencia

Tesis I.15º.C.31 C, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. VI, junio de 2019, p. 5076.

Tesis 1a. CXXXVII/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, Abril de 2015, p. 514.

Tesis I.3o.C.894 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, Febrero de 2011, p. 2313.

Tesis 1ª./J.21/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, Abril de 2015, p. 340.

 


López García, Monivet Shaley

López García, Monivet Shaley

Magister en Derecho con especialización en litigación oral (California Western School of Law). Magister en Derechos Fundamentales (Universidad Carlos III de Madrid). Magister en Prevención y Detección de la Violencia de Género (Universidad de Salamanca). Maestrante en Lógica y Filosofía de la Ciencia (Universidades de Valladolid, Salamanca, Laguna y Granada). Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, las líneas de investigación desarrolladas han sido: la valoración de la prueba penal y los modelos argumentativos, los derechos humanos de las mujeres, el control de control de convencionalidad y constitucionalidad.

Email: shaley_99@hotmail.com



Ruiz, Franklin

Ruiz, Franklin

Lic. en Derecho (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y Lic. en Derechos Humanos (U. A. de Chiapas). Maestría en Juicios Orales (Instituto Profesional Educativo del Sureste). Máster Propio Internacional en Prevención de Blanqueo de dinero (Universidad Santiago de Compostela). Maestría en Impuestos (Instituto de Estudios Superiores Chiapas). Agente del Ministerio Público Investigador en la ciudad de Matías Romero Avendaño y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Email: lic.franklinruiz@gmail.com


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