Generalidades legales en la competencia entre el derecho humano a la libertad de industria y comercio frente al control gubernamental de la actividad económica a través de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa

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Autor: Franklin Ruiz
Fecha de publicación: 8 Sep, 2021
Temas: Derecho mexicano; Responsabilidad Empresarial; Derechos Humanos.

 

I. Introducción

En esta nueva legislación; que en el momento en que se elabora este artículo  aún se conserva como iniciativa, titulada como la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, dado que uno de sus bienes jurídicos tutelados a proteger es el derecho humano, su cobertura legal se hace inmensamente amplia; ya que los derechos humanos, según lo dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solamente son los contenidos en la propia Constitución Federal y en las constituciones de cada uno de los estados, incluidos los bandos municipales en donde también se reconocen diversos derechos humanos que están alineados a la Constitución Federal; sino también hay que aplicar los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional, todos aquellos que como dice el primer párrafo del artículo primero de la constitución federal: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los trataos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Lo anterior sin lugar a dudas hace que deban de aplicarse un sinfín de tratados, convenios, conferencias, declaraciones y negociaciones internacionales, que van desde lo que es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, las diversas convenciones tanto universales, como la Convención Universal de Derechos Humanos o regionales, como la Americana Sobre Derechos Humanos, los diversos Pactos como el de San José de Costa Rica, los protocolos de las convenciones, y en general los diversos arreglos internacionales en donde se haya reconocido un derecho humano inherente a la persona individual y de los que México sea parte, todo este cúmulo de normas de derechos humanos formarán parte de la operatividad ética de las empresas según lo dispone esta iniciativa.

 

II. Los derechos humanos como materia de esta ley 

Para empezar a fundamentar la crítica reflexiva, se hace necesario considerar las palabras de Quintana Roldán y Sabido Peniche quienes han estimado que; los derechos humanos forman un conjunto de garantías que establecen los ordenamientos legales nacionales e internacionales, con objeto de proteger frente al poder público los derechos fundamentales de los seres humanos, en cuanto a su dignidad y el respeto que merecen por el mero hecho de pertenecer a la especie humana[1].

Es aquí en donde empieza ya un cierto conflicto en la conceptuación de la naturaleza, objetivo y fin de los derechos humanos; de tal manera que si se considera su evolución, se tendría que decir que el derecho natural fue uno de los elementos principales a través de los cuales las diversas comunidades, sociedades, y grupos tanto sociales como económicos, han tratado de que sean reconocidos por el ejercicio del poder público, esto es por el gobierno, quien en un momento determinado tiene el imperio de derecho, para someter a toda la comunidad hacia un Estado de Derecho, y por lo tanto pueden sobrevenir excesos de poder; por lo que, tanto el derecho natural, el derecho humano e incluso cuando se convierte en una garantía constitucional, ese mismo derecho humano la esencia de su existencia es lo que los autores citados consideran, una norma mínima que regula la relación entre el gobernado y el gobernante; y eso para establecer la normatividad eficaz que permita al ciudadano saber que sus derechos mínimos fundamentales no serán afectados por ese ejercicio de poder público, y que en ningún momento será abusado por ese poder.

Ahora bien, en el contexto de la iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, dentro de sus objetivos principales que tienen, son los de:

a) Proteger los derechos humanos principalmente del consumidor,

b) La problemática laboral, y

c) Por supuesto del medio ambiente;

Situaciones que responden a las diversas teorías de: La Empresa Socialmente Responsable, de la que Tomás Perdiguero menciona que: las responsabilidades sociales de la empresa a comienzos del siglo XXI, deben entenderse generadas principalmente por el Consejo Europeo de Lisboa a partir del inicio del siglo, en el sentido de la responsabilidad social de las empresas, que se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, es una visión integral al respeto de las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente en la gestión de la empresa, independientemente de productos y servicios que puedan ofrecer y al sector al que pertenece[2].

De hecho esta idea sobre el comportamiento ético de las empresas, ha ido evolucionando, tanto que esta responsabilidad en el momento en que se toma en cuenta desde el punto de vista financiero, se va a generar la figura del compliance del cual, Adán Nieto Martin, considera que: el compliance tiene la visión de gestionar el cumplimiento legal y además ético del comportamiento de derecho económico y administrativo de las empresas, en virtud de la nueva tónica de responsabilidades penales de las personas jurídicas[3].

 

III. Su relación con la empresa socialmente responsable

Sin duda alguna, la evolución de la responsabilidad empresarial ha ido creciendo en una forma exponencial, en virtud de que: las revisiones, la supervisión y la manera ética con la que se tiene que conducir la dirección y operación empresarial, en la actualidad están debidamente reglamentadas, y es el caso de que se constituyen una serie larga de normatividades éticas y de responsabilidad que la empresa tiene actualmente, como las reglas contenidas en:

– Las normas oficiales NOM.

– Lo dispuesto por el artículo 11 bis del Código Penal Federal, y su relación con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se establecen formulas diferentes de sanciones penales para las personas jurídicas o morales, ya que anteriormente era la fórmula adecuada a través de la cual, las personas anónimas, estructuraban incluso empresas fantasmas para delinquir, principalmente para lavar el dinero; situación que ha provocado una organización internacional de lineamientos específicos, que hacen que el compliance deba de estar bien preparado en  la prevención de riesgos de la empresa, cumpliendo con las fórmulas éticas que presupone su funcionamiento.

– Los Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, previstos y sancionados por los artículos del 253 al 254 ter del Código Penal Federal.

– Los diversos postulados de comportamiento productivo y comercial que sanciona la Ley Federal de protección al Consumidor.

– Los lineamientos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

– La Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

– Los lineamientos de los códigos de comercio.

– Los de la ley Federal de Competencia Económica.

– Los de la ley federal de protección de datos.

– Todo el cúmulo de legislación laboral.

– Las diversas compilaciones y NOM sobre la protección medio ambiental.

– Las diversas de seguridad e higiene.

– Las fiscales.

– Las de salud.

– Las de propiedad industrial.

En fin, son muchas y muy variadas las normas que la empresa debe de seguir para poder trabajar éticamente en México, y ahora a éstas se les tiene que agregar todo el cúmulo de derechos humanos nacionales e internacionales, frente a esto se requiere más que un compliance para trabajar como es debido, se requieren contratos con despachos especializados en cada área, que protejan a la empresa de caer en una violación de derechos humanos.

Ahora la nueva Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, tiene dentro de su estructura, la misión de prevenir esa fórmula ética de la gestión empresarial en actividades como son:

1. La problemática laboral.

2. La problemática medio ambiental.

3. La protección de los derechos humanos.

4. La responsabilidad social de la empresa tanto nacional como internacional.

Aquí surge el gran problema, en virtud de que esta legislación tiene como propósito el proteger los derechos humanos del ciudadano frente a al a actividad empresarial. Tiene por objeto reglamentar la actividad económica relativa, garantizando un desarrollo nacional que sea integral y sustentable, reconociendo que en dicho desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social y respeto irrestricto a los derechos humanos, los sectores público, social y privado, sin menoscabo de cualquier otra forma de actividad económica que contribuya al desarrollo del estado mexicano.

Como consecuencia de lo anterior, sin duda alguna, se abre un cúmulo de normas casi infinita de cumplir por parte de la empresa mexicana, toda vez que derivado del artículo primero constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su promoción, respeto y protección, de conformidad con los principios de: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse sino en las condiciones que la misma constitución establece.

Es aquí donde se hace indispensable el considerar que desde el punto de vista del convenio internacional, existe una larga lista de reglamentaciones y normatividad que van desde lo que es la Carta de las Naciones Unidas, hasta el último protocolo o Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto para todo el mundo como para cada región, por lo que existe todo el conjunto de diversas convenciones, tratados, protocolos, declaraciones, que van a tratar de proteger al derecho humano, contra actos del poder público, como: los derechos civiles de la mujer, los derechos políticos de la mujer, la desaparición forzada de personas, las mismas convenciones de derechos humanos, hay un sin fin de legislación que se establece específicamente para una circunstancia expresa que protege tanto los derechos humanos de los niños y  niñas, de las mujeres, de los jóvenes y adolescentes, y los derechos humanos de las personas, siendo que la protección de dichos derechos humanos, tienen como esencia principal el regular una normatividad mínima que proteja la esencia del derecho natural de la persona frente a la actividad o el ejercicio del poder público. Así, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el pacto internacional sobre el desarrollo económico, los diversos pactos civiles y políticos, la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en fin, todo ese conjunto de convenciones internacionales que ahora la empresa mexicana debe de considerar en su operatividad y funcionamiento y protegerlos, ya que son parte de esta nueva Ley General de Responsabilidades Empresariales y Debida Diligencia Corporativa.

Lo que hace que las actividades del compliance y los fines éticos y de control que la empresa debe tomar, crezcan exponencialmente, debido a que deben ahora también proteger los derechos humanos, la actividad ambiental, las situaciones laborales, y aparte su responsabilidad social de la empresa.

 

IV. El derecho humano de los empresarios frente al derecho humano de la rectoría económica del Estado

Como consecuencia de los aspectos vertidos con anterioridad, ahora toca analizar; cuál es el derecho humano que tienen los empresarios y cómo es que podría llegar a estar afectado con esta nueva legislación; de tal manera que el artículo 5 de la Constitución Federal, establece claramente que: a ninguna persona puede impedírsele que se dedique a alguna profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con la única condición de que sea lícito. Y el ejercicio de esta libertad, en este caso de industria y de comercio, solo podrá vetarse por resolución judicial y eso cuando se ataque los derechos de tercero, o bien por alguna resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, o cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Esta nueva iniciativa, trata de ser reglamentaria del artículo 25 constitucional, fundándose en la facultad del Estado en la rectoría de la economía y el desarrollo nacional, para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y además una más justa distribución del ingreso y por supuesto la riqueza que se distribuye a través del salario, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege este pacto federal.

Invariablemente, las situaciones y circunstancias que se presentan en un posible conflicto que pudiese existir entre la garantía individual o derecho humano fundamental del empresario, frente a la rectoría del estado, pues evidentemente la balanza tendrá siempre que favorecer a la colectividad.

Esta es sin duda una situación que nos lleva a pensar sobre lo que sería la preponderancia de intereses de la cual, Vela Treviño considera que el principio del interés preponderante se vislumbra como esa frecuencia que en la escala jerarquizada de valores tutelados por la ley o por la norma, en un momento determinado y respecto de cierta conducta específica, pueden tener un conflicto y es aquí donde se debe de preponderar la mayor importancia sobre el bien jurídicamente protegido sobre otro igualmente tutelado[4].

De hecho, el conflicto de intereses que en un momento determinado puede surgir de esta nueva iniciativa, frente a la libertad de comercio e industria como derecho humano de los empresarios que protege el propio artículo 5 constitucional, está totalmente limitado por el mismo artículo; ya que, en un momento determinado, dicho artículo quinto establece claramente que este principio de derecho humano favorable al empresario, puede limitarse, e incluso vedarse, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

Esto nos lleva rápidamente a pensar respecto del por qué; si en todos los convenios internacionales, e incluso la misma Constitución Federal en su artículo primero establece claramente que; todo tipo de autoridad está obligada a proteger, respetar, y garantizar los derechos humanos, e incluso en el momento en que son violados, el mismo Estado deberá; prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos; esto quiere decir que toda esa doctrina y reglas de la Empresa Socialmente Responsable, que viene desde la responsabilidad corporativa, como la llamaban en la Unión Europea en los años de 2001, 2002 y 2004, y luego el establecimiento de normas oficiales principalmente por Bruselas, en el 2002 en donde se establecen diversas políticas públicas para la promoción de la gestión de responsabilidad social de las empresas, al llegar este marco normativo de la actividad empresarial a nuestro país, se presenta una cierta carencia de una legislación específica que de alguna manera proteja al ciudadano de los abusos de un poder que en muchas ocasiones es mucho más grande que el de los gobiernos; de un poder que a través de cuestiones económicas principalmente, fomenta la corrupción en los gobiernos, generando leyes o mejor dicho comprando leyes a través de la compra de representantes, diputados, senadores, congresistas o la denominación que se les ponga en el país respectivo, los compran invariablemente, además usurpando la soberanía del pueblo, compran al legislador, al congresista, para que les acomode la ley que a ellos les interesa no importando el derecho humano del ciudadano, como han sido todas la reformas estructurales que según el PRIAN necesitaba nuestro país.

Por lo que existe un problema grave de abuso de autoridad y de poder; tal vez las empresas no tengan autoridad legal sobre el ciudadano, pero si tienen un exagerado dominio y es un poder corruptivo; ya que; si podemos observar los diversos rubros que previene esa ley, en principio serán:

a) Violación a los derechos humanos.

b) La responsabilidad social empresarial.

c) La conducta empresarial responsable.

d) La responsabilidad laboral.

e) La responsabilidad ambiental.

Esta nueva legislación que ahora está en iniciativa, todavía genera un capítulo en el sentido de establecer un Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial que, en sí, será la obligación de cada una de las empresas de establecer un compliance que se dedique a desglosar todos y cada uno de los derechos humanos que la empresa ahora tiene que proteger, iniciando los laborales y los medio ambientales; para poder llevar a cabo un registro en materia de responsabilidad social empresarial.

De hecho, esta legislación es una respuesta directa a todas esas manifestaciones a nivel internacional de la responsabilidad social de las empresas que en México se había visto nada más aplicado en las normas oficiales mexicanas NOM. De ahí, que tanto la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley de la Economía Social y Solidaria, que es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al sector social de la economía, y la Ley De Sociedades De Solidaridad Social, así como la Ley General de Desarrollo Social, las diversas legislaciones laborales, y por supuesto todo ese conjunto de legislación medio ambiental, debe ahora de ventilarse como una operatividad más de la debida diligencia corporativa; esto es, que para que una empresa se considere que actúa responsablemente, deberá conformar y desarrollar mecanismos para la debida diligencia corporativa, constituyendo un órgano de operación transversal en el más alto nivel corporativo, que se asemeja mucho con el compliance del crimen organizado y el terrorismo, que persigue las facturas falsas, las empresas fantasmas, y el lavado de dinero principalmente. Esa posición del compliance ahora tendría la responsabilidad de vigilar la conducta empresarial responsable y la debida diligencia corporativa.

Con lo que, sobre la pregunta en el sentido de que: porqué el derecho humano básicamente está estructurado para defender al ciudadano del poder público llamado gobierno, porqué ahora a las empresas se les agrega este nuevo valor a tutelar, ya que ellos no son autoridad, ni tampoco generan un poder público; pero realmente existe la gran necesidad de proteger al ciudadano de este inmenso poder corporativo, que día a día, va monopolizando los mercados, acaparándolos, generando principalmente la esclavitud económica desde el punto de vista financiero, reglamentando la economía de los países, no importándole el problema del medio ambiente, y generando con esto una serie de violaciones a los derechos humanos de la competitividad empresarial, que definitivamente genera una responsabilidad, no solamente nacional sino también internacional.

Esta iniciativa viene a materializar principalmente la idea de la empresa socialmente responsable, y hace que el gobierno del Estado Federal, realmente sea quien ordene y reglamente todos los factores económicos en la nación mexicana.

De tal manera que en todo lo relativo al desarrollo nacional, deberá estar garantizado que sea; integral y equitativo, esto es, que las grandes corporaciones, puedan considerar un salario acorde y proporcional al derecho humano de un salario remunerador, un salario digno que le permita a sus trabajadores, vivir dignamente, tener casa propia, amplia y suficiente, un automóvil para desplazarse, buena nutrición, seguridad y estabilidad en el empleo, que ahora debido a las reformas estructurales laborales vendidas por el PRIAN,  las corporaciones han tirado diversas conquistas laborales con el outsourcing, con la subcontratación, que en sí, no diluye totalmente la relación laboral y la responsabilidad que se tiene respecto de la relación laboral en México, pero debido a  la ignorancia en la que tienen sumido al país, que es una de sus estrategias principales de la pequeña oligarquía conservadora mexicana,  por medio de la cual, someten a los pueblos ignorantes que solamente ven como mano de obra, frente a esto el ciudadano se deja, no sabe, no entiende, no sabe de cadena de suministro, no sabe de la conducta y comportamiento integral de las empresas, que sea diligente, que sea sostenible, que respete los derechos humanos, no sabe nada de eso, solo que el fin de semana jugará futbol con el equipo de su empresa y tomara cerveza gane o pierda.

Esta misma iniciativa, va a considerar también un Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos, generando todo un programa de responsabilidad social empresarial que definitivamente se tratará de sacudir el sector empresarial, pero la verdad es que todas aquellas empresas que quieran trabajar en México, deberán conducirse responsablemente, y no estar alentando la explotación laboral, la competencia desleal, el acaparamiento, el monopolio, el ponerse de acuerdo las empresas para subir el costo de los productos, la defraudación fiscal, la constitución de empresas fantasmas, la utilización de facturas falsas, los diversos engaños al consumidor, en fin toda esa amplitud de maniobras empresariales que tienen las empresas, y que a través de ellas, logran mediatizar a los pueblos, sometiéndolos a sus intereses, y por lo tanto, forman un poder factico que además siempre trata de corromper al poder público, para asociarse, y esclavizar a las masas, por lo que esta iniciativa es y debe ser bienvenida por parte de todo el sector ciudadano.

 

V. Conclusiones

Finalmente, una situación que no podemos dejar de comentar, es el hecho de que independientemente de que esta iniciativa establece sus propios mecanismos de denuncia, procedimiento y sanción, es viable la interposición de la demanda de amparo, en virtud de que según el artículo primero de la Ley de Amparo; la materia principal a ventilar en este tipo de juicios son los Derechos Humanos de los ciudadanos.

Frente esta situación el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que: para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones están determinadas por una norma general.

Lo anterior quiere decir que ahora los particulares, en este caso las empresas, en el momento en que sobreviene la violación del derecho humano hacia sus; consumidores, clientes, trabajadores, proveedores y público en general, se podrá interponer la demanda de amparo en virtud de que existe una función determinada por una norma general, como es esta iniciativa que determina y obliga a la empresa socialmente responsable a: proteger y vigilar los Derechos Humanos, y cuya violación e infracción es materia del juicio de amparo y por lo tanto y de entrada; no se ve el impedimento por el cual se puede interponer la demanda de Amparo una vez que esta iniciativa haya sido aprobada. Por lo que, dado que esta iniciativa   incluye a los Derechos Humanos como obligación a proteger por parte de la empresa socialmente responsable, se debe de entender como parte de su debida diligencia corporativa, el proteger los derechos humanos, laborales, medioambientales y todo lo relacionado a la empresa socialmente responsable como una función primordial para operar y funcionar en México.

Con esto se ha abierto un gran cúmulo de derechos que: los trabajadores, los clientes, los consumidores y la colectividad en general tenemos sobre la actividad y funcionamiento de la empresa, especialmente los problemas de contaminación ambiental, por lo que definitivamente esta legislación dará una gran posibilidad al ciudadano, para lograr una mayor seguridad jurídica frente al funcionamiento de un poder letal que significan las grandes corporaciones y el atropellamiento de los derechos de los infelices pobres, que tenemos que soportar continuamente los embates y prepotencia de aquellos que son dueños el mundo.

 

VI. Referencias

[1] Quintana Roldán, Carlos y Sabido Peniche, Norma: “Derechos Humanos”; 2a ed., México, Editorial Porrúa, 2011 pagina 21.

[2] Perdiguero, Tomás: “Responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial”; Valencia España, Universidad de Valencia, 2005 pág. 1.

[3] Nieto Martin, Adán: “Public Compliance: Prevención de la corrupción en administraciones públicas”; La mancha España, Ediciones de la universidad de Castilla, 2018 pág. 16.

[4] Vela Treviño, Sergio: “Antijuricidad y justificación”; México, Editorial Trillas, tercera edición 1990 pagina 200.

 

VII. Bibliografía

– Nieto Martin, Adán: “Public Compliance: Prevención de la corrupción en administraciones públicas”; La mancha España, Ediciones de la universidad de Castilla, 2018.

– Perdiguero, Tomás: “Responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos de la gestión empresarial”; Valencia España, Universidad de Valencia, 2005.

– Quintana Roldán, Carlos y Sabido Peniche, Norma: “Derechos Humanos”; 2a ed., México, Editorial Porrúa, 2011.

– Vela Treviño, Sergio: “Antijuricidad y justificación”; México, Editorial Trillas, tercera edición 1990.


Ruiz, Franklin

Ruiz, Franklin

Lic. en Derecho (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y Lic. en Derechos Humanos (U. A. de Chiapas). Maestría en Juicios Orales (Instituto Profesional Educativo del Sureste). Máster Propio Internacional en Prevención de Blanqueo de dinero (Universidad Santiago de Compostela). Maestría en Impuestos (Instituto de Estudios Superiores Chiapas). Agente del Ministerio Público Investigador en la ciudad de Matías Romero Avendaño y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Email: lic.franklinruiz@gmail.com


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