La estructuración del Poder Judicial, orígenes de la formación de un Poder del Estado

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Autor: Carlos Vila
Fecha de publicación: 18 Nov, 2019
Temas: Poder judicial, Historia del derecho

 

I. Introducción

Para poder formular un desarrollo histórico sobre un poder del Estado hay que tener en claro que dicho desarrollo ha de estar íntimamente ligado al desarrollo de la historia constitucional de una Nación. Realizar entonces un abordaje de la estructuración del Poder Judicial en la República Argentina, entendiéndolo como Poder que actualmente está ordenado por la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que para llegar a ello tuvo que transitarse un largo y complejo recorrido.

Puede sostenerse que la estructuración del Poder Judicial argentino es inherente al desarrollo histórico de nuestro país porque no solo estuvo y está vigente en nuestro ordenamiento constitucional, sino que también estuvo presente en tratados y en pactos preexistentes, en proyectos anteriores a la constitución vigente, atravesando varios siglos de historia hasta aquí recorridos por nuestra República, ello más allá del recorte temporal definido para este trabajo.

Ahora bien y previo a dar inicio al desarrollo histórico propuesto cabe un interrogante de tipo conceptual: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Poder Judicial?

En tal concepción, es oportuno señalar que este poder del Estado es un poder político porque puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, de actos y de normas, y así poder controlar a los otros dos poderes del Estado, distinto el caso del modelo europeo, donde no siempre el Poder Judicial estaba estructurado como poder del Estado, negándole además la condición de poder político, asignándole funciones meramente administrativas, aunque con cierta autonomía funcional, pero sin contar con un aspecto relevante o el más relevante como es el hecho de poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes.

No obstante lo expuesto precedentemente cabe señalar que políticamente el Poder Judicial, es el poder más débil de los previstos por la Constitución, siendo oportuno recordar a Hamilton cuando sostenía que “no tenía ni las armas ni el tesoro, no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento, y ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo del Ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos”.

Puede sostenerse también que el peso político del Poder Judicial reside en el respeto que le tengan los demás poderes del Estado y fundamentalmente en el prestigio que encuentra en una comunidad. Ese prestigio en líneas generales se ha podido cimentar a partir de la justicia, prudencia y, sobre todo, de la imparcialidad de sus decisiones.

En el marco del sistema constitucional argentino, fundamentalmente en el período temporal indicado, puede afirmarse primigeniamente que nuestra Constitución tras zigzaguear entre distintos modelos, siguió el diseño americano, lo cual constituyó y constituye toda una definición política, por ende, con el Poder Judicial se erigió un poder específico dentro de la estructura del Estado, para poder asumir la función judicial.

 

II. Desarrollo

La historia del Poder Judicial en nuestro país tiene una marca cultural muy arraigada, pero no siempre fue así, ha sido una conquista que llevó muchos años de construcción, un monumento de simbolismos meticulosamente diseñados que, a pesar de ello, parece a veces crujir, y vaya si ha atravesado tormentas, no obstante, ello sigue manteniéndose incólume.

El sistema judicial que rigió en estas tierras durante el período colonial estaba absolutamente ligado al diseño institucional pergeñado por la monarquía española. El oficio del Rey era entonces “hacer juicio y justicia”, y para ello se implementaron una multiplicidad de estructuras y de cargos para funcionarios judiciales reales.

La revolución de mayo de 1810 no introdujo cambios sustanciales a ese ordenamiento. Los primeros esbozos para delinear un Poder Judicial patrio se escribieron durante la Asamblea del año 1813, también durante el Congreso de Tucumán de 1816, en esos escenarios se expresó claramente la intención de establecer en la doctrina la separación de poderes entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No obstante, en cuestiones de sistema se movía en la penumbra del derecho colonial.

Un hecho interesante a la luz de nuestro presente es que en el análisis sobre como poder estructurar este poder se discutió, y no se aceptó, la posibilidad de que los jueces puedan interpretar las leyes, tal como estaba contenido en el denominado modelo norteamericano, luego incorporado con la sanción de la Constitución de 1853.

Se impuso en cambio, el modelo europeo que otorgaba dicha facultad a las legislaturas que eran, en definitiva, representantes de los votantes y creadoras de las leyes. Así, el Proyecto de Constitución de 1813 estableció: “Los jueces deben juzgar por el texto expreso de la ley y toda interpretación o arbitrariedad es un crimen del que responderán personalmente”. Hubo también reglamentos que prohibían expresamente que los jueces interpretaran la ley e indicaran que, en casos dudosos, se dirigiesen a las legislaturas. Las cosas cambiaron a tal punto que hoy en día son los legisladores los que consultan a los jueces.

 

III. Derecho indiano y organización judicial

Previo abordar los diseños judiciales pergeñados por el derecho indiano, es oportuno poder caracterizarlo como un ordenamiento jurídico vigente en Indias ––incluyendo en ellas a los dominios hispano-castellanos––, fruto tanto de una elaboración normativa desarrollada por las distintas instancias administrativas y de la incidencia del derecho castellano, del derecho común y de elementos filosóficos-jurídicos (hablamos de derecho castellano, de bulas papales, de algunas capitulaciones, de las costumbres desarrolladas en los municipios españoles, de las costumbres y disposiciones indígenas, siempre que no fueran contrarias a la religión católica y al rey), todo ello con el resultado de un dispositivo de obligado cumplimiento tanto a nivel general como a nivel provincial y local.

Formulada dicha caracterización avanzamos en el análisis, indicando que para el Estado indiano la justicia era un espacio fundamental y se aplicaba tanto en el nombramiento de funcionarios como al momento de concederse una merced, en la aprobación de una norma general o en la decisión de una causa judicial, sin embargo esta concepción se fue desdibujando en los siglos siguientes hasta quedar esas atribuciones delimitadas exclusivamente al Poder Judicial, desligando a los demás poderes de la obligación moral de hacer justicia en sus actos legislativos y administrativos.

La función de justicia propiamente dicha consistía, en cambio, en el ejercicio de las atribuciones judiciales destinadas a dirimir las cuestiones planteadas entre los particulares y también por estos con el Estado, a las que se ponía punto final mediante una decisión o sentencia. Cabe resaltar que, en todos los casos, la justicia se administraba en nombre del rey.

En esta función se desconocía el principio de la especialización judicial y no existían magistrados autónomos, tal como acaece por estos tiempos.

Así, las atribuciones judiciales se encontraban dispersas entre los distintos funcionarios que tenían a su cargo los asuntos de gobierno, asuntos militares y asuntos de hacienda.

De este modo quienes administraban justicia no eran, en principio letrados y, naturalmente, carecían de los conocimientos técnicos que hoy se exige para poder ejercer la Magistratura.

Ricardo Zorraquín Becú al sistematizar este tema tan complejo, clasifica a la magistratura indiana en cuatro categorías principales: jueces capitulares, jueces reales, jueces eclesiásticos y jueces que integraban el sistema de la Audiencia, sumando a ellos los jueces especiales con características propias por ser quienes ejercían sus funciones en su carácter de integrantes de otras instituciones, hablamos del consulado, del protomedicato y de la Universidad.

Las facultades judiciales atribuidas a las Audiencias las convertían prácticamente en el Tribunal Superior de Indias, donde inexorablemente terminaban muchos pleitos provenientes de instancias inferiores ––competencia por vía de apelación–– y donde se resolvían directamente otras causas especiales ––competencia originaria––. En el primer caso intervenía en segunda o tercera instancia en los juicios criminales y civiles de determinado monto y en los del fuero de hacienda.

 

IV. Ciclo patrio

Tras el inicio del ciclo patrio comenzaron a ensayarse nuevos diseños de estructura del Estado donde el Poder Judicial tenía reservado un papel muy importante. El principio de la independencia de este Poder con respecto a los demás se impuso, al menos por escrito, desde el primer momento en los primeros ensayos constitucionales.

Así, el acta del 25 de mayo de 1810 establecía en materia de Poder Judicial “… que los referidos Señores, que componen la Junta provisoria, queden excluidos de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, a quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno”.

En el caso del reglamento del 22 de octubre de 1811 decía: “El Poder Judicial es independiente y a el solo toca juzgar a los ciudadanos” (sec.3, art.1).

Posteriormente el Estatuto del 22 de noviembre del mismo año prescribía: “El conocimiento de los asuntos de justicia corresponde privativamente a las autoridades judiciales con arreglo a las disposiciones legales” (art.5).

Por su parte el Estatuto de 1815 aclaraba que el Poder Judicial “no tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo”, y otro tanto prescribía el Reglamento de 1817.

Aunque sin declaraciones expresas como las precedentes, la doctrina de la separación de poderes y de independencia del orden judicial fue asegurada también en las constituciones de 1819 y de 1826, de esta manera, la idea de un Poder Judicial independiente se consolidaba en la formulación del sistema constitucional.

Pese a tan terminantes principios, la proclamada separación de este poder no se hizo efectiva, y durante mucho tiempo las facultades judiciales siguieron concentradas en torno al Poder Ejecutivo, poder que frecuentemente administró justicia, sea en forma directa, o a través de la designación de jueces especiales o comisionados, o por la conformación de comisiones especiales.

Con este panorama se fue desarrollando todo un proceso de hibridación entre las viejas estructuras coloniales, que pretendieron ser modificadas, y los nuevos principios, que deseaban, a su vez, ser aplicados, sin que de tan extraña coexistencia de sistemas haya surgido un ordenamiento sistemático, eficaz y acorde con los proclamados principios vigentes en ese tiempo.

El primer texto orgánico al respecto fue el reglamento de institución y administración de justicia del 20 de abril de 1812, que, con las modificaciones introducidas al año siguiente, rigió hasta 1815.

El Estatuto de 1815 y el Reglamento de 1817 contenían una sección destinada al Poder Judicial, y lo mismo ocurría con las constituciones de 1819 y de 1826.

En base a esos antecedentes y a la práctica consiguiente, es posible esbozar la organización judicial de aquellos tiempos, con la salvedad de que por ahora nos referimos a la existencia en todo el país, pues a partir de 1820, y con la sola excepción de la constitución de 1826, el arreglo de la administración de justicia quedaba reservada a cada provincia.

En el acta del 25 de mayo de 1810 se establecía que los integrantes de la junta quedaban “excluidos de ejercer el Poder Judicial, el cual se refundirá en la Real Audiencia, a quien pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno”.

De este modo, la Junta debía desprenderse de las causas militares, de hacienda y de correos, que, junto con las cuestiones de gobierno, constituían la llamada justicia administrativa. Pero bien pronto esas atribuciones fueron nuevamente ejercidas por la misma Junta y los demás gobiernos que le sucedieron. Y así las causas de contrabando y hacienda debían ser resueltas en primera instancia por el director supremo o los gobernadores, intendentes, según los casos, ejerciendo también aquél la tradicional jurisdicción en el fuero militar.

El reglamento de 1817 dispuso que las apelaciones de los fallos de los alcaldes en asuntos civiles y criminales se sustanciarán ante el Juzgado de alzada de provincia, que, a cargo de un letrado, actuaba en cada capital de provincia.

En los asuntos criminales, las partes podían apelar directamente ante una Cámara de Apelaciones. Este Tribunal conocía también en tercera instancia en los asuntos fallados por el juez de alzada, con excepción de aquellos que, siendo de cuantía inferior a mil pesos, tuviesen ya dos sentencias conformes.

Por el Estatuto en 1813 se facultó al Ejecutivo para conocer y sentenciar las causas civiles y criminales de los empleados públicos.

Pero los primeros gobiernos no se limitaron al ejercicio de esta justicia administrativa, sino que frecuentemente conocieron en las causas pertenecientes a la justicia ordinaria, ya sea resolviendo directamente algunas causas, ya designando a jueces especiales o comisionados para su sustanciación, o ya constituyendo comisiones especiales.

En realidad, esta inestabilidad en el conocimiento de los mencionados asuntos se debía, en buena parte, a la falta de un Tribunal Supremo existente en la legislación indiana y prevista de una manera más técnica en el ordenamiento constitucional de la época.

Cabe indicar que ya en la asamblea constituyente de 1813 se consideró favorablemente ––aunque no se alcanzó a sancionar–– un proyecto para establecer una alta Corte de Justicia con estas facultades principales: “conocer en las segundas suplicaciones y recurso extraordinarios de queja, nulidad e injusticia notoria de los demás Tribunales Superiores, que antes se llevaban al Consejo de Indias”.

Las constituciones de 1819 y de 1826 también establecieron este Supremo Tribunal con atribuciones análogas, pero ninguna de esas creaciones pudo ser llevada a la realidad antes de la organización constitucional.

Como puede apreciarse, la organización judicial indiana no fue alterada sustancialmente en la práctica durante los años siguientes a la revolución de mayo, y solo a partir de 1820 se produjeron dentro del régimen autonómico de las provincias algunas modificaciones o tentativas que significaron un cambio en la estructura de los órganos judiciarios.

Esta cierta lentitud en innovar el sistema hacer pensar a algunos autores como Zorraquín Becu, que el mismo respondía a las necesidades de su época y que no parecía urgente una inmediata reforma.

No obstante, quedaron ya asentados en esos primeros años nuevos principios en relación con el procedimiento judicial, especialmente en las causas criminales, que incorporaban a nuestra legislación lo que la doctrina liberal venía proclamando.

En este sentido, cabe señalar el decreto de seguridad individual de 1811, algunas disposiciones de la asamblea del año 1813, del Estatuto de 1815, y del reglamento de 1817. De tal forma, ningún habitante podía ser penado ni confinado sin proceso previo y sentencia legal, es decir, fundada en el texto expreso de la ley. Esto no implicaba, empero ––según el reglamento de 1817–– la derogación de las leyes que permitían la imposición de las penas al ¨arbitrio prudente de los jueces, según la naturaleza y circunstancias del delito¨

La eliminación de las penas atroces e inhumanas y la supresión de los tormentos para esclarecer la verdad judicial, fueron otras de las preocupaciones expresadas en algunos textos legales y constitucionales.

La definición de que las cárceles eran “para seguridad y no para castigo de los reos” quedó aceptada e incorporada, ya en aquellos tiempos, a varios de esos textos constitucionales. También se dispuso que los reos no quedarían incomunicados después de la confesión, y que esta no podía dilatarse más allá de los diez días sin justo motivo. Se extremaban, asimismo, las medidas cautelares para las diligencias de arresto del reo, pesquisa de los papeles y embargo de sus bienes. La responsabilidad por las infracciones a estos principios, y que atacaran la libertad y seguridad de los habitantes, recaía sobre los magistrados. Las constituciones de 1819 y de 1826 reiteraban expresa o implícitamente estos principios.

Por su parte, todas las provincias adoptaron para su gobierno la forma republicana y representativa, dividiendo las funciones del Estado en los tres clásicos poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La aspiración constitucionalista era la de establecer la independencia de esos poderes entre si, siguiendo la más ortodoxa senda doctrinaria. Pero como ya veremos al estudiar la aplicación de estos textos, difícilmente podía darse ese presupuesto en la mayoría de las provincias argentinas.

 

V. La organización judicial

Ya expuestos los nuevos principios en materia judicial introducidos después de la revolución y aplicados con carácter nacional en la primera década por los gobiernos patrios, cabe abordar qué acaecía en los ordenes provinciales.

Al desaparecer las autoridades nacionales y asumir las provincias todos los poderes en cada jurisdicción, se intentó adoptar el mismo sistema de independencia de la función judicial en cada provincia. No siempre fue posible reemplazar al complicado mecanismo colonial, pues ello implicaba el establecimiento de jueces y tribunales que no todas las provincias podían mantener y que ni siquiera justificaba la escasa actividad judicial de algunas de ellas.

A medida que los cabildos fueron abolidos, iba desapareciendo en consecuencia la justicia capitular, las provincias debieron establecer un nuevo régimen para la sustanciación de las causas civiles y criminales que no fueran de fuero privilegiado o especial. Se designaron en reemplazo de los alcaldes los jueces de primera instancia. En algunas provincias, como Buenos Aires, el cambio fue sustancial, pues los nuevos jueces eran letrados e inamovibles, con lo que los principios de independencia judicial, especialización y conocimiento jurídico tendían a asegurar la aplicación integral del régimen liberal. Pero en otras provincias el reemplazo fue nada más que circunstancial, y los nuevos jueces eran legos y designados anualmente, como sus antecesores. A veces ni siquiera se les cambió la denominación, continuando la de alcaldes, con la sola diferencia que ya no los elegía el cabildo, sino el gobernador.

Siguiendo los lineamientos del Reglamento de 1817, se estableció también el juzgado de alzada de provincia para conocer en las apelaciones, en segunda instancia, de las causas civiles y criminales, en la forma ya conocida.

El régimen de las autonomías provinciales obligó a crear en cada provincia un Tribunal Superior de Apelaciones, bajo el nombre de Cámara de Apelaciones, Cámara de Justicia, Tribunal de Apelaciones o Superior Tribunal de Justicia, etc., que asumió las atribuciones desempeñadas hasta entonces por las Cámaras de Apelaciones de Buenos Aires y Charcas, sucesoras de las respectivas audiencias. De esta manera, estos últimos tribunales quedaron cercenados en su competencia territorial y limitados al ámbito de sus respectivas provincias. Las nuevas cámaras se integraban, según las leyes, por tres o cinco jueces letrados y un fiscal, y ejercían las facultades propias de este cuerpo. Los miembros permanecían en sus cargos mientras observasen “buena conducta”.

Pese a la proclamada independencia del orden judiciario y a la prohibición establecida en algunos textos de que interviniera el Poder Ejecutivo en el conocimiento de las causas judiciales, la realidad superó el sistema proyectado. En primer lugar, la nueva estructura necesitaba un plantel de abogados, que pocas provincias tenían, pues no solo debían cubrirse las magistraturas, sino también quedar el número indispensable para atender los pleitos. Ello impidió en varias provincias el establecimiento de la justicia letrada, inamovible y especializada, base de la independencia o separación de poderes.

Cabe tener presente que pese a a las buenas intenciones de quienes elaboraron ensayos constitucionales en las provincias, la práctica de gobierno demostró que el proyectado equilibrio de poderes no podía alcanzarse en ambientes donde la figura del caudillo, convertido en gobernador, ejercía una inevitable presión sobre los otros poderes.

También esa influencia o avasallamiento del gobernador se exteriorizó con respecto al poder judicial, el que tuvo grandes dificultades para alcanzar en la práctica la independencia con que la teoría pretendía dotarlo.

 

VI. El Poder Judicial en la Constitución Nacional de 1853

La justicia ordinaria era ejercida, en principio, por los jueces y tribunales establecidos en cada una de las provincias, de acuerdo con el procedimiento que estas determinaban. Pero en algunos casos especiales, debido a la materia, de la persona o del lugar, se consagró la competencia de la llamada justicia nacional o federal, que era una justicia de excepción, no común, y suprema en lo que le concernía.

Estos casos se hallaban enumerados en el art.100 de la Constitución Nacional: a) por razón de la materia: causas en que versen sobre puntos regidos por la Constitución de un modo particular, por leyes nacionales especiales (aduanas, tierras públicas, moneda, correos, instrucción pública) o por tratados con naciones extranjeras; b) por razón de las personas: causas en que la Nación sea parte, que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos con un Estado o ciudadano extranjero; c) por razón del lugar: causas suscitadas en donde la Nación ejerce jurisdicción exclusiva (causas de almirantazgo y de jurisdicción marítima).

El Poder Judicial nacional se integraba con la Corte Suprema de Justicia, residente en la capital; las cámaras de apelaciones, que atendían las causas dentro de la jurisdicción territorial asignada a cada una; y los jueces federales, establecidos en las provincias. Todos los magistrados judiciales eran designados por el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, conservaban sus cargos mientras durase su buena conducta (art.96); y gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones. El Presidente de la República no podía en ningún caso ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas (art.95).

Atravesando el segmento temporal de análisis, es importante consignar que el 14 de setiembre de 1863 se sancionaron las tres leyes básicas de esta justicia federal: la 48, sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales; la 49, acerca de los crímenes cuyo juzgamiento competía a los tribunales nacionales; y la 50, sobre procedimiento de esos tribunales en lo civil y comercial.

También eran jueces y Tribunales nacionales los que administraban la justicia ordinaria en la Capital Federal y en los demás territorios sujetos en forma directa a las autoridades nacionales.

 

VII. La Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Constitución de 1853 estableció que la Corte Suprema de Justicia se integraba con nueve jueces y dos fiscales (art.91). La primera composición del alto Tribunal fue designada el 26 de agosto de 1854 por el Presidente Justo J. De Urquiza, y más allá del lugar establecido en el artículo de mención, dicho Tribunal debió funcionar en Paraná, capital provisional de la Confederación.

Cabe indicar que no todos los miembros designados llegaron a tomar posesión de sus cargos, por hallarse unos en Buenos Aires y otros entregados a diversas actividades públicas. De este modo, solo alcanzó a formarse con dos miembros que asumieron el cargo, con una escasa performance funcional. La reforma constitucional de 1860 suprimió la determinación del número de jueces que integraban el Supremo Tribunal, dejando este aspecto en manos del Poder Legislativo, poder que debía dictar una ley orgánica. El 30 de octubre de 1860 el presidente Santiago Derqui dejó sin efecto las designaciones efectuadas años atrás, quedando así cerrado este ciclo en la vida del Tribunal.

Luego de la unión definitiva a partir de la incorporación de Buenos Aires, el Presidente Bartolomé Mitre procedió a la designación de los miembros de la Corte el 18 de octubre de 1862, de acuerdo con la ley orgánica de la Justicia Federal, que estableció un nuevo número de miembros. Los nombrados fueron los doctores Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos. Como procurador general fue designado el doctor Francisco Pico. Alsina no aceptó el cargo y fue reemplazado por José Benjamín Gorostiaga solo en junio de 1865. la Corte se instaló en Buenos Aires en el mes de octubre de 1863.

El 6 de enero de 1863 el Poder Ejecutivo designó Presidente del alto Tribunal al doctor Francisco de las Carreras. Desde entonces, la práctica de que el presidente de la Nación designase al presidente de la Corte ha continuado, sin fundamento legal. Sin embargo, durante una primera época se respetó la costumbre de nombrar para ese cargo al miembro más antiguo del Tribunal; actualmente sin intromisión de otros poderes del Estado, son los propios integrantes de ese cuerpo quienes definen sus autoridades.

La Corte Suprema ejercía la superintendencia sobre los demás Tribunales y jueces nacionales, y tenía las siguientes atribuciones en lo que respecta al conocimiento de las causas judiciales:

1. originaria y exclusivamente en ¨los asuntos concernientes a embajadores, ministros, y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fue parte (art.101, CN),

2. por apelación ordinaria en causas tramitadas ante la Justicia Federal, según lo indicado en el art.100 de la CN,

3. para dirimir cuestiones de competencia, entre los magistrados judiciales que no tuviesen un Tribunal Superior común (art.17 de la ley 48 y 9 de la ley 4055),

4. por apelación extraordinaria: a) cuando se hubiera cuestionado la validez de un tratado, de una ley nacional o de una autoridad ejercida en nombre de la nación, y la decisión hubiese sido contra su validez; b) cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se pusiera en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la C.N., a los tratados o leyes del congreso, y la decisión hubiera sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia; c) cuando la inteligencia de alguna cláusula constitucional, de un tratado, o ley nacional, o comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, se hubiera cuestionado, y la decisión fuera contra la validez del título o derecho fundado en los textos mencionados.

Esta última atribución, surgida de la ley 48 y no del texto constitucional, ha permitido a nuestra Corte ––al igual que su modelo norteamericano–– constituirse en el guardián e interprete de la Constitución, con la facultad de declarar, en última instancia, la inconstitucionalidad de las leyes, decretos o actos realizados por las autoridades cuando atacasen la letra o el espíritu de la Constitución.

La inconstitucionalidad no se formula en declaraciones generales ni en cuestiones abstractas, sino en la resolución de causas judiciales. El alcance del fallo no va más allá de esa causa, pues, de no ser así, penetraría en el campo reservado al Poder Legislativo.

Sin embargo, nuestra Corte “con un santo temor de contaminarse”, como sostuvo Salustiano Zavalía, el Alto Tribunal se ha desentendido sistemáticamente de toda cuestión política, o para ser más gráfico de política partidaria por cuanto en todos los actos de la vida tanto personal como institucional siempre está presente la política, que se vincule con esta o que afecte la actividad de los poderes consagrados en la Constitución, aunque se infrinja algún precepto constitucional. Según esta tesis, la verificación de los actos políticos corresponde en forma exclusiva los otros poderes del Estado. Al adoptar esta postura, la Corte se ha apartado de su modelo norteamericano reduciendo, por propia voluntad, el papel de guardián e intérprete de la Constitución.

 

VIII. Conclusiones

Apriorísticamente cabe tener presente que en general en los trabajos que abordaron el análisis sobre la independencia en nuestro país no hubo un mayor interés por los aspectos jurídicos de esa global reformulación de la política y la sociedad. Es por ello por lo que dar cuenta de como se fue estructurando la justicia como poder del Estado desde la perspectiva del convencimiento de la estrecha e ineludible relación existente entre justicia y política, era y es una tarea que merece ser emprendida.

Para la comprensión de las transformaciones que se generaron en el Derecho y la Justicia a partir de la crisis imperial y la revolución en el Río de la Plata fue central el acercamiento al conocimiento de su pasado colonial.

La potencia de la configuración colonial estuvo clara tempranamente para los historiadores del denominado derecho clásico pero esa misma lucidez los llevó a reforzar una imagen del derecho indiano poco problematizada políticamente y a construir una historia del siglo XIX centrada en la búsqueda de las “persistencias” de esa cultura jurídica en el Río de la Plata independiente.

En este trabajo, entonces, se ha intentado un abordaje que no fuera estrictamente judicial ––en el sentido de que no buscara ponderar méritos y yerros relativos––, que no buscara en el pasado anticipaciones o anuncios del futuro, ni en el presente residuos tradicionales.

Con esta afirmación no se pretende negar el espesor temporal del presente, pero sí aportar a la discusión sobre la pertinencia de un enfoque de este período centrado en la idea de transición entre un pasado tradicional (colonial) y un futuro moderno también imaginado como un compartimento estanco.

Los nuevos acontecimientos políticos tras el advenimiento del ciclo patrio movían a realizar en los análisis la distinción entre Antiguo Régimen y Modernidad la clave explicativa de los cambios políticos, sociales y culturales de la Hispanoamérica del siglo XIX. Sus aportes fueron centrales para esa recuperación de la especificidad de los imaginarios y formas políticas tradicionales, así como para mostrar la imposibilidad de su reemplazo automático, luego de las revoluciones de independencia, por las nociones organizadoras de la política moderna.

Ambas miradas ––historiografía tradicional y nueva historia política–– muchas veces han resultado simétricamente contrarias de manera tal que hemos pasado de las historias épicas de la emancipación de la nación y su lucha por la construcción de un sistema político moderno a la larga historia del antiguo régimen y su continuidad más allá de los procesos revolucionarios.

En este espíritu, este trabajo comenzó referenciando la complejidad de esa configuración jurídica colonial ––con su fundamento trascendental, su carácter heterogéneo y plural, la diversidad de sus fuentes, su traducción jurídica de las desigualdades sociales, su vocación casuística––, y de la intrincada red jurisdiccional que, formada por múltiples agencias con potestad para las funciones “hacer Justicia” y “decir Derecho”.

La revolución como proceso de revisión global del antiguo orden se propuso fundar una nueva legalidad. Tempranamente criticó aquella heredada y a sus voceros, no obstante, la imposibilidad de poder establecer de forma estable un nuevo legislador, de poder organizar la representación del nuevo soberano, situaciones generadoras de dificultades en la tarea de creación de ese nuevo orden jurídico y judicial.

Los primeros pasos dados en pos de reformar la justicia fueron nominales, pero, ese reemplazo de oidores y capitulares tuvo su radicalidad dado que mostraba una temprana insolencia hacia los poderes constituidos y se llevó a cabo en nombre de los derechos “reconquistados” por la Nación que se intentaba erigir. Esta remoción, a su vez, revelaba hasta qué punto la legitimación del nuevo gobierno era inescindible de su reconocimiento por las autoridades jurisdiccionales existentes: la Audiencia y el Cabildo.

Para que se articulara una reforma más general y sistemática de la administración judicial hubo que esperar hasta 1812. El reglamento que le dio forma fue objeto de un arduo debate público que tuvo como epicentro dos de las innovaciones que éste introdujo: la existencia de jueces legos en el más alto tribunal y la posibilidad de la libre defensa. Estas dos decisiones, que fueron luego revisadas por la Asamblea del año XIII, desnudaron no sólo presiones corporativas sino una retórica que podía legítimamente argumentar que los operadores judiciales de ese tiempo eran los mejores garantes de las libertades personales.

Un abanico de posibles diseños institucionales fue otro de los saldos de la primera asamblea constituyente.

Los proyectos que allí circularon dieron cuenta de un escenario crecientemente complejo en el que se multiplicaron las miradas sobre las ingenierías y experiencias constitucionales extranjeras.

Más allá de que instituciones jurídicas y judiciales expuestas en esa ocasión no fueron inmediatamente adoptadas, ellas pasaron a formar parte de un repertorio de alternativas disponibles y recurrentemente considerado por los políticos rioplatenses.

Viejas prácticas, formal y públicamente impugnadas, continuaron desarrollándose toda vez que se presentaron como herramientas útiles para la solución de problemas coyunturales.

Esas instituciones y procedimientos que continuaron funcionando, sin embargo, debieron reformularse a los fines de dar cuenta de los imperativos y las esperanzas puestos en la revolución como nueva fuente de legitimación política, en la República como nuevo horizonte de expectativas y en el pueblo como nuevo sujeto soberano.

El lugar del rey ––árbitro último de los conflictos, legislador privilegiado y dispensador de cargos–– debió ser ocupado por las nuevas autoridades, pero a la vez restringido. Éstas no estarían destinadas a heredar todas las atribuciones regias. El principio de la división de poderes y la idea de su origen consensual llegaban para impulsar ––más allá de lograrlo–– la construcción de un poder más limitado y con funciones recortadas.

También el cabildo, esa institución plurisecular en la que fue posible anclarse en los momentos de mayor incertidumbre política e institucional, se vio sometido a transformaciones que no sólo implicaron la continuidad de su gravitación colonial: nuevas funciones, una nueva forma de renovación de miembros, más y nuevos funcionarios.

Los nuevos principios exaltados por la revolución, a contrapelo de aquellos tradicionales, impusieron límites reales al ejercicio del poder y nuevos imperativos a los modos de organizar la justicia.

La idea de división de poderes, de derechos y garantías inviolables, de gobierno de las leyes positivas, se tornaron tópicos compartidos respecto a los que, lejos de disentir, las diversas facciones compitieron tempranamente por apropiarse.

La construcción de una justicia mixta, lega y letrada, no es muestra de contradicciones de época o imposibilidades coyunturales, sino que fue una meditada estrategia, con prestigiosos antecedentes, instaurada a los fines de garantizar el acceso a la justicia en espacios diferenciados, con necesidades y recursos desiguales.

La creación de una nueva legalidad fue un desafío que nació con la revolución. En los años veinte la tarea ganó especificidad y ya no sólo se trató de establecer nuevas leyes, sino de redactar códigos y promulgar constituciones, diversos intentos dan cuenta de ello.

Las burocracias, como las culturas jurídicas, no se construyen de la noche a la mañana. Fue la acumulación de estas experiencias la que fue construyendo un “Poder Judicial” que como tal no preexistía.

Finalmente, en lo que respecta a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, establecida por la Convención Nacional reformadora al consagrar el art.91, luego 94 tras la reforma de 1860, quedó redactado: “El Poder Judicial de la será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”.

Con esta aprobación y tras distintos avatares políticos fue recién durante la presidencia de Bartolomé Mitre donde pudo estructurarse definitivamente el Poder Judicial de la Nación a través de la integración en pleno de su máximo Tribunal, ya para ese entonces el texto constitucional había dejado en manos del Poder Legislativo la definición del número de integrantes del alto Tribunal como también el modo de estructurar los tribunales inferiores de la justicia federal.

Se ha sostenido muchas veces que nuestra Corte Suprema a través del control de constitucionalidad que ejerce ––modalidad difusa–– tiene su fuente originaria en la Constitución de los Estados Unidos de América, sin embargo, puede apreciarse en la jurisprudencia del máximo Tribunal argentino que no hubo un servilismo interpretativo, meramente imitativo, sino que ella adoptó un criterio selectivo y pragmático en el seguimiento del modelo norteamericano.

Superada la tensión entre Sarmiento y Alberdi en favor de la concepción historicista del tucumano, quien sostenía el carácter original de nuestra Constitución y señalaba también que seguir la postura propuesta por Sarmiento era falsear la Constitución. Por eso postulaba que las pautas que deben guiar su interpretación han de ser, en ese orden: la historia del país; los antecedentes políticos nacionales; los debates de los Constituyentes; la opinión de los iuspublicistas locales; y el derecho comparado.

Más allá de la tensión y de las tesituras, ni Alberdi ni Sarmiento han sido seguidos fielmente por la Corte Suprema. Sin embargo, la adaptación ha predominado sobre la mera adopción. Los criterios a los que la Corte Suprema acude para seguir o no el modelo son los siguientes: los propósitos del constituyente; la propia historia nacional; la realidad política, social y económica del país; las necesidades del momento; y la existencia de una legislación diferente. En definitiva, el concepto racional-normativo de la constitución ha sido armonizado y amortiguado a través de los distintos precedentes emanados del máximo Tribunal de nuestro país.

 

 

 

Bibliografía

BARNEY, Oscar Cruz, Historia del Derecho Indiano, Tirant lo Blanch, 2012

BIDEGAIN, Carlos María, Cuadernos de Derecho Constitucional, editorial Abeledo Perrot, 1980

FERNANDEZ, Ricardo Andrés, Manual de Historia del Derecho argentino, Delta Editora, 2da. Edición, 2015

GARCIA HAMILTON, José Ignacio, Vida de un ausente, editorial Sudamericana, 1994

HALPERIN DONGHI, Tulio, Letrados y pensadores, el perfilamiento del intelectual hispanoamericano en el siglo XIX, Editorial Emece, 2013

LORENZO, Celso Ramón, Manual de Historia Constitucional Argentina, editorial Juris, 1997

LUNA, Félix, La cultura en tiempo de la Colonia 1536-1810, editado para La Nación, 2003

HAMILTON – JAY – MADISON, El federalista, pág. 338

ROMERO, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, editorial Fondo de Cultura Económica, 1969

SAENZ QUESADA, María, La Argentina, historia del país y de su gente, editorial sudamericana, 2001

SAENZ QUESADA, María, La República dividida 1852-1855, editorial La Bastilla1974

YURMAN, Pablo, Instantes decisivos que marcaron la historia argentina, editorial Imago Mundi, 2018

ZORRAQUIN BECU, Ricardo, Historia del derecho argentino, editorial Perrot, Tomos I y II, 1992


Vila, Carlos

Vila, Carlos

Abogado y docente universitario.

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