Narcotráfico, inteligencia y municipios

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Autor: Fernando Molina Pico
Fecha de publicación: 13 Abr, 2020
Temas: Narcotráfico; Seguridad; Inteligencia; Estrategia

 

SÍNTESIS:

El presente trabajo trata sobre los temas adelantados en el título: Narcotráfico, Inteligencia y Municipios del conurbano bonaerense, bajo la experiencia del Municipio de San Miguel.

Especialmente, se aborda la problemática del narcotráfico en su vertiente del narcomenudeo; el modo clásico de afrontarlo, la inteligencia como herramienta básica para contrarrestarlo y al municipio como un actor crucial dentro de la contienda.

Se delinea, además, una nueva óptica estratégica relativa a las maneras de afrontar este fenómeno; que consiste en llevar a cabo prácticas multiagenciales locales, especialmente municipales, destinadas a evitar, desalentar, dificultar y entorpecer la actividad económica de las organizaciones narcotraficantes fuera del ámbito judicial acostumbrado, aunque coordinado con los funcionarios pertenecientes a dicho poder.

Finalmente, a modo de conclusión, se esboza una propuesta de trabajo de combate integral con todos los actores competentes, incorporando la información, infraestructura tecnológica y las vías administrativas del Municipio; presentándolo como un actor ineludible para debilitar el problema del narcotráfico en el conurbano bonaerense: lo que significa, bajar la rentabilidad de una actividad delictiva esencialmente comercial.

 

A) INTRODUCCIÓN – NARCOTRÁFICO, INTELIGENCIA Y MUNICIPIOS 

Las drogas son un flagelo y no hay actor estatal que sufra más su existencia que el municipio: la inseguridad en las calles, la pérdida de dominio o control territorial, los crímenes directamente vinculados al consumo o a su comercialización, la deserción escolar, las violaciones al código de convivencia entre vecinos, la destrucción de la infraestructura pública en general, tales como luminarias, calles, carteles, plazas, etc. La formación de pasillos, la saturación hospitalaria por adictos, la violencia en las guardias médicas, la proliferación de enfermedades venéreas, la malformación y malnutrición de los recién nacidos o de los aun no nacidos durante los embarazos, la violencia o descuidos posteriores por parte de sus progenitores, incluso su entrega a la prostitución a cambio de estupefacientes, etc, son un ejemplo diario de este fenómeno. No hay otro actor estatal que experimente más de cerca este problema y al que hagan más responsable los vecinos que al municipio y a su intendente. Es a sus puertas a donde el pueblo dirige sus quejas.

Y por justicia y por necesidad, los intendentes han de dar la respuesta que tanto el estado nacional y el provincial no alcanzan a dar.

B) NARCOMENUDEO – BREVES CONSIDERACIONES

Como no es novedad, el narcotráfico en el conurbano bonaerense es un problema que se visibiliza a través del fenómeno llamado “narcomenudeo”. Fenómeno que para la ciudadanía en general es de mucha mayor presencia “real” y preocupación que las bandas logísticas que movilizan miles de kilogramos de cocaína y otras drogas en la frontera o en depósitos aislados.

El narcomenudeo o la venta al menudeo, no es solo la vertiente caracterizada por una comercialización de estupefacientes al público en pequeñas dosis, no es solo un narcotraficante insignificante, de poca monta, en vías de crecimiento o de áreas en desarrollo; sino que es sencillamente un engranaje indispensable y fundamental dentro de la operatoria comercial del narcotráfico en toda su amplitud: es el modo de comercializar los grandes cargamentos de estupefacientes con el menor riesgo y costo posible para los líderes de la empresa comercial y financiera del tráfico de droga.

Es dinámico, es organizado, adaptable, difícil de investigar, complejo de escalar en cuanto a orden de jerarquías de su organización o logística y de una capacidad de resurgir casi instantánea luego del accionar estatal. Estas notas que lo caracterizan, lo hacen muy caro y, por ende, difícil de contrarrestar a través de los medios tradicionales.

Como es de público conocimiento, el narcomenudeo funciona bajo casi las mismas modalidades sobre las que funciona cualquier actividad económica informal, se fortalece en las sociedades débiles y con necesidades básicas insatisfechas, y necesariamente ocupa el lugar que debería ocupar el estado generando un orden paralelo o competidor.

Usualmente, la red suele tejerse en zonas precarias, en donde la iluminación es pobre, los accesos limitados y dominables por quienes residen allí, y las vías asfálticas por las que podría acercarse un investigador o un patrullero de sorpresa, son pocas.

Se caracterizan por diversificar los puntos de expendio en una misma zona, controlada por proveedores intermedios, que utilizan a su vez otros intermediarios que traen las cantidades justas, ya fraccionadas, para las ventas necesarias para un determinado espacio de tiempo (comúnmente, de jueves a domingo).

Hoy, raras veces se ve que se utilice un inmueble como depósito, y si se hace, es distinto desde el cual se expende. El “delivery” a sujetos conocidos; mediante previo pedido por redes sociales o vías de comunicación encriptada como el “Watsapp” o “Telegram”, son otro modo usual de comercializar los productos.

¿Quiénes son los vendedores en sentido estricto? Ciertamente, no son ni los proveedores, ni los que administran la fuerza en la organización, menos aún los productores. Se trata generalmente de los más vulnerables y mal preparados, los que a grosso modo podríamos dividir en tres grandes categorías: los que (1) por necesidad real buscan dar curso a una economía familiar insuficiente, (2) los que, teniendo otras maneras, optan por mejorar su situación económico-social de forma abrupta (en comparación con la cultura del trabajo hoy disponible), y (3) quienes perteneciendo a generaciones jóvenes formadas en el ambiente de la droga, tienen al “narco” como el estereotipo de identidad a seguir; es decir, como su ideal de autorrealización personal.

Sus cláusulas de contratación están inmersas, fundidas, en el mismo modo de ser de cada barrio. Es un fenómeno interno, propio, personalísimo del lugar, que adopta la forma existente, como un parásito, un cáncer en el núcleo mismo de las relaciones sociales del barrio.

Busca sobrevivir donde encuentre lugar, y encuentra lugar donde hay gente necesitando sobrevivir -por cualquier razón-.

Por todo ello, es un negocio extremadamente adaptable, elusivo y sumándole lo maravilloso de la ecuación del “costo-beneficio”, fenomenal para quien forma parte, especialmente para quien lo explota dirigencialmente (Del lugar de producción a su venta en el conurbano bonaerense, el costo del gramo de clorhidrato de cocaína sin fraccionar suele cotizarse en un mínimo de 26 veces su costo en dólares).

C) MUNICIPIOS DEL CONURBANO – SAN MIGUEL

En relación a lo que nos concierne, históricamente, los Municipios nunca han tenido gran injerencia respecto a la seguridad en términos generales, y mucho menos en el trazado de medidas contra el narcotráfico. No obstante, siempre han sido la primera línea del estado y por ende los primeros en sufrir sus consecuencias; en especial, en áreas como la seguridad, la convivencia, el desarrollo y la salud de sus vecinos.

Hoy en día la situación de los municipios frente a estos problemas, forzada por la realidad, ha cambiado radicalmente.

Garantizada su autonomía por el artículo 123 de la Constitución Nacional y poseedora de un régimen propio en virtud del artículo 5 del mismo plexo normativo, la Municipalidad bonaerense tiene sus límites más directos en la Constitución provincial, cuya expresión más específica se encuentra contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades (“LOM”, DECRETO-LEY 6769/58).

A los efectos de dar solo una somera descripción, a las Municipalidades bonaerenses les corresponde la administración de los partidos o departamentos, respondiendo a “(…) los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales.” (Artículo 25 de la L.O.M).

Tiene por herramientas propias de poder de policía (es decir, su capacidad de reglamentar o limitar los derechos individuales en relación al ordenamiento municipal y de convivencia) las conferidas por el artículo 26 de la L.O.M: “(…) inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones, adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, allanamientos según lo previsto en el artículo 24º (**) de la Constitución, ejecuciones subsidiarias, caducidades y cuantas más medidas fueren menester para asegurar el cumplimiento de sus normas.”

Más adelante, en aquella ley, se establecen sus “atribuciones – deberes” mediante el verbo “corresponde”, el cual, se utiliza en diferentes artículos, dibujando de un modo poco claro e inconcluso las posibles respuestas a la simple pregunta que podría hacer un estudiante secundario:

“¿De qué se ocupa un municipio?”

Bien, a mi entender, esta difusa forma de definirlo ha sido consecuencia de una necesidad -no de una intención- de no coartarlo demasiado en su accionar ya que, al ser el agente estatal más próximo a la sociedad, el limitarlo jurídicamente de una manera excesiva podría significar desde el inicio de la actividad de gobierno, el rotundo fracaso del estado como organización social. Sería, en todo caso, una firme organización burocrática sin otra capacidad de adaptación y respuesta más que la propia del poder legislativo a nivel provincial o nacional.

Porque, si así fuese, cuando el problema alcanzara visibilidad a los poderes públicos que bajo aquella óptica serían los únicos autorizados, el nivel de gravedad que hubiera alcanzado la problemática del territorio sería inabordable, más aún de lo que ya está.

No hay más que hacer una recorrida por los barrios más humildes para ver que hay personas mayores en estados degradantes, sin alimento y abrigo adecuado; posiblemente víctimas de algún robo violento ya pasado, no denunciado, y que no pueden hacerse escuchar por ningún poder nacional o provincial, sino que es al municipio a donde llegan.

Para aquellos mismos vecinos, tampoco les resulta muy sencillo hacer cuatro horas de viaje en transporte público para acudir a las instituciones provinciales con sede en La Plata y ser escuchados sobre cómo en la Comisaría local no le han tomado su denuncia y que quienes le han realizado algún daño, caminan indemnes, empoderados por la ausencia de autoridades. No, es al Intendente a quien acuden.

Entonces, volviendo al contorno jurídico del municipio, considero que esta capacidad jurídica municipal se encuentra así de moldeable por aquella necesidad, la cual se manifiesta en especial por el modo de estar redactado el artículo 25 de la L.O.M, el cual establece que las ordenanzas municipales deberán dictarse “respondiendo a los conceptos de (…) asistencia social, seguridad, (…),y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales.”

Esto significa que si bien el Municipio no tiene el deber ni la responsabilidad originaria de aquellos aspectos, tiene sí la obligación de subordinar su actividad administrativa y legislativa a estos conceptos que por naturaleza le corresponden obligatoriamente a los gobiernos provinciales y nacionales.

Y aquello, no es un límite, sino un pedido de que su actividad también se ocupe de aquellos “conceptos” en el marco de su actividad de gobierno, que se basa obviamente en la percepción de que es en el ámbito del gobierno local, del municipio, en el que las estrategias nacionales y provinciales relativas a los “conceptos” del artículo 25 de la L.O.M., como la seguridad y sanidad, es en donde se encarnan y hacen reales para el individuo que no es ya individuo ni sujeto de derecho, sino “vecino” que conoce “a su intendente” o tal vez algún concejal o funcionario.

Siguiendo con el complejo trazado normativo, no es ocioso destacar que en este mismo sentido la L.O.M, varios artículos por debajo del citado anteriormente, establece que corresponde al Concejo Deliberante aprobar el establecimiento de hospitales y demás instituciones de Salud.

En efecto, así dispone:

“ARTICULO 28°: (Texto según Dec-Ley 9094/78) Corresponde al Concejo, establecer:

  1. – Hospitales, maternidades, salas de primeros auxilios, servicios de ambulancias médicas. (…)
  1. – Toda otra institución de bien público vinculada con los intereses sociales del municipio, y a la educación popular.”

¿Por qué habría que tratar sobre aquella materia y su relación a los municipios si no por algo de lo que podrían formar parte?

Si bien, leído detenidamente, parecería que aquel artículo también ha sido puesto como límite a la actividad de administración natural del Intendente, es más bien una especie de mecanismo de regulación, y, en lo que importa, un mecanismo que parte del reconocimiento de que la actividad presente y real en el territorio municipal deberá responder a los “conceptos” coordinables con la provincia y la nación, y que cuando resulte demasiado significativa, sea aprobada por el órgano deliberativo y democrático local.

Es decir, en lo que nos atiene, lo fundamental está en percibir ese reconocimiento implícito o subyacente sobre el régimen de competencias municipal; sobre sus potestades.

Lo que significa que le es permitido en ejercicio de su autonomía dictar ordenanzas y practicar acciones positivas sobre las cuestiones y problemáticas de seguridad, salud y demás, sin importar que no se trate de una obligación legal por la cual un juez pueda atribuirle un incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que, como se ve, el carácter de su actividad en tales materias se reviste de naturaleza subsidiaria y complementaria a la de los estratos provinciales y nacionales.

Esto resulta obvio bajo la óptica de que el municipio se encuentra dentro del sistema federal de gobierno argentino y que su actividad no está limitada por el régimen de “responsabilidades penales” sino por el de las “necesidades” de su población, y es también totalmente lógico que, en caso de tener capacidad para hacerlo, emprenda tareas de bien común  titánicas para su presupuesto acostumbrado que se encuentran dentro del marco de responsabilidades nacionales o provinciales, tales como el emplazamiento de hospitales, la instalación de cámaras de seguridad o la compra de patrulleros policiales.

Esto es así ya que aquél sujeto que se encuentra en la “trinchera”, en este caso el Municipio, es lo que sea necesario que sea: soldado, médico, cocinero o confesor.

A modo de ejemplo, en el caso de San Miguel, el Municipio de San Miguel formó una Secretaría de Seguridad con un modernísimo sistema de patrullaje y de videovigilancia, y en tres ocasiones emplazó tres hospitales sin tener obligación alguna de hacerlo: los “Raúl F. Larcade”, “San Miguel Arcángel” y el próximo a inaugurarse, “Santa María”.

A mayor abundamiento, cabe señalar como se hacen eco de este “concebir municipal” los organismos nacionales destinados a combatir la problemática del narcotráfico, incluso para el logro y realización de sus misiones fundamentales. Cito a continuación un fragmento del plan nacional de la SEDRONAR para la reducción de demanda de drogas:

La complejidad de la temática del uso de drogas como la diversidad de realidades de nuestro territorio, precisan un abordaje interjurisdiccional y multidisciplinario que procure dar respuestas adaptadas a los gobiernos locales. Resulta fundamental que el abordaje de la problemática del consumo de drogas se entienda como un proceso en el cual las personas de la comunidad y del equipo técnico, recojan y compartan información que permita conocer la situación de la población en general o particular de modo de diagnosticar la realidad sobre la cual se desea intervenir. Para ello, el rol de los municipios es fundamental ya que son el referente político-administrativo más cercano a los ciudadanos. Esa cercanía facilita la detección precoz de los problemas y permite una más rápida localización de las respuestas. Ello también permite a la vez un abordaje comunitario y la participación de la sociedad civil, y puede ofrecer los cauces de coordinación que permitan dar respuestas idóneas. Asimismo, con este programa, se pretende instalar la temática del consumo problemático en la agenda municipal para que cobre relevancia de forma tal que se incluyan planes estratégicos para su abordaje. Objetivo: Promover que los gobiernos locales desarrollen su plan local sobre drogas y designen un área operativa responsable de su ejecución.” (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional-reduccion-demanda-drogas.pdf).

En consecuencia, -consciente de que la doctrina tendrá conceptos más adecuados- puede decirse que la Municipalidad del conurbano bonaerense es una persona jurídica en definición permanente en relación a las necesidades particulares de su partido, que por un lado tiene el deber y la responsabilidad de atender cara a cara a una población en constante evolución, y por el otro un régimen jurídico ambiguo y antiguo que permite tanto responsabilizarlo frente a la sociedad como desligarlo.

Por su parte, y de modo brillante, Alberto Binder, en una publicación del 2016 y bajo financiamiento del B.I.D, ha relatado el proceso de evolución histórica sobre la materia “Seguridad” en el marco del cual se han ido redibujando los papeles de los Municipios hasta el día de hoy:

“La toma de conciencia del impacto localizado y municipal de las políticas de seguridad se fue dando progresivamente en los últimos años. En una primera etapa, los gobernantes municipales tomaron nota del malestar ciudadano, difuso o alrededor de algún caso concreto, y trataron de sumarse a los reclamos, buscando convertirse en un canal hacia las autoridades provinciales o nacionales, únicas responsables de los problemas de seguridad. Este modo de encarar el problema duró bastante poco, dado que el malestar ciudadano, al no obtener respuestas concretas, comenzó a considerar, aunque todavía de un modo indirecto, a los propios gobernantes locales como parte del problema de ineficacia. En una segunda etapa, los propios intendentes municipales comenzaron a darse cuenta de que debían proveer de algunas soluciones, para no quedar atrapados en las quejas generalizadas. Comienza la etapa de cooperación entre los municipios y, en particular, las fuerzas policiales, ya sea aportando dinero para la compra de gasolinas, complementando el sueldo con horas extras de vigilancia municipal o haciendo donaciones de equipos. De un modo u otro, el Municipio quedó involucrado en el desarrollo de la política de seguridad, ahora vista como una política con gran influencia sobre la calidad de vida de los vecinos. En esta etapa, los municipios quedaron atrapados en un tipo de gasto improductivo. Los aportes de combustible para los patrulleros rara vez se convertían en un patrullaje inteligente y orientado por problemas comunitarios, cuando no era francamente malversado por las propias instituciones policiales. El poder del municipio no aumentó significativamente por estos aportes. La relación real de poder y manejo de las fuerzas policiales siguió transitando los caminos más o menos oscuros de antes y la afectación presupuestaria impidió en buena medida la generación de otro tipo de programas específicamente municipales, mucho más orientados a la prevención de conflictos violentos, por ejemplo. Así llegamos a la situación actual, en la que muchos Intendentes municipales consideran que si no aumentan su participación en el diseño y ejecución de la política de seguridad que afecta a sus municipios y, en particular, no aumentan sus facultades de coordinación y control sobre las instituciones actuantes en sus territorios, los principales costos del malestar ciudadano también se pagarán al nivel de la política local. Estamos, pues, al inicio de una nueva época donde esta necesidad social y política debe ser orientada, en términos de clarificar y definir cuáles son las herramientas con que cuenta un gobierno local para desarrollar este nuevo tipo de política y cómo logra potenciar su principal activo, que es el conocimiento local sobre la conflictividad y la violencia.10” (“Municipios: Los nuevos actores de la seguridad ciudadana” 2016, Tobías J. Schleider • M. Eugenia Carrasco (eds.) Pág 20 y 21 – Alberto Binder).

Esta evolución que ha puesto al poder Municipal en el diagramado de políticas de Seguridad se ha visto reflejada en actos políticos tales como la conformación de Secretarías de Seguridad en la mayoría de los municipios, la institución de las Policías Locales y Comunales, y también en el reconocimiento legal expreso como actor ineludible dentro de su trazado.

En efecto, la ley provincial Nro. 12154 que establece las bases del sistema provincial de seguridad pública, reconoce en su artículo 3° que la seguridad deberá ser coordinada, entre otros, con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal.

También en el artículo 19° crea el foro municipal de Seguridad, el cual, conforme al artículo 20°, será integrado por “(…) por el titular del Departamento Ejecutivo del Municipio o un representante designado por éste, miembros del Departamento Deliberativo del Municipio (…)”, y que tendrá por funciones las establecidas en el artículo 21°:

a) Entender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública municipal.

b) Evaluar el funcionamiento de las Policías de la Provincia y de los prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de actuación.

c) Formular sugerencias y propuestas, y solicitar informes a los titulares de las Comisarías, todo ello en su ámbito de actuación.

d) Intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos vulneratorios de la seguridad pública y en los planes de mantenimiento de la situación de seguridad pública desarrollados por las Policías de la Provincia correspondientes a su ámbito de actuación.

e) Derivar inquietudes y demandas comunitarias, y formular propuestas al Defensor Municipal de Seguridad.

f) Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión o asunto atinente a la seguridad pública en el ámbito municipal.

g) Invitar a autoridades o Funcionarios públicos provinciales y/o municipales, con actuación en su ámbito territorial, para tratar cuestiones o asuntos atinentes a la seguridad pública del ámbito municipal.

h) Elegir al Defensor Municipal de la Seguridad en los términos previstos por la presente Ley”.

También, de acuerdo al artículo 24° y subsiguientes, integra el foro Departamental de Seguridad con funciones muy similares a las ya citadas.

Asimismo, la ley provincial 13482, de la policía de la provincia, establece en el artículo 54° que el Intendente Municipal integrará el Consejo Provincial de Seguridad, y en el 79° distingue los distintos tipos de apoyo que podrá darle el a la policía de la provincia (financiero, logístico y humano).

C.1) Sus consecuencias sobre la esfera de responsabilidad del Estado Municipal:

Numerosos estudios se han realizado entre la relación causal del narcotráfico y el uso indebido de drogas con la actividad delictiva; violenta y no violenta, también, obviamente se han hecho estudios sobre sus efectos en los ámbitos propios del “desarrollo social” y la salud pública, abarcando desde el diagrama que compone las necesidades básicas, el derecho a la salud y al ambiente sano, hasta su potencial profesional y civil; por lo que en este trabajo se toma por aceptada dicha vinculación.

De suma elocuencia, por su dosis de realidad, es la denuncia presentada por el Secretario de Seguridad de San Miguel, Juan Esper, ante el fuero federal en septiembre de 2018:

“(…) el Municipio comenzó a percibir que había una verdadera disputa sobre el dominio territorial, medido en conservar la iluminación pública, el funcionamiento de las cámaras de seguridad, la circulación despejada de los móviles policiales, la libre circulación de los vecinos y el buen uso del espacio público por parte de mayores y menores. La confianza de los ciudadanos hacia el Estado Municipal y sus autoridades comenzó, por miedo o conveniencia, a estar en juego.

En este escenario el tráfico y venta de estupefacientes, cuyos explotadores se plantan en franca competencia con el estado municipal respecto al dominio territorial de los barrios se ha convertido en un problema que amenaza gravemente a la sociedad.

Así, podemos citar como ejemplo diversas actividad a las que estos grupos delictivos recurren: cierran las calles con cascotes, apedrean móviles, construyen pasillos y búnkeres, intimidan a los vecinos, regentean los espacios, destruyen la luminaria pública; dan en alquiler las viviendas, obligan a vecinos aquejados por las necesidades a constituirse en depositarios de droga; cooptan a los menores para que les oficien de centinelas ofreciéndoles una “carrera”, un futuro, y los alejan de la escuela dominándolos con falsos estereotipos de crecimiento, volviéndolos adictos y dándoles ingresos que ni todo su grupo familiar podría juntar en un mes.

Estas organizaciones, combaten en la medida que toman fuerza la acción municipal, y al enquistarse repelen por su propia naturaleza cualquier ingreso estatal; incluso sobre elementos básicos como la instalación de luminarias, asfaltos o el emplazamiento de salitas de primeros auxilios. Circunstancias que llegan al extremo de constituirse “órdenes” paralelos, al punto que ya no se sabe quién es el soberano: si el estado o el narcotraficante y su organización.” (Punto II de la copia certificada de la denuncia que se adjunta al final del presente).

Y en caso de precisar mayor respaldo científico respecto a la relación de causalidad entre delito, violencia y drogas, es destacable la publicación realizada Junta de Fiscalización Internacional de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en el año 2003, en donde reconoce tres modos de relación:

15. Se ha sostenido que hay tres formas separadas y distintas de relación entre las drogas y la violencia (el modelo tripartito): a) sicofarmacológica, según la cual la violencia es el resultado de los efectos agudos de una droga sicoactiva sobre el usuario; b) económicocompulsiva, que sostiene que la violencia es un medio para generar dinero con el fin de comprar drogas, y c) sistémica, que sostiene que la violencia está asociada a la comercialización de las drogas ilícitas. Los estudios han revelado en general que la violencia sicofarmacológica, incluido el homicidio, está asociada casi siempre al uso indebido de alcohol. Por otro lado, la violencia económico-compulsiva relacionada con las drogas E/INCB/2003/1 4 no es común, pero los delitos económico-compulsivos para adquirir drogas son frecuentes. La violencia sistémica está estrechamente relacionada con las batallas para obtener un “territorio” en los mercados de drogas ilícitas” (Punto 15, página 3, E/INCB/2003/1, https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2003/AR_2003_Spanish.pdf).

C.2) Infraestructura y elementos para la Seguridad en el municipio de San Miguel:

Considerando la problemática en cuestión, y previo a dar detalles estadísticos y de informes sobre las consecuencias, es que resulta fundamental detallar escuetamente sobre el aparato de seguridad que funciona en el territorio; lugar donde ocurren estos fenómenos y elemento indispensable a analizar para evaluar las condiciones en las que este “mercado” prolifera.

San Miguel es un partido con alrededor de 300.000 habitantes, posiblemente superior a los 350.000, con un territorio que se extiende por 83 kilómetros cuadrados y que limita con los partidos de partidos de Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, José C. Paz y Malvinas Argentinas, cabe destacar que dentro de su extensión se encuentra la guarnición militar del Ejército Argentino “Campo de Mayo” -por lo que el territorio que es asolado por este fenómeno se ve reducido en un área considerable-.

En cuanto a la coordinación con los demás partidos en cuanto al narcotráfico o a medidas relacionadas, el contacto es prácticamente nulo, especialmente por la carencia de institucionalidad en el tema y por la reserva característica en cuanto al cuidado de la información. Es fundamentalmente un problema cultural.

Como se explicó previamente, la responsabilidad básica de la seguridad se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia, pero en cuanto a la construcción de la seguridad confluyen los tres estratos de gobierno: Nacional, Provincial y Municipal. Ello, lo hacen de manera coordinada en San Miguel, aunque relegada a los buenos oficios políticos; es decir no existen normas jurídicas que obliguen y establezcan un método claro de coordinación.

En cuanto a infraestructura municipal instalada y puesta en funcionamiento con fines eminentemente preventivos (no abarcaré la infraestructura indirecta; tales como calles, luminarias, etc), y a grosso modo, en San Miguel existen alrededor de 650 cámaras de seguridad de alta definición, alrededor de 62 cámaras con tecnología LPR (“Licence Plate Recognition”) situadas en puntos estratégicos, 25 patrullas inteligentes en movimiento durante las 24 horas del día (total de 38), situadas en 15 “cuadrículas policiales” abarcando cada una alrededor de una quinceava parte del distrito– alrededor de cuadros de quince cuadras por quince-, con un conductor de la policía municipal y un policía bonaerense al que se le abonan horas extra bajo bajo el concepto de “adicional”.

A su vez, tiene apenas más de una decena motocicletas con personal de seguridad que patrulla los centros comerciales y los corredores escolares, y otras zonas que por necesidad se determinen. También alrededor de 40 hombres a pie que circulan protegiendo los centros comerciales, centros de recreación o de gran afluencia pública [[1]].

Por último, se le suman las dos intervenciones barriales con todas las áreas municipales, inspiradas en las UPP brasileñas -Unidad de Policía Pacificadora-, bajo el modelo de policía de proximidad, en los puntos neurálgicos de barrios de alta tasa delictiva. Es decir, puestos que buscan otorgar una presencia física del estado, expresado en un edificio amplio y notorio, patrullaje a pie y en vehículos, atención a las víctimas y oficinas de recepción de denuncias, desarrollo social, coordinación con áreas de primeros auxilios, espacios de mediación, de recreación, etc; coadyuvados por una infraestructura urbana en crecimiento sostenido -punto sobre el que la Nación y la Provincia suelen realizan aportes vitales-.

En lo que es la gestión de las emergencias, coordinación con todos los elementos de seguridad y el monitoreo de las cámaras hay un centro de comando y monitoreo que funciona las 24 hs (C.O.M. “Centro de Operaciones Municipal”).

Naturalmente la guía y orientación de todo aquello se hace en base a la información estadística semanal, mensual y anual procesada por la “Dirección de Análisis de Imágenes y Estadísticas”; que confeccionan el mapa del delito y sugieren a los mandos las medidas a realizarse semana a semana, mes a mes y año a año.

Sumado a ello, se encuentra la Policía de la Provincia de Buenos Aires con una jefatura Distrital, tres comisarías, 15 patrullas policiales en movimiento durante las 24 horas en aquellas mismas cuadrículas, un grupo de apoyo con fuerzas especializadas; y aparte, dependiendo de otra superintendencia, un grupo de entre 3 y 5 hombres que trabaja únicamente en la temática de “Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado”

Por último, la Gendarmería Nacional apoya usualmente con sus dotaciones de cuatro patrullas, personal a pie y esporádicamente a caballo. Saturando o vigilando de manera muy presente, usualmente entre una y dos cuadrículas determinadas de manera muy eficaz. También realizando investigaciones a pedido del fuero federal.

C.3) Estadísticas e informes sobre las consecuencias:

Sobre la cuestión de la relación Narcotráfico y Consumo de Drogas / Delitos y Conflictividad, se pondrá a modo de ejemplo el análisis delictivo del territorio con tales medios a disposición, correspondiente al año 2018, realizado por la “Dirección de Análisis de Incidentes y Estadísticas” de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel.

Esta información, tomada del “Mapa del Delito” que dicha dirección confecciona tiene por fuente la totalidad de las denuncias realizadas en las Comisarías del distrito, los llamados al 911, el número de emergencias municipal y el uso de aplicaciones vinculadas al programa “Ojos en Alerta”, al cual se encuentran inscriptos más de 20.000 vecinos del partido de San Miguel -de orientación más bien preventiva, alerta temprana y de fácil acceso-.

A través del gráfico de análisis estadístico, correspondiente al año 2018, se intentará dar una noción sobre la realidad delictiva que posiblemente tenga relación con el narcotráfico y el consumo de drogas. El carácter de las afirmaciones que se realizan sobre el nexo o vinculación de causalidad no exceden el ámbito de la presunción razonable o intuición técnica de quienes realizaron la apreciación, ya que no poseo de medios para verificar la intencionalidad o demostrar la causalidad directa entre cada delito contabilizado en aquél gráfico y las drogas (ya por la actividad del narcotráfico, ya por el consumo).

En esta inteligencia, y bajo la dirección de los mismos analistas, se han seleccionado el 1) Robo a persona en la vía pública, 2) Tenencia de estupefacientes (como Infracción a Ley 23737), 3) Violencia y Lesiones, 4) Hurto a persona, 5) Violencia en riña, 6) Violencia Familiar, 7) Violencia de género, 8) Vandalismo, 9) Violencia entre vecinos, 10) Homicidios, 11) Tentativa de Homicidio, 12) Amenazas, 13) Violencia entre bandas, y 14) Hurto a vivienda con morador, como delitos cuyo comportamiento tiene relación directa con el asunto que nos concierne.

Naturalmente, aclaran que este recuento muchas veces es parcial y que hay ciertos tipos de delitos o incidentes también relacionados con las drogas que son registrados en una medida sumamente inferior a la real por cuestiones varias, pero fundamentalmente porque quien debería realizar la denuncia considera “inútil” ingresar en la rueda burocrática por una cuestión menor o, sencillamente, porque aquel quien podría realizar la denuncia, es parte del problema. Cuando digo esto hablo por ejemplo de: vandalismo de alguna luminaria, de algún banco de plaza, basurero sin que haya algún autor identificado, ensuciamiento y entorpecimiento de las calles, violencia entre bandas en las que no intervino la policía, robos de garrafas, bicicletas y compras de supermercado, riñas sin heridos de gravedad, insultos y hostigamientos desde las llamadas “juntas”, ajustes de cuentas menores, etc.

Como puede verse, si es aceptada la vinculación entre violencia, delito y droga tal cual lo establece la Junta de Fiscalización Internacional de Estupefacientes de las Naciones Unidas y se acepta que los delitos registrados en la estadística anterior integran ese entretejido de relaciones; efectivamente, y sin perjuicio de que comparativamente con demás municipios del conurbano San Miguel es un distrito de bajos índices delictivos, es evidente que las drogas son una causal determinante de la existencia delictiva.

Perfectamente podrían imaginarse reducciones abrumadoras en esta estadística en caso de eliminar el problema de los estupefacientes, ya que tratándose de sus causas o al menos de sus concausas, su supresión desaceleraría sus procesos fundantes.

Y naturalmente, su supresión haría caer los niveles de conflictividad vecinal en general, que precede a la existencia de los delitos.

Por otro lado, ya en materia de salud, en entrevistas personales con el Subsecretario de la Secretaría de Salud de San Miguel -Dr. Diego F. Lambert-; ha coincidido que, en un enorme porcentaje de las atenciones sobre distintas patologías, orgánicas o psiquiátricas, el abuso de sustancias psicoactivas se encuentra presente de un modo alarmante, y si bien, usualmente concurre con otras causas; bien le atribuye el título de causa.

D) EL PROBLEMA – ABORDAJE CLÁSICO DE LA OFERTA DE ESTUPEFACIENTES:

Ahora bien, el tratamiento usual que se le da al problema del narcotráfico y todas sus vertientes y, conforme a los ideales adheridos por nuestro país en la “United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna, 20 December 1988” mediante la ley n° 24.072, y los lineamientos sugeridos por la Asamblea General de la O.N.U. en las resoluciones 66/183, 64/182, y concordantes; es de su tratamiento como un delito que trae a sus perpetradores fabulosas ganancias económicas, delito, que como tal tiene que ser penado, y no tanto como un montaje delictivo-comercial que tiene que ser especialmente atacado en su rentabilidad.

En tal sentido es sumamente ilustrativo, como cuadro cultural, el preámbulo de la convención citada, el cual conviene en que las partes firmantes -los estados- se encuentran deseosas de que las fabulosas ganancias del tráfico de drogas ilícitas sean eliminadas, y que para ello, es su decisión privar de los frutos de su actividad (no también entorpecer, dificultar o encarecer su actividad).

En efecto, así dice:

Decididas a privar a las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas y eliminar así su principal incentivo para tal actividad.

Deseosas de eliminar las causas profundas del problema del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comprendida la demanda ilícita de dichas drogas y sustancias y las enormes ganancias derivadas del tráfico ilícito

En este orden de ideas, dejando al margen las leyes y reglamentos que apuntan a la disminución de la demanda de estupefacientes -posiblemente, la solución más eficaz al problema-, cabe señalar a la ley nacional 23.737 y sus modificatorias, así como las que tratan el lavado de activos; como los modos legislativos de la república argentina y por consecuencia estatales, de abordar de modo coherente con el espíritu de la convención, un problema cuya solución es de un espectro aún más amplio.

Este modo, de persecución, casi específicamente post factum, previa formación de un expediente judicial denota el corto enfoque que se le ha dado a este problema transnacional -al margen de las regulaciones bancarias relativas al lavado de activos-.

Las herramientas del estado se encuentran conformadas y limitadas dentro del paradigma de que el “narcotráfico es un delito” y, que por ende, su tratamiento, de manera más o menos ingeniosa, debe ser como la de cualquier otro delito: 1) Denuncia o flagrancia, 2) Investigación, 2) Procesamiento o Elevación del caso a juicio, 3) Debate, 4) Condena penal con penas accesorias (confiscación, inhabilitación, etc.), 5) Seguimiento de pena.

En resumidas cuentas, desde un plano ideal se busca la supresión del problema fundamentalmente a través de la penalización; la cual incluye penas privativas de la libertad, multas y hasta confiscación de bienes y cuentas bancarias. Es decir, para utilizar el lenguaje de la convención, medidas dispuestas para “privar a las personas de los frutos”, cuando nuestra mayor energía debe concentrarse en ir s a las raíces para intentar que esos frutos o, no sean, o sean más pequeños.

Ahora bien, veamos el mecanismo de implementación de tal sistema dentro del conurbano bonaerense a partir de la comparación de tres expedientes exitosos escogidos al azar, iniciados de manera flagrante, es decir a causa de tareas de prevención sin previa denuncia formal, y con los imputados condenados mediante el instituto de juicio abreviado (sin juicio oral), es decir, bajo la modalidad de menor costo y más veloz con que se puede iniciar y dar término a un expediente judicial:

Comparación de tres expedientes judiciales del fuero ordinario:

 

¿Cuánto se ha invertido en gastos policiales por cada causa? ¿Cuántas patrullas policiales en movimiento, personal investigativo, personal de apoyo, personal burocrático, combustible, desgaste de medios, alimentos para los detenidos, etc.? ¿Qué se dejó de hacer por hacer ello?Bien, quien conoce la realidad del Poder Judicial entenderá que estos tres casos fueron resueltos en un tiempo ideal, incluso excelente. Como funcionario, uno puede darse realmente por satisfecho con esta estadística. El problema es que no puede decir lo mismo la sociedad.

¿Cuánto tiempo y recursos físicos le insumió al poder judicial? ¿Cuánta porción de sueldo de todos los empleados de la fiscalía, defensoría y juzgado quedaron justificados por estos aprehendidos? ¿Y el servicio penitenciario? ¿Cuántos sueldos? ¿Cuántos traslados? ¿Cuántos recursos mientras dura el tiempo de detención?

¿Se ha desbancado la organización? ¿Cuánto perdió? ¿Un vendedor, sólo un empleado? ¿Un día o dos de venta y algunos gramos? ¿Cuánto vale cada gramo secuestrado si el kilogramo sin fraccionar en la provincia de buenos aires -fuera de puerto- se encuentra en alrededor de 8000 USS el kilogramo? ¿En fin, cuánto se ha dañado la balanza comercial de la empresa?

Comparemos. Los números pueden no ser exactos, pero son presumiblemente válidos y se basan en los utilizados a nivel nacional al día de la fecha, y es evidente: estamos hablando de una ecuación que no rinde.

Es natural, entonces, luego de estas observaciones concluir que el narcomenudeo es justamente la expresión de victoria del negocio del narcotráfico frente al estado.

¿Entonces, pregunta obligada, es este el enfoque correcto? ¿O mejor sería plantear el problema del narcotráfico bajo un nuevo paradigma? Conceptualizarlo no solo como un delito sino como el negocio que efectivamente es, y que para combatirlo más eficientemente es preciso no solo condenar a prisión a sus responsables -lo cual por supuesto es el resultado ideal-, sino desgajar toda su estructura y logística comercial luego de hacer un estudio de inteligencia de negocios, para que, de modo implacable, se lo entorpezca, baje su rentabilidad, y que durante el proceso el estado gaste lo menos posible.

Naturalmente, siendo que en Australia el kilogramo de cocaína sin fraccionar se venda en aproximadamente 250.000 USS, cuando el costo de producción en los países de origen oscila en los 300 USS, es obvio que la ecuación siempre les será favorable; pero, que de negocio fenomenal, pase solo a un excelente o muy buen negocio en el conurbano bonaerense, ese debe ser el objetivo del combate de la oferta: quizás bajo este concepto, y con las herramientas ya existentes, de 10 chicos a los que solía llegarle estupefacientes de manera instantánea, les llegue sólo a 9, o quizás se logre que el caso de Rosario no se replique. Porque, ¿para qué instalarse en una zona tremendamente hostil a los intereses comerciales? Siempre conviene más una zona franca.

Esta propuesta, traspolada de la lógica de los bloqueos comerciales, señala como nuevo objetivo la obstaculización sistemática o entorpecimiento de una actividad comercial, y no solo a su penalización clásica. Sino todo un esfuerzo directamente dirigido a encarecer la actividad. Porque como enseñan los economistas, cuanto más alto el precio, menor la demanda.

Puesto de esta manera, el viejo modelo de delito-penalización, pasa a quedar contenido dentro de un universo mucho más amplio donde la finalidad es el combate comercial.

Si así se lo abraza, habría que replantearse si se justifica el costo de ciertos expedientes (que a veces duran años) e implican investigaciones muy largas y no resultan precisamente económicas, solo con el fin de lograr una condena poco pertinente, importante o, como suele suceder, para justificar medidas de prueba tomadas por obligaciones procesales, pero contrarias al buen criterio del funcionario competente (y en consecuencia, a la constitución nacional -art. 28 CN).

Bajo este paradigma, el operador judicial, se preguntará cuando no vea al camino procesal para lograr una condena como el mejor modo de bajarle la rentabilidad al narcotráfico: “¿Debo allanar cuando tenga la certeza suficiente, con varios compradores “previos” como para lograr una condena? ¿O en este caso, dada la dinamicidad, el poco caudal de compradores aparentes que llegan al lugar de venta, conviene allanar sin ningún “comprador previo”? ¿Debo realizar escuchas telefónicas? ¿Durante cuánto tiempo: días, semanas, meses? ¿O debo hacer una compra mediante “el agente revelador” y ordenar el allanamiento de urgencia en el momento? A fin de cuentas, ¿Quiero un expediente prolijo o quiero un problema resuelto?”

Lo cierto es que es especialmente en la burocracia procesal en donde se encuentra uno de los nidos protegidos del narcotráfico, una de sus casas seguras: y el narcomenudeo, es la expresión victoriosa de un negocio inteligente y rentable sobre un conjunto de reglas y procesos no diseñados para contrarrestar su dinamicidad.

En consecuencia, por más prolijo que sea el resultado del expediente en sí, por más que la pureza y coherencia entre el objetivo propuesto al inicio de la investigación criminal, el auto de elevación a juicio y la condena final (léase, endilgarle responsabilidad penal a uno o varios actores por infracción a la ley 23.737) satisfaga deliciosamente la afición intelectual por un proceso pulcro bajo los límites perfectos del llamado “caso” y sea mostrable en vistosas estadísticas; si el monstruo comercial, paralelamente, continúa vivo y no ha perdido rentabilidad porque el expediente no ha dado un paso más en torno a ello, es que lamentablemente no estamos obrando como estado al nivel razonable que nos exige la constitución, ya que, utilizando los términos de la Corte Suprema, adecuamos mal los medios a los fines (artículo 28 de la Constitución Nacional – CSJN Fallos, 118:278).

La oferta de estupefacientes tiene que ser sistemáticamente perseguida, entorpecida, desfavorecida; con todos los medios del estado disponibles. No solo con el enjuiciamiento.

E) INTELIGENCIA – USO DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL NARCOMENUDEO

La ley nro. 25.250 de Inteligencia Nacional define en su artículo segundo a la inteligencia como:

“(…) la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación

Y a ella, en el inciso tercero del mismo artículo, le reconoce como especie suya a la Inteligencia Criminal, la cual la define como:

“(…) la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional

Si bien hoy se le han agregado distintos conceptos, sumamente importantes propias de la era informática como el “DATA” o “BIG DATA”, a fin de cuentas, la definición esencial no ha variado, y al día de hoy puede conceptuarse a la inteligencia como la información provista de significado para la toma de decisiones luego de un proceso de reunión, procesamiento o análisis por personal formado para tal fin.

¿Y cuándo una información es útil? Una información o, mejor dicho, una apreciación de inteligencia es útil para la toma de decisiones siempre que:

[Logre] “Disminuir incertidumbre, controlar las hipótesis de riesgos neutralizando probables consecuencias adversas, señalar prioridades de peligro e intensidad de las amenazas, alejar las indefiniciones en la decisión y, finalmente, contribuir a resolver una crisis” (“Inteligencia aplicada y Crimen organizado” pág. 103 – 1ª ed. – 2016 – José Ricardo Spadaro, Editorial Autores de Argentina).

Y a su vez esta actividad en el mundo republicano moderno, vista como disciplina, implica, tal cual afirma Spadaro en el mismo libro, el seguimiento de los siguientes principios:

1. El principio jurídico de legalidad

2. El principio de control democrático

3. El principio de pertinencia

4. El principio de especialización

5. El principio de circulación restringida

6. El principio de planificación

7. El principio de la legitimidad

Salvadas las aproximaciones a las definiciones vigentes hoy sobre la actividad de inteligencia y sus normas funcionales es que cabe abordar someramente nuestra realidad institucional actual.

Nuestro poder legislativo, consciente de la necesidad de la inteligencia para los asuntos de estado, y especialmente para el combate de un problema transnacional como es el crimen organizado, del cual, el narcotráfico resulta ser el más rentable, ha sancionado la ley de inteligencia nacional en donde, en lo que nos interesa, crea la Agencia Federal de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal para establecer en el marco de sus competencias, los mecanismos adecuados de reunión, procesamiento y apreciación de inteligencia adecuados.

Ahora bien, frente al problema federal del narcotráfico, y con su vertiente de narcomenudeo o microtráfico desfederalizada, a dichos organismos se le suman las áreas de inteligencia de cada fuerza policial provincial, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la Policía Bonaerense.

Como resulta una actividad que no es pública, desconozco sus modos de extraer información respecto al narcotráfico. Pero presumo que la Policía Provincial, tendrá entre ellos el 1) análisis de las denuncias oficiales recibidas en las sedes policiales o recolectadas entre los vecinos por cualquiera de sus funcionarios, incluyendo el trabajo de campo, 2) el estudio del mapa del delito, tanto del narcotráfico en sí como de delitos relaciones, y 3) el conocimiento de las causas que el poder judicial comparte al encomendar tareas de investigación a partir de una denuncia recibida en sede judicial. Por último, a este cúmulo de información se les han de sumar 4) la información que aporten los Servicios Penitenciarios, y 5) las estadísticas y encuestas publicadas por el SEDRONAR y por organismos internacionales. Seguramente existan más medios.

Ahora bien, siendo el narcotráfico, en su expresión de narcomenudeo, una actividad que afecta principalmente áreas de responsabilidad municipal: salud, trabajo, seguridad, vialidad, desarrollo social, obras, etc., ¿no es lógico que para tener un cúmulo de información ajustado a la realidad se incluya el análisis de tales áreas? ¿Por qué no se evalúa la información municipal en clave de narcotráfico?

Y a esta información Municipal, ¿por qué no se le agrega el ojo experto de cada materia? No me refiero a un ojo necesariamente científico, sino un ojo formado en el oficio. De un profesional del lugar que ha desarrollado la intuición para interpretar indicios y nutrir a un sistema serio con alarmas adecuadas, de un profesional que conoce a su gente, a sus vecinos, que goza de la confianza de ellos y sabe qué problemas le aquejan. De la certificación y de su aceptación bajo los cánones de la ciencia jurídica, se deberá ocupar el poder judicial durante el debido proceso, pero ello no tendría que ser un obstáculo para la recopilación de información útil.

Es comprensible y goza de universal aceptación que en cuanto a la tarea de reunión de información de interés para un país sobre la actividad determinada de una nación extranjera se asigne a personal propio, de confianza y formado bajo una carrera profesional determinada y de determinada agencia nacional. Pero en este caso, ¿cuál es la razón para no utilizar la información local bajo el tamiz de la pericia de ciertos funcionarios municipales? A veces el ojo local del diarero de la esquina es más agudo que el de un agente transportado desde una gran agencia de inteligencia, que tiene que preguntarle al “Google maps” donde se encuentra parado.

Naturalmente no se trata de un experto en narcotráfico, pero sin embargo es posible para un funcionario municipal señalar en su trabajo diario ciertos indicios compatibles con la existencia de la actividad de narcomenudeo, o que, en caso de ignorarlos, bajo la orientación de un experto, adiestrar su ojo para reputar dichos indicios como tales.

Y ella, es una presencia estatal y una fuente de información que no se utiliza. No hay modos de compartir los signos del narcotráfico, los rumores, los indicios, sino hasta que ya es demasiado evidente y tal funcionario se siente compelido a realizar la denuncia para evitar responsabilidades, y cuando lo hace, suele resultar información antigua, ya conocida. Todo lo otro, que serviría para atacar al problema en su fase incipiente, de mayor debilidad y menor gravedad, no es utilizado porque institucionalmente no hay mecanismos adecuados y lo que se percibe sin pruebas contundentes, certeras, cae en lo que lo que se dice “saco roto”.

Por ejemplo, no es novedad que signo del narcomenudeo es la rotura de cámaras de seguridad, o el de luminarias. ¿Qué vecino o municipio denuncia esas roturas ante una fiscalía de drogas? Otro es el robo de cosas de poco valor en la vía pública. Otro es el bloqueo o estrechamiento de calles a manos de “particulares” para su control o, la desfachatada construcción de pasillos. También las peleas e intimidaciones a vecinos y familias. Las quejas de comerciantes y vecinos pacíficos respecto a comportamientos de “juntas alborotadoras”, de “clientes” difíciles de tratar.

No pasa desapercibido tampoco al funcionario municipal los vehículos de alta gama en barrios carenciados o de llamativo aspecto. Las fiestas hasta el mediodía. La desnutrición de los niños que acuden a los centros maternales. Las peleas y golpizas reiteradas a las mujeres y sus ingresos al hospital, o el incremento desmedido de asistencias psicológicas o psiquiátricas – pueden significar la existencia de parientes cercanos afectados por las drogas-, o determinadas conductas sobre franjas etarias específicas -ej. Embarazo adolescente, el bulliying, etc.

Las heridas leves pendencieras. El subdesarrollo físico y mental en los niños y adultos. La indocumentación y falta de controles médicos. La deserción escolar. La inactividad y el merodeo constante en preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Todo ello son algunos de los signos visibles en los centros municipales que evidencian la presencia del narcotráfico y que no llegan a denuncia; todo ello, es información que no se procesa, que no se le da un significado, no se utiliza y sin embargo puede ser el signo del paso del gigante del narcotráfico, que solo es revelada en forma de denuncia cuando su paso ya es escandaloso porque sucedió alguna tragedia. Y es toda información que existe pero que nadie analiza sistemáticamente para un fin, ya que ese no se encuentra dentro del ámbito de sus competencias.

F) NARCOTRÁFICO, INTELIGENCIA Y MUNICIPIOS:

F.1) Consideraciones:

Ahora bien, para teorizar, el narcotráfico podría dividirse a muy grandes rasgos en tres ramas. Productor y-o Proveedor principal (líder), proveedor intermediario y narcomenudeante; ello sin perjuicio de las organizaciones paralelas de profesionales que se ocupan del lavado y de otras actividades necesarias que le hacen de infraestructura.

En nuestro país, a grandes rasgos, el gran productor, organizador y líder, normalmente no tiene su “sede principal de negocios” en nuestros barrios. Sino que, si se trata de clorhidrato de cocaína, posiblemente tenga su centro de operaciones en Bolivia, Perú, Colombia o norte brasileño. Mientras que, si se trata de marihuana, desde el Paraguay o Brasil, con algunas células productivas pequeñas en nuestro territorio. Y, según afirman los expertos, a nivel comparativo, la Argentina hoy es a lo sumo proveedor de drogas sintéticas y de precursores químicos o sustancias de “corte”.

Ahora, para traer su mercancía, deberán tener una capacidad logística relativamente ingeniosa que introduzca el cargamento en el país: Gente que la reciba y gente que la proteja durante el camino. También que aquella gente se encargue, si es necesario, de corromper a los funcionarios que sean necesarios.

Frente a esta fase, un municipio del conurbano poco puede hacer. Por ninguna de sus funciones tendrá indicios de que ha salido un cargamento de la frontera o una barcaza cargada con marihuana ha cruzado el río Paraná o el Uruguay.

Como herramienta de control, si bien puede controlar el ingreso de vehículos a su territorio, sin la adecuada información no es posible realizar un plan eficiente. Más cuando las vías de ingreso y egreso de su territorio se cuentan prácticamente a cada cuadra en extensiones de kilómetros.

Lo único que podría hacer es la vinculación política para que de los casos de narcomenudeo se investigue en mayor profundidad a los causantes.

Ahora, con el cargamento una vez llegado al conurbano, la situación es diferente. En esta etapa, donde los intermediarios tienen mayor protagonismo, el municipio del conurbano comienza a tener herramientas.

Los proveedores e intermediarios necesitan de un punto para sacar los estupefacientes del camión o vehículo y distribuirlos. Si fue dividido en cargas pequeñas antes de entrar en el municipio, será más complejo. Pero en definitiva se hará en las inmediaciones o dentro de algún inmueble: Galpón, casa, comercio, garaje, lavado de autos, etc.

Si hacen “corte” allí, fraccionan o incluso finalizan parte del proceso con precursores químicos, presumiblemente el inmueble a utilizarse será “más estable”, estará mejor preparado, será vigilable, tendrá un enrejado que complique y demore posibles allanamientos, y se caracterizará por ser conocido de las personas involucradas en la parte media de la organización.

Ahora, supongamos que el “signo municipal” es el siguiente: por la cámara de seguridad de la esquina se puede ver un constante ir y venir de tres o cuatro autos de alta gama. De gente de mediana edad. No hay familias. No hay compradores. Solo eso.  A ello se le agrega un detalle, al pasar de la patrulla policial, de los que suelen estar fuera al menos uno entra al inmueble; otro a veces golpea las manos.

De ello puede hacerse la denuncia o no. Posiblemente, si se describen estos movimientos sin la afirmación de que allí se vende droga,  la denuncia se archive sin más trámite. Convengamos que, si encima la denuncia es anónima, como es lo normal, no pueden siquiera hacerse intervenciones telefónicas sin que existan otros graves indicios (Fallos: 333:1674, CSJN, “Quaranta, José Carlos s/ inf. ley 23.737”).

Descartada entonces la vía judicial. Continuemos con las vías administrativas del poder municipal: Supongamos que el gramo de clorhidrato de cocaína fraccionada se vende a 400 pesos. ¿En cuánto podría encarecerse, si en vez de pasar 3 veces al día, la patrulla policial por el frente de la casa, pasase 15? Un porcentaje muy mínimo supongo. Pero quizás de cada veinte entregas, puedan realizar solo 18, resultado, menos dinero ¿Y si ese patrullaje obligase a que la organización utilizase distintos autos para no ser registrados cada vez que han de traer un cargamento relativamente valorable? ¿Cuánto deberán abonar por cada vehículo? ¿Esas erogaciones, en cuanto más aumentarán el riesgo? ¿Y si cada tres días -por decir una fracción de tiempo- se ordenase que en esa cuadra o manzana se le pida documentación a quienes ingresan o salen? ¿Eso obligará a que busquen tal vez ser avisados por satélites puestos en puntos estratégicos cuando venga la patrulla? ¿Cuánto habrá que “abonarle” a aquellos “centinelas”? ¿Un gramo diario? ¿Dos gramos? ¿Dinero y gramos? ¿Cómo saben que ninguno de aquellos centinelas guardará silencio? ¿Cuánto más riesgos se les han agregado a los empresarios del narcotráfico?

Ahora, supongamos que se tienen los dominios de todos o varios de los vehículos que se utilizan. Imaginemos que puntos de corte, depósito o distribución sospechados como este, hay alrededor de cuarenta más y utilizan cinco vehículos cada uno. Eso hace un total de doscientos vehículos. ¿Y si se cargaran en los registros de las cámaras con tecnología lectora de patentes y luego se los identificase y registrase, al menos una vez conforme a las disposiciones que rigen los operativos públicos de control -inc. 5 art. 294 del CPPPBA? Quizás, incluso, se logre algún que otro secuestro, si la información es buena y la suerte acompaña. ¿En cuánto se podría encarecer la fase media del negocio? ¿Y si se hiciese ello con información de toda la provincia? Se trataría realmente de un serio protocolo “antidelivery”.

Eso es un mero ejemplo, las posibilidades son tan variadas como métodos de tráfico existen. Y esto, puede extenderse a todas las herramientas que integran el sistema estatal municipal.

Hay que dejar constancia que, a fin de cuentas, la eficacia del ingenio puesto en ello radica en que los municipios, y no otros, son los que tienen la presencia del territorio y la capacidad de modificar los elementos que hacen a la seguridad situacional y al entorno urbano: es decir, la posibilidad de crear situaciones hostiles o inconvenientes a la actividad delictiva. De la misma forma que la hacen convenientes y amigables a los comerciantes legales.

Ahora, continuando con el ejemplo, supongamos que efectivamente la fase media ha logrado sus objetivos logísticos y durante los tres días de la semana en que existe mayor consumo, y por ende venta, ha provisto de forma exitosa diez puntos de venta al narcomenudeo en un mismo partido.

¿Qué actividad municipal puede entorpecer tal actividad? Para esto hay que analizar los factores que sustancian cada caso, pero a nivel general podría establecerse lo siguiente:

Respecto a las personas involucradas, como se dijo en las consideraciones sobre el narcomenudeo, pueden ser tres tipos: los que (1) por necesidad real buscan dar curso a una economía familiar insuficiente, (2) los que, teniendo otras maneras, optan por mejorar su situación económico-social de forma abrupta (en comparación con la cultura del trabajo hoy disponible), y (3) quienes siendo de generaciones jóvenes formadas en el ambiente de la droga, tienen al “narco” como el estereotipo de identidad a seguir; es decir, como su ideal de autorrealización personal.

Respecto a los medios, puede ser una vivienda, un comercio o una esquina. Puede hacerse mediante “delivery” o a pie por zonas conocidas.

Si es vivienda, el método deberá ser el mismo que en la fase intermedia. Si es en un comercio pueden agregársele inspecciones de áreas tales como ordenamiento urbano, que pueden ingresar en el marco de alguna inspección e incluso clausurar, obviamente por causales distintas a la comercialización de estupefacientes.

Concluyendo, hipotéticamente, luego del debido análisis de inteligencia, que ese comercio tipo kiosco con expendio de bebidas alcohólicas, serviría por su modo de manejarse como cubierta, sin llegar a la complicidad, para el mercado de estupefacientes; no es ilógico que también se consideren distintas irregularidades o incluso esta misma irregularidad como motivos municipales (bajo los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia) para que determinado comercio esté lo más “ordenado” posible, aunque sea en distintos aspectos formales; porque el orden es un todo y se retroalimenta positivamente.

Entonces, si fomenta la venta a personas violentas y da el espacio para que se formen juntas en donde suelen los “dealers” tener sus áreas de influencia; no veo razones ni impedimento jurídico que prohíba intimarle a que deje de realizar tales conductas so pena de aplicar la vía más eficiente para entorpecer aquellos “actos preparatorios del comercio”, incluso denegarle la habilitación comercial lícita.

Si se sirve de calles oscuras, iluminarlas lo más posible. Si de calles difíciles de acceder, ensancharlas, hacer caminos; derribar pasillos. Si bajo la oscuridad de los árboles se guarnece de la vista de la cámara, podar árboles, hacer e intimar a la limpieza. Si del “delivery”, controlar las motocicletas, las agencias de “remises”, hacer operativos de control vehicular. Si se desconocen los puntos de venta exactos, pero si las zonas y la cantidad estimada de puntos de venta por haberse realizado encuestas locales de consumo a la población (y cruzado sus domicilios), realizar saturaciones en tales áreas con apoyo de fuerzas de seguridad; hacer controles periódicos en los puntos de acceso en donde se presume que pasan la mayor cantidad de compradores (si son requisados, no vuelven) en las fechas que más acudan. Si la venta se guarece en juntas que se amontonan en esquinas y existe consumo de bebidas alcohólicas o la generación de ruidos molestos; aplicar el código de faltas o contravencional. El sentido de todo ello es entorpecer la libertad al comercio delictivo, buscar asfixiarlo sin magia sino con las herramientas con las que ya se cuentan y con las que el estado puede disponer hoy.

Sumado a eso, salir de la localía y apoyarse también en las fuerzas federales y que se nutran de la información procesada, dándole a conocer que debe identificar y requisar en determinadas zonas mediante esquemas prefijados y controlados (de modo ccte. con CSJN, Fallos: 338:1504, “Lemos, Raúl Alberto”). Lograr la casi olvidada premisa de conocer y ser conocido en el barrio. Instalar la casi impensable idea que quien gobierna es el estado y no el narcotráfico y de que las fuerzas federales actúan en conjunto con los que siguen el modelo de “proximidad”.

Continuando con los ejemplos, y en relación a las personas, aunque excede en mucho a los recursos del municipio, apoyar con desarrollo social y psicólogos. Nutrir de buenos modelos de autorrealización mediante actividades inteligentes, sea el deporte, el arte o trabajo; y no inmersas en el ambiente de las adicciones, -como ha sucedido con ciertos planes- con cultura de la superación, de la dignidad, de los valores, y de la familia.

Esto es lo que, en cierta medida, el SEDRONAR planteaba en relación al “Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas” (citado en páginas 8 y 9).

Ahora, como fue esbozado, nada de aquello puede hacerse sin un diagnóstico, sin información. Es por eso que se impone tener una red de inteligencia local, lo más profesional y depurada posible. En donde periódicamente, orientados por los especialistas, distintos actores sociales, tales como maestros de escuela, “kiosqueros”, médicos, dueños de bares, remiseros, vendedores de diarios, etc, informen sobre distintas cuestiones que les parezcan relevantes. Información a la cual se le deben cruzar otros datos como por ejemplo los signos que identifican los funcionarios municipales (ej. luminarias rotas, crecimientos en la violencia entre personas o bandas, datos de los hospitales o información del mapa del delito), y tras una apreciación de gente local experimentada en la materia, se podrán tener indicadores relativamente razonables, es decir, un cúmulo útil de información con significado.

F.2) Relación con el Poder Judicial – Control Judicial – Principio de oportunidad:

Afirmar la pertinencia del uso de estas herramientas por parte del poder ejecutivo no implica en lo absoluto asumir un rol que excluya al poder judicial en aquel aspecto de la materia que le compete. Pero también es evidente que el poder judicial no puede ser prácticamente el único actor involucrado en la dirección de la lucha contra el narcotráfico. Sí, es el órgano natural de su juzgamiento y el que está a la cabeza de las investigaciones penales; pero el problema excede la mera persecución penal. La esfera reactiva no puede reemplazar a la preventiva y situacional, mucho menos a la conformación de redes de inteligencia.

No está previsto, ni diseñado, en la concepción republicana de nuestro ordenamiento jurídico que asuma la totalidad excluyente de la conducción. Circunstancia evidente, ya que, convengamos, el narcomenudeo es la expresión triunfante frente a su modo de proceder legalmente establecido que necesita de un “caso” para intervenir.

El planteo o trazado de las estrategias tendientes a reducir la rentabilidad del narcotráfico debe caracterizarse por su integralidad y transversalidad a todas las áreas de gobierno e influencia social.

Quizás esta propuesta, genere incertidumbre, porque no se puede obviar que no hay riesgo en la inserción oficial de los municipios dentro de esta problemática. En su caso, puede muy legítimamente argüirse que se trata de un nivel estatal muy mal formado para la tarea y que puede contribuir al entorpecimiento de la cuestión, a la proliferación de errores, al filtrado de información -por descuido-, o sencillamente a ser parte del problema.

Caso ilustrativo y muy actual es el del municipio correntino de Itatí, en donde el mismo intendente fue detenido por la comercialización de estupefacientes y como un líder dentro de la organización criminal.

Ahora, es por eso que este proceso debería ser sumamente prolijo y seguro, bajo los controles correspondientes, los cuales deben ser exigentes. Pero de ninguna manera su inserción oficial puede significar la creación instantánea de los riesgos detallados en el párrafo pasado, sencillamente porque esos riesgos ya existen.

 La realidad del narcotráfico ya está en el territorio municipal y no necesita que oficialmente se lo considere como un actor involucrado en la materia drogas como para que sus funcionarios corran peligro de corromperse. El poder municipal es significativo y el narcotráfico lo ve con buenos ojos. Ese fue el caso de Itatí.

No obstante, este riesgo no solo lo corren los municipios. Es importante tener presente que en nuestro país ninguna institución asegura que sus miembros, por el solo hecho de pertenecer a ella, son idóneos y rectos en su conducta, ejemplo emblemático es el del juez federal de Orán, Juan Raúl Reynoso.

Lo importante en relación a esta cuestión es sentar las bases para consolidar un contrasistema, opuesto al del narcotráfico, conformado por funcionarios capacitados y bien formados, lo suficientemente dinámico y adaptable como para que por un lado sea efectivo y por el otro inspire además confianza en los funcionarios ejecutantes. Y no se termine, por el exceso desconfiado de controles, cayendo en una nueva primacía de la burocracia que lentifique y vuelva ineficaz las medidas estatales tendientes a reducir la rentabilidad del narcotráfico.

En tal sentido, bien fue expresado al decirse que:

“La sociedad argentina ha ido transformándose en una sociedad basada en la desconfianza, en la sociedad del “vale todo”, sin respeto alguno por el prójimo, pese a que una miríada de leyes, decretos y otras normas intentan vanamente normalizar la vida, logrando, por el contrario, un cruce de controles que paralizan las actividades de buena fe. (…)” [2]

Pero además del riesgo de corrupción, con este nuevo rol del poder ejecutivo, a esta propuesta se le agregan las dificultades propias de la borrosa división de tareas y competencias ya que en los delitos como el narcotráfico, se entremezclan dos facetas de la seguridad: 1) la prevención y 2) la persecución penal.

Una es potestad de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y secretarías de seguridad municipales, mientras que la otra le corresponde al poder judicial auxiliada por las fuerzas policiales. Entonces, cuando tenemos indicios de que el narcotráfico se encuentra operando en una zona ¿quién hace qué?

Si uno se enfocase en la teoría clásica, y sin entrar en la división de fueros (federal y provincial), sino limitándome a la división de poderes, sonaría impropio que el poder judicial se ocupase de las ventas puntos de venta que continúan vendiendo. Esta teoría le sugiere enfocarse al operador jurídico en las veces que ya hubo venta. Porque su tarea persecutoria se inicia, por regla “ex post”, es decir, con posterioridad a la comisión del delito.

Tanto es así que, cuando se le manifiesta a un funcionario judicial sobre una situación peligrosa, pero de la que aún no ha resultado algún delito, dicho funcionario, con total corrección, le dará intervención a las fuerzas de seguridad, sencillamente porque no está dentro de sus deberes la prevención delictiva; tampoco está capacitado para ello. Es una tarea propia del poder ejecutivo, y dicha separación funcional nace de la división republicana de poderes.

Ahora, cuando se trata de un delito de esta naturaleza, la cuestión se entremezcla, y prevención y persecución se funden y la solución real queda en áreas grises; dejándose en la práctica siempre a manos del poder judicial la decisión y la dirección del asunto bajo sugerencias policiales.

Aquí, casi como inclinando la balanza en favor de la dirección omnímoda del poder judicial, entra la obligación prescripta en todos los códigos procesales de dar noticia al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado de turno cuando se tome conocimiento de un delito de acción pública. Dicho paso procesal tiene una doble finalidad, la dirección adecuada del inicio de un proceso penal persecutorio y el control judicial suficiente de las fuerzas de seguridad en el uso de sus facultades investigativas (artículo 268 del CPPPBA).

Pero como hemos dicho, en numerosas situaciones, el plexo probatorio no es claro como para que la realización de una denuncia sea pertinente -porque significaría un archivo inmediato-, o el delito es de ejecución continuada, o a veces ni siquiera resulta razonable la judicialización de un caso, en los términos de la Corte (adecuación de medios afines), ya que estamos frente a un área difusa cuya solución pertenece más a la prevención o a otras áreas de gobierno, que a la persecución penal.

A modo de ejemplo en relación a esto último, sostengo que la realización de una investigación penal tradicional fundada en la sospecha de que una anciana presumiblemente comercializaría alrededor de cinco envoltorios de clorhidrato de cocaína cada semana para llevarse un plato de fideos a la mesa, una botella de vino y comprar una frazada para pasar el invierno, en razón de los recursos investigativos que se poseen, posiblemente no tenga mucho sentido ni proporcionalidad.

Pasarse tres semanas de investigación para recabar pruebas, gastar recursos en su procesamiento y presentación. Filmar, mandar oficios, sacar gente especializada de un punto para mandarlos allí; cuando el problema quizás pueda solucionarse de un modo alternativo y más eficiente (aunque siempre con la opción de procesarla), es obviamente más razonable. Y ello no dejaría de ser controlado por el poder judicial competente, y por qué no y con bastante posterioridad por el concejo deliberante local.

Y si así no se procede, en cada caso así el narcotráfico estaría marcando su victoria; ya que malgastamos recursos carísimos y escasos sin darle un golpe económico considerable. Pudiendo ello, además, afectar en forma fuertemente negativa la imagen pública del gobierno, de las fuerzas y agencias intervinientes, y el espíritu del personal actuante.

Un legalista podrá decir; “si hay sospecha de delito, se debe realizar la investigación conforme lo señala el código procesal”.

A ello, bien se le opone el principio de oportunidad que rige en varios de los ordenamientos procesales de nuestro país (en la provincia es el artículo 56 del CPPPBA), que consiste en otorgarle la facultad al poder judicial de archivar ciertos expedientes, momentánea o definitivamente, que por su insignificancia o por contarse con recursos limitados y casos más urgentes sobre los cuales enfocarse, es justificado no investigar.

Es la medida práctica, traducida en una expresión legal de la confianza que tiene el estado en sus funcionarios judiciales; que los sabe limitados en recursos humanos, técnicos y temporales.

Hoy en día, con el enorme caudal de expedientes que poseen en trámite las fiscalías especializadas en narcomenudeo, es imperativo que cuando se encauce una investigación esto sea bajo la posibilidad cierta de que aquel uso de recursos restrinja algún elemento vital de la empresa u organización narcotraficante, siempre bajo el enfoque y objetivo que su rentabilidad sea afectada.

Y, de este modo, en casos de narcomenudeo análogos a los de la anciana, quizás lo razonable sea aplicar el principio de oportunidad y bajo una supervisión firme, ir con medidas administrativas municipales, tales como organismos de ayuda o de desarrollo social e intentar asistir y guiarla por un camino a un bienestar alternativo antes que someterla a una persecución penal inconveniente para todos.

Es más, si el proceso administrativo resulta efectivo, me atrevo a decir que puede incluso prestar declaraciones testimoniales de utilidad trascendente, o mediarse para que en todo caso declare bajo la figura de “arrepentida” (sin pena o alguna irrisoria) y permitir a los funcionarios judiciales trabajar efectivamente en los objetivos para los cuales dicha institución se encuentra preparada.

O, en otro caso similar, pero en crecimiento, y en el que aún no sea proporcional realizar la investigación judicial, aplicar el principio de oportunidad de manera momentánea para permitir en primera instancia que las vías administrativas disponibles bajen su rentabilidad intentando asfixiar su comercio ilegal o hasta ponerlo en evidencia para una investigación clásica. Ejemplo, la inspección constante por personal de habilitaciones municipal a un kiosco que según varios vecinos desde hace unas semanas provee de marihuana a ciertos jóvenes luego de ser un punto únicamente de venta de alcohol, y que por creerse exitoso, incurrió en aquél mercado.

En fin, los ejemplos de coordinación pueden ser infinitos. Pero no quiero dejar de hacer resaltar en que una manera municipal sencilla para aumentar directamente los costos a estas empresas narcotraficantes, y posible para todos los municipios, sin importar su situación particular, es utilizar el poder administrativo sancionador y legislar ordenanzas con penas de multa sumamente onerosas en caso de que autoridades -de cualquier tipo- detecten consumo o tenencia de estupefacientes en la vía pública.

No se superpondría al bien jurídico protegido por la ley penal, ya que se legislaría por razones propias de la esfera del poder de policía local, esto es: alterar el bienestar y convivencia pública de determinada población, sin admitir presunción en contrario -cosa de dejar de lado la discusión sobre la intencionalidad-. Transformándose en una multa de análoga naturaleza a los delitos que son llamados “tipos penales de riesgo” pero de una aplicación superlativamente más inmediata.

Hecho así, al costo que debe abonar quien compra estupefacientes le debe sumar directamente el monto de la multa, como si fuese una tasa municipal frente a determinada actividad. Cobro que debe perseguirse hasta las últimas consecuencias para que el analista empresarial del negocio local tenga que sumarlo como un costo fijo o una retención; dinero que tiene que solventar el mantenimiento de este contrasistema.

En definitiva, la propuesta sería que semanalmente o en un período de tiempo breve acorde al dinamismo propio del fenómeno; el municipio le mostrase prolijamente al poder judicial la información con significado de su partido, relativa a los puntos o indicios que posea, comunicándole o efectuándole propuestas de trabajo sobre como bajar municipalmente la rentabilidad sobre los puntos o áreas sospechosas; es decir poner las herramientas o vías administrativas en coordinación con la persecución penal y al servicio de la solución del problema.

Y, el poder judicial, a su vez, en casos de su exclusiva competencia, es decir cuando haya una “notitia criminis” verificable, deberá ejercer la dirección y supervisión dictando las órdenes que le parezcan oportunas de acuerdo a cada caso y luego de analizar dicha información: Por ej: “Estos los investigo y les doy inicio conforme al CPPPBA”, “sobre estos otros, no veo aún delito ni justificación para investigar, permito que ejerzan tales medidas administrativas, luego presenten un informe y en tales circunstancias, de avizorar elementos de interés, darme aviso de inmediato”, “sobre estos puntos habría que verlos por cámara luego de las saturaciones ordenadas, para ver la reacción comercial” “si en la identificación de transeúntes hay más de dos con estupefacientes, aviso inmediato a la fuerza y prepararse para allanamiento urgente”, etc.

Entonces, si se acepta este cambio de paradigma, el trabajo de lucha contra el narcotráfico no debe ser solo la persecución penal, sino que debe consistir fundamentalmente en aunar sistemáticamente fuerzas opuestas de modo coordinado e integral por todos los actores estatales para un único objetivo: esto es, disminuir la rentabilidad de un negocio y atacar su infraestructura.

Y para ello, nada más adecuado que el municipio para coadyuvar mediante las vías administrativas que le son exclusivas, y orientar con su información sobre en qué puntos o zonas este flagelo le azota más; así, entonces, al modo de un enfermo que es examinado por una junta médica, que guía a los profesionales sobre donde siente dolor y reclama la eficiencia de quienes tienen el dominio de la ciencia para curarse de su mal, así debe comportarse el municipio.

Entonces, considerando todo lo dicho, es que se concluye realizando las siguientes:

G) PROPUESTAS:

Generar políticas públicas que entiendan al narcotráfico como una actividad criminal organizada que excede los medios tradicionales de persecución penal. Lo reconozcan como un delito cuya naturaleza es esencialmente económica que solo puede contrarrestarse si el objetivo de los trazados estratégico criminales centra los esfuerzos estatales en disminuir su rentabilidad económica, y no necesariamente en la formación de expedientes de investigación para la persecución penal.

En este sentido, que la oferta y de la demanda de estupefacientes y la infraestructura sobre las cuales se asientan, sean sistemáticamente perseguidas, desalentadas, entorpecidas y desfavorecidas; con todos los medios del estado disponibles. No solo con el enjuiciamiento. De este modo nos acercaríamos a cumplir de un modo más eficiente con el preámbulo de la convención de las Naciones Unidas citada anteriormente (ver página 23).

Políticas que ordenen los medios estatales disponibles -nacionales, provinciales y municipales- integrando sus diferentes objetivos, aptitudes y responsabilidades, para el combate contra el narcotráfico en base a información útil, procesada, y proveniente de todas las áreas de gobierno. Es decir, hacer uso de la inteligencia utilizando especialmente a los municipios para establecer una red de información e inteligencia local que esté enlazada con la provincial y nacional, fundamentada en su irremplazable contacto diario con la población y conocimiento del territorio.

Políticas que orienten y conduzcan al municipio a que formen una suerte de observatorio delictivo-comercial, que,  del mismo modo en que las empresas tienen una oficina de “marketing” en constante observación del mercado para promocionar y aumentar las ventas de sus productos, tenga un funcionario o un equipo especializado que también se encuentre en constante observación del mercado de las adicciones local, y que atienda a todos sus patrones y detalles, para desalentar y disminuir las ventas de las empresas narcotraficantes: es decir, hacer algo similar al “contramarketing” aplicando los criterios y modos insaciables del “BI” (business intelligence).

Políticas que utilicen y propugnen el uso del poder de policía municipal para realizar las medidas administrativas útiles al objetivo trazado de disminución de rentabilidad: utilización de cámaras de seguridad y vigilancia, imposición de clausuras, saturaciones policiales y de tránsito, diseño urbanístico hostil, multas a tenedores y consumidores en la vía pública, planes de desaliento de la demanda, contención social, campaña contra las adicciones, controles vehiculares, podas de árboles en sitios oscuros, etc.

Políticas que establezcan medios de coordinación efectiva con el Poder Judicial en sus diferentes estratos para que en una misma mesa se logre aquel trazado de objetivos acordes a la realidad de cada localidad. Cuidando de integrar los fines propios de los tres tipos instituciones de nuestra república: naturaleza federal, provincial y municipal.

Políticas que lleven al poder judicial, a aplicar el principio de oportunidad y el de supervisión de lo que pueda constituirse en “investigación penal preparatoria” cuando la sana crítica así se lo dicte. Eligiendo para ello, a su legítimo criterio, qué “hecho” esclarecer bajo el cauce clásico y que medidas administrativas supervisar en posibles “notitias criminis” bajo el nuevo criterio de disminución de rentabilidad y coordinación.

Políticas que impulsen legislar adecuadamente para unificar en todo el conurbano un procedimiento común y el método más práctico de trabajo, reglamentando la coordinación efectiva entre las mesas de trabajo a formarse por el poder ejecutivo y el poder judicial. Y, por último, un plan de formación, selección de personal y mecanismos de control adecuados que permitan depositar el “voto de confianza” en los funcionarios intervinientes para que puedan obrar con la libertad necesaria de acuerdo a la naturaleza cambiante y dinámica del narcotráfico en su expresión llamada narcomenudeo.

 

[1] Si bien no es una regla, los expertos, estiman que para proteger una zona donde existe un punto asolado por el narcomenudeo, como mínimo lo adecuado es ocuparlo de modo permanente con el llamado “trinomio”; es decir un grupo de tres hombres, compuesto por dos observadores y un operador de comunicaciones. Ya sea que se encuentren fijos o recorriendo una distancia no mayor a 100 metros. Si el régimen es de turnos de ocho horas por día, lo necesario son cuatro grupos de tres; es decir 12 hombres, solo para un punto, lo cual lo hace sumamente costoso e ineficiente cuando se trata de algo tan desperdigado, dinámico y amplio como la ocupación territorial de puntos de venta al menudeo.

[2] Discurso a egresados de ingeniería del ITBA por parte de su rector, año 2010.

 

Bibliografía y Normas consultadas:

Pieroni, Agutín (1986). La ciudad con Gobierno en Libertad. Capital Federal: Editorial Sopena Argentina.

Spadaro, José Ricardo (2016). “Inteligencia aplicada y Crimen organizado” pág. 103 – 1ª ed. – 2016 –Editorial Autores de Argentina

Appiolaza, Martín… [et al.]. Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ILSED, 2016.

Constitución Nacional

Constitución de la Provincia de Buenos Aires

Ley Nro. 25.520 Ley de Inteligencia Nacional

Ley Nro.  24.059 Ley de Seguridad Interior

Ley Nro. 23.554 Ley de Defensa Nacional

Ley  Nro. 25.326 Ley de Protección de Datos Personales

Ley Nro. 24.072 Ley de aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

Ley P.B.A. Nro. 13.482 Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires

Ley P.B.A. Nro 12154 Ley de Seguridad Pública

Ley P.B.A. Nro. 12.297 Ley de Seguridad Privada

Ley P.B.A. Nro. 11.922 Código Procesal Penal

Decreto-Ley Nro. 6769/58 Ley orgánica de las Municipalidades

https://undocs.org/es/A/RES/64/182

https://undocs.org/es/A/RES/66/183

https://www.argentina.gob.ar/sedronar/plan “Plan Nacional de reducción de la demanda de drogas 2016-2020”

 

 

 


Molina Pico, Fernando

Molina Pico, Fernando

Abogado (UBA), Diplomado en Inteligencia Estratégica y Seguridad Pública (UCASAL) y Director de Relaciones con la Comunidad dentro de la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Miguel.

Email: fernandomolinapico@gmail.com


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