¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género?

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Autores: Marcelo López Alfonsín y Luciana Salerno.
Fecha De Publicación: 12 Jul, 2021.
Temas: Perspectiva de género, CEDAW, Ley Micaela, Poder Judicial.

 

“La igualdad real para las mujeres sigue siendo un objetivo a lograr, y es improbable que se consiga a través de la igualdad formal, porque la forma en la que la sociedad está estructurada es el resultado de una historia en la que las mujeres estaban legalmente subordinadas y en la cual se daba por supuesto que su papel natural era prestar servicios sexuales y domésticos (incluyendo la importante tarea social de cuidar a los hijos/as) a cambio de una seguridad económica que implica depender de los hombres[1].”

 

I. Introducción[2]

El objetivo de este trabajo es reflexionar, desde el derecho, sobre el concepto y contenido de la “igualdad de género” a los efectos de comprender qué incidencia tiene en su carácter de derecho humano, tanto para la elaboración de políticas públicas, como también la manera en que impacta de forma transversal en la tarea que llevamos adelante cotidianamente los operadores jurídicos en cualquiera de nuestros ámbitos de actuación.

En este marco, resulta ineludible abordar de forma preliminar ciertos postulados que rodean la noción de “igualdad de género” con el fin de dejar en claro algunas concepciones erróneas y evitar ciertas confusiones que identificamos se presentan frecuentemente a la hora de invocar este precepto normativo.

Consideramos oportuno comenzar por aclarar que cuando se invocan cuestiones de género[3] nos encontramos frente al conjunto de características, actitudes y roles sociales, que de forma cultural e histórica fueron asignadas a las personas en virtud de su sexo[4], cuyo resultado ha sido colocar en una situación de desigualdad estructural e histórica a las mujeres y también a otros sujetos también afectados por desigualdades en virtud del género[5].

Cabe destacar que en la actualidad los problemas para modificar dicha situación de desigualdad no provienen precisamente de la ausencia de un marco normativo protectorio, al que haremos referencia en este trabajo. Por el contrario, pese a los grandes avances que podemos identificar desde el punto de vista legal -que fueron incorporados gracias al protagonismo que adquirió el movimiento de mujeres en la lucha por el reconocimiento de sus derechos- la discriminación contra la mujer persiste en muchos ámbitos públicos y privados, de forma directa o indirecta, en razón de la existencia de estereotipos de género y de prácticas sociales, existiendo hoy en día un universo en el que se resiste y se reproduce el sistema de desigualdad patriarcal[6].

Por último, resta aclarar que este trabajo no busca valorar una ideología por sobre otra, sino invitar a pensar que el derecho es una práctica social discursiva que asigna sentido y que legitima o deslegitima conductas, cuya potencialidad está signada por nuestra práctica cotidiana en tanto operadores e intérpretes. Creemos al respecto que el derecho permite y debe modificar la desigualdad existente y es por ello que el eje central es abordar la importancia de incorporar de forma transversal una perspectiva de género como herramienta jurídica en todos los ámbitos de actuación.

 

II. Aclaraciones preliminares: La igualdad de género no es “una moda” o “una ideología”: es un derecho humano y constituye una política pública actual del estado argentino.

En primer lugar, nos gustaría comenzar por derribar aquellas opiniones o argumentos acerca de que la igualdad de género “está de moda” o es un tema de “novedoso”. Especialmente, resulta verdaderamente llamativo que todavía se haga referencia a la igualdad de género como una ideología; que se confunda este derecho con el feminismo, o que se reduzca a una “cuestión de mujeres”.

Creemos que dichas posturas son aquellas que invisibilizan y pretenden neutralizar una trayectoria de militancia activa en el país y en el mundo del movimiento de mujeres, que no sólo han trascendido las diversas coyunturas políticas, sino que sus conquistas normativas son claras y contundentes a nivel internacional[7] y, además, se han reflejado en nuestro ordenamiento jurídico interno.

Adelantamos que adoptar una “perspectiva de género” implica tener en cuenta que existen estereotipos que acrecientan desigualdades y que debemos erradicar para lograr una sociedad equitativa con base en una cultura de derechos humanos y que “lejos de ser una ideología, constituye una pauta legal que permite analizar el impacto del género en las relaciones, prácticas y legislación, orientada a la igualdad”[8].

Al respecto, creemos que para cumplir con este propósito hay que evitar caer en algunos errores comunes que mencionaremos brevemente: a) identificar la palabra “género”, como una cuestión que involucra únicamente a las mujeres[9]; b) no debe reducirse a un tema cuantitativo: no tiene relevancia por sí solo el análisis la cantidad de mujeres que ocupan cargos públicos o que se encuentran insertas en el mercado laboral de trabajo, la discriminación y la violencia contra la mujer adquieren distintas modalidades directas e indirectas en todo tipo de entornos que ameritan un análisis más complejos, de tipo cualitativo[10]; c) no se trata de buscar un “empate” o la “identidad” entre las mujeres y los varones, la desigualdad estructural demanda otro tipo de medidas que exceden la igualdad formal o material; d) la perspectiva de género no sólo tiene importancia en el ámbito de la violencia doméstica, sino que atraviesa transversalmente diversos ámbitos de actuación, tanto en la esfera pública como en la privada[11].

A partir de lo expuesto, consideramos que quiénes formamos el universo de operadores del derecho debemos prestar atención y colaborar en desterrar este tipo de argumentaciones erróneas y, además, poner en el foco en identificar el impacto del género en las diversas relaciones y estructuras de poder, que se manifiestan a través de normas y prácticas sociales discriminatorias y desiguales.

Particularmente, advertimos entonces que la “igualdad de género” no es una creación reciente sino que, por el contrario, cuenta con fundamento constitucional y convencional en nuestro ordenamiento jurídico hace décadas y se trata de un derecho humano fundamental[12].

En este marco, sin necesidad de realizar un análisis pormenorizado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan de forma general el derecho humano a la igualdad ante la ley y la no discriminación[13], queremos destacar que desde 1985 fue ratificada en nuestro país mediante la Ley 23.179 la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“CEDAW” por sus siglas en inglés). Este tratado internacional, que data del año 1979, es el primer instrumento internacional que incorpora el compromiso para erradicar la discriminación contra la mujer, que confiere derechos a las mujeres por su condición de tales frente al Estado, implicando obligaciones que se refieren a la adopción medidas positivas que permitan enfrentar la discriminación, a través de la aprobación de leyes, políticas y proyectos que avancen en el ejercicio real de los derechos por parte de las mujeres[14].

De este modo, desde entonces y, sobre todo, a partir del año 1994 en que se le otorgó a dicha convención jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, las mujeres pertenecen en nuestro país a una categoría de personas que padece desigualdad estructural, cuestión que reconocida particularmente por los constituyentes de 1994, que impusieron el deber de promover con relación a las mujeres medidas de acción positiva que garanticen su igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional.

A ello cabe agregar que la Convención de Belem Do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer fue suscripta en el año 1994 y nuestro país la ratificó mediante Ley 24.632 en el año 1996. Allí se reconoce expresamente que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres y que la violencia de género constituye una violación de derechos humanos[15].

Por lo expuesto es que podemos hablar de obligaciones en materia de derechos humanos en cabeza del Estado en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, que se basan no sólo en los deberes generales de respeto, protección y garantía de los derechos, sino que además se traducen en obligaciones específicas que imponen al Estado un deber de diligencia reforzado en virtud del contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica existente contra las mujeres[16].

En este contexto y a partir de los compromisos asumidos a nivel internacional es que si hablamos de igualdad de género nos referimos a una política pública del Estado, que actualmente tiene como punto de referencia la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres sancionada en marzo de 2009. Al respecto, cabe aclarar que la ley nacional no sólo se aplica a la violencia intrafamiliar, sino a otras modalidades de violencia contra las mujeres ejercidas en diferentes ámbitos públicos y privados, incluso perpetradas desde el Estado o por sus agentes, siendo el concepto de violencia de gran alcance: violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y mediática[17].

Además, podemos mencionar otras modificaciones normativas de relevancia en la materia de mayor actualidad en el ámbito interno: en el año 2012 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.791 que incorpora al Código Penal el femicidio como figura agravada del delito de homicidio simple[18] y, en el mismo año, la Ley 26.842, que modificó la ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas[19].

Por último, la reciente sanción de la Ley 27.499, también conocida como “Ley Micaela”[20], marca un hito en la materia en el cumplimiento por parte del Estado de los compromisos internacionales asumidos, estableciendo en su artículo 1º “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. El objetivo de esta ley es revertir situaciones de discriminación y violencia hacia la mujer y de deconstruir parámetros patriarcales, al diseñar un sistema de educación y enseñanza para que se reconozcan las desigualdades existentes entre los sexos y, de esta manera, se busca transformar la realidad a través de la información, sensibilización y aprendizaje de las necesidades que la vulnerabilidad de las mujeres reclama[21].

Por lo expuesto, es que concluimos en que la igualdad de género no sólo no es una ideología ni mucho menos una moda, sino que reafirmamos que se trata de una obligación de derechos humanos y de un asunto que nos involucra en distintos ámbitos de actuación y exige una mirada transversal y compleja del impacto de género tanto en las normas como en las relaciones y prácticas sociales.

 

III. El derecho y la perspectiva de género. El contenido del principio de igualdad y no discriminación en la materia.

A. La perspectiva o “análisis de género” en el derecho ¿De qué hablamos?

Consideramos fundamental indagar sobre qué implica entonces adoptar lo que se ha denominado “perspectiva de género”, que nos llevará a examinar el contenido del derecho a la igualdad de género y a identificar qué implica este enfoque desde distintos ámbitos, en la esfera judicial y desde el punto de vista estructural, como guía de políticas públicas.

En primer lugar, cabe tener presente que se entiende por perspectiva de género “… al enfoque teórico de análisis que facilita repensar las construcciones sociales y culturales de la distribución del poder entre mujeres y hombres y que afectan de manera directa e indirecta las formas de relacionarse de las personas en todos los ámbitos, que han derivado en discriminación, falta de equidad, poco acceso a oportunidades y al desarrollo, así como poco conocimiento de sus derechos”[22].

Por su parte, Alda Facio explica que realizar una perspectiva de género significa: “… primero, tener conciencia de que las mujeres, por su sexo, ocupan un lugar subordinado en nuestra sociedad y que el hombre/varón, por su sexo, ocupa un lugar privilegiado, y que esa pertenencia a un grupo subordinado o privilegiado es socialmente importante y debe en todo momento tomarse en cuenta”[23].

En esta misma línea, Soledad Deza expresa que la perspectiva de género “… es una herramienta para analizar los problemas que involucran a varones y mujeres, incluidos los de tipo jurídico, identificando los factores sociales y culturales que establecen diferencias entre personas de distinto sexo justificando la desigualdad. Asimismo, el análisis de género permite evidenciar que social y culturalmente a varones y mujeres se les ha adjudicado de manera asimétrica roles y atributos que han impactado con desigualdad en la sociedad, generando tratos más desventajosos y lugares vacíos de poder para las mujeres[24].

En esta línea, en el proyecto de Ley Modelo sobre Equipo Judicial Especializado de Violencia de Género se entiende por perspectiva de género una visión más amplia que incluye “… la consideración a lo largo de todo el proceso de las circunstancias culturales, económicas y sociopolíticas estructurales de desigualdad que afectan a las personas en virtud de su identidad sexo-genérica (mujeres y personas lesbianas gays, bisexuales y trans entre otras/os) y los efectos diferenciales que las normas, las prácticas y los fenómenos sociales tienen sobre ellas”[25].

Cabe destacar entonces la importancia de la perspectiva de género o “análisis de género” como una herramienta esencial para eliminar desigualdades: es una categoría de análisis que sostiene que las diferencias entre varones y mujeres se explican a partir de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir de su sexo biológico”[26].

B. El contenido del principio de igualdad y no discriminación en la perspectiva de género.

A los efectos de comprender los requerimientos particulares de la igualdad de género es preciso aproximarse a ella a partir de una mirada integral desde su concepción formal y estructural y, en estos términos, debemos entender que el concepto de igualdad puede entenderse en dos dimensiones: como principio y como derecho humano.

Por un lado, como principio, fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico de origen nacional e internacional y a los actos que derivan de él: esta dimensión implica que la igualdad debe utilizarse como una guía hermenéutica en la elaboración y aplicación del derecho[27]. Asimismo, en tanto derecho humano, la igualdad constituye una herramienta subjetiva para acceder a la justicia, es decir, otorga titularidad a las personas para reclamar, por diversas vías, la realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los derechos[28]. Es decir, que tanto como principio y como derecho, la igualdad en líneas generales implica una obligación a cargo del Estado, derivada de un mandato constitucional y convencional que condiciona y sustenta todos sus actos.

Al respecto, cabe destacar que si hablamos del concepto de igualdad como no subordinación o de “discriminación estructural”, nos referimos a una noción que incorpora datos históricos y sociales que explican desigualdades de derecho (de jure) o de hecho (de facto), como resultado de una situación de exclusión social o de sometimiento de grupos vulnerables por otros, en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias[29].

En esta línea, cabe tener presente que el Comité DESC ha dicho que: “Las garantías de no discriminación e igualdad en los instrumentos internacionales de derechos humanos prevén la igualdad tanto de acto como de jure. La igualdad de jure (o formal) y de facto (o sustantiva) son conceptos diferentes pero conectados entre sí. La igualdad formal presupone que se logra a igualdad si las normas jurídicas o de otra naturaleza tratan a varones y mujeres de una manera neutra. Por su parte, la igualdad sustantiva se ocupa de los efectos de las normas jurídicas y otras y de la práctica y trata de conseguir no que mantengan, sino que alivien la situación desfavorable de suyo que sufren ciertos grupos”[30].

Cobra relevancia tener presente que el referido órgano de vigilancia remarcó que: “La igualdad sustantiva de hombres y mujeres no se logrará sólo con la promulgación de leyes o la adopción de principios que sean a primera vista indiferentes al género (…) los Estados Partes deben tener en cuenta que las leyes, los principios y la práctica pueden dejar a un lado la desigualdad entre hombres y mujeres o incluso perpetuarla, si no tienen en cuenta las desigualdades económicas, sociales y culturales existentes, en especial las que sufren las mujeres” [31].       

Particularmente, el Comité de la CEDAW considera que: “la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al hombre. También deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y varones para equilibrar las diferencias (…) un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre”[32].

A partir de lo expuesto es que podemos afirmar que no es posible hablar del contenido de la igualdad si no hacemos referencia al principio de no discriminación en tanto se corresponden mutuamente, son como las dos caras de una misma institución: la igualdad es la cara positiva de la no discriminación, la discriminación es la cara negativa de la igualdad[33].

Particularmente, se ha definido entonces que constituye discriminación contra la mujer “… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera”[34].

Particularmente, cobra relevancia que en materia de género debemos tener presente particularmente las manifestaciones de la discriminación. Cabe destacar que la CEDAW se enfoca en un concepto de igualdad sustantiva y especifica que la discriminación puede presentarse de forma directa[35] o indirecta, por cualquier distinción, exclusión o restricción que tienen la intención de discriminar así como aquellos que, aunque no tuvieran la intensión, el resultado de los mismos genera una discriminación, ya que la aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla[36].

En el caso particular de la igualdad de género cabe tener presente que existe una naturalización y aceptación de características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres o los llamados “estereotipos de género” que legitiman, perpetúan e invisibilizan tratos diferenciados ilegítimos y discriminatorios[37]. Cabe destacar que si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles invisivilizados, en cuanto a su relevancia y aportación y, jerárquicamente considerados inferiores a los de los hombres. En este universo es que adquieren protagonismo los roles de género asociados a esos estereotipos, que también responden a construcciones culturales adquiridas a través de la socialización[38].

A partir de lo expuesto es que cabe destacar que “… ser un operador jurídico importa el dominio de un saber que da poder, y que marca simbólicamente pero con efectos terriblemente reales la distinción entre existir o no existir como sujeto[39].

A partir de lo expuesto es que como operadores del derecho tenemos que situarnos más que del lado de la igualdad formal, de la perspectiva de la desigualdad estructural y contar con las herramientas necesarias para conocer y reconocer los estereotipos de género que se esconden en leyes, prácticas o conductas, sobre todo cuando buscando ser neutrales avalan, reproducen, consolidan y perpetúan a discriminación y violentan el mandato constitucional y convencional de actuar conforme a la igualdad sustantiva de género.

C. La mirada de género desde el sistema de administración de la justicia

Sobre este aspecto, corresponde recordar que incorporar la perspectiva de género en la función judicial responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder, es decir que implica “hacer realidad el derecho a la igualdad en la práctica”[40].

Al respecto, Marcela Lagarde explica que la cultura social tarda más tiempo en elaborar los cambios sociales que se viven, y por eso los operadores del Derecho en líneas generales siguen considerando que las mujeres deben observar determinados comportamientos, aunque formalmente, la norma jurídica no los exija[41].

En esta línea, debemos advertir entonces que si en una sentencia sólo se refieren conceptos y definiciones atinentes al enfoque de género, pero sin aplicarlos en sus contextos y sin hacerlos jugar en el análisis crítico del caso litigioso que se le presenta para resolución, no habrá en su decisión una re-distribución de poder, sino en el mejor de los casos un pronunciamiento que denota conocimiento teórico de la problemática y se queda a mitad de camino sin intervenir esa realidad de desigualdad estructural[42].

De este modo, el contexto de desigualdad de las mujeres en el que se produce la vulneración debe formar parte del razonamiento jurídico y de la argumentación jurisdiccional con el objetivo de obtener pronunciamientos más justos[43]. Como expusimos, los estereotipos de género son la base de la discriminación contra las mujeres y su presencia en los sistemas de justicia tiene consecuencias perjudiciales para los derechos de las mujeres, particularmente para las víctimas y sobrevivientes de diferentes formas de violencia, pudiendo impedir el acceso a una tutela judicial efectiva.

En este orden de ideas, deviene necesario recordar que la necesidad de juzgar con perspectiva de género no se limita a la violencia intrafamiliar o al femicidio, sino que la mirada debe ser transversal y atraviesa todas las áreas del derecho por ser estructural la situación de desigualdad de las mujeres.

Particularmente, corresponde destacar que el análisis de género en el ámbito judicial debe estar presente: a) en la tramitación del procedimiento: a través de medidas de protección jurisdiccional que tienden a garantizar la efectiva tutela de las mujeres; b) en la valoración de la prueba: por ejemplo, en la inversión de la carga de la prueba de la discriminación y en la apreciación de la declaración de la víctima; c) en la aplicación de las normas sustantivas específicamente dirigidas a la mayor efectividad de la igualdad de trato y oportunidades, prohibición de discriminación directa e indirecta, medidas de acción positiva y de protección frente a la violencia de género[44].

Por ejemplo, la CSJN se ha pronunciado específicamente sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación en el acceso al empleo por razones de género en el caso “Sisnero”, en el que se ha reconocido la situación de desigualdad estructural en que se encuentran las mujeres, configurándose una “categoría sospecha de discriminación” y por ende, exigiendo a los jueces la realización de un “escrutinio estricto” de la conducta o acto que se invoca como discriminatorio[45]. Cabe agregar en esta línea que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30% de la planta, y reconoció que hubo “discriminación de género” contra aquellas que buscaron trabajo como choferes[46].

Por su parte, resulta de relevancia tener presente, la perspectiva de género en el ya citado caso “Campo Algodonero”, en el que la Corte IDH realizó una reconstrucción y análisis del contexto en el que se produce la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez a partir de tener en cuenta la dimensión de la desigualdad estructural y de identificar los estereotipos negativos que manejó la policía cuando decidió no investigar las denuncias por desaparición[47].

Por lo expuesto, es que los aparatos judiciales deben ser modernizados a través de la capacitación en la temática para remover las dificultades que se presentan en el acceso efectivo de la mujer a la justicia[48] y, es por ello que la sanción de la Ley Micaela marcará un gran paso en este camino.

D. Una mirada transversal en las políticas públicas o “gender mainstreaming”

Resta enfocarse en que la igualdad de género debe dirimirse también a través de políticas públicas y no únicamente en las respuestas del Poder Judicial.

Sobre este aspecto, cobra relevancia traer a consideración que en la Conferencia de la ONU de Beijing de 1995 se elaboró el concepto de gender mainstreaming o “transversalidad de la perspectiva de género” con el objetivo de incorporar el género a las instituciones y a las políticas públicas. Como enfoque transformador integral, el gender mainstreaming busca producir cambios en dos sentidos: incrementar el número de instituciones involucradas en la búsqueda de la igualdad de género y aceptar la existencia de una dimensión de género en la sociedad y las políticas públicas y que, al mismo tiempo, coadyuva a implementar medidas para corregir las desigualdades[49].

En este marco, más allá de la existencia de numerosas interpretaciones, se coincide en que el gender mainstreaming implica una ampliación de las políticas de igualdad de oportunidades, que supone salir del aislamiento de las políticas focalizadas y extender el enfoque a todos los campos de la política hasta abarcar a todos los actores del Estado (y no solo a las oficinas especializadas en las mujeres) y es por eso que constituye una política transversal[50].

Así las cosas, la institucionalización del derecho a la igualdad de género demanda del diseño de políticas y de estrategias tendientes a transversalizar la perspectiva de género como herramienta teórico-metodológica que permite identificar mecanismos o dispositivos económicos, sociales e institucionales que sustentan la subordinación de mujeres a hombres[51]. Por ejemplo, podemos pensar en reformas políticas en materia de licencias laborales con respecto a la maternidad y paternidad, pensar en las leyes de cupo femenino[52], entre otras medidas positivas tendientes a eliminar la desigualdad.

A partir de lo expuesto es que se debe reafirmar que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos generan un compromiso para los Estados de incorporar progresivamente la perspectiva de género al funcionamiento institucional y, como se expuso, es fundamental que la capacitación planteada por la Ley 27.499 incorpore el enfoque gender mainstreaming, para diseñar políticas que transformen las estructuras existentes y, consecuentemente, se produzca la efectiva erradicación de la violencia de género[53].

E. Obligaciones de progresividad y no regresividad: ni un paso atrás en la lucha por la igualdad de género

Por último, consideramos relevante tener presente que en la mirada transversal que exige adoptar una perspectiva de género en el ámbito de las políticas públicas, no podemos dejar de mencionar en particular las obligaciones de progresividad y no regresividad que se desprenden de las obligaciones de derechos humanos[54] que evidentemente también resultan aplicables a erradicar, eliminar y sancionar la discriminación y violencia contra la mujer.

Al respecto, en relación con la aplicación del enfoque multidimensional en cuestiones de género, la CIDH advierte la estrecha relación entre la violencia de género y la falta de acceso a los derechos sociales, económicos y culturales: “… aunque la pobreza afecta a todas las personas, su impacto es diferente para las mujeres dada su situación de discriminación social y la existencia de cargas adicionales, tales como las funciones familiares, lo cual limita sus posibilidades de acceder a los recursos económicos necesarios para su subsistencia, y la de sus familias. Asimismo, las desigualdades y limitaciones en el acceso y control de recursos económicos por parte de las mujeres contribuye a su baja participación en esferas vitales para sus derechos humanos” [55].

Cabe recordar que de la obligación de progresividad se han derivado obligaciones estatales concretas y exigibles, de protección especial y prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, en el que se encuentran las mujeres, y, en particular, debemos destacar el deber estatal de adecuar los marcos legales y las prácticas internas a las obligaciones contraídas internacionalmente y revisar la normativa interna y desterrar aquellas leyes o normas que sean discriminatorias en el acceso a derechos[56].

Particularmente, cabe tener presente que la existencia de patrones socioculturales sexistas que reproducen prejuicios y prácticas discriminatorias basados en la idea de la inferioridad de la mujer y la desigualdad se profundizan cuando se cruza con otras causales de vulnerabilidad debidas a factores tales como la edad, la etnia, la discapacidad o la condición socioeconómica.

En este marco, hablar de igualdad de género en el goce de los DESC nos plantea el desafío de hacer una mirada crítica a los sistemas democráticos en el contexto de la globalización en los que persisten desigualdades, exclusiones y discriminaciones que mantienen un impacto diferencial y desproporcionado sobre las mujeres y sobre todo persisten las brechas salariales importantes entre varones y mujeres en la inserción laboral, invisibilización de la contribución económica y social del trabajo no remunerado que desarrollan las mujeres en el ámbito doméstico y en favor de la comunidad así como la inequidad en la distribución de responsabilidades en dichos ámbitos, además de tener presente que algunos grupos de mujeres se enfrentan a modalidades complejas de discriminación y es por ello que no puede generarse una igualdad de género “para pocas o para una elite”[57].

 

IV. Conclusiones: el compromiso y la obligación de los operadores jurídicos en la adopción de una perspectiva de género transversal y multidimensional con foco en la desigualdad estructural e histórica de las mujeres

A lo largo de este trabajo analizamos en profundidad los distintos alcances y dimensiones que abarca el derecho a la igualdad de género, a partir de tener presente que no se trata de una ideología ni “una moda”, sino que hablamos de un derecho humano cuyo mandato jurídico resulta vinculante para todos los poderes del Estado y por ello nos interpela particularmente a los operadores del derecho.

Al respecto, cabe tener presente que en el análisis del plano estrictamente normativo del sistema jurídico argentino muy probablemente nos lleve a concluir que desde hace décadas no pueda ser ya jurídicamente admisible en Argentina la existencia de diferenciaciones en virtud del sexo que, por su irracionabilidad, resultan discriminatorias. Sin embargo, lo cierto es que persisten formas de exclusión, discriminación y violencias en lo económico, político y cultural, tanto en el ámbito público y privado, que limitan la efectiva aplicación de las leyes que garantizan la igualdad de género.

En este sentido, como ocurre en tantos otros planos, las prácticas sociales violan sistemáticamente lo que establecen las leyes o, simplemente, no toman debida cuenta de ellas[58]. En esta línea, Ferrajoli expresa que ningún mecanismo jurídico puede por sí solo garantizar la igualdad de hecho entre los sexos: la igualdad es siempre una utopía jurídica, que continuará siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales que siempre sustentan el dominio masculino[59].

Estamos convencidos de que la igualdad de género excede un abordaje meramente jurídico, ya que están involucrados patrones socioculturales difíciles de erradicar que deben ser modificados tanto a través de un enfoque de género en las respuestas del sistema de administración de justicia, como en el ámbito de las políticas públicas.

En este orden de ideas, aún persiste un desafío después del camino recorrido entre “igualdad formal” e “igualdad real”, es decir entre la existencia de los derechos y su reconocimiento, exigibilidad y efectivo goce”[60]. No basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación, si a la hora de aplicarlas se ignora tanto la perspectiva de género como otras vulnerabilidades o se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso, cuando desde el derecho podemos aportar mecanismos que tiendan a lograr soluciones en favor de la igualdad[61].

A partir de estas consideraciones generales, resulta oportuno repasar aquellas pautas concretas a tener en cuenta a la hora de realizar un “análisis de género” por parte de quienes somos intérpretes u operadores del derecho.

En primer lugar, poner en dudas la “neutralidad” del derecho y tener presente las relaciones de poder establecidas en virtud del sistema patriarcal y la discriminación histórica de la mujer en ciertos ámbitos[62]. En particular, no hay que dejar de lado los diversos estereotipos de género, y la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género o preferencia de orientación sexual, y las consecuentes diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación. Asimismo, un análisis más complejo implicará tener en cuenta las diversas formas de vulnerabilidad que puedan afectar a una mujer a la vez: raza, religión, edad, creencias políticas, condición socioeconómica, entre otros.

A modo de conclusión creemos que al incorporar una perspectiva de género resulta necesario también erradicar una ideología ya existente que conforma una normatividad propia y ha colocado a la mujer en una situación de desigualdad estructural. Creemos al respecto en la labor de sensibilización, concientización y capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres y es por ello que tenemos un gran trabajo por delante en esta problemática tan vasta grave y estructural por ser el derecho una autoridad legítima de formación simbólica, de la que depende la efectividad de los derechos de las mujeres.

 

Publicado originalmente en: Ivanega, Miriam (Dir.), “Igualdad y Género”, Editorial La Ley, 1ra. edición, Buenos Aires, 2019 

 

V. Referencias

[1] Moller Okin, Susan, “Desigualdad de género y diferencias culturales”, en Castells, Carme (Coord.), Perspectivas feministas en teoría política, Editorial Paidós, España, 1996, pág. 185.

[2] Aclaraciones necesarias: La inclusión de lenguaje no discriminatorio es presupuesto básico de este trabajo, aunque no se haga uso de recursos como la “x”, la “e”, “os/as” para agilidad en la lectura y se acude a figuras neutras en la medida de lo posible.

[3] Cabe tener presente que el concepto de género se encuentra en permanente revisión y crítica por cuanto “… implica una mirada sobre lo social nutrida de categorías producidas en el seno de los movimientos sociales y de los espacios de producción de conocimiento. Así, se disputan los sentidos políticos y académicos de diversas nociones relevantes y también las modalidades de intervención sobre distintos problemas sociales” en Moreno, Aluminé y Rossi, Felicitas, “Políticas Públicas Con Perspectiva De Género: Una Promesa Incumplida” en Azrak, Damián (Coordinador) y AAVV, Pensar la Ciudad Comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad, la autonomía personal y los derechos sociales, 1a ed., Buenos Aires, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.

[4] Faur, Eleonora, Desafíos para la igualdad de género en la Argentina, 1a ed., Buenos Aires, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2008.

[5] Moreno, Aluminé y Rossi, Felicitas, “Políticas Públicas Con Perspectiva De Género: Una Promesa Incumplida”, ob. cit., pág. 729.

[6] Facio, Alda y Fries, Lorena, “Feminismo, Género y Patriarcado”, en Academia, Revista sobre Enseñanza del Derecho de Buenos Aires, Año 3, Número 6, 2005, págs. 259-294.

[7] Vargas Valente, Virginia, Feminismos en América Latina. Su aporte a la política y a la democracia, Lima, 2008. En este marco, podemos mencionar la enorme adhesión al último Paro Internacional de Mujeres (“8M”) en diversas partes del mundo. Disponible en: http://parodemujeres.com/news-actualidades/

[8] YUBA, Gabriela, “Perspectiva de género: alcances e implicancias en materia de derechos humanos”, elDial.com, DC23BB.

[9] El Comité de la CEDAW, establece que: “El género se define como los significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos. Es un producto ideológico y cultural, aunque también se reproduce en el ámbito de las prácticas físicas; a su vez, influye en los resultados de tales prácticas. Afecta a la distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de decisiones y el poder político, y el disfrute de los derechos dentro de la familia y en la vida pública. Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de género en todo el mundo entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la mujer como característica profunda. Así pues, el género produce estratos sociales y, en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de estratos como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de la identidad de las personas según su género y la estructura desigual del poder vinculada a la relación entre los sexos” (Recomendación General nº 25).

[10] Según el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2018-2020) elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) se evidencia que en nuestro país, las mujeres cobran en promedio 26,2% menos que los varones por el mismo trabajo; en el ámbito privado el 68,2% de los cargos de la Alta Dirección están ocupados por varones, mientras que las mujeres ocupan sólo el 31,8% de los mismos; en el ámbito público 4 de las 24 gobernaciones; de los 5 cargos de la Corte Suprema sólo 1 es ocupado por una mujer; 9,4% quienes ocupan una intendencia son mujeres; 37,5% de las bancas en Senado y 35,6% en la Cámara de Diputados las ocupan mujeres y, entre otras cuestiones, el desempleo afecta principalmente a las mujeres jóvenes (21,5% frente al 17,3% de los varones de 14 a 29). El informe completo se encuentra disponible en:https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-de-igualdad-de-oportunidades-y-derechos-2018-2020 . Otro informe estadístico elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL se encuentra disponible en: https://oig.cepal.org/es/paises/5/profile

[11] Bercovich, Lucila, “La perspectiva de género en la lente de los jueces, fiscales y abogados como herramienta indispensable para el análisis de los casos de violencia sexual intrafamiliar”, DPyC, 2015, Cita Online: AR/DOC/1858/2014.

[12] Facio, Alda, “Derecho de igualdad en la ley. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres”, en: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano, IIDH, San José, Costa Rica, 2008.

[13] El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentra previsto en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía. Entre ellos, podemos mencionar: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II); la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2ºy 7º); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 26); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC, arts. 2ºy 3º), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24).

[14] Entre otras disposiciones relevantes, el art. 3 de la CEDAW establece que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre y en el art. 16 que “adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”.

[15] Es importante destacar que en el año 2004 se creó en el marco de la OEA el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESCEVI) que tiene un foro de intercambio y cooperación entre los entre los Estados Parte de la Convención y posee un Comité de Expertas/os, que se encarga de realizar el análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención.

[16] El estándar de obligación de debida diligencia reforzado en el caso de violencia contra las mujeres fue establecido por la Corte IDH en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México” (2009) y reiterado en los fallos “J. Vs. Perú” (2013), “Véliz Franco y otros vs. Guatemala” (2014) y “Velásquez Paiz y otro vs. Guatemala” (2015).

[17] En la Ley 26.485 se define la violencia como “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

[18] La reforma introdujo la modificación y ampliación del inciso 1º del artículo 80 del Código Penal que prevé una pena de reclusión o prisión perpetua para quien matare a su “ascendiente, descendiente, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no violencia”. Al inciso 4º del mismo artículo, se incorporó la motivación por odio “de género, o a la orientación sexual, identidad de género o a su expresión”. Se agregaron los incisos 11º y 12º. El primero define la figura del femicidio como el crimen de una mujer como consecuencia de la violencia de género. Por su parte, establece la misma pena para la situación planteada en el nuevo inciso 12º que prevé el caso del que matare a otro “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º”.

[19] Una de las modificaciones más significativas ha sido establecer la configuración delictiva sin que se requiera un consentimiento de la víctima viciado o anulado por empleo de medios coercitivos, engañosos o intimidatorios y se ha establecido expresamente que el consentimiento del sujeto pasivo es irrelevante a los fines de la perpetración delictiva.

[20] La ley adquirió esa denominación en memoria de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Esta tragedia conmovió al país y obligó a rediseñar las políticas públicas de género, sobre todo a partir de la polémica actuación de la justicia en el caso.

[21] Basterra, Marcela I., “La capacitación obligatoria de los agentes estatales en la temática de género. La “Ley Micaela” y el enfoque gender mainstreaming,”, Publicado en: LA LEY 27/02/2019, 27/02/2019, Cita Online: AR/DOC/413/2019.

[22] Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Herramientas Básicas para integrar la perspectiva de género en organizaciones que trabajan Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2008, p. 11.

[23] FACIO, Alda, “Metodología para el análisis del género del fenómeno legal”, Revista Otras Miradas, vol. 4, núm. 1, junio, 2004, pp. 1-11.

[24] Deza, Soledad, “Desconfiar del relato de la víctima crea mentirosas”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas (2013), Compilaciones Bibliográficas Violencia Familiar, Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2017.

[25] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Acceso a la justicia para todos: acceso en Justicia 2020, 1a ed., Buenos Aires, Eudeba, 2019.

[26] Yuba, Gabriela, “Perspectiva de género: alcances e implicancias en materia de derechos humanos”, elDial.com, DC23BB.

[27] Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia Cumbre Judicial Iberoamericana, “Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias”, XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, 2015.

[28] Ibíd.

[29] Alegre, Marcelo y Gargarella Roberto (coord.), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2007, págs. 166 y 167.

[30] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 16 (2005): La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2005/4, párr. 7.

[31] Ibid., párr. 8.

[32] Comité CEDAW, Recomendación general No. 25 (párrafo 1 del artículo 4 de la CEDAW), párr. 8.

[33] Saba, Roberto, “El principio de igualdad en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 1a ed., 2016.

[34] CEDAW, artículo 1º.

[35] Se produce discriminación directa cuando la diferencia de trato se funda directa y expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y características del hombre y de la mujer que no pueden justificarse objetivamente. Un ejemplo al respecto es nuestro Código Civil sancionado en 1869, en el que las mujeres han sido consideradas incapaces durante décadas, adquiriendo capacidad civil plena recién en el año 1968.

[36]Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 16 (2005): La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2005/4, párr. 13.

[37] Paz, Marta y Ocampo, Silvia, “Necesidad de Erradicar Los Estereotipos”, Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en: http://omvd.jusbaires.gob.ar/content/necesidad-de-erradicar-los-estereotipos-marta-paz-y-silvia-m-ocampo Fecha de consulta: 02/05/2019.

[38] Por ejemplo, se puede mencionar el “rol de cuidado”: basándose en un estereotipo que parte de la idea de que al ser las mujeres son “naturalmente” más aptas para hacerse cargo del cuidado de los hijos, de las personas mayores o de las personas con discapacidad, es común que este tipo de roles sean socialmente asignados a las mujeres y que, además, el valor económico y social de dicha labor sea invisibilizado y no remunerado. En cambio, a los varones se les da la función de ser proveedores; es decir, su papel según las asignaciones de estereotipos consiste en hacerse cargo de la manutención económica de la familia.

[39] Ruiz, Alicia, “Cuestiones Acerca De Mujeres Y Derecho: Aportes Para El Debate”, Revista Equidad de Género, Asociación de Administradores Gubernamentales, Edición Nº 25, págs. 1-9.

[40] Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia Cumbre Judicial Iberoamericana, “Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias”, XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, 2015.

[41] Lagarde, Marcela, Género y desarrollo desde la teoría feminista, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), 2001.

[42] Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia Cumbre Judicial Iberoamericana, “Modelo de Incorporación de la Perspectiva de Género en las Sentencias”, XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, 2015.

[43] Villanueva Flores, Rocío, “Perspectiva de género en el razonamiento del juez del Estado Constitucional: el caso de los delitos sexuales en “Autonomía y Feminismos del siglo XXI”, Ed. Biblio, Buenos Aires, 2012.

[44] Poyatos Matas, Gloria, “La Justicia Sin Perspectiva De Género No Es Justicia, Es Otra Cosa”, Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en: http://omvd.jusbaires.gob.ar/content/la-justicia-sin-perspectiva-de-g%C3%A9nero-no-es-justicia-es-otra-cosa Fecha de consulta: 02/05/2019.

[45] Fallos CSJN: 337:611

[46] Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, “Borda, Erica c/ Estado Nacional (Ministerio De Trabajo, Empleo y Seg Social de la Nación Y Otros s/Acción De Amparo”, Expte. 25952/2014, sentencia del 11/10/2018. Cabe mencionar también un caso relevante anterior en autos “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/Freddo SA s/amparo”, Expte. R.344.879, sentencia del 16/12/2002 en el que la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil evaluó la situación de desigualdad estructural de las mujeres en el caso de una empresa privada por su preferencia durante años de contratar empleados varones.

[47] Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205, párr. 143.

[48] Cabe destacar que la Corte IDH en el caso “Campo Algodonero” incluyó en las reparaciones las directrices que los Estados deben seguir para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en la prevención de la discriminación y violencia contra la mujer, entre las cuales, debe señalarse la obligación de “…sensibilización del sistema de justicia penal y la policía”, párr. 150.

[49] Rigat-Pflaum, María, “Gender mainstreaming: un enfoque para la igualdad de género”, Revista Nueva Sociedad Nº 218, noviembre-diciembre de 2008.

[50] Ibid.

[51] Basterra, Marcela I., “La capacitación obligatoria de los agentes estatales en la temática de género. La “Ley Micaela” y el enfoque gender mainstreaming,”, Publicado en: LA LEY 27/02/2019, 27/02/2019, Cita Online: AR/DOC/413/2019.

[52] Cabe destacar sobre la paridad de género el fallo de la Cámara Nacional Electoral que confirmó el rechazo del juez de primera instancia a la solicitud de oficializar una lista del Partido Ciudad Futura en la Provincia de Santa Fe para las próximas PASO, cuyas postulantes eran en su totalidad mujeres (Comentario al fallo por Marcelo Alberto López Alfonsín, Réplicas: Caso “Ciudad Futura”, Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro 160, DPI cuántico, 14/08/2017).

[53] Yuba, Gabriela, “Comentario a la “Ley Micaela”. Ley Nacional 27.499”, Publicado en: ADLA2019-3, 37, Cita Online: AR/DOC/105/2019.

[54] En pocas palabras implica la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales a través del tiempo y que la contracara de la obligación de progresividad es la obligación de no regresividad, que implica la prohibición de adoptar políticas y medidas y, por ende, de sancionar normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos sociales (Abramovich, Victor y Pautassi, Laura, “La medición de derechos en las políticas sociales” (Comp.), Buenos Aires, Del Puerto, 2010).

[55] CIDH, El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, OEA Ser.L/V/II.143, 2011.

[56] Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), Ganar Derechos Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos, 2014.

[57] Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), “Igualdad de Género en el Goce de los DESC”, Diagnóstico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres en la Región. Disponible en: http://observatoridesc.org/sites/default/files/igualdad-de-genero-en-el-Goce-de-los-DESC.pdf .Fecha de consulta: 02/05/2019.

[58] Nino, Carlos, “Un país al margen de la ley”, Ariel, Buenos Aires, 2005.

[59] Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 2010.

[60] Basterra, Marcela, “Ley de Cupo: redefiniendo los contornos de los derechos de género”, en La Ley, 12/09/2017, Cita online: AR/DOC/2298/2017.

[61] Medina, Graciela, “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de prueba. Las categorías sospechosas: Una visión jurisprudencial”, La Ley, 22/11/2016, Cita online: AR/DOC/3479/2016.

[62] Medina, Graciela, “Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?”, publicado en: SJA 09/03/2016, 09/03/2016, Cita Online: AP/DOC/185/2016.


Salerno, Luciana

Salerno, Luciana

Abogada, egresada con diploma de honor (UBA) y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA). Ha sido becaria de la UBA para realizar parte de sus estudios de grado en la Universidad de Louvain-La-Neuve (Bélgica) y ha participado de varios encuentros y conferencias en el exterior en el ámbito de derechos humanos. Actualmente se encuentra realizando cursos de actualización en la temática de género y participa como tutora en las capacitaciones de la Ley Micaela para el Poder Judicial de la CABA. Desde 2017 se desempeña laboralmente como funcionaria judicial en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con experiencia de trabajo en el Ministerio Público de la Defensa de la CABA y en organismos de derechos humanos.

Email: salerno.luciana@gmail.com



López Alfonsín, Marcelo

López Alfonsín, Marcelo

Juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor en Derecho, Área Derecho Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Ambiente Humano (Universidad de Lomas de Zamora). Profesor de grado, de posgrado y de doctorado (UBA y UP).

Email: mlalfonsin@jusbaires.gov.ar


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