Medida Autosatisfactiva de reincorporación en período de prueba. Comentario al fallo “Melo, Macarena Soledad c/ Geriátrico Años Felices S.R.L s/ Medida Autosatisfactiva” (Expte. Nº 413/2020)

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Autor: Iván Pérez Morelli
Fecha de publicación: 17 Nov, 2020
Temas: Derecho laboral; Despido; Período de prueba; Reincorporación; Ley de Contrato de Trabajo.

 

I. Introducción

En el caso “MELO, MACARENA SOLEDAD C/ GERIÁTRICO AÑOS FELICES S.R.L s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” EXPTE. Nº 413/2020′ que tuvo trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de distrito en lo laboral de la Sexta Nominación de Rosario, encontramos un caso que se adapta específicamente al instituto de las Medidas Autosatisfactivas. Resulta un claro ejemplo de cómo se puede llegar a una resolución valorando los elementos concretos que le llegan al juzgador, priorizando el “pragmatismo” jurídico, pero sin dejar de lado la fundamentación y el sustento que debe tener toda resolución judicial.

La trabajadora promueve una Medida Autosatisfactiva, con miras a que su empleador ––que es un geriátrico de la Ciudad de Rosario–– proceda a la reincorporación laboral y a que se abonen los salarios caídos, con fundamento en el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por el Covid-19.

La accionante indica que fue despedida sin justa causa durante el período de prueba establecido por el Artículo 92 bis de la LCT. De forma consecuente, procede a rechazar la carta documento en la cual se le había notificado la medida y solicita su inmediata reincorporación. Asimismo, indica circunstancias de extrema necesidad económica y vulnerabilidad social, argumentando que de mantenerse el accionar del empleador le produciría un daño irreparable, atento a la extrema necesidad de contar con las remuneraciones para su subsistencia y la de su familia.

Por su lado, la empleadora reconoce la relación habida entre las partes, así como los extremos laborales ––fecha de ingreso, categoría laboral–– y manifiesta que fue registrada a través de un contrato de trabajo celebrado a prueba. A su vez reconoce el intercambio epistolar y alega que no existe causal de despido por encontrarse amparado dentro del marco del ya citado artículo 92 bis de la LCT.

Por ello, enfatiza en que no se trata de un despido, si no de una recisión de contrato de trabajo en período de prueba conforme a la normativa citada e indicando que la misma no fue derogada ni suspendidas sus efectos por el DNU. En este sentido sostiene que el decreto no incluyó y por ende resulta inaplicable a la desvinculación del trabajador en período de prueba en cuanto se refiere a los despidos prohibidos.

 

 II. Vía procesal elegida

El instituto procesal elegido por la trabajadora fue receptado por el juzgador, quien concluyó que la Medida Autosatisfactiva era la vía adecuada para obtener el resultado deseado por la trabajadora[1].

Como Hito Jurisprudencial histórico en la aceptación de los procesos urgentes, encontramos el fallo “Camacho Acosta c/ Grafi Graf S.R.L. y otros”[2], de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual -si bien no había aceptado la viabilidad de peticiones cautelares autónomas con carácter autosatisfactivo- si hizo un uso de tutela anticipada haciendo uso de cautelar innovativa y anticipó la pretensión teniendo en cuenta la oportunidad y los requisitos que hacen a los “Procesos Urgentes”[3].

Brevemente indicaremos que la Medida Autosatisfactiva resulta el remedio idóneo para obtener una respuesta inmediata a una pretensión jurídica, dado que como es ya sabido, es un instituto autónomo dentro de la categoría de los “Procesos Urgentes” que se agota en sí mismo con su resolución o despacho y que tiene como requisitos excluyentes de peligro en la demora y una fuerte probabilidad[4] de que el derecho material sea atendible.

Así también, la aceptación de la vía por medio de tutela anticipatoria también fue compartida en diferentes e importantes fallos[5] que tratan la misma temática.

Al no cuestionarse la constitucionalidad del DNU, el juzgador va a dar por acreditado no solamente el peligro en la demora, sino también el grave perjuicio y el derecho a reclamar de la trabajadora, que como indicamos, constituyen requisitos fundamentales.

 

III. Constitucionalidad del DNU 329/20

Es interesante destacar que a diferencia de otros casos[6] no fue motivo de controversia la constitucionalidad del DNU 329/20 ya sea por su alcance o por el marco en el cual fue dictado. El fallo realiza un breve pero conciso recuento de su fundamentación y expresión de motivos, lo que también será clave para la resolución del caso de marras.

Resulta interesante indicar que no es poca la doctrina que se ha manifestado en favor de la constitucionalidad del DNU. Entre ellos encontramos a David Duarte[7], Diego J. Tula[8], Juan Pablo Capón Filas[9], entre otros.

En este sentido destacaremos la postura de Serrano Alou, quien no solamente comulga con lo dicho, sino que va un paso más en cuanto a la regulación y evolución de la estabilidad que esta norma conllevaría, expresando: “El DNU 329/20 puede considerarse como el desarrollo y reglamentación de la normativa vigente y prevista en el BCF, especialmente del art 7 inc.d del Protocolo de San Salvador (ratificado por nuestro país, ley 24.658 -1996), en cuanto regula «la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación[10].

 

IV. Período de prueba

Entonces el debate central del caso en estudio, va a estar ubicado en el punto de que si efectivamente se entiende de que la situación contemplada en el Artículo 92 bis de la LCT se encuentra o no contemplada dentro del “Haz Protector” del ya citado DNU 329/20.

Con buen tino, en el fallo se realiza un breve enunciado de las teorías interpretativas (y de aplicación) del Período de Prueba en la LCT, resaltando la primacía de la teoría monista por sobre la dualista. Entonces se va a entender que período de prueba no constituye un contrato ajeno o diferente al contrato por tiempo indeterminado en los términos del artículo 90 de la LCT, sino que se encuentra dentro de este restándole los efectos indemnizatorios propios del despido sin expresión de causa. Esta postura es seguida de manera pacífica por la jurisprudencia y la doctrina actual.

En el caso, al no cuestionarse la constitucionalidad del decreto, se acepta que su espíritu tiene una finalidad tuitiva y que, por lo tanto, se aplicará en miras de la ampliación de derechos cómo refuerzo de los principios consagrados por el sistema del derecho del trabajo. Hablamos de sistema porque es fundamental destacar que la protección está dada por el conjunto de normas y principios[11], las cuales de manera interrelacionada fundamentan la protección del trabajador y más en una situación disvaliosa de pandemia.

Por lo tanto, resulta acertado no extraer de la protección del decreto a la situación del despido estipulado bajo la finalización del período de prueba, ya que la misma también se encuadra dentro del Principio de Primacía de la Realidad.

Esta máxima, que se deriva del principio protectorio como eminente característica y finalidad del derecho del trabajo que consagra la protección del trabajador ante la presunción de su hiposuficiencia[12] frente al empleador.

Por lo cual, en el presente contexto de pandemia[13], con las normas dictadas en plena vigencia[14] y el Principio de inexcusabilidad[15] la actitud del empleador de dar por finalizado el vínculo laboral encubriría un despido sin expresión de causa, lo que en la actualidad, está prohibido.

 

V. Referencias

[1] Quien es sujeto de preferente tutela judicial, tal como bien lo tiene consagrado la CSJN en “Aquino”, entre otros.

[2] CSJN –  FALLOS 320:1634 del  ­7/8/97

[3] Histórica denominación consagrada en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal llevado adelante en Santa Fe,en el año 1995, y desarrollado por el Dr.  Jorge W. Peyrano, en muchas obras y disertaciones.  Véase a modo de ejemplo: Peyrano, Jorge W. “Régimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas Propuestas”. La Ley,  1998 – A – 968; Galdós, Jorge M. – “El contenido y el continente de las Medidas Autosatisfactivas”.  En Peyrano, Jorge W. “Medidas Autosatisfactivas” Rubinzal Culzoni – Buenos Aires – año 1999. Pág 66.

[4] Concepto delineado de forma clara y oportuna por el Dr. Carlos Carbone, quien indicó que el concepto de probabilidad -que resultaba más propio del derecho penal- y lo diferenció claramente del concepto de verosimilitud aplicable en las medidas cautelares. Carbone, Carlos “Consideraciones sobre el nuevo concepto de “Fuerte Probabilidad” como recaudo de las medidas autosatisfactivas y su proyección hacia un nuevo principio general del derecho de raíz. En . “Medidas Autosatisfactivas” Rubinzal Culzoni – Buenos Aires – año 1999. Pág 165.

[5] “Orellana, Maximiliano Andrés vs. Aberturas de Aluminio S.A. s. Medidas cautelares” – Cámara del Trabajo, Cipolletti – 02/06/2020; “PERALTA SAMUEL ERNESTO C/ PEQUEÑOS PLACERES SA P/ ACCION DE REINSTALAC. EN EL TRABAJO (TUTELA ANTICIPADA)” PRIMERA CAMARA DEL TRABAJO – PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA, 29/05/20; “Yori, Melisa vs. Adecco Argentina S.A. s. Medidas cautelares y preparatorias”, Juzgado Laboral 4, Santa Fe, 28/04/2020; “Ayala, Gustavo Daniel vs. Manzano, Juan Carlos s. Demanda autosatisfactiva”, Juzgado de Distrito en lo Laboral 5ª Nominación, Santa Fe, Santa Fe, 04/05/2020;

[6] CAU 8054/2020-0 CUIJ: CAU J-01-00018335-7/2020-0 – SECRETARIA GENERAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – 31/03/2020; “BARTOLI SUÁREZ GIOVANNI RUBÉN c/ ROSALES MARCOS s/ MEDIDA CAUTELAR”, EXPTE. Nº: 10.457/2020, JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 16, 27/05/20; “ROMERO IVAN ALAN Y OTROS C/ BRIMAX SA S/ MEDIDAS CAUTELARES Y PREPARATORIAS”, 21-17072528-7 Juzg. 1ra. Inst. de Dist. en lo Laboral SAN LORENZO, 13/05/20; Entre otras.

[7] “En consecuencia, el Decreto N° 329 prohibiendo los despidos y las suspensiones se encuentra compatible con el bloque de constitucionalidad, queda asegurada su legitimidad y razonabilidad en el contexto de crisis que soportan las personas que trabajan.” Duarte, David – “El COVID-19 y la constitucionalidad de la prohibición de despedir”, en: “EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES LABORALES EN ARGENTINA REFLEXIONES INICIALES EN ESTOS TIEMPOS”, Ij Editores, año 2020.

[8] “Por consiguiente, dotar transitoriamente de estabilidad propia a las relaciones contractuales dependientes del Derecho Público y Privado -alterando el marco jurídico de estabilidad relativa que prevé la Constitución Nacional para esos vínculos-,hace pensar si, efectivamente, se estaría respetando la condición de validez mencionada”. Tula, Diego J. – “PREGUNTAS PRÁCTICAS (Y SUS RESPUESTAS) SOBRE LOS ALCANCES DE LA PROHIBICIÓN DE DESPEDIR EN FORMA INCAUSADA Y POR FUERZA MAYOR Y FALTA O DISMINUCIÓN DE TRABAJO IMPUESTA POR EL DNU 329/2020”, en “El impacto del coronavirus sen las relaciones laborales”, Revista de Derecho Laboral – Actualidad – Suplemento digital- Dossier N°2.

[9] “La norma es manifiestamente constitucional, existe la situación objetiva de necesidad y urgencia que habilita al Presidente de la Nación, en acuerdo general de Ministros, a la emisión del decreto, ratificándose los requisitos del art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional” Capón filas, Juan PABLO – “Prohibición de los despidos y Convenio N° 158 de la OIT”, en: “EL COVID-19 Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES LABORALES EN ARGENTINA REFLEXIONES INICIALES EN ESTOS TIEMPOS”, Ij Editores, año 2020.

[10] Serrano Alou, Sebastián – “El bloque de constitucionalidad federal en el DNU 329/20” MJ-DOC-15291-AR | MJD15291.

[11] Nunca desde la individualidad de las mismas.

[12] Para mayor ampliación sobre el concepto utilizado recomiendo la lectura de: 1.- “Diccionario de derecho social. Derecho del trabajo y la seguridad social. Relación individual del trabajo”, Rodolfo Capón Filas, Eduardo Giorlandini – Pág. 263 y ss. Rubinzal-Culzoni 2.- “Hiposuficiencia reclamacional, un nuevo desafío para el derecho del trabajo”, Jorge Elias – Revista Derecho del Trabajo (Dic 2011).

[13] Que justifican la ampliación de la tutela protectoria.

[14] Con el tamiz constitucional superado.

[15] Articulo 8 CCYCN: Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.


Pérez Morelli, Iván A.

Pérez Morelli, Iván A.

Abogado de la Universidad Abierta Interamericana, Rosario, Santa Fe, Argentina. Doctorando en Ciencias jurídicas, Universidad de Morón – CIJUSO. Director del instituto de derecho Laboral CADJM. Representante CADJM ante el instituto de derecho laboral de COLPROBA. Miembro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de la Provincia de Bs. As.

Email: estudio@ejuridicopm.net


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