La tributación de las ganancias ilícitas en México

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Autor: Jesús Amaro Mauricio
Fecha de publicación: 03 Jun, 2021
Temas: Lavado de activos; delitos económicos; delitos de cuello blanco; defraudaciones; GAFI; FMI; derecho mexicano.

 

I. Contexto nacional

La actividad estatal para combatir los delitos que afectan a la sociedad, requiere de establecer una política preventiva que atienda a las necesidades particulares del fenómeno a analizar. Los injustos asociados a la materia tributaria no son la excepción, por el contrario, en los últimos años se ha dimensionado el importante papel que representan las finanzas públicas para atender las necesidades colectivas esenciales más apremiantes de toda nación para aspirar a una sociedad del bienestar.

De ahí que la política criminal sea el instrumento jurídico por excelencia para prevenir los delitos, así como para combatir a los delincuentes, incluyendo desde luego, a los llamados “delincuentes de cuello blanco”. Por política criminal entendemos la disciplina encargada de explorar, buscar y hallar soluciones legales que vengan a mejorar la eficacia y justicia del ordenamiento penal en una sociedad y momento histórico determinado (Sanz, 2017).

México, en los últimos treinta años y ante el creciente desarrollo de la criminalidad organizada en los llamados delitos de cuello blanco, suscribió diversos tratados internacionales auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los que destacan, la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; la Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional y la Convención de Mérida de 2003 contra la corrupción; comprometiéndose a prevenir, perseguir y sancionar el lavado de dinero y los delitos precedentes asociados a éste, lo que de suyo motivó en el derecho interno mexicano, una serie de reformas a diversas disposiciones legales y administrativas.

En el 2006, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), realizó la 1ª. Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), en la cual se estableció que de las categorías de delitos graves que el GAFI establece como mínimo a considerar como delitos determinantes del lavado de dinero, los delitos fiscales, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el robo o hurto de combustibles son los de mayor impacto.

Por si esto fuera poco, en el último informe con motivo de la Cuarta evaluación mutua a México de enero de 2018, el GAFI reconoció que nuestro país se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente principalmente, de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

En el combate al lavado de dinero de los últimos dos años, particularmente, la UIF mexicana ha tenido un papel destacado en la dirección de “investigaciones”, donde los delitos fiscales constituyen el delito precedente al lavado de dinero, mediante el congelamiento o bloqueo de cuentas bancarias tanto de personas físicas como jurídicas.

Sin embargo, las acciones de la UIF se han visto frenadas jurídicamente por algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala ha declarado la inconstitucionalidad del citado bloqueo de cuentas bancarias, de aquellas personas incluidas en la “lista de personas bloqueadas”, previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al considerar que invade las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público, previstas en el artículo 21 de la Constitución General, sin que se haya acreditado la comisión de delito alguno.

De acuerdo a la normativa mexicana, los parámetros para la introducción de las personas en la Lista de referencia son:

  • Aquellas que se encuentren dentro de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales.
  • Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales, previamente determinadas por la Secretaría de Hacienda.
  • Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales porque se encuentran relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o que se encuentren compurgando sentencia por estos delitos.
  • Aquellas que las autoridades nacionales determinen que hayan realizado o realicen actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con dichos delitos.
  • Aquellas que omitan proporcionar información o datos, encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de los mencionados delitos.

La propia Suprema Corte, haciendo una interpretación conforme del referido artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ha sostenido que la medida cautelar del congelamiento de cuentas bancarias, solamente respetará el texto constitucional cuando se realice para cumplir compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano, lo que significa que dicha medida no puede emplearse por la UIF cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resulta contraria al derecho fundamental de seguridad jurídica.

El ejercicio y dirección de una política criminal se entiende desde la perspectiva ideológica de quien detenta el poder. En un estado democrático de derecho esta política debe cuidar que, en todo momento, se respeten los derechos humanos de las personas, los cuales descansan en el principio de la dignidad humana, procurando mantener un estado de convivencia entre los ciudadanos donde se pueda privilegiar la libertad del individuo como parte de un sistema social. En otras palabras, los delitos son parte de esa convivencia y el único fin en todo caso, es mantener las cifras y niveles de criminalidad dentro de parámetros “socialmente tolerables”. En gobiernos democráticos siempre la prevención del delito será el eje de acción al momento de definir la política criminal que prevalecerá en el ejercicio de poder en un periodo determinado.

 

II. El concepto de lavado de dinero en el contexto internacional

 

a) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define al lavado de dinero como la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de una actividad criminal, con el objeto de disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones.[1]

 

b) Fondo Monetario Internacional (FMI)

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el lavado de dinero es un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad delictiva original.[2]

 

c) Convención de Viena de 1988

La Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, considera que es la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que proviene de una actividad delictiva, con el objeto de ocultar o disfrazar su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

 

Si bien cada institución u organismo tiene su propia concepción del delito de lavado de dinero, lo cierto es que coinciden en que se caracteriza por ser un proceso que busca encubrir u ocultar las ganancias ilegítimas con la finalidad de dar apariencia de legalidad en la obtención de las mismas.

 

d) Dinero negro y dinero sucio

Uno de los aspectos a considerar para entender el fenómeno del lavado de dinero y su vínculo con la defraudación tributaria, es distinguir las diferencias entre dinero negro y dinero sucio, ya que a menudo se suele confundir.

En economía en general, cuando se habla de dinero negro se hace referencia a aquél que proviene de una actividad económica legal pero que aún no ha sido declarado ante el fisco (defraudación fiscal, por ejemplo). Por el contrario, cuando se habla de dinero sucio se hace referencia al que tiene origen en una actividad ilegal o delictiva. Ambos son susceptibles de poder ser “blanqueados” y ser parte de los delitos determinantes para la tipificación del delito de lavado de dinero.

El GAFI desde el año 2012, contempla como parte de los delitos antecedentes al lavado de dinero los relacionados con impuestos directos e indirectos. En paralelo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) posee una guía acerca de cómo los países deben evitar el lavado de dinero en procesos de delitos fiscales,[3] los cuales como ya se destacó se aceptan implícitamente que pueden ser parte de los delitos antecedentes al lavado de dinero.

 

f) Las etapas del ciclo del lavado de dinero de acuerdo al GAFI

De acuerdo con el GAFI, en el proceso del lavado de dinero se pueden distinguir, generalmente tres fases:[4]

  • Fase Uno: Colocación o Placement

Es la disposición física del dinero en efectivo derivado de actividades criminales.

Durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero. Se hace necesario alejar el dinero de toda asociación directa con el delito.

  • Fase Dos: Ocultamiento o Layering

Consiste en la separación de los fondos ilícitos de su fuente mediante “capas” de transacciones financieras, cuyo fin es desdibujar la transacción. Involucra la conversión de los fondos procedente de actividades ilícitas para disimular el rastro, la fuente y la propiedad de los fondos.

  • Fase Tres: Integración o Integration

Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía de lo que aparentan ser fondos comerciales regulares. Esta fase implica la colocación de los fondos lavados de regreso en la economía para crear la percepción de legitimidad. En esta fase, es extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal.

 

g) Las 40 Recomendaciones del GAFI

Las 40 Recomendaciones originales del GAFI datan del año 1990. Fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero ilícito asociado principalmente al tráfico de las drogas. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas.

En octubre de 2001, y en respuesta a los atentados terroristas al World Trade Center en New York, E.U., el GAFI expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las ocho (luego ampliadas a nueve) recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En 2003, las recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez y junto con las recomendaciones especiales fueron avaladas por más de 180 países, y son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir no sólo el lavado de dinero, sino también el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dado que los países tienen diversos marcos legales, administrativos, operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.

Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar para:[5]

  • Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;
  • Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación;
  • Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
  • Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales;
  • Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras jurídicas; y
  • Facilitar la cooperación internacional.

Los estándares del GAFI incluyen las Recomendaciones mismas y sus Notas Interpretativas, junto con las definiciones aplicables del Glosario. Las medidas establecidas en las normas GAFI deben ser implementadas por todos los miembros del GAFI y de los Organismos Regionales afiliados al GAFI.

Su implementación es evaluada rigurosamente por medio de los procesos de Evaluación Mutua y de los procesos de evaluación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la base de la metodología de evaluación común del GAFI. Algunas Notas Interpretativas y las definiciones del glosario ilustran cómo se pueden aplicar las recomendaciones.                                                                               

 

h) La incorporación de México al GAFI y GAFILAT

México forma parte del GAFI desde el año 2000, y ha sido evaluado en cuatro ocasiones en los años 2000 (en esta fue aceptado como miembro de pleno derecho), 2003, 2008 y 2017.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que fue creado a semejanza del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adhiriéndose a las 40 Recomendaciones emitidas por dicho Grupo y dedicándose a la prevención y al combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 con 9 países, incorporándose México en el 2006.

 

III. Evolución histórica del delito de lavado de dinero en México

El delito de lavado de dinero se introduce por primera vez a la legislación mexicana con la adición del artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1989, ilícito que originalmente fue enmarcado como un delito innominado pero de naturaleza fiscal, lo que desde luego fue contrario a lo establecido en el punto 10 del artículo 3 (delitos y sanciones), de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (también conocida como Convención de Viena).[6]

El artículo 115-Bis se ubicó dentro del Título Cuarto, Capítulo II “De los “Delitos Fiscales”, para quedar redactado de la siguiente forma:

ARTICULO 115-BIS.- Se sancionará con pena de tres a nueve años de prisión, a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita:

1.- Realice una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o, en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los bienes antes citados, con el propósito de:

a).- Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales;

b).- Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate;

c).- Alentar alguna actividad ilícita, o

d).- Omitir proporcionar el informe requerido por la operación; o

II.- Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes mencionados, desde algún lugar a otro en el país, desde México al extranjero o del extranjero a México, con el propósito de:

a).- Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales;

b).- Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate;

c).- Alentar alguna actividad ilícita; o

d).- Omitir proporcionar el informe requerido por la operación.

Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los actos a que se refieren las dos fracciones anteriores que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes señalados por las mismas con conocimiento de su origen ilícito, cuando éstos hayan sido identificados como producto de actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos actos tengan el propósito de:

a).- Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o de los bienes de que se trate; o

b).- Alentar alguna actividad ilícita.

 

a) La derogación del artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación y creación del artículo 400 bis del Código Penal Federal de 1996

Ante la evidente contradicción que representaba el artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación con respecto al compromiso contraído por el Estado mexicano en la Convención de Viena de 1988, de no considerar como delitos asociados al lavado de dinero los de naturaleza fiscal, en noviembre de 1995 se presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto de Decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban varios artículos de diversas leyes en materia penal y fiscal.

La iniciativa proponía la derogación del artículo 115-Bis y la adición del artículo 400 bis del entonces Código Penal para el Distrito Federal, en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, que establecía la tipificación del delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

De la exposición de motivos del Decreto de 1995, que adicionó el artículo 400 bis al citado Código Penal, se desprende:

B. Necesidad de regularlo en el Código Penal. El delito conocido como lavado de dinero es de reciente data en nuestra legislación: diciembre de 1989. Por razones de oportunidad, la regulación se hizo en el Código Fiscal de la Federación. Actualmente se observan dos posiciones opuestas respecto de la ubicación en la legislación del tipo penal denominado lavado de dinero, la primera de ellas considera que dicho ilícito debe permanecer en la legislación fiscal penal que lo contiene; mientras que la segunda se inclina por desaparecerlo de dicho ordenamiento legal o insertarlo bajo una nueva fórmula en el catálogo de delitos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal. Esta última postura es la que se adopta en esta iniciativa de reformas, después de haber analizado y consensado su conveniencia.

La razón lógica jurídica resulta ser, en primer lugar, porque la Convención de Viena de 1988 así lo establece en su artículo 3, apartado 10:

“A los fines de la cooperación entre las partes previstas en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes.”

Este instrumento jurídico internacional fue aprobado, el 30 de noviembre de 1989, por el Senado de la República, y entró en vigor el 11 de noviembre de 1990. Bajo esa tesitura el artículo 115 bis, del Código Fiscal de la Federación debe ajustarse a esa disposición de la Convención de Viena de 1988, ya que se impone una estricta observancia del Estado de derecho en nuestro país.

Por otra parte, debe resaltarse que la mayoría de los países que han suscrito la citada Convención, se han ajustado fielmente a lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 10, no incluyendo al delito de lavado de dinero dentro del catálogo de ilícitos fiscales o políticos. Así se ha hecho en los casos de España, Colombia, Canadá, Argentina, entre otros.

Con independencia de lo anterior, también debe destacarse que, en atención a los bienes jurídicos que se busca tutelar, el tipo penal de lavado de dinero, como se propone y conforme a la ratio legis de la Convención de Viena de 1988, comprende: la salud pública, los bienes jurídicos como la vida, la integridad física y el patrimonio que sean afectados por las actividades del narcotráfico y de la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, y la estabilidad y sano desarrollo de la economía nacional, así como la preservación de los derechos humanos y la seguridad pública.

Esto demuestra que con este tipo penal de lavado de dinero, la protección de bienes jurídicos debe ser más amplia, lo cual no se logra con la actual regulación contenida en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, en la que se tutela fundamentalmente el interés fiscal del Estado. La magnitud de uno y otro grupo de bienes jurídicos tutelados exige contar con un adecuado marco referencial, que estamos seguros se logra con la nueva fórmula que se propone.

Por ello, y siendo el lavado de dinero un delito que trasciende, con mucho, el mero interés del fisco federal se ha considerado conveniente no seguirlo contemplando en el catálogo de delitos fiscales sino ubicarlo en una legislación de contenido más amplio: el Código Penal; lo cual es acorde con una correcta técnica legislativa, porque el delito subsecuente, en este caso del lavado de dinero, debe estar junto con los delitos principales y originales, que en este supuesto lo constituyen principalmente los delitos graves.

El Estado no puede ni debe soslayar o tolerar, que bienes jurídicos de la magnitud de los tutelados por el tipo penal que se propone puedan ser objeto de convalidación o ratificación a través de criterios pecuniarios. Es decir, que una dependencia federal mantenga la facultad discrecional de proceder o abstenerse de denunciar hechos delictuosos, bajo el argumento de que el interés fiscal no se ha visto afectado; menos aún, cuando ellos se encuentran vinculados con delitos graves, como los que conforma la delincuencia organizada.

Ciertamente, uno de los motivos importantes que ha obligado a reaccionar plenamente contra el lavado de dinero es precisamente el narcotráfico; y, actualmente, el fenómeno de la delincuencia organizada, así como las materias financiera o fiscal.

El regularlo penalmente, por tanto, obedece a una estrategia político criminal para combatir a la delincuencia organizada de manera frontal y eficaz. Por otra parte, cabe precisar que la Procuraduría General de la República tiene elementos humanos y materiales altamente especializados para dar la mejor atención al fenómeno delictivo que nos ocupa.

Finalmente, con la regulación que se propone se procura que el delito de lavado de dinero se rija por las reglas generales previstas en el Código Penal Federal, sobre todo por lo que hace a las causas de extinción penal. Por otra parte, y de acuerdo a su naturaleza, el aseguramiento y decomiso de bienes vinculados al lavado de dinero, no puede estar sujeto a la regla del artículo 94 del Código Fiscal; según el cual las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal. Ello en razón de que el aseguramiento de estos bienes, en ningún momento tendría por objeto, el garantizar el pago de sanciones de tipo pecuniario.

Es así que, el 13 de mayo de 1996, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma, quedando el artículo 400 bis con el texto siguiente:

Capítulo II

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.

Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario.”

 

b) La reforma del 14 de marzo de 2014

El 31 de mayo de 2013, se presentó al Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reformar el tipo penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.

Al respecto, Michel (2018), sostiene que “bajo el falaz argumento de fortalecer el marco jurídico penal que regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita y dar cumplimiento a las obligaciones de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), de las que México es integrante”,[7] fue que se presentó la iniciativa de modificaciones al artículo 400 bis de 2013.

En realidad, lo que se advierte de lo antes señalado, es que el objetivo principal con dicha reforma era por un lado, atender a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en las Convenciones Internacionales de las Naciones Unidas de 1988 (Viena), 2000 (Palermo) y 2003 (Mérida), y por otro, a las recomendaciones derivadas de la evaluación conjunta realizada a nuestro país por el GAFI y el FMI en el año 2008, respecto a la tipificación del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, con el propósito de que estuvieran ad hoc con lo establecido en las 40 Recomendaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En efecto, en su Informe de Evaluación Mutua a México del 17 de octubre de 2008, el GAFI señaló que, a fin de cumplir con las Recomendaciones 1 y 2 (criminalización del delito de lavado de activos), las autoridades mexicanas deberían de instrumentar las siguientes medidas:[8]

“2.1.2 Recomendaciones y Comentarios

231. A fin de cumplir plenamente con las Recomendaciones 1 y 2, las autoridades mexicanas deben instrumentar las siguientes medidas:

  • Reformar el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal para incorporar la conducta de “ocultamiento y disfraz de la naturaleza, la fuente, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad verdaderos de o los derechos con respecto a la propiedad” como una conducta primaria y no como un propósito.
  • Reformar el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal para incorporar la conducta de “posesión o uso de propiedad” en el delito de Lavado de Activos. La posesión o el uso de propiedad debe ser criminalizado sin un propósito específico…”

Los tipos penales aprobados por el Congreso de la Unión para el delito de lavado de dinero, quedaron en los artículos 400 bis y 400 bis 1 del Código Penal Federal, y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. El primero de los artículos prevé el tipo básico y el segundo, un tipo penal agravado por autoría determinada, mismos que quedaron redactados en los siguientes términos:

CAPITULO II

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de este Código tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos.

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo.

La reforma de 2014 al tipo penal básico del delito de lavado de dinero, con respecto al tipo penal anterior, fue la desaparición del propósito o finalidad. En el delito de operaciones anterior a la reforma, el autor habría de actuar con la intención de “ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”, lo que proveía al delito de un elemento subjetivo específico, de un ánimo concreto.[9]

Además, con la reforma se cumplía con las recomendaciones del GAFI contenidas en el Informe de evaluación mutua a México de 2008, de tener que incorporar la conducta de “ocultamiento y disfraz de la naturaleza, la fuente, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad verdaderos de o los derechos con respecto a la propiedad” como una conducta primaria y no como un propósito, así como el incorporar la conducta de “posesión o uso de propiedad”. Para GAFI, la posesión o el uso de propiedad debía ser criminalizado sin un propósito específico. Con ello también se deba cumplimiento a la tipificación del delito de lavado de activos en términos de lo previsto en las Convenciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y contra la Corrupción.

Por lo tanto, para acreditar el tipo penal del delito de lavado de dinero a partir de la reforma del 14 de marzo de 2014, ya no es necesario acreditar la finalidad o propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los recursos y existan indicios fundados de su dudosa procedencia.

 

IV. Evolución del delito de defraudación fiscal en México

El delito de defraudación impositiva contenido en la ley penal de defraudación impositiva en materia federal de diciembre de 1947 (en vigor a partir del 1o. de enero de 1948), viene a constituir el antecedente del tipo penal de defraudación fiscal.

Anterior a dicha ley, la figura del fraude fiscal se localizaba dentro del fraude contra la propiedad, basándose en los supuestos normativos que se establecían para la figura del fraude genérico, debido a que no existía una regulación de la defraudación fiscal propiamente dicha.

El delito de defraudación impositiva contemplaba nueve conductas delictivas, siendo estas las siguientes:

1) Simular un acto jurídico que importe omisión total o parcial del pago de impuestos.

2) Declarar ante las autoridades fiscales ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos o hacer deducciones falsas en las declaraciones presentadas para fines fiscales.

3) No entregar a las autoridades fiscales dentro del plazo señalado en el requerimiento legal de pago, las cantidades retenidas a los causantes por concepto de impuestos.

4) Omitir la expedición de los documentos en que, conforme a las leyes fiscales, deba cubrirse un impuesto.

5) Ocultar bienes o consignar pasivo total o parcialmente falso en los inventarios de un juicio sucesorio.

6) Resistirse a proporcionar a las autoridades fiscales, los datos necesarios para la determinación de la producción gravable o proporcionarlas con falsedad.

7) Ocultar ante las autoridades fiscales, total o parcialmente, la producción sujeta a impuestos.

8) Negarse a proporcionar a las autoridades fiscales, los datos necesarios para la determinación de los impuestos al comercio o proporcionarlos con falsedad.

9) Ocultar ante las autoridades fiscales, total o parcialmente, el monto de ventas o ingresos gravados.

 

a) Los tipos de defraudación fiscal reconocidos en el CFF mexicano

El Código Fiscal de la Federación mexicano (CFF) vigente, reconoce cuatro tipos de delitos asociados a la defraudación fiscal:

1) Defraudación fiscal genérica

Por un lado, tenemos a la defraudación fiscal genérica, prevista en el primer párrafo del artículo 108 que a la letra dice:

“Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. (…)

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,734,280.00.

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,734,280.00 pero no de $2,601,410.00.

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,601,410.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión…”

 

2) Defraudación fiscal equiparable

El delito de defraudación fiscal equiparable, se encuentra previsto en el artículo 109 del Código tributario federal. El apelativo equiparable refiere en principio, que las mismas penas que están consideradas para el delito de defraudación fiscal genérica previsto en el artículo 108 del Código en cita, resultan aplicables a las figuras previstas en el artículo 109 del mismo ordenamiento. Se trata de delitos de mera conducta o actividad.

Las figuras que actualizan la defraudación fiscal equiparable son:

“Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

VI. Derogada

VII. Derogada

VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29-A de este Código”.

 

3) Defraudación fiscal calificada

En 1997 se crea el delito de defraudación fiscal calificada (o también llamado por un sector de la doctrina como agravada), la cual consiste en sancionar con un incremento en una mitad de la pena privativa de libertad que corresponda cuando se actualice cualquiera de las agravantes que se consignan en el séptimo párrafo del artículo 108 CFF.

Las calificativas que se contemplan actualmente son las que se originan por:

“…

a) Usar documentos falsos.

b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.

f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

h) Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

…”

 

4) Defraudación fiscal presunta

Finalmente, tenemos a la defraudación fiscal presunta, la cual se actualiza cuando existen ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Dicho delito se adiciona al CFF en el año de 2008.

 

V. Modalidades a través de las cuales se relaciona la defraudación fiscal y el lavado de dinero en la normativa mexicana

Siguiendo la tendencia internacional de gravar los ingresos obtenidos de fuente ilícita, así como asociar la defraudación fiscal al lavado de dinero, en el 2008 el legislador mexicano incorpora un tercer párrafo al artículo 108 CFF, para crear la figura de la defraudación fiscal presunta en los siguientes términos:

“…

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La exposición de motivos de dicha iniciativa de reforma estableció que se hacía conveniente aclarar con relación al delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108 del Código Tributario, que el mismo se configurará cuando se omita el pago de alguna contribución, independientemente de la procedencia lícita o ilícita de los recursos, así como especificar que dicho delito y el previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente.

El Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados al respecto estableció:

“Esta Comisión Dictaminadora considera que la reforma en materia penal al Código Fiscal de la Federación que se contempla en la Iniciativa del Ejecutivo Federal debe ser objeto de una reforma integral sobre el particular. Lo anterior derivado de la importancia de contar con un marco jurídico que atienda todas aquellas cuestiones que permitan inhibir la defraudación fiscal, así como fortalecer las atribuciones de la autoridad fiscal para su adecuada actuación en juicios de esa naturaleza, para lo cual es conveniente realizar un análisis profundo sobre el tema. No obstante lo anterior, se considera conveniente que la modificación al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se incluya en la presente reforma, a efecto de aclarar que el delito de lavado de dinero se debe perseguir de forma conjunta a la defraudación fiscal.”

La Administración Tributaria Mexicana ha pretendido asociar al fraude fiscal y al lavado de dinero, mediante alguna de las siguientes modalidades:

Por un lado, al considerar que la defraudación fiscal constituye un delito previo o antecedente al lavado de dinero, conforme al tipo penal regulado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal; y por otro, al considerar que los recursos económicos y financieros provenientes de actividades ilícitas actualizan una presunta defraudación fiscal, lo que en el derecho comparado se ha denominado como la tributación de las ganancias o rentas ilícitas.

Como ya se señaló, México inició con mayor énfasis su política criminal de combate a los delitos fiscales asociados al lavado de dinero, a partir de la incorporación del tercer párrafo del artículo 108 CFF del año 2008, donde se estableció que el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (lavado de dinero), se podían perseguir simultáneamente. Adicionalmente, se creó la figura de la defraudación fiscal presunta.

 

a) La defraudación fiscal como delito precedente al lavado de dinero

A pesar de que el delito de lavado de dinero nació en la normativa mexicana como un injusto de naturaleza fiscal desde el 1º de enero de 1990, con la inclusión del artículo 115-Bis al Código Fiscal Federal, lo cierto es que la política criminal del estado mexicano para combatir la defraudación fiscal vinculada al lavado de dinero había sido del todo nula[10].

En la última revisión de las 40 Recomendaciones del GAFI de febrero de 2012, que a nivel mundial propició una expansión en la lucha contra el delito de lavado de dinero, este organismo intergubernamental “sugirió” a los países miembros (entre ellos México, que es parte desde el año 2000) un extenso catálogo de delitos con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes, entre los que sobresalen los delitos fiscales asociados a impuestos directos e indirectos.

Posteriormente, en el año 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó el informe “Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles”, que en su principio número 7 establece que los países deben designar los delitos impositivos como uno de los principales delitos base del lavado de dinero.

Entre los países que han incorporado la evasión fiscal como delito precedente al lavado de dinero, se encuentran Argentina, Andorra, Australia, Bélgica, Brasil, la Unión Europea, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Suecia, Estados Unidos, Portugal, Perú, Suiza, entre otros.

El tipo penal del delito de lavado de dinero en México, no contiene un catálogo de delitos que deban ser considerados como antecedentes para actualizarlo, como sí acontece en otros países.

El Artículo 400 bis CPF contempla un delito que tipifica el lavado del producto de cualquier actividad ilícita tipificada en la legislación mexicana. Por ello, los delitos determinantes o antecedentes de lavado de dinero se extienden a todos los delitos que bajo la normativa nacional son capaces de generar no sólo recursos, sino también bienes o derechos de origen ilícito. En otras palabras, el legislador nacional optó por emplear el sistema de cualquier delito, cuando estableció en el párrafo segundo del artículo 400 bis, que los recursos, derechos o bienes pueden provenir, directa o indirectamente, o representar las ganancias derivadas de la comisión de algún delito.

De igual manera, no se debe perder de vista que tanto el fraude fiscal como el lavado de dinero son dos delitos autónomos, con elementos propios y que tutelan bienes jurídicos distintos, de ahí que no se requiera contar con una sentencia condenatoria respecto de la ilicitud de los recursos obtenidos por el delito previo. Así incluso, lo han reconocido los tribunales mexicanos.

 

b) La tributación de las rentas ilícitas producto de presunta defraudación fiscal

Sin ánimo de entrar al interesante debate que existe en la doctrina internacional respecto a las posturas a favor, en contra y algunas intermedias para sujetar a gravamen a las rentas ilícitas, diremos que, en el caso de México, y a raíz de la incorporación del tercer párrafo al artículo 108 CFF en el año 2008, las rentas ilícitas sí pueden estar sujetas a tributación, siguiendo la tradición del principio “Pecunia Non Olet”.

Lo anterior se sostiene, porque para la autoridad fiscal mexicana (Servicio de Administración Tributaria), deben tributar todos los ingresos o rentas obtenidas de fuente de riqueza en territorio nacional, con independencia del origen lícito o ilícito de las mismas.

Hasta el momento, tanto la doctrina como la jurisprudencia mexicana no se han pronunciado abiertamente sobre este tema, como sí ha acontecido en diversos países de Iberoamérica, tal vez partiendo de la idea de que el Estado sólo puede aplicar las consecuencias jurídico patrimoniales aplicables a los delitos, como sería el decomiso y la extinción de dominio de bienes en favor del Estado. Esto es, pareciera que las autoridades encargadas de prevenir, perseguir y combatir los delitos aquí comentados, han entendido que se puede sancionar la obtención de las rentas ilícitas pero la vía tributaria no es el mecanismo idóneo para ello.

Desde luego, si el producto o renta ilícita fuera motivo de decomiso o extinción de dominio por existir una sentencia que lo origine, no cabría la posibilidad de someter a tributación los recursos obtenidos ilícitamente, porque vulneraría el principio non bis in ídem reconocido en el artículo 23 de la Constitución Federal; además de que podría alegarse la falta de capacidad contributiva ante el decomiso o extinción de dominio realizado.

Pero sin en cambio, si existen erogaciones efectuadas como consecuencia de violar alguna norma prohibida, entonces sí la autoridad tributaria podría inhibir o prohibir la deducibilidad de dicha erogación, pues como lo apunta Herrera Molina[11], la ilicitud radical de un acto sí excluye su deducibilidad, pues excluye una relación razonable con la obtención de ingresos. Así lo ha confirmado también la autoridad fiscal mexicana al emitir el criterio normativo 20/ISR/N Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La realización de dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos.

Finalmente, se comparte parcialmente la postura de un sector de la doctrina cuando afirman que los recursos obtenidos de manera lícita generados de fuente ilícita sí deben estar sujetos a tributación,[12] pero siempre y cuando no exista sentencia que confirme tal supuesto, porque de lo contrario se atentaría contra el principio de cosa juzgada, en virtud de que si está probada la comisión de un delito no debieran estar gravados los recursos obtenidos para efectos impositivos. Para ello, en todo caso, podrían utilizarse figuras como el incremento patrimonial no justificado, que en el derecho fiscal mexicano se conoce como la discrepancia fiscal.

 

VI. Conclusiones

  • Existe un estrecho vínculo entre la defraudación fiscal y el lavado de dinero. La inclusión de los delitos tributarios como delito determinante para el lavado de dinero es importante, porque significa que una persona que ha cometido lavado de dinero también puede ser acusada por el delito predicado o subyacente.
  • La defraudación fiscal y el lavado de dinero constituyen delitos autónomos uno del otro, con elementos propios y bienes jurídicos protegidos distintos.
  • El gravar las rentas ilícitas admite diversas posturas, pero también cabe la posibilidad de aplicar el decomiso y la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, en términos de lo que dispongan las leyes respectivas de cada país. Sin embargo, considero que no es posible emplear ambas instituciones porque tal proceder resultaría inconstitucional.
  • Las erogaciones, para ser considerada su deducibilidad, no deben ser contrarias a las leyes de orden público, ni violar normar prohibitivas.

 

VII. Bibliografía

ABC Anti lavado. Aspectos clave para un cumplimiento efectivo (s.f.). Recuperado de: http://www.lavadodinero.com/varios/seminarios/Pres_ABC_Antilavado.pdf

BRAVO, J. (2004). Los actos ilícitos y el concepto de rentas. VIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Lima, Perú, p. 14

El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (2016). Recuperado de: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htm

GAFI (2008) Informe de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. México. p. 64

HERRERA, P. (2003). Fiscalidad de los actos ilícitos. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, p. 37

Las Recomendaciones del GAFI (2012). Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Recuperado de: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf

MICHEL, A. (2018). Derecho Penal Fiscal. México: Editorial Porrúa, p. 1225

OECD (2009). Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal. Recuperado de: https://www.oecd.org/tax/crime/44751918.pdf

ORTIZ, A. (2018). El delito de lavado de dinero. La reforma penal de 2014. México: Editorial Porrúa, p. 87

Riesgos y métodos del lavado de dinero. Guía de estudio ACAMS. Recuperado de: http://files.acams.org/pdfs/Spanish_Study_Guide/Chapter_2.pdf

 

VIII. Referencias

[1] ABC Anti lavado. Aspectos clave para un cumplimiento efectivo (s.f.). Recuperado de: http://www.lavadodinero.com/varios/seminarios/Pres_ABC_Antilavado.pdf

[2] El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (2016). Recuperado de: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/amls.htm

[3] OECD (2009). Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal. Recuperado de: https://www.oecd.org/tax/crime/44751918.pdf

[4] Riesgos y métodos del lavado de dinero. Guía de estudio ACAMS. Recuperado de: http://files.acams.org/pdfs/Spanish_Study_Guide/Chapter_2.pdf

[5] Las Recomendaciones del GAFI (2012). Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Recuperado de: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf

[6] El artículo 3, numeral 10 de la Convención de Viena de 1988, establece que los delitos tipificados de conformidad con dicho artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes.

[7] MICHEL, A. (2018). Derecho Penal Fiscal. México: Editorial Porrúa.

[8] GAFI (2008) Informe de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. México. Pág. 64.

[9] ORTIZ, A. (2018). El delito de lavado de dinero. La reforma penal de 2014. México: Editorial Porrúa.

[10] Entre 1989 y agosto de 1994 se presentaron alrededor de 700 querellas por evasiones fiscales … y sólo se registran dos sentencias por defraudación fiscal (Sexto informe de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari).

[11] HERRERA, P. (2003). Fiscalidad de los actos ilícitos. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, p. 37

[12] BRAVO, J. (2004). Los actos ilícitos y el concepto de rentas. VIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Lima, Perú.


Mauricio, Jesús Amaro

Mauricio, Jesús Amaro

Contador y abogado fiscalista. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Especialista en lavado de dinero por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro en Impuestos. Cuenta con estudios en derecho penal tributario por la Universidad de Santiago de Compostela, España y de Buenos Aires, Argentina. Doctorante en Ciencias de lo Fiscal.

Email: jam_consultores@yahoo.com.mx


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