Juzgar con perspectiva de género

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Autora: Daniela Ortiz Celoria
Fecha de publicación: 26 Dic, 2019
Temas: Perspectiva de Género, Violencia de Género, Víctima, Mujer

 

Resumen 

El objeto de este trabajo es abordar un doble proceso: el de concientización sobre la problemática que existe en materia de violencia contra las mujeres, y el de investigación sobre las herramientas y protocolos de actuación que tienen en la actualidad los jueces y juezas, a la hora de aplicar perspectiva de género en sus sentencias.  

En primer lugar, partiremos de los conceptos y principios que nos brindaran el marco teórico en el que nos encontramos. Luego, recorreremos los pasos históricos de la violencia contra las mujeres, para así comprender el nacimiento de la sociedad patriarcal que tanto se caracteriza en la actualidad. 

En segundo lugar, abordaremos los instrumentos internacionales más importantes en materia de violencia contra las mujeres, herramientas con las que se ha comprometido la Argentina y España, introduciendo éstas en sus legislaciones internas y cumpliendo con las mandas que allí se imponen. 

Por último, veremos el resultado de esta investigación reflejado en la presentación de una metodología para adoptar decisiones judiciales con perspectiva de género, elaborada para impulsar cambios estructurales y transformadores en políticas e instituciones, buscando que la perspectiva de género sea transversal en el sistema judicial.

 

Abstract

The purpose of this work is to address a double process: raising awareness about the problem that exists in the area of violence against women, and investigating the tools and protocols of action that judges currently have to apply a gender perspective in their sentences.

First, we will start from concepts and principles that the theoretical framework in which we find ourselves gives us. Then we will go through the historical steps of violence against women, in order to understand the birth of the patriarchal society that is so characterized today.

Second, we address the most important international instruments regarding violence against women, tools that Argentina and Spain have committed to, introducing procedures in their internal laws and complying with the mandates imposed there.

Finally, we will see the result of this research reflected in the presentation of a methodology to adopt judicial decisions with a gender perspective, developed to promote structural and transformative changes in policies and institutions, seeking that gender perspective becomes transversal in the judicial system.

 

Introducción

El propósito de esta investigación es dar una visión de lo que se conoce como “perspectiva de género”, inquiriendo en los instrumentos internacionales y en las legislaciones internas de España y Argentina, que contemplan la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer.  

De esta forma, nos proponemos analizar las herramientas, los protocolos de actuación, y los principios rectores con los que cuentan los jueces y jueza de ambos países a la hora de juzgar, proponiendo una metodología para adoptar decisiones judiciales con perspectiva de género. 

La formación en género ya sea para los operadores judiciales, como para los demás empleados del poder Estatal, se encuentra establecido en las leyes internas de ambos Estados. En Argentina contamos con la Ley 27.499 del año 2017, la cual establece obligatoriamente la formación en materia de violencia contra las mujeres a todos los empleados de los tres poderes del Estado argentino. Por su parte, España cuenta con un código de violencia de género Ley 1/2004; donde en su articulado establece la modificación de la Ley orgánica del poder judicial, implementando la formación de los jueces en perspectiva de género. 

El rol del juez es de suma importancia, ya que la aplicación de perspectiva de género, como veremos en este trabajo de investigación, no sólo se requiere a la hora de juzgar, sino que, una vez constatada la existencia de una relación desequilibrada de poder, es importante evaluar la posible adopción de medidas especiales de protección en forma inmediata. 

Por último, entendemos que las herramientas para lograr una sociedad igualitaria entre los hombres y las mujeres son la educación en la sociedad, y la protección de la justicia contra todas las formas violencia contra las mujeres, como así también, la lucha para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Con el presente trabajo se busca la concientización sobre la problemática que existe en materia de violencia contra las mujeres, y la importancia de implementar una metodología para que los responsables de tomar decisiones judiciales juzguen con perspectiva de género.

 

Capítulo I. Perspectiva de género

A. Delimitación conceptual

Para alcanzar una mejor comprensión del presente trabajo, definiremos sus conceptos más relevantes que nos brindarán el marco teórico en el que nos encontramos.

I. La perspectiva de género:

Es aquella comprensión de las condiciones socio-culturales en la construcción de identidades de género, como así también, el reconocer la igualdad de los derechos para las mujeres y para los varones en la sociedad. Esta perspectiva implica identificar las relaciones de poder que existen entre los géneros, que en la mayoría de los casos resulta ser más favorable para los varones, y discriminatorio para las mujeres. 

“La discriminación basada en el género es aquella que se ejerce a partir de la construcción social que asigna determinados atributos socio-culturales a las personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en desigualad social. La discriminación por género tiene su anclaje en antiguos estereotipos culturales y sociales que prescriben y determinan roles y funciones para varones y mujeres. Son estas prácticas discriminatorias las que excluyen y condicionan cotidianamente el acceso de las mujeres a sus derechos” [1]

Estas relaciones han sido constituidas históricamente por las personas, y las mimas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las clases, etnia, edad, preferencia sexual y religión. La perspectiva de género nos permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los llamados estereotipos. 

II. Estereotipos:

A lo largo de la historia las formas de ser de los hombres y las mujeres has sido pensadas desde lugares específicos, es decir estereotipos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estereotipos?, hablamos de imágenes sociales reducidas a clasificar a un grupo de personas. Éstos, pueden referirse a múltiples aspectos de la vida social, el sexo, la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, la religión, entre otros. A modo de ejemplo cuando escuchamos “todas las mujeres son…” o “todos los varones son…” (sensibles, débiles, peleadoras, malos etc.). 

Los estereotipos implican una imagen limitada acerca de cómo son las personas de ese grupo. Hacen a un lado las particularidades, o las individualidades y en su lugar se ubica una caracterización que se supone alcanza a todos los individuos de aquel grupo.

III. La violencia contra la mujer:

En la Argentina contamos con la ley de protección integral de las mujeres, la cual en su artículo 4 reza: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón” [2].

La violencia por la condición de ser mujer varia tantos en sus formas, como en los distintos ámbitos de la sociedad:

a) Violencia de género: El término “violencia de género”, es como frecuentemente se refiere a la violencia ejercida contra la mujer, aunque en realidad, la descripción es más amplia, abarcando diferencias de sexo, raza o credos. El reconocimiento social del maltrato a las mujeres es tan reciente como la expresión “violencia de género”, y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

b) Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar, también llamada violencia familiar o doméstica, es la violencia que se da dentro del grupo social más importante para las personas, por razones de consanguinidad (filiación entre padres/madres e hijos/hijas) o por legalidad (matrimonio). Los integrantes de este grupo social suelen vivir dentro del mismo hogar y comparten la vida cotidiana. 

Este tipo de violencia puede comprender distintas formas de maltrato, como el acoso, la intimidación, golpes e insultos.

c) Violencia machista: Entendemos al machismo como un fenómeno socio-cultural que remarca los valores masculinos por sobre los femeninos. Es decir, la virilidad, el poder de los hombres, la hombría, expresado y exteriorizado con violencia con el fin de instalar la superioridad y el dominio sobre las mujeres.

d) Violencia de control: Hablamos de violencia de control cuando la violencia aparece como fundamento de la dominación del hombre hacia la mujer. Este tipo de violencia tiene como finalidad el sometimiento de la mujer al poder del varón. Sus manifestaciones pueden ser: peticiones de hacer o no hacer por amor a la pareja, como exigencias verbales autoritarias, y si el varón pierde el control éstas pueden terminar en lesiones más graves.

e) Violencia sexual: Es toda conducta qué entrañe amenaza o intimidación que afecte a la integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, tal como las relaciones sexuales no deseadas, la negación a anticonceptivos y protección, entre otras, siempre que dichas acciones no se encuentren tipificadas como delitos en el Código Penal.

f) Violencia física: Toda acción u omisión que produce un daño o menoscabo a la integridad corporal de la mujer, tipificada o no en el Código Penal.

g) Violencia psicológica: Es toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio en el desarrollo integral o la autodeterminación de la mujer, o que ocasione daño emocional, disminuye la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer, como ejerciendo actos en descrédito de la mujer o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes o vejatorios, vigilancia, aislamiento, insultos, el chantaje, degradación ridiculizar, manipular, explotare o amenazar con el alejamiento de los hijos o hijas entre otros.

h) Violencia patrimonial y/o económica: Todo acto u omisión que implique perdida, transformación, negación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes muebles y/e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o del grupo familiar, incluyendo el menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

 

B. Sistemas para abordar la violencia de género desde el derecho penal

Para abordar la violencia de género desde el ámbito del derecho penal, cada estado establece en sus códigos penales el tipo de sistema qué va a utilizar.

I. Sistema género especifico: Este tipo de sistema, aborda la violencia contra las mujeres situando la figura típica del delito penal, sobre aquellos acontecimientos que se dan en un contexto de relación de pareja y/o convivencia. Así, el Código Penal español en su artículo 153 reza “…El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad (…) o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable qué conviva con el autor (…)será castigado con pena de prisión…”. También, el articulo 173 inc. 2 del mismo código refiere “…El Que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quién sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia o sobre los descendientes ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o del conviviente…” [3]. Este sistema toma como figura típica a la relación de pareja y/o de convivencia que exista entre la víctima y su agresor.

II. Sistema agravante genérico: Este tipo de sistema, contiene en el agravante del concepto típico, la relación de pareja y/o convivencia. Así, y a modo de ejemplo podemos ver que el Código Penal español, en su artículo 22. 4 contiene las circunstancias agravantes, y refiere “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad…” [4].

III. Sistema mixto: Es aquel sistema que utiliza en sus códigos penales el sistema género especifico, y el sistema de agravante genérico. Es decir, que en su contenido existen delitos de violencia de género como figura típica, y en otros casos, este delito está en el agravante del delito simple.

Como hemos visto en los conceptos anteriores, la forma de abordar la violencia de género en el código español es el sistema mixto. Es decir, que España contiene es su Código Penal tanto el sistema de género específico como el agravante genérico. Por su parte, la Argentina aplica el sistema del agravante genérico, por cuanto la violencia de género agrava a la figura típica.

 

C. Principios rectores ante los casos de violencia de género

Los principios rectores, son aquellos que debemos tener presentes a la hora de asistir a una mujer que ha vivido una situación de violencia contra su integridad. Todo el proceso que le lleva a una mujer que ha vivido una situación violenta, y que, luego se someterá a un proceso judicial, debe tener un especial cuidado para así evitar la revictimización de las mujeres que han sufrido. Estos principios son:

I. Igualdad: En origen social, étnico, la edad, la orientación sexual, el estado civil, las ideas religiosas o políticas, la condición física o psicológica serán tomados en cuenta únicamente para establecer prioridad en la atención en razón a la especial necesidad o vulnerabilidad, pero nunca constituirán motivos que impidan el acceso a los distintos servicios o indirectamente influyan en la calidad de la atención prestada a las víctimas de violencia contra la mujer.

II. Prevención: Uno de los objetivos más importantes es impedir que las situaciones de violencia se repitan hacia las víctimas en los contextos de convivencia. Otra, es que a nivel social se pueda contribuir y cortar el círculo de la violencia en el que muchas mujeres se hallan sumidas. Y, por último, es importante que los mensajes que se envían desde las instituciones involucradas en la prevención de la violencia contra la mujer contribuyan para evitar las actitudes violentas entre niños, niñas y adolescentes.

III. Privacidad y confidencialidad en la atención: La información que se revele en los procesos de atención a las víctimas considerará la legislación sobre protección de los datos personales y en cualquier caso respetará los derechos a la intimidad y a la protección de la propia imagen de las mujeres.

IV. Asistencia integral y de proximidad: Deberá existir una valoración personalizada que permita determinar las necesidades de cada caso, poniéndose a disposición de las víctimas de violencia contra la mujer todos los recursos, servicios y prestaciones más idóneos y próximos a la víctima.

V. Coordinación y cooperación entre las distintas instituciones involucradas: Deberá existir una coordinación entre los distintos sectores institucionales, es decir, la justicia, la seguridad, servicios de atención social y ámbito educativo. La colaboración entre las instituciones hará que se produzca una toma de conciencia y un compromiso interinstitucional.

VI. Evitar la victimización secundaria: La llamada “revictimización” es una de las patologías o falencias más habituales de los servicios de atención a las víctimas, en la medida en la que las intervenciones de los profesionales pueden ocasionar que la víctima revivas de forma traumática episodios del ciclo violento. La sensibilización y capacitación de los profesionales, en este sentido, es el mejor instrumento para evitar estas situaciones y poder garantizar a las víctimas que sufren las menores molestias posibles al ser atendidas.

VII. Potenciación de la autonomía personal de la mujer: El empoderamiento de las mujeres es un fin en sí mismo en todas las actuaciones en materia de violencia contra la mujer. Les permite a las mujeres que adquieren herramientas psicosociales para afrontar los conflictos de manera más adecuada y que puedan recomponer su autoestima después de los procesos de degradación personal a los que han sido sometidas. 

VIII. Valoración, derivación, y seguimiento en la intervención social: La intervención de las asistentes sociales y de las oficinas de asistencia a la víctima, deben iniciar con el estudio del caso, y acompañar valorando las circunstancias y las opciones como así también la toma de decisiones que se van sucediendo en cada etapa de los procesos judiciales a los que se someterán. El seguimiento que se realiza a las víctimas debe modelarse conforme a su situación, siendo más intenso cuando sus situaciones más graves, desde la entrevista semanal hasta el seguimiento cada dos meses.

IX. Eficacia y celeridad de las actuaciones: Los casos en los que una mujer es víctima de violencia de género requieren de actuaciones inmediatas. Estas actuaciones precisan de una articulación ágil y eficaz de los procedimientos y las respuestas de las instituciones.

X. Especialización: Este implica la capacitación y formación específica y especializada sobre cuestiones de género relacionadas con la igualdad y la no discriminación, como así también los derechos de las mujeres de los distintos colectivos profesionales que intervienen a lo largo de todo el proceso de atención y protección a la mujer víctima de violencia.

 

Capítulo II. Antecedentes históricos e instrumentos internacionales

A. Antecedentes históricos

Desde épocas remotas en la cultura humana se ha manifestado siempre la subordinación de las mujeres respecto de los hombres. Este fenómeno no se ha limitado sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman la histórica y universal violencia de género. 

A pesar de que la violencia hacia la mujer no es un fenómeno nuevo porque tiene un innegable antecedente histórico patriarcal, su reconocimiento, su visualización, y, el paso de ser considerada de una cuestión privada intrafamiliar o un problema social es más reciente. 

En general, la mujer en la antigüedad estaba supeditada al marido y éste podía llegar en el ejercicio de su dominio, incluso a castigarla corporalmente. La violencia contra la mujer era tan común y usual como el matrimonio, y resultaba un efecto de este último la supeditación total de las femeninas respecto de los hombres, rasgos propios de la cultura patriarcal qué tiene raíces muy profundas.

En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una posición de superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la pena sólo se imponía a la mujer. En Roma el pater-familia tenía la autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. Sobre la mujer específicamente tenía la manus como poder, por considerarla inferior, y podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. La mujer que se casara sine manus no tenía parentesco civil ni con el marido ni con los hijos, y la mujer nunca llegaba a tener la patria potestad sobre los hijos en la familia agnaticia romana [5].

La edad media no trabajo diferencias sustanciales, los nobles golpean a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica llegó a ser controlada en Inglaterra, llamándose “regla del dedo pulgar”, referida al derecho del esposo a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su obediencia. También en esta época, en familias de sangre azul, la mujer podía ser utilizada como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados, decisión que se tomaba sin tener en cuenta la opinión de la posible desposada. 

En 1889, en Inglaterra, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a su cónyuge, situación que desafortunadamente en la actualidad no ópera ya que una de cada siente esposas es violada por su pareja, y más del 50 % de las agresiones contra las mujeres son cometidas por hombres con la que estas mantienen o han mantenido una relación amorosa. 

En el siglo XX se aprobaron leyes como el Decreto-ley aprobado por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Irán e Irak, firmado en el año 1990, el cual permite asesinar a las mujeres de la familia si incurren en adulterio o deshonra para lo cual es posible aprenderlas hasta la muerte. Estos datos son los que nos demuestran que, en el curso de la vida de la humanidad, ningún derecho ha sido pisoteado tanto como los de las mujeres. 

Asimismo, en países como la India los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamada Sati, acto que quedaba incluido entre las obligaciones de la esposa. Además, la mujer infecunda era repudiada, al igual que la que gestaba solo hijas mujeres. En Irán y Entropía, el nacimiento de una mujer era una deshonra siendo así un sinónimo de desgracia. 

En efecto, podemos señalar que la violencia de género es uno de los efectos colaterales del sistema patriarcal en el que hemos nacido mujeres y hombres. Los rasgos esenciales de la violencia de género son su carácter sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, asimétrico y antijurídico; debiendo ser necesariamente tratada desde un enfoque multidisciplinario.

 

B. Instrumentos Internacionales  

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en adelante (CCJSM) se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes gubernamentales que formaban la Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La CCJSM forjó una estrecha relación con las organizaciones no gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la Comisión en calidad de observadoras.

Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, defendió con éxito la necesidad de suprimir las referencias a “los hombres” como sinónimo de la humanidad, y logró incorporar un lenguaje inclusivo.

La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres; también fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Además, contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, como el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional del Trabajo (1951), que consagró el principio de igual salario por trabajo igual [6].

Ahora bien, habiendo estudiado los antecedentes históricos, es importante ahora, hacer un breve recorrido que refleje los esfuerzos conjuntos para abordar la problemática social de la violencia contra las mujeres, desde los organismos supranacionales. 

I. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 [7].

En primer lugar, nos situamos en el año 1945, en la carta fundamental de Naciones Unidas se establecía “la fe en los derechos humanos fundamentales (…) y la igualdad de los derechos de hombres y mujeres”. Como sabemos, en el año 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los derechos humanos, en su artículo 1° reza “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados cómo están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. A lo largo de los 30 artículos que componen esta declaración se establecen los derechos fundamentales para todos los seres humanos, sin distinción ni discriminaciones.

II. Convención de los derechos políticos de la mujer del 20 de septiembre de 1952 [8].

La Convención sobre los derechos políticos de la mujer fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas durante el plenario general número 409, el 20 de diciembre de 1952, y fue adoptada el 31 de marzo de 1953. Así, el objeto de esta convención es codificar un estándar básico internacional para los derechos políticos de las mujeres, ya que concluida la 2ª Guerra Mundial había numerosos países que no habían reconocido la libertad política de las mujeres. El preámbulo en la convención reitera los principios establecidos en el artículo 21 de la Declaración Universal de los derechos humanos, donde se establece que todas las personas poseen el derecho a participar en el Gobierno de su país, y de ser designadas en cargos políticos. la Convención sobre los derechos políticos de la mujer protege de manera específica el derecho de la mujer.

III. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 [9].

En los años 60 la preocupación por la desigualdad de género llego a las Naciones Unidas. La importancia histórica que tuvo la declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, resolución de la Asamblea General de la ONU en el año 1979, entrando en vigor en el año 1981; como así también la creación del comité (CEDAW). Esta declaración representa La Carta Magna de los derechos humanos de la mujer y de todas las normas y resoluciones internacionales posteriores. 

En la actualidad han ratificado 162 Estados, pero muchos con reservas importantes. Es de destacar que España ratificó en el año 1984 y ha ratificado también el protocolo facultativo, que impide las reservas y afirma la jurisdicción superior.

En su artículo 1° la declaración reza “A efectos de la presente convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y si civil, o cualquier otra esfera” [10].

IV. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 [11].

En esta declaración de diciembre de 1993 se establece la siguiente definición en su artículo 1° “A los efectos de la presente declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” [12]. 

En su artículo 2do. establecen los actos que pueden considerarse como manifestaciones de violencia de género como la violencia física, la sexual y la psicológica, entre muchas otras:  

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Conforme al presente Tratado, la mujer tiene derecho a la igualdad, el goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

a) El derecho a la vida;

b) El derecho a la igualdad;

c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;

d) El derecho a igual protección ante la ley;

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación;

f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar;

g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;

h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

IV. Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do pará” de 1994 [13].

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Además, propone el mecanismo de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su dignidad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado y su reivindicación dentro de la sociedad.

La convención, en su artículo 1°, entiende por violencia contra las mujeres “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…” [14]. La convención visibiliza 3 ámbitos donde se manifiesta esta violencia: en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro del ámbito de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y aun cuando el agresor ya no viva con la víctima. en la vida pública, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, sacia que ésta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. y la perpetrada o tolerada por el estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

V. Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing de 1995 [15].

Posteriormente, la plataforma de acción de Beijing aprobó su 4ª conferencia mundial de Naciones Unidas sobre la mujer. Ésta resultó ser un avance importante, en relación con las violaciones y las agresiones contra las mujeres durante los conflictos armados, así como la utilización de la violencia contra la mujer como arma de guerra y que sean consideradas crímenes de guerra y juzgados como tales. 

Desde entonces las distintas administraciones de los países que guardan respeto y cuidan las mujeres, siguen las recomendaciones de Beijing y han ido afrontando esta grave problemática social, con la adopción le diversos planes de actuación contra la violencia doméstica y con las modificaciones e incorporaciones legislativas.

“…los Gobiernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,. Reunidos en Beijing en septiembre de 1995, año del cincuentenario de la fundación de las Naciones Unidas, Decididos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad, Reconociendo las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y tomando nota de la diversidad de las mujeres y de sus funciones y circunstancias, haciendo honor a las mujeres que han allanado el camino, e inspirados por la esperanza que reside en la juventud del mundo, Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes en el último decenio, aunque los progresos no han sido homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos, Reconocemos asimismo que esta situación se ha visto agravada por una pobreza cada vez mayor, que afecta a la vida de la mayor parte de la población del mundo y tiene sus orígenes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y convenimos en que esta tarea exige una acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo”.

VI. Tratado de Lisboa de 2007 [16].

El Tratado de Lisboa es aquel que sustituye a la Constitución para Europa tras el fracaso del tratado constitucional de 2004. En el título II sobre los principios democráticos, y específicamente en su artículo 8 establece “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro…” [17]. Además, en sus artículos siguientes realiza un enfoque especial a la igualdad de todos los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, a la igualdad qué debe prevalecer entre mujeres y hombres sin discriminación. 

VII. Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de Estambul de 2011 [18].

El convenio de Estambul o Convención de Estambul es una convención del Consejo de Europa que tiene por objeto la lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica. Si bien fue presentado en Estambul en el año 2011, entró en vigor en Europa el 1º de agosto del 2014 y hasta la fecha ha sido firmado por 46 países y ratificado por 34 países. 

Este instrumento es de carácter vinculante en el ámbito europeo, y está considerado el tratado internacional más completo y de mayor alcance sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

Además, el convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer ya sea física, psicológica y sexual, incluyendo la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada y el acoso. 

El objetivo del presente convenio es proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; contribuir a la eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres y violencia domestica; apoyar y ayudar a las organizaciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

Como todo Tratado vinculante, los Estados partes deberán introducir en sus sistemas jurídicos todos los delitos contemplados en este instrumento. 

VIII. La Carta de la Mujer y el Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 [19].

El compromiso estratégico 2016 – 2019, se basa en la evaluación continua y estratégica del compromiso estratégico 2010 – 2015 Para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Así, para lograr dicha igualdad en todos los ámbitos de la vida, dentro de la Unión Europea como fuera de ella, se requieren esfuerzos por parte de todos los actores. El presente compromiso estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres 2016 – 2019, es un marco de referencia para redoblar los esfuerzos a todos los niveles, tanto europeo como nacional regional y local y que comprobará el pacto europeo para la igualdad de género 2011-2020. 

En su programa acción, la comisión ha reafirmado su compromiso de continuar el trabajo para promover la igualdad entre hombres y mujeres. A tal fin, sigue entrando su política al respecto en las 5 áreas temáticas prioritarias existentes: aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y promoción de la igual independencia económica de las mujeres y hombres; reducir las disparidades entre sexos existentes las retribuciones, los ingresos y las pensiones, para así combatir la pobreza entre las mujeres; promover la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones; combatir la violencia sexista y proteger y apoyar a las víctimas; promover la igualdad entre mujeres hombres y los derechos de las mujeres en todo el mundo.

 

Capítulo III. Derecho Comparado

Para cumplir con las mandas internacionales en materia de violencia de género y violencia doméstica, los Estados parte han incorporado los instrumentos internacionales en sus legislaciones internas, a través de la creación de leyes que protegen los derechos de las mujeres y su integridad física. 

La siguiente estructura comprende una compilación selectiva de la legislación argentina y la legislación española en materia de violencia contra las mujeres, orientada al estudio de las herramientas con las que cuentan los operadores de justicia a la hora de aplicar la ley. 

 

A. Legislación Argentina

En Argentina, la violencia de género es una problemática compleja que se ha instaurado dentro de la sociedad. Entendemos que la violencia por su complejidad no se resuelve sólo con leyes, es necesario una política global qué sin dejar de prestar asistencia a quienes son víctimas de la violencia, conformen una política social que permita a las mujeres vivir en una sociedad sin violencia.

A continuación, veremos las normativas que existen a disposición de los juristas, que enmarcan un protocolo de actuación en miras a la implementación de perspectiva de género a la hora de dictar sentencia:

Normativa constitucional:

  • Constitución Argentina 1994 – artículos 16, 37 y 75 inc. 2, 19, 22 y 23. 

En la Constitución Argentina y en los instrumentos internacionales con igual jerarquía, se encuentran contemplados los derechos de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, de todos los habitantes de la nación. 

Normativa general:

  • Ley 26.485/2009 – Ley de protección Integral a las mujeres.

La ley protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales, tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el desarrollo de políticas sobre la materia como así también el acceso a la justicia y a la asistencia integral de las mujeres que padecen violencia. 

  • Decreto 936/2011- Protección Integral a las mujeres. 

El presente decreto, promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes qué estimule y/o fomenten la explotación sexual, prohíbe toda difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o de sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. 

  • Ley 27499/2017 – Ley Micaela [20].

La ley Micaela, obliga a todos los operadores y operadoras que trabajan en el poder legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial a recibir capacitaciones en materia de violencia de género, violencia doméstica y todo tipo de violencia contra las mujeres:

Artículo 1° – Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Art. 2° – Las personas referidas en el artículo 1° deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones.

Normativa Penal:

  • Ley 25087/1999 – Delitos contra la integridad sexual. Título II Código Penal.

La legislación incorpora la terminología de “integridad sexual”, y se caracteriza por el derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y a la intangibilidad sexual de quienes por ser menores de ciertas edades o incapaces, no puede manifestar válidamente su consentimiento. 

  • Ley 26791/2012 – Artículo 80 del Código Penal. 

Modifica el artículo 80 del Código Penal: Pena de reclusión o prisión perpetua al que matare, con el objeto de contemplar el supuesto de que la víctima sea una mujer o una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, eliminando la posibilidad de reducción de penas a quienes anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. 

  • Ley 27206/2015 – Imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. 

En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 in fine, 130 párrafos 2º y 3º, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por si la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. 

  • Ley 27352/2017Delitos contra la integridad sexual. Artículo 119 del Código Penal. 

La presente ley modifica la redacción del artículo 119 del Código Penal. La norma aclara enfáticamente qué el acceso carnal puede ser por vía anal, por vía vaginal o bucal, y agrega otros conceptos cómo “realizarse otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías” que no son novedosos ya que figuraban en el Código Penal español.

 

B. Legislación Española [21].

En España, la protección de los derechos de las mujeres frente al accionar violento de los hombres constituye una preocupación del legislador que se manifiesta desde el año 1989, donde por primera vez comenzó a castigarse el maltrato intrafamiliar. 

El Consejo General del Poder Judicial de España, creo una guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género. Esta se compone de: Principales instrumentos internacionales, en los ámbitos de Naciones Unidas y europeo, sobre igualdad y violencia contra las mujeres; conferencias internacionales, en el marco de Naciones Unidas; textos de la unión europea; textos del Consejo de Europa y legislación autónoma en materia de igualdad, violencia de género y violencia domestica: 

Normativa constitucional: 

  • Constitución Española 1978: artículos 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25 y 27.

Normativa general: 

  • Ley orgánica 1/2004.

Medidas de protección integral contra la mujer. En este punto se marca la diferencia entre “violencia familiar” y “violencia de género”. En su artículo 1° establece: “La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones se poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia” [22]. 

  • Real Decreto 1452/2005.

Por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de la mujer. 

  • Real Decreto 253/2006, 

Establece las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer.

  • Ley orgánica 3/2007. 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículos 1 al 78 y disposición final 8°.

  • Real Decreto 1618/2007.

Organización y funcionamiento del fondo de garantía de pago y alimentos, artículo 16. 

  • Real Decreto 1917/2008.

Por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. 

  • Real Decreto 95/2009. 

Se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, artículos 1, 2, 4, 5, 7 a 10, 13 a 22, 25 a 27.

  • Real Decreto 263/2011. 

Por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de sanidad, Política social e igualdad, artículos 1 al 3. 

Normativa Penal: 

  • Ley orgánica 10/1995 Código Penal y sus reformas hasta el 2015 (LO 1/2015): 22, 23, 48, 57, 80 a 94, 147 a 153, 169 a 173, 468, 617 y 620. 

Como hemos mencionado en el capítulo I, los delitos que tratan la violencia de género poseen un sistema mixto, fruto de las diversas reformas que ha sufrido el Código Penal español hasta el año 2015.

En consecuencia, entendemos qué tanto para la legislación argentina como para legislación española, la violencia de género es una problemática compleja que se ha instaurado en nuestra sociedad. Es necesario la implementación de políticas qué abarquen a todos los sectores de la sociedad, en miras a proteger a las víctimas de violencia de género y violencia doméstica tanto desde lo psicológico como desde lo físico. Asimismo, la implementación de programas es una estrategia para poder erradicar la violencia de género y la violencia doméstica, creando la concientización en la sociedad de esta problemática.

 

Capítulo IV. Juzgar con perspectiva de género

 

A. Metodología para adoptar decisiones judiciales con una visión de género

La metodología para adoptar decisiones judiciales desde la perspectiva de género, es una herramienta elaborada para impulsar cambios estructurales y transformadores en políticas e instituciones, buscando que la perspectiva de género sea transversal en el sistema judicial.

La aplicación de la metodología permitirá a los jueces y juezas adoptar decisiones judiciales, habiendo incorporado la perspectiva de género en su solución del conflicto, respetado las mandas del derecho internacional y el derecho interno para la protección y defensa de los derechos de las mujeres. 

El objetivo principal es poner a disposición de los juristas, información básica sobre la aplicación de Derechos Humanos y perspectiva de género en el procedimiento de solución de conflictos. Brindar esta herramienta para la aplicación y revisión de la perspectiva de género en la impartición de Justicia, a través del análisis de las soluciones. 

Esto, nos permite identificar la necesidad de la formación y capacitación de los operadores judiciales para promover buenas prácticas en la justicia con una visión de perspectiva de género.  

 

B. Modelo de Metodología

1. Análisis de los hechos: 

La forma en la que se analizan los hechos es importante para el análisis del conflicto. 

a) Identificar de los hechos, las conductas relevantes y los comportamientos que originaron el conflicto. 

b) Circunstancias de Modo tiempo y lugar. 

c) Identificar situaciones de violencia (física, psicológica, verbal, etc.)

d) Evaluar si el conflicto se inserta en una problemática general de violencia de género. 

e) Identificar condiciones de vulnerabilidad por razones de género.

f) Advertir relaciones asimétricas de poder injustificadas por razones de género.

g) Escuchar cuales son los derechos que manifiestan las partes como afectados. 

h) Oír cuales son los intereses que tienen para arribar a la solución del conflicto. 

La información que se obtiene respecto de estos puntos es importante para el análisis del caso.  Asimismo, no debe valorarse el hecho de forma aislada con base a un relato de las partes, sí no que se debe recuperar la historia de vida de las partes tomar en cuenta las características y el contexto general en que se encuentran, como así también el contexto particular.  

La valoración del contexto permite al juez o jueza que conozca cómo influyó la condición de género y otras condiciones o categorías de las partes, en el conflicto. Además, permitirá identificar si se trata de un problema aislado o de una problemática generalizada y estructural.  De eso dependerá las medidas adoptarse y la solución que se dará al caso para reparar los daños sufridos por la víctima.

2. Valoración de la prueba:

El objetivo de valorar la prueba con perspectiva de género es que las mismas sean adecuadas para el fin que pretenden lograr, siendo este determinar si un conflicto tiene o no impacto de género.

a) Evaluar que no se produzcan estereotipos en la valoración. 

b) Tomar en cuenta la asimetría de poder por género entre las partes al valorar las pruebas. 

c) Valorar las pruebas que acreditan la condición de vulnerabilidad en razón de género. 

d) Valoración de las pruebas que daban indicios o acreditaban hechos de violencia fundados en función del género. 

e) Escuchar el relato pormenorizado de la víctima teniendo especialmente en cuenta las valoraciones anteriores. 

Una adecuada recopilación de pruebas detectada con perspectiva de género determinara la calidad de la información que se ha obtenido, y nos brindará un mejor panorama para identificar si nos encontramos en un conflicto por motivos de género.

3. Valoración del riesgo: 

La valoración del riesgo qué situaciones de conflicto en razón de género, es una revisión obligada para los juristas. desde el momento que tienen el coste del conocimiento del caso, durante todo el proceso y hasta que finalice el mismo. 

a) Evaluar detalladamente si con motivo del conflicto existe un verdadero riego para la vida y la integridad de la víctima. 

b) En el caso de detectar un riesgo: dictar medidas de protección de manera urgente.

Una vez evaluado estos puntos, el juzgador debe dictar las medidas de protección pertinentes ya sea para la víctima, o para el victimario en cuyo caso lo considere. 

4. Derechos en conflicto: 

Otro de los momentos en los cuales los jueces y juezas deben aplicar una visión de género, es a la hora de analizar los derechos que se encuentran en conflicto, y los derechos que se ven afectados. De esta manera de logrará determinar el impacto de género que existe en el conflicto. 

a) Oídas las partes determinas cuales son los derechos que se encuentran en conflicto.

b) Identificar la existencia de violación a los derechos humanos, 

c) Verificar si la afectación se vincula con la condición de género de las partes. 

5. Derecho aplicable:

En este punto se revisará el marco normativo que debe aplicarse para la solución del conflicto, con una mirada puesta en la vulnerabilidad que exista, en la asimetría de poder entre las partes, en los derechos vulnerados de la víctima, y en los intereses manifestados por las partes. 

a) Evaluar si la normativa aplicable al caso provoca una violación al derecho de igualdad y no discriminación. 

b) Evaluar si al aplicar la normativa existe un impacto diferenciado de discriminación. 

c) Verificar situaciones de colisión de derechos que deben ser ponderadas. 

Es importante en este punto, tener presente las herramientas normativas de carácter internacional y la legislación interna, instrumentos que establecen protocolos de actuación en materia de violación de los derechos de las mujeres. 

6. Fundamentos de resolución:

La metodología a utilizar para lograr los fundamentos es el modelo de Toulmin. Este modelo, explica desde el punto de vista lógico la estructura a la cual responde un texto argumentativo. Para Toulmin, en una argumentación directa, un sujeto argumentador presenta explícitamente una tesis u opinión y expone una serie de argumentos o razones lógicas que deben desembocar en una conclusión que confirma la tesis propuesta [23].

a) Demostrar en argumentos el impacto de género en el caso. 

b) Utilizar argumentos que combatan la discriminación y la violencia de género. 

c) Aplicar los conceptos y principios de los derechos humanos, y en específico los de violencia contra las mujeres. 

d) Hacer un enfoque en las desigualdades de géneros. 

e) Respaldar decisiones con las herramientas internacionales que protegen los derechos de las mujeres.

7. Medidas de reparación del daño

Las medidas de reparación del daño con perspectiva de género no deben dejar a fuera las violaciones de derechos que hayan afectado a las mujeres. Se debe tener especialmente en cuanta que la medida de reparación busca reparar el menoscabo, pero también reconocer a la víctima íntegramente. 

a) Dictar medidas que busquen la reparación integral y la garantía de no repetición de los daños sufridos. 

b) En caso de dictaminar una condena, que la misma sea proporcional a los daños causados, y a los derechos violados; considerando el impacto de género. 

c) Tener especialmente en cuanta los intereses y las necesidades de la víctima. 

V. Conclusión

Poner fin a la violencia contra las mujeres en el mundo, es responsabilidad de todos los Estados que se han comprometido a eliminar y erradicar todo tipo de violencia y discriminación hacia la mujer. Los pilares de actuación para ello son: la prevención, la protección y la provisión de servicios de justicia; para asegurar que las mujeres podrán vivir libres de la violencia machista. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), es la herramienta más importante para lograr esos objetivos. 

Asimismo, los jueces deben comprometerse a formarse el género, debiendo ser responsables ante un caso de violencia contra una mujer, adoptando todas las medidas necesarias para su protección, y aplicar una visión de género en la solución del conflicto poniendo fin a la impunidad.  

En efecto, los Estados deben asegurar que la justicia sea accesible para las mujeres, brindándoles servicios de asistencia a la víctima, atención especial al momento de realizar las denuncias, incorporando más formación en violencia de género en las comisarías, personal de la salud, trabajadoras sociales y oficinas judiciales. Como así también, comprometerse en la creación de Fiscalías, Defensorías y Tribunales especializados en violencia de género.

Como herramienta para luchar por la igualdad de mujeres y hombres, es importante la inversión en el empoderamiento de las mujeres, en las distintas áreas de sociedad como son: la educación, el trabajo, la participación política y económica. La igualdad entre géneros y la eliminación de la violencia contra las mujeres, deben ser el objetivo principal en miras a un futuro sin violencia, siendo éste un modo de transformar y establecer relaciones entre hombres y mujeres basadas en la armonía y respeto. 

Para concluir, la motivación del presente trabajo fue la Ley Micaela – 27.449/2017 de la República Argentina, la cual obliga a todos los operadores y operadoras que trabajan en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, a recibir capacitaciones en materia de violencia de género, violencia doméstica y todo tipo de violencia contra las mujeres.

 

Notas

[1] INADI, “Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina”, 1a ed., Buenos Aires, 2005.

[2] Ley 26.485, “Ley de protección Integral a las mujeres”, Argentina, 2009.

[3] Código Penal Español, Ed. Tecnos, 2018.

[4] Ibídem. 

[5] Páez Cuba, L.D., Génesis y evolución histórica de la violencia de género, Link:  http://www.eumed.net/rev/cccss/11/ldpc.htm (Consulta: 29/09/2019). 

[6] ONU Mujeres. Link: https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history (Consulta: 3/10/2019).

[7] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Link: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=1003 (Consulta: 4/10/2019).

[8] Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Link: http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/igualdad/sexual/1952-(Consulta: 1/10/2019).

[9] Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Link: https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx (Consulta: 1/10/2019).

[10] Ibídem.

[11] Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Link: en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx (Consulta: 1/10/2019).

[12] Ibídem.

[13] Convención de Belém Do Pará. Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm (Consulta: 1/10/2019).

[14] Ibídem.

[15] Conferencia Mundial de Mujeres. Link: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4654.pdf (Consulta: 1/10/2019).

[16] Tratado de Lisboa. Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT (Consulta: 1/10/2019).

[17] Ibídem.

[18] Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Link: https://rm.coe.int/1680462543 (Consulta: 1/10/2019).

[19] La Carta de la Mujer y el Compromiso estratégico para la igualdad de género.

[20] Ley Micaela. Link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm (Consulta: 10/10/2019).

[21] Chicano Jávega, Enriqueta, Legislación sobre violencia de género, Ed. Aranzandi, Navarra, 2007.

[22] Martínez García, Elena, Código de violencia de género, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2009.

[23] El modelo argumentativo de Toulmin y la educación en ciencias: una revisión argumentada. Link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132015000200004  (Consultado: 11/10/2019).

 

Bibliografía

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– Chicano Jávega, Enriqueta, Legislación sobre violencia de género, Ed. Aranzandi, Navarra, 2007.

– Código Penal Argentino, Ed. Erreius, Argentina, 2019.

– Código Penal Español, Ed. Tecnos, España, 2018. 

– Constitución de la Nación Argentina, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009.

– Garcia de Ghiglino, Silvia y Acquaviva María Alejandra, Protección contra la violencia familiar, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010. 

– INADI, “Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina”, 1a ed., Buenos Aires, 2005.

– Ley 26.485, Ley de protección Integral a las mujeres, Argentina, 2009.

– Martínez García, Elena, Código de violencia de género, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2009. 

– Rilova Salazar, Felipe, La violencia doméstica, Ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 2017.

– Villacampa Estiarte, Carolina, Violencia de género y sistema de justicia penal, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2008. 

– Vallejo Rivas, Pilar, Violencia de género- perspectiva multidisciplinar y práctica forense, Ed. Aranzadi, Navarra, 2014. 


Ortiz Celoria, Daniela

Ortiz Celoria, Daniela

Abogada egresada de la UCES. Especialista en Derecho Penal egresada de la Universidad de Salamanca, España. Prestando funciones actualmente en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Bariloche.

Email: danielaceloria@gmail.com


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