Salerno, Luciana

Salerno, Luciana

Abogada, egresada con diploma de honor (UBA) y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA). Ha sido becaria de la UBA para realizar parte de sus estudios de grado en la Universidad de Louvain-La-Neuve (Bélgica) y ha participado de varios encuentros y conferencias en el exterior en el ámbito de derechos humanos. Actualmente se encuentra realizando cursos de actualización en la temática de género y participa como tutora en las capacitaciones de la Ley Micaela para el Poder Judicial de la CABA. Desde 2017 se desempeña laboralmente como funcionaria judicial en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con experiencia de trabajo en el Ministerio Público de la Defensa de la CABA y en organismos de derechos humanos.

Email: salerno.luciana@gmail.com


El motivo del presente artículo es comentar la sentencia dictada en los autos caratulados “G.O.F. CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE EMPLEO PUBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN)”, Expte. C47259-2014/0, advirtiendo desde ya que diversas son las posibilidades de reflexión que nos ofrece este pronunciamiento, pero su centralidad estará en hacer hincapié en el enfoque de género abordado en la sentencia de primera instancia al calificar a una desvinculación laboral ocurrida en el marco de una relación de empleo público como un caso de violencia laboral y de discriminación contra la mujer.

A partir del paradigmático caso de la niña de 12 años víctima de violación en la provincia de Jujuy que tomó estado público y mediático en todo el país a inicios del año 2019 y recientemente otro similar en la provincia de Tucumán, se reavivó la controversia sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los límites de su implementación y, sobre todo, se dejó a la vista los obstáculos que se siguen presentando para el ejercicio de este derecho

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