El caso de Lucía Pérez: su relectura a partir del tratamiento de las violencias sexuales desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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Autora: María Belén Dileo
Fecha de publicación: 9 Mar, 2020
Temas: Delitos sexuales; Violencia de género; Derechos Humanos

 

1. Marco teórico.

Dice Kate Millet en “Política Sexual” que el coito no se realiza en el vacío; aunque parece constituir en sí una actividad biológica y física, se halla tan firmemente arraigado en la amplia esfera de las relaciones humanas que se convierte en un microcosmo representativo de las actitudes y valores aprobados por la cultura. En nuestro orden social, apenas se discute y, en casos frecuentes, ni siquiera se reconoce la prioridad natural del macho sobre la hembra. Se ha alcanzado una ingeniosísima forma de colonización interior, más resistente que cualquier tipo de segregación y más uniforme, rigurosa y tenaz que la estratificación de las clases. Aun cuando hoy día resulte casi imperceptible, el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder.

Si bien la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente arraigada que se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, ya se trate de las castas y clases o del feudalismo y la burocracia, y también en las principales religiones, muestra, no obstante, una notable diversidad, tanto histórica como geográfica.

Para hablar de su aspecto ideológico, la citada autora señala que de acuerdo con las observaciones de Hanna Arendt, el gobierno se asienta sobre el poder, que puede estar respaldado por el consenso o impuesto por la violencia. Así, define que la política sexual es objeto de aprobación en virtud de la socialización de ambos sexos de ambos sexos según las normas fundamentales del patriarcado en lo que atañe al temperamento, al papel y a la posición social. El prejuicio de superioridad masculina, que recibe el beneplácito general, garantiza al varón una posición superior en la sociedad; se encuentra garantizada y reforzada por la interdependencia y concatenación entre la posición, que cabría definirse como el componente político; el papel, o componente sociológico, y el temperamento, o componente psicológico.

En orden a los aspectos biológicos Millet propone que aunque se considere la tendencia sexual de los seres humanos un impulso, es preciso señalar que esa importantísima faceta de nuestras vidas que llamamos conducta sexual es el fruto de un aprendizaje que comienza con la temprana socialización del individuo y queda reforzado por las experiencias del adulto. Tanto es así que incluso el acto del coito depende de una larga serie de respuestas adquiridas –respuestas a las actitudes y a los modelos de conducta, así como al objeto de la elección sexual- que nos vienen dictadas desde nuestro medio social.

En cuanto a su matiz sociológico, afirma que el patriarcado gravita sobre la institución de la familia. Ésta resulta ser, a la vez, un espejo de la sociedad y un lazo de unión con ella; en otras palabras, constituye una unidad patriarcal dentro del conjunto del patriarcado. Al hacer de mediadora entre el individuo y la estructura social, la familia suple a las autoridades políticas o de otro tipo en aquellos campos en que resulta insuficiente el control ejercido por éstas. Los papeles que implica son un calco de la sociedad patriarcal, al mismo tiempo que su principal instrumento y uno de sus pilares fundamentales. No sólo induce a sus miembros a adaptarse y amoldarse a la sociedad sino que facilita el gobierno del estado patriarcal, que dirige a la ciudadanía por mediación de los cabezas de familia.

Como el patriarcado supone entre ambos sexos una diferencia innata en lo que atañe a los rasgos de la personalidad, sus instituciones docentes, incluidas las mixtas, aceptan una programación cultural que tiende a establecer una división general entre asignaturas masculinas y femeninas, asignando los estudios de letras y ciertas ciencias sociales a la mujer, y los estudios de ciencias, la tecnología, las profesiones liberales, los negocios y la ingeniería, al hombre. El control en tales campos es en gran medida una cuestión política, ya que el dominio exclusivo que ejercen los varones sobre las profesiones más acreditadas protege los intereses del poder patriarcal en la industria, el gobierno y el ejército.

En lo que resulta punto de partida del análisis que aquí se pretende desarrollar, menciona la falta de costumbre de asociar al patriarcado con la fuerza. Subraya que su sistema socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia. Por lo común, sus brutalidades pasadas nos parecen prácticas exóticas o primitivas, y los actuales extravíos individuales, patológicos o excepcionales, que carecen de significado colectivo. Y, sin embargo, al igual que otras ideologías dominantes, como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente, incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la fuerza, que no sólo constituye una medida de excepcionalidad, sino también un instrumento de intimidación constante.

El análisis histórico demuestra que la mayoría de los patriarcados ha implantado la fuerza por medio de su legislación. Se apoyaba, en esa época, en lo que sería a su entendimiento, una forma indirecta de pena de muerte. Al negarle a la mujer el control biológico de su cuerpo, los sistemas legales de los patriarcados la conducen a los abortos clandestinos, que, según las estimaciones más fiables, originan de dos mil a cinco mil muertes anuales (en Estados Unidos, en la década de 1970).

Si bien la violencia física recibe mayor refuerzo social en ciertas clases y grupos étnicos, cabe afirmar que la fuerza es un componente colectivo de la mayoría de los patriarcados contemporáneos. Ahora bien, constituye un atributo exclusivo del macho, único ser psicológica y técnicamente preparado para consumar un acto de brutalidad. Aun cuando la utilización de armas ha neutralizado las diferencias físicas naturales, la hembra se hace inofensiva gracias a la socialización. Ante un ataque, se encuentra casi totalmente desvalida, como resultado de su educación tanto física como emocional.

La firmeza del patriarcado se asienta también sobre un tipo de violencia de carácter marcadamente sexual, que se materializa plenamente en la violación. En ella, la agresividad, el encono, el desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena adoptan un cariz claramente ilustrativo de lo que es la política sexual.

Señala que las sociedades patriarcales suelen relacionar la crueldad con la sexualidad, que a menudo se equipara tano con el pecado como con el poder. Esta dualidad se manifiesta en las fantasías sexuales citadas por el psicoanálisis y expresadas en la pornografía. De modo invariable se asocia el sadismo con el macho (y el papel masculino) y la postura de víctima con la hembra (y el papel femenino). Sustenta esta posición al ejemplificar que las reacciones emocionales suscitadas en el patriarcado por los actos de violencia cometidos contra la mujer suelen traducir una curiosa ambivalencia: las mujeres azotadas por sus maridos despiertan cierta turbación, y atrocidades como asesinatos en masa pueden suscitar escándalo e indignación, pero también, a otro nivel, una reacción en masa de efervescencia placentera. En tales ocasiones, se llegan incluso a oír algunos comentarios masculinos que denotan envidia o regocijo. Ante la índole sádica de las fantasías públicas que más agradan a las audiencias masculinas en los medios pornográficos o semipornográficos, supone, en las respuestas de dichas audiencias, ciertos grados de identificación. Ambos tipos de agresión representan para el grupo, en un nivel inconsciente, un acto ritual dotado de efectos catárticos.

La mentalidad patriarcal ha forjado todo un conjunto de juicios sobre la mujer, que justifican la imposición de la autoridad masculina. Y tales creencias se hallan tan arraigadas en nuestra conciencia que condicionan nuestra forma de pensar hasta un punto tal que muy pocos de nosotros/as nos disponemos a reconocerlo.

2. Marco normativo internacional.

Nuestro país forma parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ––CEDAW–– [1], la cual goza de jerarquía constitucional y exige a los Estados Parte no sólo que no discriminen, sino que tomen constantes medidas para acelerar la igualdad entre varones y mujeres. El Comité CEDAW, a través de su Recomendación General N° 19 [2] señaló que la discriminación incluye a la violencia por razón de género, que es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que constituye una violación de sus derechos humanos.

Mediante la Recomendación General N° 35 [3] ha precisado su conceptualización, remarcando la inclusión de las niñas y adolescentes y estableciendo directivas de actuación en distintos ámbitos dirigidas a los Estados Partes en tanto responsables de la prevención, protección, enjuiciamiento y castigo, reparación, coordinación, monitorización y recogida de datos.

En el ámbito interamericano, el Estado Argentino forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer – Convención de Belem do Pará- [4], que cuenta jerarquía supra legal y define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado[5], reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y destaca el derecho de éstas a vivir una vida libre de violencia.

3. Jurisprudencia del sistema interamericano y Comité CEDAW.

Las sentencias emanadas de los organismos de Derechos Humanos y de seguimiento de cada convención, dotan de contenido los derechos allí articulados. Ahora bien, lo que resulta un desafío es la puesta en acto de todo este marco normativo, es decir, pasar por el tamiz del derecho internacional las prácticas de cada uno de los actores estatales frente a la violencia de género.

En relación a la conceptualización de la violencia de género, los instrumentos internacionales van mucho más allá de las relaciones interpersonales que se dan en el ámbito doméstico o intrafamiliar, y por ello, han instado a los estados parte a adecuar las legislaciones según estos preceptos [6]. Se trata de textos que permean todo el tejido normativo y la actuación de cualquier agente público, integrantes de cualquiera de los tres poderes del Estado -o cuatro, si hablamos de los Ministerios Públicos- y en todos los niveles en los que el Estado actúa: nacional, provincial y municipal. Le suma complejidad el hecho de que este tejido de obligaciones internacionales se entrecruza con las competencias dispuestas por la Constitución Nacional para cada uno de esos niveles y sus agentes, que no sólo deben observar los estándares previstos en las dos convenciones citadas, ya que los propios organismos internacionales se han preocupado por establecer una interpretación integrativa de los instrumentos de derechos humanos.

En efecto, en “Castro Castro” [7] la Corte IDH ha establecido “[…] en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo de la Convención Americana y fijará sus alcance, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, […] y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, […] ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana”, dotando así de contenido el derecho a la protección de la integridad personal, previsto en el art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos [8].

En el fallo “López Soto”, la Corte señala que “la Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer y en su artículo 7 instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención Americana, tales como los previstos en los artículos 4 y 5. Al respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección y con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias[9].

Esto implica que las obligaciones que el Estado asumió a partir de la Convención de Belém do Pará, refuerzan y complementan las que el Estado ya tenía como parte de la CADH, lo que pone de resalto que ciertas interpretaciones pretendidamente opuestas entre lo establecido por aquellas y el texto de la CADH en términos de garantías procesales son erróneas, ya que resulta un mandato el esfuerzo de integración de la normativa internacional.

Realizar este esfuerzo de integración, lleva a permear todo el tejido normativo así como el quehacer estatal, lo que significa no sólo tomar la definición de la violencia de género y pensar cuáles son las obligaciones del Estado, sino que implica aceptar que la Convención explica la violencia de género en términos contundentes. En este sentido, “… la Corte recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza, o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión y afecta negativamente sus propias bases[10], reconociendo, así que dentro del colectivo de mujeres, algunos grupos que son especialmente vulnerables a la situación de violencia, sobre los que se requiere una actuación diferenciada. Esta calificación de especial vulnerabilidad, se encuentra expresamente reconocida por la Convención [11], por lo que no depende de la opinión de quienes la invocan. Ello lleva a aceptar que la relación de género, que explica la violencia de género, se trata en definitiva de una relación de poder. No perder esto de vista ayuda a entender porque se indican ciertas intervenciones, y se prohíben otras, en particular, aquellas que asumen que las partes están en igualdad. Pues bien, frente a la violencia de género las partes no están en igualdad de condiciones, porque socialmente las mujeres no están en situación de igualdad respecto a los varones. Esta construcción social, que es desigual, cruza a cada mujer, entonces, de manera diferente.

Dentro la jurisprudencia elaborada a partir de dichos instrumentos internacionales, encontramos las interpretaciones respecto de los estereotipos de género. El primero que tenemos es del año 2001 [12] ––sin aplicación de la CBdP–– que demuestra que es posible construir la noción de estereotipos y aplicarla desde la garantía de no discriminación contenida en la CADH, y más expresamente, en la CBdP, vinculada al derecho que tenemos todas las mujeres a una vida libre de violencia.

En tal inteligencia, la Corte IDH sostiene que “el estereotipo de género se refiere a una pre- concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales[13], definiendo así qué son los estereotipos, y cómo éstos pueden ser causa y consecuencia de las situaciones de violencia de género.

Otra fuente jurisprudencial en la materia resulta el Comité CEDAW, que en el caso “Vertido” [14] analiza la actuación estatal del poder judicial frente al caso de una mujer víctima de violación, concluyendo que los estereotipos que la jueza aplica afectan la garantía de un juicio imparcial, e ilustrando cómo los estereotipos se filtran en las respuestas del poder judicial frente a los casos de violencia de género.

En virtud de los artículos 2 f) y 5 a), el Estado parte tiene la obligación de adoptar medidas adecuadas para modificar o abolir no sólo las leyes y normas vigentes, sino también los usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. A este respecto, el Comité pone de relieve que la aplicación de estereotipos afecta el derecho de la mujer a un juicio imparcial y justo, y que el poder judicial debe ejercer cautela para no crear normas inflexibles sobre lo que las mujeres y las niñas deberían ser o lo que deberían haber hecho al encontrarse en una situación de violación basándose únicamente en nociones preconcebidas de lo que define a una víctima de violación o de violencia basada en el género en general”.

Así, “[…] en la evaluación de la credibilidad de la versión de los hechos presentada por la autora habían influido varios estereotipos, puesto que la autora no había mostrado en esta situación el comportamiento esperado de una víctima ideal y racional, o lo que la magistrada consideraba la respuesta racional e ideal de una mujer en una situación de violación, lo cual queda patente en la parte de la sentencia que se cita a continuación: ¿Por qué, pues, no trató de salir del automóvil en el momento en que el acusado debió haber frenado para no estrellarse contra la pared cuando ella agarró el volante? […] ¿Por qué no salió del automóvil ni gritó para pedir ayuda cuando este debió haber desacelerado antes de entrar en el garaje del motel? Cuando fue al baño, ¿por qué no se quedó allí y cerró la puerta con pestillo? ¿Por qué no pidió ayuda a gritos cuando oyó al acusado hablando con otra persona? […] ¿Por qué no salió corriendo del garaje del motel cuando dice que pudo salir corriendo de la habitación porque el acusado seguía en la cama desnudo masturbándose? ¿Por qué accedió a montarse nuevamente en el automóvil del acusado después de que supuestamente la hubiera violado, cuando él no la amenazó ni utilizó la fuerza para obligarla a hacerlo?”.

De otro costado, encontramos antecedentes sobre la utilización de estereotipos vinculados a las líneas de investigación, de hipótesis que no se investigan, o que se inmiscuyen de manera indebida en la vida anterior de la víctima, de sus preferencias sexuales, de sus relaciones personales, etc. En este sentido, “la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Es así que según determinadas pautas internacionales en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género[15].

En esta dirección, las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional explicitan la importancia de no inferir consentimiento por parte de la víctima en casos de violencia sexual. Al respecto, establecen que “el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre”, así como tampoco “podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre” ni “del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual”. Sumado a ello, apuntan que “la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo”, en virtud de lo cual no se “admitirá[n] pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo[16].

En el fallo “Campo Algodonero” [17] la Corte IDH ha establecido que la creación y uso de los estereotipos son una de “las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de las mujeres” y con resultados más graves para las mujeres, como en este caso, cuando los estereotipos de género se reflejan “implícita o explícitamente, en políticas y prácticas particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial”.

También señala que en algunas situaciones de riesgo el Estado debe reforzar sus esfuerzos en la investigación. En la investigación de posibles casos de violencia contra las niñas dispone que “el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que, en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia”. El deber de investigar también tiene alcances adicionales en contextos de violencia, la investigación debe ser profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas, así como de las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer.

Para casos de sospecha de homicidio por razón de género, la Corte IDH establece que la obligación estatal de investigar con la debida diligencia incluye “el deber de ordenar de oficio los exámenes y pericias correspondientes tendientes a verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual o si se produjo algún tipo de violencia sexual”. En resumen, las autoridades a cargo de la investigación deben ser competentes e imparciales y deben asegurar que se inicie “ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyan violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual”.

Parafraseando a la Dra. Liliana Tojo, se entiende que la garantía de la debida diligencia se trata de control de calidad de la respuesta estatal, que no debe aplicarse sólo a las investigaciones penales, sino al cumplimiento de todas las obligaciones del estado, y en los casos de violencia de género, se trata de una debida diligencia reforzada, porque, como ya se mencionara, la violencia de género se trata de una manifestación de relaciones de poder, y como es consecuencia y causa de una situación social, conlleva una actuación reforzada por parte del estado, que debe actuar de una manera especial, diferente, en definitiva, tiene que actuar más [18].

Vale decir, que muchas veces, desde los estados se intenta salvaguardar esta obligación de debida diligencia reforzada a través de legislaciones, o bien, de provisión de servicios. Sin embargo, esto no resulta suficiente. En torno a esto, el Comité CEDAW, en un fallo contra España, ha señalado que si bien “el Estado parte ha adoptado un modelo amplio para hacer frente a la violencia doméstica que incluye legislación, concienciación, educación y capacitación. Sin embargo, […] la voluntad política expresada en el modelo descrito debe contar con el apoyo de agentes estatales que respeten las obligaciones de diligencia debida del Estado parte. Estas obligaciones incluyen la obligación de investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos que puedan haber ocasionado una situación de desprotección de las víctimas. El Comité considera que, en el presente caso, esta obligación no se cumplió[19].

De otra manera, la garantía no se ve satisfecha, el estándar internacional no se encuentra saldado, llevando a los estados parte a incurrir en responsabilidad internacional.

En su Tercer Informe Hemisférico, MESECVI ha señalado que los protocolos de actuación para la atención de casos de violencia contra las mujeres deben establecer líneas para la investigación con perspectiva de género e incorporar los criterios desarrollados por la doctrina internacional para actuar conforme a la debida diligencia en las investigaciones de delitos de violencia contra las mujeres, y que en el marco del deber de debida diligencia se deben establecer procedimientos adecuados para las denuncias y que estas conlleven a una investigación efectiva, que implica acciones y actividades que deben ser llevadas por policías, fiscales y jueces dirigidas a la protección de las víctimas. El incumplimiento por parte de los funcionarios públicos a la normativa sobre violencia contra las mujeres y la falta de actuación conforme a los protocolos, debe acarrear las sanciones correspondientes.

4. Marco normativo nacional.

En nuestro país en el año 2009 se sancionó la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales[20], que incorpora al cuerpo legal argentino los derechos reconocidos a través de los instrumentos internacionales mencionados, y los garantiza junto a aquellos establecidos a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos las Niñas, Niños y Adolescentes, que complementan el plexo normativo en la materia. Así, se define la violencia sexual como “cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres” [21].

A su vez, esta ley define como violencia mediática contra las mujeres a “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres[22], y establece como preceptos rectores de las políticas públicas “la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia” y “el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece[23].

Por último, en relación a los procedimientos judiciales, la citada ley obliga a los organismos del Estado a garantizar a las mujeres la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos [24].

En su artículo primero, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”, y que desde hace años, desde distintos organismos internacionales se viene alertando sobre el sostenido incremento en la región latinoamericana del porcentaje de niñas y adolescentes dentro del total de mujeres que cada año son víctimas de violencias sexuales y femicidios [25].

5. El caso de Lucía Pérez

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal de la ciudad de Mar del Plata, integrado por los jueces Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale, resolvió en el marco de un juicio oral y público absolver por unanimidad a Matías Gabriel Farías, Alejandro Alberto Maciel y Juan Pablo Offidani, los dos primeros imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, de 16 años, y el último imputado por encubrimiento agravado, siendo sólo dos de ellos condenados por el Tribunal por delitos vinculados a la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Se intentará una relectura crítica del mismo desde una perspectiva de género y con apoyo en producción académica feminista, con el fin de evidenciar la absoluta indiferencia exhibida por cada uno de los jueces integrantes del tribunal hacia las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos plantea en relación con la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento de delitos relacionados a las violencias sexuales.

En el caso bajo análisis, la Fiscalía y la particular damnificada sostuvieron que se encontraba acreditado que “el día 8 de octubre de 2016, siendo aproximadamente las 9.00 hs. Farías, junto a Offidani, en la camioneta de éste último, pasaron a buscar a Lucía Pérez Montero de 16 años de edad, en cercanías de su domicilio y la trasladaron hasta el domicilio de la calle Racedo 4825 de esta ciudad en el que moraba Farías y con la finalidad de abusar sexualmente de ella, sabiendo de su condición de adicta a los estupefacientes. Que una vez allí, quedándose a solas Farías con la menor, le suministró cantidades indeterminadas de una sustancia compuesta de clorhidrato de cocaína, así como marihuana, y aprovechándose de su vulnerabilidad (que le impidió consentir libre y plenamente la acción), la accedió carnalmente tanto vía vaginal como anal, existiendo signos de que dicho coito fue brusco o violento en virtud de una serie de lesiones vitales que más tarde fueran constatadas en el cuerpo de la adolescente y de lo que resultó su muerte, a raíz de una asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar que derivaran en una falla cardíaca final. Que seguido a ello aproximadamente a las 15 horas y de manera concomitantemente con la descompensación de la menor, Offidani llegó al lugar a continuar prestando asistencia al autor trasladado el cuerpo de Lucía hasta la sala de primera auxilios de Playa Serena, tras lo cual se retiró del lugar”.

Como se desarrollará a continuación, la decisión cuestionada se encuentra basada en apreciaciones plagadas de estereotipos sexistas y discriminatorios, y como se verá, transformó el juicio oral seguido contra tres varones adultos imputados de femicidio y su encubrimiento, en un juicio sobre la -corta- biografía de Lucía, en lugar de centrarse en el análisis de la conducta de los acusados, en un claro apartamiento de la normativa internacional citada y de la jurisprudencia emanada de los órganos competentes [26].

Entre las motivaciones de la sentencia, al preguntarse el Tribunal si era Lucía una adolescente que podía ser fácilmente sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, se responde que es “innegable que Lucía tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa” ya que “de las conversaciones mencionadas (chats) surge claramente que Lucía tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería”.

Seguidamente, sin relación alguna con el hecho investigado, de la transcripción de chats mantenidos por Lucía con un amigo de su edad, varios meses antes de su muerte, en los que la adolescente relata cómo rechazó a un varón porque le había faltado el respeto, el Tribunal fuerza su razonamiento para abonar la hipótesis de los superpoderes para evitar abusos, violaciones, y en definitiva, su muerte, y concluye que Lucía elegía “voluntariamente” a los hombres con los que tenía relaciones, como si estas elecciones previas, -supuestamente- voluntarias contagiaran el componente del consentimiento a todas sus acciones posteriores.

El Tribunal robustece sus argumentos tomando como evidencia “el grado de autodeterminación que tenía Lucía, ya que le contó a Esteban que había tenido unas malas experiencias (un par de flash feos dijo) cuando había concurrido a la casa de un proveedor de drogas y este sujeto había querido abusar sexualmente de ella, habiéndose negado y vuelto con mal ánimo para su casa”, sosteniendo que “Lucía a pesar de su edad, tenía la capacidad suficiente como para decir no a los avances o propuestas que le habrían formulado sujetos a los que le había comprado droga”.

Con cinismo, concluye el Tribunal que si bien “no está en el ánimo (…) jugar la vida sexual de Lucía, (…) de los chats analizados surge claramente que sus vivencias en ese sentido alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad”.

Ante el cuestionamiento sobre si existió una relación de subordinación entre Lucía y Farías que le hicieran mantener relaciones sexuales no consentidas, el tribunal niega explícitamente la existencia de un “estado de vulnerabilidad dentro de un contexto analizado desde la perspectiva de género, basado en una relación desigual de poder donde la mujer suele ser uno de los grupos más afectados siendo Lucía cosificada para la satisfacción de los deseos sexuales del autor”. Ello, en razón de que, “no era una drogadependiente que echara mano a cualquier recurso para conseguir satisfacer sus deseos y que pagaba por las drogas que consumía”, que “fue acreditado que sólo mantenía relaciones sexuales con quién ella quería” y que “tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o de superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía quien no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años”.

Al adentrarse en el examen de la conducta de uno los imputados, que es, en definitiva, lo que el Tribunal debía analizar, en relación a Farías, el Tribunal sostiene que de los chats puede deducirse que “no demostraban ninguna circunstancia que hiciera presumir la manifestada ultra intención de someter sexualmente a nadie”. A continuación, el magistrado expresa “no voy a negar que Farías demostró un claro interés en salir o verse con Lucía pero ello no lo puedo interpretar más que como una circunstancia normal de la vida y de relaciones de las personas y sin la trascendencia que se le quiere dar” para luego afirmar que “no se advierte a lo largo de esa conversación ningún elemento que hiciera presumir que Farías la hostigaba, amenazaba o se valía de alguna situación de superioridad para lograr someter a Lucía, es más, cuando el imputado le proponía ir a buscarla para verse y ante la evidente decisión de ella de pasar la cita para el otro día (…), Farías le dice que la hiciera corta (que no diera más vueltas) y si quería que se vieran o no y que lo de la plata que le había quedado debiendo lo arreglaban después, que él quería estar junto a ella, tomarse alguna bebida y conocerse un poco más. Debe observarse que, ante la insistencia de Farías, Lucía (…) le dice por qué no nos vemos mañana más tranquilos y ante la respuesta de aquel de no saber si podía ese sábado (seguramente debido a los desplantes anteriores) Lucía le dice de verse el domingo o el lunes porque no tenía clases ni cursaba”.

De esta manera, se le pretende imponer al tipo penal bajo análisis, el abuso sexual agravado seguido de femicidio, una ultra intención exigida en otros tipos penales, como la captación que por ejemplo, existe en el delito de trata con fines de explotación, y como si, sólo premeditadamente el autor hubiera podido decidir abusar de la niña. También se exige que concurran, en un tiempo anterior al hecho en el que la niña resultó muerta, otras conductas adicionales, sancionadas contravencional o penalmente como hostigamientos o amenazas, y se infiere de su ausencia, la inexistencia de una relación enmarcada en la subordinación, la vulnerabilidad o bien, la asimetría de poder entre una adolescente de 16 y un adulto de 23 años.

Además, estas idas y vueltas de Lucía, ¿no podrían leerse como propias de una adolescente, que por un lado ya no se siente niña, que siente rebeldía para quitarse de encima los temores y los roles asignados, y que a su vez duda, que no se encuentra del todo segura, que se encuentra enredada por un adulto al que, a su vez, le debe dinero y le provee sustancias que utiliza recreativamente?

Sin embargo, el Tribunal afirma contundentemente que “fue ella quien manejó los tiempos en que quería encontrarse con Farías, más allá de la insistencia de éste el día anterior”, apoyándose en que el hermano de la joven le había ofrecido acompañarla a efectuar el pago de su deuda a la casa de Farías, pero ella lo rechazó diciéndole que tenía pensado hacerlo rápidamente.

Desde una perspectiva de género que tenga en cuenta un enfoque interseccional,  Lucía era una adolescente de 16 años, miembro una sociedad que presenta una desigualdad de género que, entendida como continuidad, se expresa con un femicidio cada menos de 30 horas, una brecha salarial del 27% al 35 % , y tal como se hace evidente con un tribunal de juicio formado de manera exclusiva por varones, resulta forzado afirmar que no existía una situación de subordinación o vulnerabilidad, a partir de cierto interés de ella, por lo demás, en un varón adulto que apenas conocía, que le había provisto de marihuana y en su último día de vida, de cocaína, que según las constancias no se trataba de su proveedor habitual, y que ella no era una consumidora asidua de cocaína, paco, etc. sino de marihuana, estupefacientes prohibidos por nuestra legislación pero con efectos nada comparables.

Otro mensaje disciplinante se recorta de la siguiente cita: “no existen elementos probatorios que permitan señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad que le imposibilitaran consentir libre y voluntariamente una relación sexual, no habiéndose visto forzada ni física ni moralmente a concurrir a la vivienda de Farías el día en que ocurrió su deceso”. Es entonces, el hecho de concurrir a la casa de un varón, para pagarle una deuda, en primer lugar, y luego, eventualmente quedarse un rato para hablar y conocerse, un acto inicial, una ultraintención, un acuerdo con una posibilidad que no termina de delinearse ni explicitarse, un cheque en blanco sobre el propio cuerpo.

Al analizar sus conductas anteriores y posteriores, subraya que a Farías le había gustado la chica, que había chateado con ella, y que inclusive “compró facturas y una Cindor para compartir con Lucía en su domicilio”, considerando “evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas de cometer un hecho tan aberrante por el que resulta acusado”. Para el caso de la víctima, sí se permite interpretar una intención implícita en sus actos, una pre-conformidad a una propuesta aún no explicitada, pero por el contrario, se infiere la ausencia de un interés abusivo a partir de un comportamiento que no revela más que el propio hecho: comprar una chocolatada “Cindor”.

De esta forma, los integrantes del Tribunal justifican así la decisión de absolver sin dar la más mínima explicación lógica respecto de cuáles son las razones objetivas para así resolver, fuera de aquellas apoyadas en lo que desde el feminismo ha llamado “la mala víctima”. Para garantizar impunidad a los acusados, los jueces, como se ha visto permanentemente a lo largo del análisis de la prueba, realizan juicios de valor prejuiciosos e ilegítimos sobre Lucía.

De este modo, los fundamentos que se exponen en la sentencia no son más que referencias a las comunicaciones privadas de Lucía Pérez, sus experiencias sexuales previas, su condición de regular consumidora de marihuana, el tipo de vínculo con su familia, sus inasistencias escolares o la edad de las personas con las que se vinculó en otros momentos, que son proyectadas de manera prejuiciosa como elementos que prueban la existencia de consentimiento. Asistimos así al discurso que responsabiliza a la víctima. Esta insistencia en culpar a quien es víctima, resurge con vigor y excede la responsabilidad individual o colectiva de quien lo exprese.

Por otro lado, resulta sugestivo que en el momento de decidir el juicio se efectúen consideraciones sobre las deficiencias en el desempeño en que habría incurrido la fiscal María Isabel Sánchez. Esta circunstancia no forma parte del hecho objeto de juicio y, en todo caso, exigía con independencia de estas actuaciones, intervenciones oportunas, menos demagógicas y más dirigidas a romper con los silencios corporativos que suelen poblar la escena del control de desempeño en instituciones como el poder judicial.

En cumplimiento de este mandato de debida diligencia reforzada, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, de la Procuración General de la Nación, ha elaborado el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios), que se trata de una adaptación a la realidad y al contexto jurídico argentinos del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las mujeres violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).

En este sentido, el Protocolo ONU propone la incorporación de un enfoque de género durante todo el proceso penal permite abordar los femicidos no como hecho coyuntural y circunstancial sino como un crimen sistemático cuya investigación requiere de la debida diligencia de las instituciones del Estado. A su vez, señala que investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género permite también examinar el hecho como un crimen de odio, cuyas raíces se cimentan en las condiciones históricas generadas por las prácticas sociales de cada país; ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos individuales, naturalizados o en patologías que usualmente tienden a representar a los agresores como “locos”, “fuera de control” o “celosos”, o a concebir estas muertes como el resultado de “crímenes pasionales”; diferenciar los femicidios de las muertes de mujeres ocurridos en otros contextos; evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga natural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó.

Se indica que las personas intervinientes en las diferentes etapas de la investigación deberán prestar atención a los prejuicios “obvios” acerca de los roles que supuestamente deben cumplir las mujeres y las niñas en las sociedades (ser buena madre, esposa o hija, obedecer a su marido o pareja, vestirse según los cánones de la moral religiosa, no desempeñar actividades masculinas, vestir de manera recatada), ya que por su aparente carácter incuestionable no suelen ser evidentes ni para la justicia ni para la sociedad; y por último, visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales entre hombres y mujeres .

En consonancia con el Protocolo ONU antes citado, el Protocolo elaborado por la UFEM establece como directriz que desde el comienzo de la investigación, se debe sostener la hipótesis de femicidio, aunque en principio pueda parecer un homicidio simple, un suicidio o un accidente. Eventualmente, con el transcurso de la investigación se podrá descartar esta hipótesis, pero no a la inversa. Esta pauta tiene la finalidad de incorporar la perspectiva de género desde el inicio de la investigación y asegurar la detección y conservación de los signos e indicios de violencia de género que puedan estar presentes en la escena del hecho y/ó lugar del hallazgo, la autopsia y otros escenarios que, de otro modo, podrían alterarse o desaparecer por el transcurso del tiempo, añadiéndose que en toda investigación de la muerte violenta de una mujer, se considerará la posibilidad que haya habido una violencia sexual anterior o posterior a la muerte.

Esta parece ser la hipótesis delineada durante la investigación penal preparatoria, y si realmente existen críticas hacia la actividad probatoria llevada adelante por la fiscal del caso, éstas deben ser hechas desde una perspectiva de género conforme los estándares internacionales arriba mencionados, que implica concretamente utilizar los lineamientos esbozados por el Protocolo en cuestión, más allá de que su aplicación no resulte obligatoria para el Tribunal. Lo que se pretende señalar, con esto, es que no se intenta justificar una condena a cualquier costo, ya que en caso de que la actividad probatoria llevada adelante por la acusación no resulte suficiente para probar su teoría del caso más allá de toda duda razonable, corresponderá su absolución.

6. Fallo “La Manada”

El citado fallo puede compararse con la sentencia del caso conocido como “La Manada de Sevilla”, pudiendo observarse denominadores comunes en las prácticas judiciales explicitadas en la sentencia emanada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en la ciudad de Pamplona y el fallo anteriormente citado, puntos de comparación en materia legislativa entre ambos países, y facilitar el análisis acerca del impacto que estos sucesos de violencia sexual tuvieron en los medios masivos de comunicación; ya que como los hechos que rodearon al caso de Lucía Pérez, aquellos que dieron origen a la causa de “La Manada”, y las respectivas actuaciones de los poderes judiciales de ambos estados, causaron gran conmoción en los movimientos de mujeres y disidencias, con repercusiones a nivel nacional e internacional, así como una profusa producción desde los ámbitos académicos más comprometidos con los derechos de las mujeres.

El caso de “La Manada” se trata de cinco varones adultos oriundos de la Ciudad de Sevilla que en el año 2016, en el marco de la celebración de San Fermín, en Pamplona, agredieron sexualmente a una joven de 18 años. El caso adopta el rótulo del nombre elegido por el grupo de los cinco imputados, que junto a otros varones, blancos, de clase media, parte de una fuerza de seguridad dos de ellos, tenían un grupo de WhatsApp con este nombre, en el que compartieron imágenes de la violación grupal, antes, durante y después, así como comentarios jactándose y recibiendo felicitaciones esa hazaña, inclusive alguno un poco más realista atinó a organizar las visitas a la prisión para llevarles tabaco; mensajes que, vale señalar, fueron rechazados como prueba por el tribunal.

Así, pueden observarse repercusiones en dos sentidos antagónicos: uno, del movimiento feminista y de buena parte de la ciudadanía, que salió a las calles para hacer escuchar su reclamo, y que ha plantado bandera dando las discusiones en los medios de comunicación y en cada resquicio que le fue posible, intentando cambiar el eje de la discusión, y que, éste es el otro sentido, tiene sus herramientas en periodistas y parte de la ciudad que tergiversan los hechos y las noticias, cambian palabras, horarios, difunden en las redes el rostro, el nombre, posibles apellidos y domicilio de la víctima, para defender a cinco de sus exponentes.

Desde una perspectiva crítica del derecho, es ostensible que a lo largo del fallo mayoritario, se evita hablar de violencia e intimidación utilizando todo tipo de eufemismos tales como “incomodidad”, “apremio”, “desasosiego” e “inquietud”, banalizando así la experiencia vivida por la joven, como siempre se han banalizado las experiencias de violencias sexuales que hemos vivido las mujeres.

Como señala Encarna Bodelón, el problema que tenemos en primer lugar es que la formulación del Código Penal Español sobre la agresión sexual no es correcta y no está de acuerdo al Convenio de Estambul ratificado por España, que obliga a los estados a que definan las agresiones sexuales como sexo no consentido, sin la necesidad de violencia o intimidación, que deberían ser establecidas como agravantes. De este modo, la legislación española incumple también con las recomendaciones generales efectuadas por el Comité CEDAW ya citadas.

En el juicio, el contrapunto fue entre las acusaciones, formuladas por el Ministerio Fiscal, la acusación particular, y las acusaciones populares, que sostuvieron que los imputados deberían ser condenados por los delitos continuados de agresión sexual (arts. 178, 179 y 180 incs. 1 y 2 CPE), por entender que había existido violencia e intimidación para consumar los hechos; y lo resuelto por el tribunal, que calificó los hechos como constitutivos del delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, es decir, que entiende que no existió violencia ni intimidación hacia la denunciante (art. 181 inc. 3 subtipo 4 CPE).

En realidad, no hubo una discusión técnica legal. Lo que se encuentra en la sentencia es una interpretación judicial mayoritaria donde se cuelan los estereotipos y los prejuicios de género existentes en parte de la sociedad sobre la violencia sexual, en los que se culpabiliza a la víctima desde un principio. Y luego ella, debe demostrar que hizo todo lo posible al punto de poner en peligro su vida para evitar esa situación. Quien está en el banquillo, también, es ella, y esto no sucede con ningún otro tipo de delito. Ello se observa claramente en la única disidencia, que hace diferente valoración de las pruebas y no observa en los videos “cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual entre cinco varones y una mujer (…) y en la que ninguno de ellos (tampoco la mujer) muestra el más mínimo signo de pudor (…) Sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente menor actividad y expresividad en la denunciante (…)”.

En conclusión, se revela que más allá de los incumplimientos de compromisos internacionales por parte del estado español, los operadores jurídicos trabajan sobre norma presunta, y pretendidamente neutrales, pero que no lo son, que tienen detrás una estructura que las sostiene, que es el sistema patriarcal. Estas leyes en general, estos pronunciamientos judiciales en particular, y esta violación grupal, como otras tantas, tienen efecto e impacto no sólo en las víctimas, sino en todas las mujeres y cuerpos feminizados, negando el derecho al ocio, es decir, a salir de fiesta, y volver a casa con vida, y que en el caso de que algo malo suceda, la única posibilidad legítima es no salir con vida de esa situación, porque si no seremos sometidas al escarnio público.

Se trata entonces de un claro ejemplo de los estereotipos sexistas que subsisten en el poder judicial español, pero que, como veremos, no se trata de un fallo aislado, distinto al de otros países.

7. Violencias sexuales y su repercusión.

Desde que se ha reconocido a la dimensión simbólica y la expresión mediática como formas de violencia de género, ha habido conquistas y avances, pero este tipo de casos marcan cuán difícil es el camino para la remoción de los dominios del patriarcado. Por ello, la reinstalación de estos discursos que culpan a la víctima es una oportunidad para reflexionar respecto de cuestiones que suelen quedar opacadas por la violencia del hecho ocurrido y neutralizadas por la provocación discursiva. A través de estos mecanismos, se busca reforzar la idea de que aquellas chicas que asuman lo que en los varones es visto como un atributo valorado positivamente, sean responsabilizadas por ello, por pasar sus días buscando, parafraseando a Lydia Lunch, satisfacción, o peor aún, su satisfacción.

Paralelamente, se configuran escenarios en los que, sin identificación afectiva debido a la ausencia de una “buena víctima”, se presentan límites para la reacción política. Esta reacción, señala Butler, se encuentra asociada al duelo frente a la injusticia o la pérdida insoportable y, en tanto tal, podría conducir a las transformaciones [27].

Sumado a ello, cuando resultan exterminadas por el dispositivo sancionador machista, si no logran superar el estándar de la víctima acorde con las expectativas, serán doblemente lapidadas, primero por sus victimarios, luego por el discurso dominante, que como vemos, se legitima por la justicia y se hace discurso estatal, tras machacar con que la clave del éxito está en la disposición (para los demás) de sus cuerpos, en la misma frenética operación las condena por eso. Este último golpe de domesticación es parte indispensable de esa violencia expresiva y como tal está dirigida a las que escuchan: para que aprendan a ser buenas chicas y vean cuál es el lugar correcto, por dónde circular y por donde no; y si aún las cosas van mal, al menos serán confirmadas como buenas víctimas. Como lapidariamente sentencia Arduino, incluso si mueren, podrán ser víctimas perfectas [28].

De este modo, el entramado de prácticas de sujeción basadas en el género fluctúa entre la invisibilidad de la opresión autoadministrada con la que nos regulamos y esa violencia que se expresa en muertes como estas. La reacción por parte de la corporación judicial, dirigida a responsabilizar a la niña ofrece una música reconocible. A diferencia de otros bienes como el de propiedad -que el Estado defiende como bien jurídico incluso si nosotras como titulares nos opusiéramos a que el robo de lo que nos pertenece sea investigado-, el cuidado del cuerpo femenino es, según se nos enseña desde muy pequeñas, tarea primaria de las mujeres. Ese cuidado está sostenido por un conjunto difuso de represiones, en particular aquellas que son administradas por la vía de la autorregulación y la autocensura basadas en estereotipos, conformándose así una primera malla de dominación hegemónica. Cuando ese tejido no funciona o es desafiado por quienes debieran portarlo, aparece como recurso privilegiado el reflejo de la responsabilizar a la víctima.

Resulta indispensable contextualizar estas muertes violentas de mujeres y niñas no como una excepcionalidad ni desconectadas de otras formas de violencia. No son hechos monstruosos que irrumpen en una realidad que es sacudida por ellos, son consustanciales a los modos de relación dominantes, allí se gestan y están contenidos. Son expresiones extremas de configuraciones sociales y culturales en las que concurren violencias de distinta intensidad, que se mantienen activas mediante pedagogías orientadas a reforzar aquello que la militancia feminista denuncia a lo ancho del mundo: vivimos en sociedades que enseñan a las niñas a no ser violadas en lugar de enseñar a los varones a no ser violadores.

8. Conclusiones.

En primer lugar, dentro de la grilla cognitiva de las y los operadores tenemos que las agresiones por razones de género se encuentran dentro de la categoría de crímenes menores del derecho, ya que estos crímenes contra las mujeres y otras feminidades no son entendidos como un crimen contra un “ciudadano”, es decir, contra alguien que representa al sujeto universal.

En torno a este concepto de ciudadanía, explica Claudia Hasanbegovic que incluye el de “autoestima”, al cual denomina “autoestima ciudadana” y define como la creencia internalizada de “tener derecho a la protección legal y a otros derechos humanos básicos” que deben ser garantizados por el Estado. Sugiere la autora que existe un paralelo entre los impactos de la violencia doméstica (patriarcado privado) y la violencia institucional (patriarcado público) sobre las mujeres, que disminuyen su autoestima, sus creencias respecto a tener derechos en relación con sus parejas y su derecho a recibir de y a reclamar la protección del Estado [29].

Nos podemos preguntar, entonces, qué es lo que impide ver a esa víctima de crímenes por razones de género como un sujeto universal. Permite ilustrar esta cuestión el caso de Campo Algodonero, citado más arriba, que trataba sobre ocho cadáveres de mujeres encontrados en un baldío, en la región de Chihuahua, México, por sus madres-y no por la policía-, quienes comenzaron una larga lucha por la omisión del Estado Mexicano, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga este caso en Santiago de Chile. La Corte, según su fallo mayoritario, no aceptó que la violencia sexual, hasta la muerte, por parte de estas ocho víctimas, fuera un crimen de tortura, según fuera propuesto por la jueza chilena Cecilia Medina Quiroga, quien sí identificó que el crimen de tortura, es un crimen universal, que afecta al sujeto universal, pero, en contraposición, el crimen de la violencia sexual, es eso que, inclusive grandes juristas, no pueden dejar de verlo como un crimen menor, ya que no se lo observa como una agresión a un cuerpo universal, esto es, al sujeto que porta el cuerpo del ciudadano, sino que es un crimen perpetrado contra la sujeta que porta un cuerpo que es “la otra” del ciudadano.

Aunque formalmente esto no es así, porque las y los operadores del derecho somos formadas en la creencia de que estamos llamadas a juzgar problemáticas de la ciudadanía según el principio de igualdad ante la ley. Pero detrás de este concepto de igualdad formal, se encuentran estas diferencias de prestigio, relevancia, importancia, de aquellos cuerpos que iconizan el sujeto universal, cuya relevancia define el interés general y los valores universales, en detrimento de los cuerpos subalternos que no lo iconizan, que son los cuerpos de las mujeres y otras feminidades. Ese crimen menor encuentra así su razón de ser en esa diferencia entre el sujeto universal, en pleno usufructo de las ventajas de la ley, iconizado por un cuerpo de hombre, (pseudo) blanco, letrado, propietario, y pater familias.

En la modernidad es acuñado el concepto de “normalidad” y con ella, vienen sus “anomalías”, sus otredades y términos binarios: la mujer es la otra del hombre, el negro es el otro del blanco, el indio es el otro del colonizador, las personas de sexualidad no normativa son el otro del sujeto heteronormativo. Al entender que las mujeres somos una minoría entre otras posibles, y por ello legítimas, acatamos como “natural” esa posición de minoría y la estructura de la minorización. Para sacar a estos crímenes de dicha categoría menor, debemos desmontar las conceptualizaciones sobre lo que es el sujeto universal, la normalidad, y sus binarismos.

En torno a las conceptualizaciones sobre las minorías, tenemos a las doctrinas garantistas, que elaboran la problemática de la selectividad del sistema penal, en los términos de otredad, cuando se trata de las variables clase y raza, ya que si concurrimos a cualquier cárcel de cualquier sistema penitenciario de nuestro país, las veremos pobladas de personas acusadas de crímenes contra la propiedad, y que son pobres y que son no blancas. Lo que la edifica es un precepto de acción afirmativa; de otra forma, sería suficiente con el principio de igualdad expresado en nuestra Constitución Nacional. Como no existe en los hechos una ciudadanía conformada por iguales, en lo que concierne a la clase y a la raza, se generan estas garantías para defender a aquellos que históricamente no gozan en plenitud de sus derechos.

Esas garantías, esos preceptos de acción afirmativa, vienen a reafirmar a aquellos que por razón de la historia han sido discriminados, que tienen el trazo del papel de los vencidos en la historia de la conquista, la colonización y el genocidio español. Ellos son, entonces, protegidos por el garantismo, porque habitualmente, han sido y son discriminados.

Ahora bien, en el caso de los crímenes de género, la discriminación habitual va en otro sentido: el agresor es el patriarca, el agresor está en la posición de poder, y por esto, es el agresor es el que tiene que ser punido, porque es la víctima la que necesita de la acción afirmativa, pero vemos como, una y otra vez, esto no es comprendido por la justicia en su labor de decir lo que la ley dice.

Si la ley no persuade y no disuade, si no tiene publicidad, si la sociedad no se entera de los fallos y no se entera lo que está pasando en la justicia, carece de eficacia material porque no disuade, como sucede, por ejemplo, con la penalización del aborto ya que nadie es disuadida de interrumpir un embarazo si no desea llevarlo a término. La ley no tiene entonces eficacia simbólica, pero sí empuja a otras conductas, en el ejemplo, empuja a realizarse los abortos en clandestinidad y en condiciones inseguras, que sería la (in)eficacia material.

Una sentencia es de hecho pedagógica, pero si no va de acuerdo a lo que la sociedad espera, si no adquiere publicidad, el abismo entre el hecho jurídico y la vida de la ciudadanía se ensancha.

Lo que vimos en el fallo comentado, tanto el español como el argentino, es la libidinización de las violencias sexuales al centrar la cuestión de la agresión sexual en el agresor y su víctima, observándose una relación idealizada entre un hombre y una mujer.

Esto ya no puede verse así, vimos que la agresión de género es una relación de poder, y el patriarcado es un orden político, entonces toda ley tiene que referirse a este orden político, y a estas relaciones de poder.

El violador busca dominar el cuerpo de la otra, para poder exhibirse hombre, para hacer de su acto de dominación y poderío un espectáculo frente a los ojos de otros hombres, que muchas veces están presentes en el lugar. En lo general, no se trata de un crimen sexual, sino de un crimen mediante la agresión sexual. Es un gozo de ese espectáculo mismo, un gozo auto referido, un guiño hacia esa masculinidad de la corporación masculina, con los valores con los que cuentan las corporaciones: el valor de la lealtad, que ni si quiera es más valiosa que la vida, y el valor de la jerarquía, que lleva a quienes se encuentran en las posiciones últimas, a la necesidad de probar algo continuamente, muchas veces, con actos de crueldad. En este punto, observamos que la justicia también posee los valores de una corporación, no tan alejada, y (demasiado) entrecruzada, con la corporación masculina.

Se señala que el proceso penal es un compromiso tanto con las garantías de las personas acusadas como con la tutela judicial efectiva de las personas que resultan víctimas, y que la abrumadora cantidad de prejuicios ostentados durante el transcurso del juicio y ratificados por los términos de la sentencia analizada, utilizada como ejemplo, hacen de la decisión una imposición arbitraria y reivindicativa de la cultura de la violación. Decisiones de este tipo convierten a los juicios por delitos sexuales o con personas dañadas en razón de género en juicios sobre las víctimas y sus formas de vida, en lugar de procesos justos contra las personas acusadas. Eso no es justicia, es sexismo, es impunidad [30].

 

[1] La CEDAW fue aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 189 países, el 97.9% de los existentes. Entró en vigor en 1981 y fue ratificada en 1985 por el Estado Argentino, que la dotó de jerarquía constitucional con la reforma a la Carta Magna en 1994, mediante el art. 75 inc.22 CN. El órgano de seguimiento es el Comité de la CEDAW, según su Protocolo Facultativo ratificado en 1999.

[2] CEDAW, Recomendación General N° 19. 29/01/1992, pfos. 6 y 7.

[3] CEDAW, Recomendación General N° 35 26/07/2017, pfo. 14 y pfos. 21 y ss.

[4] La Convención de Belén do Pará fue suscripta en el año 1994 y aprobada mediante ley 24.632 en el año 1996. Existen distintos proyectos de ley que tiene como fin otorgarle jerarquía constitucional. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará fue creado en el año 2004. También, como se verá, lo aplican la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH y Corte IDH, respectivamente-.

[5] Art. 1 CBdP.

[6] Art. 2. CBdP: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”.

[7] Corte IDH, Castro Castro, sentencia de 25 de noviembre de 2006, pfo: 276.

[8] CADH. Art. 5. Derecho a la Integridad Personal: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

[9] Corte IDH, López Soto, sentencia 26 de septiembre de 2018, pfo: 131.

[10] Corte IDH, sentencia Espinoza Gonzales, de 20 de noviembre de 2014, pfo: 190.

[11] Art. 9 CBdP: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

[12] Comisión IDH, caso Morales de Sierra Vs. Guatemala, informe N° 4/01 de 19 de enero de 2001. Pfo: 44: “las disposiciones del Código Civil aplican conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de la familia. Los artículos en cuestión crean desequilibrios en la vida familiar, inhiben el rol del hombre respecto del hogar y los hijos y, en tal sentido, privan a éstos de una atención plena y equitativa de ambos padres”.

[13] Corte IDH, sentencia Gutiérrez Hernández, de 24 de agosto de 2017, pfo: 169.

[14] Comité CEDAW, caso Vertido c. Filipinas, decisión de 16 de julio de 2018, pfo: 8.4.

[15] Corte IDH, sentencia Gutiérrez Hernández, de 24 de agosto de 2017, pfo: 170.

[16] Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, nros. 70 y 71. Recuperadas en: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf

[17] Corte IDH, sentencia González y otras, de 16 de noviembre de 2009.

[18] VIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, Mendoza, abril de 2019, Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=WTojci9d_3E&t=9303s.

[19] Comité CEDAW, Caso González Carreño, Comunicación N° 47/2012, Dictámen de 16 de julio de 2012, pfo:9.9.

[20] Ley Nacional 26.485. Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

[21] Art. 5° inc. 3, Ley 26.485.

[22] Art. 6° inc. “f”, Ley 26.485.

[23] Art. 7° incs. “c” y “f”, Ley 26.485.

[24] Art. 16° incs. “f”, “h” e “i”, Ley 26.485.

[25] Recuperado en: https://amnistia.org.ar/los-altos-indices-de-violencia-sexual-contra-ninas-en-america-latina-llaman-la-atencion-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-cidh/

[26] En el fallo “Giroldi”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló la obligatoriedad de seguir los dictados de las sentencias de la Corte IDH, pero es el caso “Mazzeo” donde la CSJN toma las expresiones de la Corte IDH en el caso “Almonacid Arellano vs. Chile” (2006) del control de convencionalidad de oficio y su obligatoriedad al expresar que “es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”

[27] Butler, Judith: “Marcos de guerra. Las vidas lloradas”. Paidós, Barcelona, España: 2009.

[28] Arduino, Ileana: “La mala víctima”. Recuperado en: http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/

[29] Hasanbegovic, Claudia: Respuestas judiciales y otras políticas públicas sobre violencia contra las mujeres. ¿Ineficacia o violencia institucional? Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. UNLP. Año 15 No 48-2018. Anual. Impresa ISSN 0075-7411-Electrónica ISSN 2591-6386

[30] Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP): http://inecip.org/prensa/comunicados/lucia-perez-un-caso-de-injusticia-patriarcal/

BIBLIOGRAFÍA:

  • ANTONY, Carmen: Las muertes violentas de mujeres en América Latina: los femicidios, en Hacia una criminología feminista: violencia, androcentrismo, justicia y derechos humanos. Avellaneda: Undav Ediciones, 2017.
  • BEAUVOIR, Simone de (1949): El segundo sexo, Buenos Aires: Debolsillo, 2011.
  • BUTLER, Judith: “Marcos de guerra. Las vidas lloradas”. Barcelona, España: Paidós, 2009.
  • DAVIS, Angela (1981). Mujeres, raza y clase. Madrid: Ed. Akal, 2016.
  • FALQUET, Jules (2016). Pax Neoliberalia, perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la violencia. Buenos Aires: Madreselva, 2017.
  • FEDERICI, Silvia (2004). El calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.
  • Madrid:Traficantes de sueños, 007.
  • HASANBEGOVIC, Claudia. Respuestas judiciales y otras políticas públicas sobre violencia contra las mujeres. ¿Ineficacia o violencia institucional? Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. UNLP. Año 15/No 48-2018.
  • Impresa ISSN 0075-7411-Electrónica ISSN 2591-6386 MacKINNON, Catharine (1987): Feminismo inmodificado, discursos sobre la vida y el derecho. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014.
  • MILLET, Kate. (1969). Política sexual. Madrid, España: Ediciones Cátedra, 2016.

Referencias Normativas:

  • Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
  • Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.
  • CEDAW, Recomendación General N° 19. 9/01/1992.
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.
  • Convención Americana de Derechos Humanos.
  • Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional.

Jurisprudencia:

  • Causa No 4974 caratulada “FARÍAS, Matías Gabriel, MACIEL, Alejandro Alberto, OFFIDANI, Juan PABLO s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad – abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio- encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente” del Tribunal en lo criminal No 1 de la Ciudad de Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018.
  • Comité CEDAW, Caso González Carreño, Comunicación N° 47/2012, Dictamen de 16 de julio de 2012.
  • Comité CEDAW, caso Vertido c. Filipinas, decisión de 16 de julio de 2018.
  • Corte IDH, Castro Castro, sentencia de 25 de noviembre de 2006.
  • Corte IDH, López Soto, sentencia 26 de septiembre de 2018.
  • Corte IDH, sentencia Espinoza Gonzales, de 20 de noviembre de 2014.
  • Comisión IDH, caso Morales de Sierra Vs. Guatemala, informe N° 4/01 de 19 de enero de 2011.
  • Corte IDH, sentencia Gutiérrez Hernández, de 24 de agosto de 2017.
  • Corte IDH, sentencia Gutiérrez Hernández, de 24 de agosto de 2017.
  • Corte IDH, sentencia González y otras, de 16 de noviembre de 2009.
  • “Giroldi”, Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Material de organismos y medios periodísticos:

  • https://amnistia.org.ar/los-altos-indices-de-violencia-sexual-contra-ninas-en-america-latina-llaman-la-atencion-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-cidh/
  • Arduino, Ileana: “La Mala Víctima”, Revista Anfibia, Recuperado en: http://revistaanfibia.com/ensayo/la-mala-victima/
  • Conferencias de la Dra. Rita Segato y la Dra. Liliana Inés Tojo en las VIII Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, Mendoza, abril de 2019.
  • Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Recuperado en: http://inecip.org/prensa/comunicados/lucia-perez-un-caso-de-injusticia-patriarcal/

Dileo, María Belén

Dileo, María Belén

Abogada con orientación en derecho penal (UBA), feminista, diplomada en Género y Derecho (UBA) y en Género e Igualdad (UAB). Sus ámbitos de trabajo son la asistencia y apoyo técnico en casos de violencia de género y políticas de igualdad.

Email: mariabelendileo@gmail.com


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