Análisis epistemológico de las reglas de exclusión de los medios de prueba en México

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Autor: Hever Fernández Nava
Fecha De Publicación: 4 May, 2021.
Temas: Proceso penal; Verdad procesal; Epistemología; Regla de exclusión; Prueba penal.

 

“De pronto la chispa divina iluminó la noche, una extraña llamarada refulgió en sus pupilas, y observó caer una pequeña estrella del cielo, la tomó entre sus brazos, e inmediatamente desplomó […]”

A mi amado Matías. Eres mi inspiración.

 

I. Resumen

Es necesario comprender la importancia de pasar a través de la criba de la epistemología jurídica, el derecho positivo vigente, a fin de establecer si las instituciones que lo conforman posibilitan exponencialmente la aproximación a la verdad.

Durante el presente trabajo el lector podrá darse cuenta que en múltiples ocasiones las legislaciones procesales contienen normas jurídicas que lejos de contribuir a arribar a la misma la obstruyen.

Existen reglas procesales que decantan por salvaguardar valores no epistémicos, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados; dado que, el procedimiento, tiene diversos objetivos, sin que se limite al arribo de la verdad.

No sólo se realizarán críticas relacionadas a la incorporación de instituciones jurídicas al derecho procesal mexicano que en ocasiones se contraponen a los fines de la epistemología jurídica, sino que también, se pretende aportar pautas que permitan equilibrar ambos valores.

 

II. Introducción

El proceso penal acusatorio en México, implica un reto que deben asumir con responsabilidad y eficacia los sujetos procesales que intervienen en él, puesto que, de su participación dependerá el avance cualitativo del sistema de justicia criminal, cuya bandera fue enarbolada por el Constituyente Permanente como panacea para sanear el alto índice delictivo y la falta de confianza de la sociedad sobre las instituciones facultadas para administrar e impartir justicia.

No obstante, a casi doce años de la publicación de la reforma, a través de la cual se instauró este cambio paradigmático, el análisis crítico y la reflexión serena de nuevas figuras procesales incrustadas en el marco del proceso penal, han sido insuficientes, por parte de los principales protagonistas encargados de velar por materializar la tutela jurisdiccional efectiva.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de una transformación de tal calado, es necesario analizar aquéllas, a la luz de la epistemología jurídica, a efecto de establecer proposiciones aseverativas epistémicamente justificadas, como resultado de procesos confiables para la determinación de la verdad.

Ciertamente, “la epistemología jurídica denota un área de la filosofía del derecho, cuyo objeto es identificar los procedimientos confiables bajo los cuales una creencia de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera.

Desde luego la confiabilidad de esos procesos, implica de manera fundamental la justificación de las inferencias que concluyen la verdad de las preposiciones, es decir, contar con un modelo de normatividad epistémica, entre otras cosas[1].”

La normatividad epistémica, indica los procesos cognitivos que deben ser seguidos en el proceso de investigación como una condición ineludible para la determinación de verdades justificadas.

Escapa del objetivo trazado en el presente líbelo, delimitar los linderos y sentar los cimientos de esta asignatura íntimamente ligada con el razonamiento práctico del derecho, más bien, la intensión genuina es construir metodológica y racionalmente criterios epistémicos -en oposición a opiniones que carecen de fundamento- sobre las reglas de exclusión de los medios de prueba que se pretendan aportar a la audiencia de debate.

Las normas jurídicas que regulan las tareas cognitivas que debe realizar un juzgador para tomar sus decisiones no garantizan que esos procesos satisfagan las condiciones de la normatividad epistémica para la determinación de la verdad; por ello, en este ensayo evitaremos acotarnos a analizar literalmente el derecho positivo que rige la figura procesal materia de análisis, si no que realizaremos una reflexión crítica, basada en los conceptos y las reglas de inferencia de la razón, a fin de presentar proposiciones verdaderas y justificadas.

 

III. Breve exordio a la epistemología jurídica

En el terreno real de los hechos, generalmente los procesos confiables para la determinación de la verdad no siempre han sido incorporados por el derecho procesal; si no por el contrario, en ocasiones la propia ley suele establecer desequilibrios y obstáculos epistémicos para la determinación de la misma.

Al respecto, Larry Laudan, considerado uno de los pioneros de la epistemología jurídica, afirma que:

“Un juicio criminal es, ante todo, una maquina epistémica, una herramienta para desentrañar la verdad de lo que a menudo inicialmente es un confuso conjunto de indicios e indicadores […] si esto es así, entonces cabe preguntarse si los procedimientos y normas que rigen el juicio son realmente propicios de la verdad […] el esfuerzo por responder a esta cuestión constituye lo que […] yo he llamado “epistemología jurídica”. La epistemología propiamente concebida, implica tanto: a) un proyecto descriptivo cuyo objetivo es determinar cuáles normas de las existentes frustran la búsqueda de la verdad y b) uno normativo que propone cambio a las reglas existentes para eliminar o modificar aquellas que resulten ser serios obstáculos para la búsqueda de la verdad[2].” 

A decir de Enrique Cáceres Nieto, “una distorsión que debe de evitarse a toda costa es considerar que el objetivo de Laudan es analizar tal o cual derecho positivo. Una interpretación de este tipo sería incorrecta, pues el célebre epistemólogo no realiza un trabajo de dogmática jurídica. En estricto sentido cuando se refiere a normas del derecho se está refiriendo a “instituciones” jurídicas plasmadas en normas de derecho positivo. Se ocupa, por ejemplo, de analizar el papel epistémico de la presunción de inocencia y no de las normas que la regulan en determinado(s) código(s) procesal(es)[3].

Bajo esa línea de pensamiento, se puede afirmar que la evaluación del impacto del derecho en la normatividad epistémica no es la única manera de evaluar si satisface o no procesos confiables para la búsqueda de la verdad. Lo anterior, puede lograrse además analizando los elementos que el derecho permite o prohíbe para que la normatividad epistémica pueda llevarse a cabo exitosamente.

“Mientras que la normatividad epistémica se preocupa por los procesos cognitivos o razonamiento de los operadores jurídicos necesarios para determinar cuándo es justificado considerar que una creencia en derecho es verdadera, Laudan se preocupa por la forma en que el derecho incide en las condiciones necesarias para que esa normatividad se pueda desplegar[4].”

Siguiendo las lúcidas ideas del autor mexicano indicado en líneas precedentes, podemos definir a la “epistemología jurídica”, como un área de la filosofía del derecho cuyo objetivo es determinar las condiciones que deben satisfacer los procedimientos confiables para la determinación de la verdad en el derecho.  

En resumen, es necesario que el derecho incluya instituciones jurídicas procesales, que i) no produzcan efectos contra-epistémicos, si no que faciliten las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos puedan determinar la verdad de los hechos, ii) no interfieran, si no que promuevan, el ejercicio de la normatividad epistémica; y, iii) protejan valores no epistémicos de tal suerte que su protección no imposibilite la determinación de la verdad.

Con el objetivo de determinar la verdad, se deben observar los siguientes elementos: a) La normatividad epistémica, que debe orientar los procesos cognitivos de los operadores jurídicos al fijar la verdad de los hechos, b) Las instituciones jurídicas y el derecho positivo; y, la operatividad practica de los operadores jurídicos y que incluye factores tales como la cultura organizacional de las instituciones legales, carencia de recurso materiales, falta de capacidad para solucionar las demandas del caso por resolver, etc. 

Para afirmar que estamos ante un proceso confiable para arribar a la verdad, habrá que verificar la correspondencia entre los anteriores elementos; es decir, en la medida en que éstos guarden coherencia, las proposiciones arribadas a través de ellos, podrán cualificarse como verdaderas, y así podremos disminuir la probabilidad de error. 

Lo anterior, no significa que la normatividad epistémica siempre tenga correspondencia con la normatividad jurídica, si no que, habrá ocasiones en los que éstas sean claras antagonistas; en cuyo caso, será labor del operador jurídico llevar a cabo el proceso cognitivo adecuado para evaluar esta circunstancia y proponer acciones tendientes a armonizarlas.

Por ejemplo, podría ser que se contara con un buen modelo de normatividad epistemológica para que el juzgador excluya medios de pruebas irrelevantes de muto prioprio, pero que el derecho positivo contuviera reglas contra-epistémicas que imposibilitaran decidir con base a dicha normatividad, como sucede cuando se indica a los jueces que únicamente podrán excluir aquéllos, cuando exista oposición fundada de la contra parte.

El caso hipotético modelo, pone de relieve la problemática que debe ser superada para que la determinación de la verdad sea revelada dentro del proceso, y así disminuir la probabilidad de error en las decisiones judiciales adoptadas.

En este contexto, no se debe soslayar que la función principal de la etapa intermedia “en nuestro sistema es la delimitación precisa del objeto del juicio respecto de los hechos que serán debatidos y las pruebas que se presentarán para acreditarlos, es decir, todos aquellos aspectos de la controversia jurídico-penal que serán discutidos en el juicio y servirán de fundamento a la sentencia definitiva. Presupuesto indispensable para el logro de este objetivo es el ejercicio de la acción penal strictu sensu, es decir, la formulación de la acusación, sin la cual no puede haber juicio[5].”

En suma, la etapa de preparación del juicio oral constituye la instancia en que los intervinientes toman conocimiento recíproco de las pretensiones jurídicas que harán valer en el juicio oral y de su sustento probatorio, permitiéndoles preparar con la debida antelación la estrategia de acusación o defensa a seguir en el mismo.

De ahí, la importancia de analizar acuciosamente en esta fase, cuáles medios de prueba ingresarán a la audiencia de debate, puesto que, de su eventual incorporación y desahogo en el proceso, dependerá el resultado del contradictorio. Sin demeritar el valor de la etapa procesal anterior, es de recalcar el vital mérito de la diversa preparatoria, ya que las pruebas que se rendirán en el curso del juicio sólo podrán ser aquellas que fueron ofrecidas por los intervinientes en la fase escrita del procedimiento intermedio.

En ese sentido, ningún interviniente podría, por ejemplo, presentar pruebas en el juicio oral que no hubiesen sido previamente ofrecidas y admitidas por el juzgador, salvo las situaciones excepcionales contempladas en el artículo 390, del CNPP, (Medios de prueba nueva y de refutación); por lo que, el órgano jurisdiccional deberá arribar a la verdad con base a la información que derive de aquéllas, cuya decisión generalmente impactará no sólo en la libertad personal del acusado, sino que además, tendrá repercusiones en los derechos fundamentales de la víctima, tales como el acceso a la justicia, entre otros.

 

IV. Análisis de las reglas de exclusión de los medios de prueba, a la luz de epistemología jurídica

Como se recordará, en párrafos precedentes se definió a la epistemología jurídica como un área de la filosofía del derecho cuyo objeto es identificar los procedimientos confiables para determinar cuándo una creencia acerca de hechos jurídicamente relevantes puede considerarse verdadera.

“Un punto neurálgico de la definición corresponde a la expresión [procedimientos confiables], misma que denota: 1) los procedimientos cognitivos de los que nos hemos ocupado previamente bajo el rubro de la normatividad epistémica, y 2) procedimientos normados por el derecho con efectos epistémicos y de los que dependen las condiciones que hacen posible que la normatividad epistémica pueda operar exitosamente[6].” 

La principal problemática ocurre cuando el derecho positivo trata de regular el proceso cognitivo de los operadores jurídicos en la toma de decisiones, puesto que, en la mayoría de las veces, impide arribar a la verdad estableciendo normas jurídicas contra-epistémicas, o en su defecto, aquélla cede frente a la protección de valores distintos a los epistémicos.

Bajo ese tenor de ideas, en términos genéricos, del problema que me ocuparé será determinar, atendiendo a lo previsto en el artículo 346, del CNPP, cuáles reglas normativas son compatibles con la epistemología jurídica, e indudablemente acordes a la averiguación de la verdad. Así como también, definir aquellas que lograrían tal fin, pero que se excluyen, por privilegiar valores no-epistémicos. 

Lo anterior, con la finalidad de evidenciar que, cabe la posibilidad real de arribar a decisiones válidas formalmente, por el hecho de respetar al derecho positivo, pero que lleven a resultados contra-epistémicos. Esto es, el derecho puede generar que proposiciones aseverativas jurídicamente relevantes sean declaradas como falsas, aunque sean verdaderas, y viceversa.

Al propio tiempo, se busca proponer pautas que permitan armonizar la normatividad jurídica y epistemológica, a fin de disminuir en la medida de lo posible el error judicial.

1. Regla de exclusión de orden netamente epistémico

A) Relevancia del medio de prueba

Es verdad que, en el procedimiento penal acusatorio, existe libertad probatoria; o sea, todos los hechos relevantes para la solución del caso, pueden ser probados por cualquier medio de prueba; sin embargo, tal afirmación se encuentra acotada epistémica y jurídicamente por normas que regulan su admisión.

Indudablemente, el principio de la libertad probatoria se ha caracterizado diciendo que en el proceso penal todo hecho relevante jurídicamente, se puede probar y por cualquier medio de prueba; es decir, no se exige la utilización de un medio determinado para probar un objeto específico.

Empero, el proceso de aproximación a la verdad no puede emprenderse de cualquier manera, sino respetando unas barreras infranqueables levantadas a través de las bases de la normatividad epistémica y jurídica.

El destacado profesor Michele Taruffo, afirma que “existe un principio de libertad de la prueba en función del cual todo elemento de conocimiento útil para la determinación del hecho puede ser usado sobre la base de los criterios cognoscitivos propios de la racionalidad general. Existen algunas «zonas» en las que operan, en cambio, reglas jurídicas que de distintas formas (principalmente introduciendo limitaciones) se superponen y sustituyen a aquellos criterios, en función de exigencias o valores incorporados al ordenamiento jurídico y que se considera que deben prevalecer sobre el principio de libertad de la prueba[7]”.

Atendiendo a lo anterior, podemos advertir que la libertad probatoria, en principio permite que las partes procesales lleven a cabo un proceso cognitivo-racional, con la finalidad de determinar qué medios de prueba deben ofrecer para sustentar sus respectivas afirmaciones jurídicamente relevantes; pero, no siempre pueden moverse libremente dentro de ese marco, puesto que, en ocasiones deben ajustar sus pretensiones conforme a las normas jurídicas vigentes, que algunas veces son contra-epistémicas o no epistémicas.

Siguiendo muy de cerca los pensamientos del autor italiano supra citado, podemos aducir que, para determinar qué elementos de prueba pueden ser empleados en el proceso, todos los ordenamientos resuelven este problema mediante la aplicación de dos criterios: uno, de índole lógica, tocante a la relevancia de la prueba; el otro, típicamente jurídico, relativo a su admisibilidad.

Bajo esa premisa, si una prueba es irrelevante no tiene sentido preguntarse si es o no jurídicamente admisible, ya que su adquisición sería inútil. Así, siguiendo una prelación lógica, primero debemos establecer la relevancia de la prueba, y ulteriormente, determinar su admisibilidad.

Taruffo, articula dos conceptos específicos por conducto de los cuales define nítidamente el concepto de relevancia: “Relevante por definición es la prueba que versa sobre un hecho jurídico porque es obvio que cualquier prueba de este tipo resulta útil en el proceso; también es relevante la prueba que versa sobre un hecho secundario, por tanto, no jurídico, del que puedan derivarse lógicamente consecuencias probatorias respecto del hecho principal. En el primer supuesto, típico de la prueba directa, el criterio de relevancia de la prueba coincide con el de la relevancia jurídica del hecho a probar; en el segundo supuesto, típico de la prueba indirecta, la relevancia de la prueba se establece según un criterio lógico que hace referencia a la posibilidad de formular inferencias probatorias desde el hecho secundario sobre el que versa la prueba hasta el hecho jurídico que necesita ser probado[8].”

Atendiendo a lo antedicho, es necesario dilucidar qué es lo que las partes procesales tienen que probar. Genéricamente podemos decir que, evidentemente lo que se tiene que probar es un hecho relevante, el cual es definido como tal por la norma aplicable, en el caso, el derecho penal sustantivo; ósea, es el supuesto de hecho definido por la norma el que selecciona el hecho concreto al que puede ser aplicada. Dicho de otro modo, es la propia norma quien individualiza los hechos que califica como jurídicamente relevantes; y por lo tanto, sujetos a ser probados.

Al tratar el tema, en su obra intitulada la prueba pericial en el racionamiento probatorio, la Doctora Carmen Vázquez[9], hace una crítica severa a la forma en que se redactó el multicitado artículo 346, adjetivo, pues afirma que dicho precepto legal presenta problemáticas confusiones al momento de su interpretación.

En opinión de la aludida escritora, por cuestión de método, primeramente, se debe verificar si el hecho es susceptible de prueba, pues en caso contrario, de nada serviría entrar a discutir la relevancia de un elemento de juicio. Así también, será una pérdida de tiempo valorar la utilidad o la licitud de información irrelevante para los hechos a probar. En todo caso, la primera condición necesaria, aunque no suficiente, para admitir como prueba cierta información es su relevancia o pertinencia.

Siendo así, serían inadmisibles aquellos medios de prueba que se refieran a hechos irrelevantes, dado que, no requieren ser probados, por ejemplo: hechos notorios (públicos) e incontrovertidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido por hechos notorios en general “a aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento[10]”.

Respecto de los hechos incontrovertidos, podemos definirlos como aquellos, que no serán materia de discusión en la audiencia de debate, dado que no forman parte de la litis (directa o indirectamente), o que, constituyéndola, atendiendo al principio de economía procesal, las partes procesales han decidido tenerlos por comprobados, en virtud que existen registros de la investigación que sustentan su acaecimiento.

De lo anotado se desprende, que la admisión de un hecho dispensa de probarlo, pero no significa que el hecho admitido pasa a la categoría de hecho probado, sino que simplemente que queda exento de prueba, de tal modo que el juez debe valorar a base de la sana crítica y reglas de la experiencia, en su conjunto la prueba al dictar sentencia.

En segundo lugar, cuando Taruffo hace alusión a un hecho secundario [no jurídico], se refiere a aquellos que guardan relación indirecta con el hecho principal; es decir, no significa que aquél no tenga relevancia jurídica, sino más bien, lo que ha querido expresar es que es una cuestión accesoria que debe de dilucidarse, para que, de lo obtenido a través de ella, se aporte información que esclarezca el hecho primordial.

Sostener lo contrario, permitiría llegar al absurdo de afirmar que una prueba debe de excluirse porque, no se refiera al objeto principal del proceso (v.gr. homicidio de Pedro); como sucedería, en el caso del testigo ofrecido por la fiscalía, para declarar sobre las características del vehículo automotor que en principio se utilizó para privar de la libertad a la víctima.

Es de advertirse que, la comprobación de este hecho secundario, a la postre lograría dar con el paradero de los autores o participes del crimen; por lo que, debe considerarse relevante; y, por ende, admisible.

Bajo ese contexto, un medio de prueba relevante es aquel que aporta información respecto del hecho jurídico sujeto a debate, dado que serviría a los fines del proceso. Pero, además, debemos considerar como tales, a los que se refieran indirectamente a cualquier cuestión accesoria al hecho principal, siempre y cuando resulten útiles para esclarecer el mismo.

De acuerdo con lo anterior, si el criterio de relevancia es considerado como fundamental para la admisibilidad de los medios de prueba, todos los medios de prueba relevantes deben ser admitidos y pasar a formar parte del thema decidendum de la controversia que presentaron las partes procesales.

Así, el examen de admisibilidad de una prueba está relacionado con la posibilidad de que, potencialmente, pueda aumentar o reducir la confirmación de las hipótesis sobre los hechos formulados por las partes.

Por último, sin el ánimo de ser exhaustivo, es menester acotar que, de la definición expuesta por Michele Taruffo, entrelineas podemos leer que, afirma que el hecho principal, puede ser probado a través de la prueba directa, mientras que el hecho secundario, por conducto de la prueba indirecta.

Al tratar lo referente al término polisémico de prueba, Marina Gascón Abellán, sostiene que “el léxico de prueba referido a los procedimientos probatorios resulta […] confuso y a menudo incoherente, pues las expresiones «prueba directa», «prueba indiciaria», «prueba presuntiva», «prueba circunstancial», etcétera, no siempre son usados en el mismo sentido. Quizá la distinción más consagrada en la literatura procesal y en la jurisprudencia sea la existente entre «prueba directa» y «prueba indirecta» (o indiciaria o circunstancial en el ámbito penal). No obstante el criterio usado para distinguir entre una y otra no es uniforme, de manera que con estas expresiones se puede estar haciendo referencia a cuestiones distintas[11].”

La nombrada escritora detecta un criterio de distinción que es acorde a los conceptos adoptados por Taruffo, al referir que tal diferenciación atiende al hecho que se pretende probar. En tal sentido, la prueba directa haría referencia a un procedimiento probatorio que, por versar directamente sobre el hecho que se requiere probar, lo probaría espontáneamente, sin necesidad de raciocinio. La prueba indirecta o indiciaria, en cambio, haría referencia a un procedimiento probatorio que, por no versar directamente sobre el hecho que se pretende probar sino sólo sobre un hecho circunstancial, para acreditar aquél necesitaría del razonamiento, de la inferencia.

Por otro lado, de acuerdo con el Doctor Jordi Ferrer Beltrán, “un primer filtro de orden epistemológico, prescribe la admisión de toda prueba que aporte información relevante sobre los hechos que se juzgan. Una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y de la ciencia[12].”

“El criterio fundamental para decidir la admisibilidad de una prueba es, pues su relevancia (o si se prefiere su pertinencia) y ésta está relacionada con la probabilidad de acierto en la decisión. Es decir, el aumento de información relevante puede aumentar la probabilidad de la hipótesis, pero puede disminuirla o incluso no alterarla, sin embargo, pareciera que algo aumenta si disponemos de más información, pues se tiene una base más sólida para fundar la conclusión[13].”

Conforme a lo señalado, es válido concluir que para lograr reducir el margen de error en las decisiones judiciales, es necesario contar con mayor información relevante; esto es, a mayor información relevante menor probabilidad de error judicial; sin que ello, deba interpretarse en el sentido de que las partes procesales tengan la potestad de ofrecer innumerables pruebas relevantes, sino que, deben de llevar a cabo un proceso cognitivo para determinar aquellas que sirvan a sus respectivas pretensiones, sin exceder el límite de lo “racional”.

A guisa de ejemplo, ningún fin práctico conllevaría ofrecer diez testigos que observaron la forma en que los activos privaron de la vida a la víctima, puesto que, si bien es cierto, declararán sobre el hecho jurídico materia de controversia, también lo es que, resultaría inútil admitir la totalidad de los mismos, en virtud que, ningún beneficio traería para esclarecer el mismo, al aportar información sobreabundante. 

En este contexto, la relevancia es la característica de la información de poseer una utilidad notoria, potencial o real, para los fines perseguidos por las partes procesales.

 “A diferencia de la relevancia que se trata de un juicio individual, es decir, sobre cada uno de los elementos de prueba, el criterio de la utilidad supondría un juicio comparativo, esto es poniendo un elemento de prueba concreto en el conjunto probatorio para saber si afecta de alguna manera la probabilidad de la hipótesis o la completitud de dicho conjunto. Si interpretamos de esta manera el juicio de utilidad, entonces, el caso de la exclusión de las pruebas sobreabundantes estaría cubierto”[14].

En concordancia con lo anterior, se entiende que: Toda información útil es relevante, pero no toda información relevante es útil. 

Otro hecho a considerar, es que la relevancia de un medio de prueba, se realiza a priori por parte de un Juez diverso al que resolverá la causa; por lo que, aquél deberá tener cuidado en no adelantar un juicio sobre la suficiencia probatoria; de tal suerte que, quien celebre la fase oral de la etapa intermedia, le corresponderá evaluar la posibilidad de que aquéllos permitan producir información relevante para la solución del caso, más no está facultado para rechazar su admisión aduciendo que los ofertados hasta ese momento, a su juicio son suficientes para probar las teorías fácticas y jurídicas de las partes.

Pero, ¿El juzgador cómo podrá realizar tal evaluación cognoscitiva-racional? En principio, corresponde a las partes, utilizando un criterio racional, determinar qué medios de prueba les servirán para sustentar sus respectivas hipótesis, atendiendo al contenido de la información que consten en los registros, para que, eventualmente comuniquen al Juez la finalidad que pretenden obtener con el desahogo de los mismos, así como, una sucinta exposición sobre su relevancia.

En la medida en que estos dos elementos encuentren estrecha relación, mejor evaluación sobre la admisibilidad de los medios de prueba tendrá el órgano jurisdiccional.

Por ejemplo, en términos sencillos y prácticos:

1. La finalidad del medio de prueba consistente en el testimonio de A, es acreditar que la privación de la vida de Y fue por una causa externa e imputable a persona determinada.

Relevancia: A observó directamente el preciso momento en que X realizó tres disparos producidos por arma de fuego sobre la humanidad de Y.

2. La finalidad del medio de prueba consistente en el testimonio de B, médico forense, es determinar la causa de la muerte de Y.

Relevancia: B, practicó la necropsia de ley al cadáver de la víctima, concluyendo que murió por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Bajo esta perspectiva, el Juez no expondrá razonamiento alguno tendiente a concluir indubitablemente que los medios de pruebas resultarán a posteriori suficientes para acreditar, tanto el delito de homicidio como la responsabilidad penal del acusado, sino que, deberá limitarse a realizar un análisis a priori, respecto a la posibilidad de que la información aportada potencialmente producirá aumento o reducción sobre la confirmación de las hipótesis fácticas y jurídicas formuladas por las partes.

Siguiendo las consideraciones precedentes, indudablemente los testimonios de A y B, resultarían relevantes, y consecuentemente admisibles, porque aportarían apoyo a la hipótesis acusatoria. 

De acuerdo a los objetivos planteados, es válido concluir que lo que resulta útil para determinar el hecho puede y debe ser admitido, mientras que sólo aquello que es, en ese sentido, inútil debe excluirse preliminarmente del juicio.

“En un sistema de control como el auspiciado por Bentham, basado exclusivamente en criterios racionales, sólo éste debería ser el criterio preliminar de admisión de la prueba. En su obvia razonabilidad, esto se corresponde por otra parte con lo que normalmente sucede en cualquier campo de la experiencia, común o científico, en el que se trate de establecer qué debe de usarse cuando es necesario formular un juicio aceptable acerca de la existencia de un hecho. En resumen, es racional pensar que el campo de lo que puede constituir prueba incluye todo lo que puede ser útil para determinar los hechos[15].”

Este aporte de Bentham, el cual maximiza la libertad probatoria, genuinamente pretende no incluir norma jurídica alguna que limite o restringa, de distintos modos, la admisión de los medios de prueba relevantes; sin embargo, el mismo se ha tornado como un límite teórico que hasta la fecha no ha sido alcanzado por ningún ordenamiento penal.

Pero también, cabe indicar que, existe otro sistema que maximiza la legalidad de la prueba, al establecer requisitos legales, basados en valores no-epistémicos, en virtud que pretenden prevalezca la legalidad de las actuaciones frente a la libertad probatoria de las partes; empero, éste tampoco ha alcanzado a su máxima expresión en la práctica.

Nuestro sistema jurídico, oscila entre estos dos extremos, sin alcanzarlos íntegramente, puesto que, en principio establece la libertad probatoria limitada a la relevancia de la prueba (pertinencia y utilidad) de índole epistémico; sin embargo, posteriormente establece requisitos de admisibilidad relacionados con la legalidad de la prueba, superponiendo ésta sobre la epistemología.

2. Reglas de exclusión que protegen valores no epistémicos

A) Prueba ilícita

Como se dejó asentado anteriormente, la ley procesal establece filtros adicionales a los de índole lógico-racional, para determinar qué medios de prueba deben ser admitidos, los cuales están basados en valores no epistémicos.

Ciertamente, la relevancia es una condición necesaria, pero no suficiente para la admisibilidad de cualquier elemento de prueba. “En efecto, los sistemas jurídicos han establecido tradicionalmente un cúmulo más o menos extenso de excepciones al principio general de inclusión de las pruebas relevantes, dando como resultado la exclusión de pruebas pese a su relevancia. En definitiva, para que un elemento de prueba sea admisible muchas veces debe satisfacer una variedad de demandas adicionales a la relevancia[16].”

La justificación de aquellos criterios adicionales de admisibilidad que obstaculizan de alguna manera la verdad, son variados; pero, en lo que aquí importa, podemos resaltar aquellos relacionados esencialmente con decisiones de política pública, a través del cual el Estado, debe solucionar los casos penales, sin vulnerar derechos fundamentales.

Un medio de prueba ilícito es aquel obtenido vulnerando derechos fundamentales de las partes; por lo que, no será posible su admisión. Además, no sólo serán inadmisible los medios de prueba que directamente se hayan obtenido en flagrante violación de derechos fundamentales, sino también, aquellos que deriven de ésta.

Dicho de otro modo, la exclusión alcanza no solo a aquellas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, sino también, a las pruebas que, aún practicadas con respeto a tales derechos, tuvieron su origen en informaciones o datos obtenidos con la práctica de las primeras. Manifiestamente, lo que caracteriza a estas pruebas, es que son lícitas, pero su adquisición tuvo su causa y origen en la información obtenida con una prueba primaria inconstitucional.

“Exclusionary rule o regla de exclusión es la denominación que recibe la doctrina de la prueba ilícita en EEUU, de donde proviene todo el estudio de la cuestión con algunos antecedentes de Inglaterra. De esa misma doctrina se deriva la más conocida […] “doctrina de los frutos del árbol envenenado, que permite anular los vestigios de la información obtenida a través de una prueba ilícita, pese a que esos vestigios secundarios fueron obtenidos lícitamente[17]”.

El principal motivo para que opere esta regla es un efecto disuasorio de la mala praxis tanto policial, como de los órganos técnicos-jurídicos encargos de la investigación.

Otra razón justificativa de la regla de exclusión en estudio, la encontramos en los sistemas del Common Law, cuando hacen referencia al “imperative of judicial integrity”. “Conforme a este principio la regla de exclusión se basaría, también, en que la admisión de las evidencias ilícitamente obtenidas convertiría a los Tribunales en verdaderos “cómplices” de la actuación deliberadamente ilegal o inconstitucional realizada por la policía. En otras palabras, los jueces y magistrados no pueden tolerar ni beneficiarse de una actuación inconstitucional llevada a cabo por los agentes de la policía[18].”    

En realidad, esta regla de exclusión ha generado innumerables problemáticas. Primeramente, porque con su adopción no se ha logrado el fin aludido primigeniamente, en virtud que, se siguen llevando a cabo actos investigativos violatorios de derechos fundamentales, bajo el argumento de que es la única forma de lograr recabar elementos de prueba para sostener la acusación; sin embargo, esta manifestación falaz denota la falta de capacitación de los cuerpos policiacos para llevar una correcta investigación.

Desde luego, es entendible que, el órgano de acusación, al tener la carga de la prueba, tenga la responsabilidad de llevar a cabo una investigación activa, fundada en los principios de probidad, exhaustividad, objetividad, eficiencia y eficacia, entre otros, con la finalidad de obtener elementos de cargo relevantes para soportar su hipótesis acusatoria; pero su actuar, debe delimitarse a realizarlos en estricto apego a los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna, a efecto de que éstos sean considerados como válidos, y sirvan de fundamento para sostener una condena.

La única forma de lograr el objetivo de la regla en estudio, es que los juzgadores en realidad apliquemos, inclusive oficiosamente, la misma en los casos sujetos a nuestra consideración, estableciendo puntualmente sus efectos, con la finalidad de limitar el poder de actuación de la policía en su conjunto, y así, asegurar el respeto de los derechos constitucionales y prevenir su violación.

Sobre las problemáticas que acarrea la aplicación de la regla en estudio, Jordi Nieva Fenoll, afirma que los tribunales no tienen un criterio unificador, e inclusive, que en algunas ocasiones se resuelve arbitrariamente, “adaptando la motivación de sus resoluciones a lo que creen más justo en cada caso concreto, pero sin parar mientes (sic) en la real vulneración del derecho, mirando con frecuencia hacia otro lado ante lesiones flagrantes de los derechos fundamentales. Lo que sucede en esos casos, es en realidad, es que a dichos jueces no les gusta que ese reo en concreto, responsable de ese delito en particular, salga absuelto[19].”

Adicionalmente, tenemos que nuestro Máximo Tribunal, basado principalmente en los precedentes de la Corte Suprema Estadounidense, ha introducido restricciones y limitaciones en la aplicación de la exclusión de medios de prueba ilícitos derivados o reflejos, con lo cual se inicia un declive progresivo de dicha regla, que en un futuro favorecerá a su desaparición.

Las principales excepciones son: i) La fuente independiente; ii) nexo causal atenuado, y iii) descubrimiento inevitable.

En la primera excepción existe una ausencia de conexión causal entre la prueba primaria y secundaria, por lo que ésta no puede ser considerada como el fruto contaminado de la ilicitud constitucional originaria.

En relación al nexo causal atenuado, Manuel Miranda Estrampes sostiene que la doctrina de los frutos del árbol envenenado no será, por tanto, objeto de aplicación cuando la relación conexión entre la actuación policial ilícita y la obtención de la evidencia se ha atenuado de tal forma que la mancha (de inconstitucionalidad) haya terminado por disiparse y no puede proyectarse sobre la prueba derivada. La excepción se aplica a supuestos en que existiendo un vínculo causal este se presenta tan debilitado que permite blanquear la prueba derivada, esto es, los frutos obtenidos, y aprovecharse de sus resultados […] [20]”.

Partiendo de las ideas del autor precitado, conforme a la excepción relativa al descubrimiento inevitable, se autoriza a la Fiscalía a utilizar la prueba lícita derivada si se acredita de forma suficiente que la misma hubiera sido inevitablemente descubierta por medios legales autónomos o independientes, al margen de la actuación policial inconstitucional que dio lugar a su obtención.

De lo hasta aquí expuesto, se advierte que la regla de admisión en estudio, contiene un valor no epistémico, al decantar por respetar derechos fundamentales de todos los gobernados ante la verdad de los hechos. Efectivamente, el valor epistémico del proceso penal acusatorio es la aproximación a la verdad, lo cual podría realizarse, en principio utilizando cualquier medio de prueba relevante, pero la normatividad jurídica, impone la obligación de que éstos hayan sido fruto del respeto a los derechos fundamentales, cuyo caso contrario sería ilícito, y, por ende, declarado nulo absolutamente; razón por la que, no podrá utilizarse dentro del proceso.

Como es de apreciarse, esta regla no epistémica podría llevar a establecer postulados aseverativos falsos, cuando en realidad sean verdaderos, y viceversa. Verbigracia: La declaración incriminatoria de un testigo presencial de los hechos se obtuvo a través de la tortura, en la cual, entre otras cosas adujo, la forma en que el activo privó de la vida a la víctima, así como, el lugar en el que éste arrojó el arma homicida, a la postre encontrada, sometida al análisis pericial correspondiente, el cual concluyó que fue la misma que realizó los disparos de arma de fuego que impactaron en la humanidad de la víctima, ocasionándole las lesiones que le causaron la muerte. 

Siguiendo lo anterior, si tomamos en cuenta el elemento de prueba expuesto, bajo el criterio de relevancia, llegaríamos a la conclusión que el activo privó de la vida a la víctima. Pero, por otro lado, si a aquél lo sometemos a un escrutinio racional para verificar si fue obtenido ilícitamente, y concluyéramos afirmativamente, la decisión pudiese ser contraria: el activo no privó de la vida al pasivo.

De ahí que, lo antes indicado ponga de relieve la posibilidad real de arribar a decisiones válidas formalmente, por el hecho de respetar al derecho positivo, pero que lleven a resultados contra-epistémicos.

Al hacer referencia a este tema, Cáceres Nieto refiere que en “cuanto a su contenido y desde una perspectiva teleológica, el derecho positivo puede considerarse un sistema tendiente a proteger tanto valores epistémicos como a valores no epistémicos. En este sentido las normas jurídicas que lo protegen constituyen razones para lo toma de decisiones. Sin duda alguna, uno de los problemas centrales en la investigación de la epistemología jurídica consiste en la definición de criterios que emitan un adecuado equilibrio entre la protección de razones epistémicas y razones no epistémicas ya sean éstas de índole moral, política o meramente prudenciales [21].”  

En atención a lo citado, habrá que pugnar por establecer criterios que conlleven a equilibrar la búsqueda de la verdad con la obtención de pruebas ilícitas. Para ello, es necesario mirar al derecho comparado, y examinar las propuestas que han desarrollado –sin mucho éxito en la práctica- algunos doctrinarios, con la finalidad de poder adoptar aquellas que sean acordes a los postulados epistémicos y jurídicos.   

En ocasiones se ha planteado, tomar en cuenta los medios de pruebas obtenidos ilícitamente, incorporando otras medidas alternativas igualmente eficaces para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar registros y arrestos irrazonables, como las acciones civiles de resarcimiento de daños o la imposición de sanciones disciplinarias a los agentes policiales infractores; las cuales se consideran presentan mayores ventajas y tienen mayor eficacia disuasoria sin provocar los altos costos sociales que derivan de la aplicación de la regla de exclusión en términos de la averiguación de la verdad.     

Otro sector de la doctrina, desde la óptica del Common Law, se ha “propuesto una suerte de virtual deterrence (disuasión virtual). Conforme a este planteamiento, la idea básica sería que cuando el Tribunal constatara una violación a la IV Enmienda debería, antes tomar la decisión acerca de la exclusión de las evidencias obtenidas, tomar en cuenta y ponderar las medidas que, en su caso, hubiera adoptado el Gobierno o el concreto Departamento de Policía para prevenir violaciones futuras, bien fueran medidas de capacitación y entrenamiento de los agentes policiales o bien medidas disciplinarias. Si el tribunal concluyera que las medidas adoptadas fueron adecuadas y razonables podría no aplicar la exclusionary rule y, por consiguiente, admitir la prueba a pesar de haber sido obtenido con violación de los derechos consagrados en la IV enmienda[22].”

Desde esta perspectiva, considero es el momento para que, evaluemos si en la practica la regla de exclusión en análisis, es ineficaz o inoperante, para el logro de la finalidad disuasoria; en cuyo caso afirmativo, debemos adoptar otros remedios alternativos más adecuados y eficaces, con el legítimo fin de arribar a la verdad de los hechos.

B) Medios de prueba ofrecidos fuera de los plazos procesales

“Los propios plazos procesales juegan un papel de regla de exclusión: se excluye toda información –aunque sea relevante- que se presente mediante pruebas aportadas fuera de los plazos expresamente previsto[23].”

Con esta regla se pretende garantizar el principio de igualdad entre las partes. Este principio del sistema acusatorio, parte de la base de que la estructura del proceso penal se asienta en el enfrentamiento de partes adversarias que contienden frente a un juez totalmente imparcial, este será en últimas el llamado a señalar cuál de las dos partes, iguales entre sí, logró probar aquello que llevó como propuesta al juicio.

La igualdad de las partes en el proceso, se concreta en que los dos extremos de la contienda, (lato sensu) defensa y acusación, tienen iguales posibilidades de actuación: En lo que aquí interesa, a ofrecer pruebas. Empero, ese actuar debe de realizarse dentro de los plazos señalados por la ley adjetiva, atendiendo al rol de las partes procesales a quienes les corresponda ejercer el citado derecho; sin que se les dé la oportunidad de hacerlo con posterioridad, salvo excepciones[24].

De acuerdo a nuestra legislación, existen tres momentos procesales para que todas las partes, puedan ofertar medios de prueba, a saber:

1. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, dentro de los quince días siguientes, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación por escrito, en la cual deberá establecer, entre otras cosas, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer para sustentar su teoría del caso. (Artículo 335, del CNPP.)

Lo anterior no denota mayor complejidad, siempre y cuando el encargado de la investigación cumpla con presentar la acusación dentro del plazo concedido para tal efecto. En cambio, la problemática se exterioriza cuando se deja de cumplir con esa actividad ambivalente: Obligación de presentar la acusación, y a su vez, derecho, a ofrecer pruebas.

El artículo 325, del CNPP, trata de dar una solución a la problemática precisada en el párrafo precedente, al señalar que cuando el Ministerio Público no cumpla con la multicitada obligación, “(…) el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento (…)”

No obstante, de tal norma jurídica, derivan varias interrogantes: ¿Cuál es la justificación para darle “una segunda oportunidad” al órgano de investigación a fin de presentar su acusación y, por ende, ofrecer medios de pruebas, mientras que a las demás partes procesales le es nugatoria tal circunstancia? ¿La porción normativa en comento vulnera el principio de igualdad entre las partes?

Visto desde la perspectiva de la filosofía general, la aparente colisión entre valores epistémicos y no epistémicos colapsa si adquirimos conciencia de que la determinación de la verdad es una ineludible condición de la justicia.

Así, la justificación para que el órgano de investigación pudiera presentar en una segunda oportunidad su acusación por escrito, descansaría epistémicamente hablando, en la ineludible obligación de una investigación penal que aporte elementos de pruebas relevantes para arribar a la verdad de los hechos. Pero, la normatividad jurídica debe de establecer remedios procesales para prevenir la reincidencia de este tipo de omisiones, pues en caso contrario, se generaría malas prácticas.

Por ello, propongo medidas preventivas que deben de adoptarse: El encargado de la investigación deberá justificar racionalmente, el impedimento legal o material que tuvo para no dar cumplimiento a la presentación de su acusación; y en caso, de que así sea, otorgarle una segunda oportunidad para que él directamente lo haga.

En el supuesto, de que no lo justificara, la consecuencia sería poner del conocimiento a su superior jerárquico dicha circunstancia, para que éste procediera a realizar la presentación de la acusación, con independencia de dar vista al órgano de control interno de su institución para que le inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, y en caso, de que el mismo sea procedente y, reiterada su omisión, se proceda a su destitución. Lo anterior, en aras de garantizar que eventualmente dichas omisiones disminuyan, hasta llegar al punto de desaparecer.

En cuanto a la segunda interrogante, es indudable que, el artículo 325, del CNPP, normativamente hablando vulnera la igualdad entre las partes, pues no le da esa oportunidad ni a la víctima-asesor jurídico, ni al imputado-defensa; por lo que habrá de rediseñar una estrategia para que la normatividad epistémica guarde relación estrecha con la normatividad jurídica.

Si la normatividad epistémica tiene como fin la aproximación a la verdad, indudablemente las partes procesales antes referidas, pueden ofrecer medios de prueba relevantes para arribar a tal finalidad; por lo que, la ley deberá de ofrecerles la misma posibilidad que al agente del Ministerio Público, ante la ausencia de ofrecimiento por escrito de los medios de prueba que pretendan aportar, siempre y cuando también se sometan a las medidas preventivas antes indicadas, evidentemente cada uno con sus características peculiares atendiendo al rol que desempeñen.

2. Por su parte, el asesor jurídico y la víctima, dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, podrán mediante escrito, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado. (artículo 338, del CNPP).

En la práctica, es común que los asesores jurídicos ofrezcan los mismos medios de prueba que con antelación ofreció el agente del Ministerio Público, y expongan igual finalidad; más aún, resulta cuestionable sean admitidos.

En este contexto, con antelación se puso de manifiesto el requisito de relevancia como primer filtro epistemológico para admitir determinado medio de prueba, a su vez, se especificó que el criterio de utilidad supondría un juicio comparativo, esto es poniendo un elemento de prueba concreto en el conjunto probatorio para saber si afecta de alguna manera la probabilidad de la hipótesis o la completitud de dicho conjunto.

Siguiendo esa línea de pensamiento, es claro que, los medios de prueba que ofrezcan la víctima u asesor jurídico deben ser distintos a los aportados por el ministerio público, ya que la legislación procesal claramente señala que éstos deben complementar la acusación; caso contrario, resultarían inútiles, pues previamente esa información habrá ingresado al proceso por conducto de las fuentes de prueba presentados por el órgano acusador. Debiéndose acotarse, que pueden ofrecer los mismos medios de prueba, siempre y cuando tenga una finalidad diversa, pues sólo de esa manera serán útiles, y por ende admisibles. 

3. En el caso del imputado y su defensor, dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán ofrecer los medios de prueba que pretendan se desahoguen en el juicio. (Artículo 340, del CNPP).

En concordancia con lo anterior, tenemos que el párrafo preliminar establece puntualmente la forma y el plazo en que el imputado y defensa pueden ofrecer medios de prueba; sin embargo, esta nitidez muchas veces es tergiversada maliciosamente por abogados postulantes que buscan sacar provecho de una interpretación a conveniencia.

En efecto, existen casos en que, no se presentan por escrito, dentro del plazo aludido los medios de prueba, y en la audiencia intermedia, pretenden hacerlo oralmente. Habitualmente, utilizan el argumento, de que el arábigo 340, del CNPP, al señalar “[…] mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán […]  ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio […]”; les da la posibilidad de hacerlo en la fase oral de la referida etapa.  

Desde luego, dicha interpretación es desacertada, pues el término “podrán”, hace alusión a que es decisión del imputado o defensa, realizar cualquiera de los actos señalados en el aludido arábigo, más no significa que les dé la posibilidad de ofrecer medios de prueba oralmente en la audiencia intermedia.

La anterior aseveración se robustece, si tomamos en cuenta que la citada expresión va precedida de las diversas “mediante escrito”, lo que pone en evidencia que están obligados a hacerlo a través de esta forma. Tanto más, el artículo materia de comentario, en su mayoría fue reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; por lo que, antes establecía clara y expresamente que dicho derecho podrían ejercerlo “mediante escrito o en la audiencia intermedia”; luego, al suprimir la segunda parte, es evidente que sólo se podrá realizar por escrito dentro del plazo procesal atinente.

Ello obedece a la necesidad de que las restantes partes procesales, lleguen a la audiencia intermedia con pleno conocimiento de los medios de prueba que intente ofrecer su contraparte, y así estar en condiciones de ejercer plenamente el principio de contradicción. 

Como colofón, podemos afirmar que esta regla, de admisibilidad estriba sobre dos vertientes generales: i. Las partes procesales están obligadas a ofrecer sus medios de prueba mediante escrito, y ii. Dentro del plazo procesal que el CNPP les concede, caso contrario le serán excluidas.

Bajo esta perspectiva, con la finalidad de que exista equilibrio entre la normatividad epistémica y normativa, pero sobre todo garantizar los principios de igualdad entre las partes y contradicción; para una posterior reforma se propone, asegurar a aquéllas la posibilidad de ofrecer sus medios de pruebas relevantes, excepcionalmente fuera del plazo procesal conducente, siempre y cuando se sometan al test de razonabilidad planteado en líneas precedentes.

C) Privilege

Nuestro código procesal adopta otro criterio desarrollado por la doctrina anglosajona, denominada “privilege”, consistente en eximir a determinadas personas de aportar información relevante para el caso, por razones legales, éticas-morales o por motivos de seguridad pública de la colectividad; y, por ende, en principio sus testimonios serían inadmisibles.

Ejemplo de ello podemos observarlo en los artículos 361 y 362, del CNPP. El primero de los preceptos legales, prevé la facultad de abstenerse de declarar al tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con éste durante por lo menos dos años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, salvo que fueran denunciantes.

El mencionado numeral establece de manera limitativa las personas impedidas para declarar en contra del imputado, por guardar un vínculo de parentesco con él. La justificación de esta regla encuentra sustento en el derecho a no auto incriminarse, el cual no solo le es aplicable al investigado, sino que se extiende a las personas con quien les une una relación afectiva, con la finalidad de no mermar el grupo social primario en donde aquél se desenvuelve.

Nótese, que lejos de privilegiar el arribo a la verdad, el legislador optó por evitar la destrucción de la solidaridad o cohesión familiar del grupo, al existir la posibilidad de que salgan a relucir desavenencias con motivo de la posible declaración inculpatoria que, en dado momento pesaría sobre el acusado.

Lo anterior, resulta irracional, puesto que, poniendo en balanza, por un lado, la ineludible necesidad de arribar a la verdad, a través de una persecución penal eficaz, y por otro, salvaguardar el núcleo familiar del acusado, estimo debe prevalecer el primero.

Sin entrar a un análisis profundo sobre la criminología, entre los múltiples factores que influyen en la comisión de los ilícitos, se encuentra la disrupción familiar. Luego, habrá que preguntarnos ¿En realidad esta regla normativa logra su objetivo? La respuesta negativa sería la correcta, puesto que, en estos casos, por decirlo de alguna manera “el principio a salvaguardar se encuentra vulnerado de origen.” Pero, además por cuestión de índole moral, todos tenemos la obligación de atestiguar sobre conductas delictivas, tanto más, cuando se trate de familiares, con la finalidad de apoyar a su corrección y re-educación.

Entonces, si en la práctica no se logra la finalidad de la regla, se estima adecuado, expresamente relevar de esa facultad a las personas señaladas, a fin de arribar a la verdad de los hechos.

No se soslaya que, la propia ley adjetiva prevé el deber de la autoridad de informarles a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, y si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas.

Sin embargo, esta porción normativa, ningún fin práctico acarrea, ya que genéricamente en la mayoría de los casos, los familiares de los investigados se abstienen de declarar, y en otras ocasiones, renuncian a esta facultad, pero aportan información que beneficia al acusado, lo que no necesariamente tiene que ver con la aproximación a la verdad.

Con base a lo antedicho, si no se logra los fines de le epistemología jurídica ni los valores normativos en juego, no tiene sentido que el código procesal continúe previendo el impedimento para declarar a favor de las personas mencionas líneas arriba.

Amén de lo anterior, es menester expresar que la propia ley releva esta facultad cuando se traten de denunciantes. Así, el testigo es una de aquellas personas que deben cumplir en el proceso penal actividades de colaboración, sin alcanzar en ningún caso la condición de sujeto procesal, por carecer de titularidad de los poderes sustanciales referidos directamente al objeto procesal, o de la condición de órgano del Estado instituido para desempeñar el oficio judicial con incidencia sobre ese objeto.

Si quienes prestan declaración son los denunciantes, tal condición resulta incompatible con la facultad de abstención, pues el denunciante no testifica, sino que imputa, y su declaración en el proceso ingresa como unidad, por lo que no puede abstenerse con posterioridad pues ya renunció oportunamente a aquel privilegio. Por consiguiente, no debe hacérsele conocer un derecho que ya no tiene.

La denuncia del legitimado –facultad que se agota con su ejercicio-, en consecuencia, elimina el obstáculo con que tropieza el órgano estatal encargado de promover la acción, de manera que éste se encuentra en el deber jurídico de actuar, como en todo otro caso de acción promovible de oficio.

En un orden de ideas diverso, el artículo 362, del CNPP, establece el deber de guardar secreto, al establecer: “Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.”

A diferencia del precepto legal 361 adjetivo, el numeral expresado en el párrafo precedente, establece a los sujetos obligados de guardar secreto de manera enunciativa, más no limitativa; por lo que, cabe la posibilidad de ampliar el marco de oficios o profesiones sobre los que versará dicho deber.

El secreto profesional es una obligación de confidencialidad, que se impone por la necesidad de que exista una absoluta confianza entre el profesional y quienes acuden a solicitar sus servicios. Por ejemplo, un acusado no podría contar toda la verdad a su abogado si luego se pudiese obligar al abogado a declarar como testigo lo que le ha contado. En otros casos, como el de los enfermeros, médicos y psicólogos, el secreto profesional se basa en el respeto a la intimidad del paciente. Por otra parte, los ministros religiosos tienen la obligación de mantener el secreto de confesión, la cual se fundamenta esencialmente en cuestiones de índole moral.

En cuanto a los funcionarios públicos, podemos definirlos como un servidor del Estado, designado por disposición de la Ley, por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, para ocupar grados superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

Este concepto que se sustenta en el criterio orgánico de jerarquía y potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan ordenes de la superioridad y no tiene representatividad del órgano al que están adscritos.

 Bajo ese contexto, desde el punto de vista teleológico, podemos aseverar válidamente que la obligación para eximir de declarar a los funcionarios públicos, es porque derivado de sus actividades tienen información reservada o privada que por disposición legal no pueden ponerla del conocimiento; de ahí que, de lo que se trata es de salvaguardar o tutelar el derecho de las personas a mantener la privacidad de sus datos de carácter personal, y en definitiva, el poder de control o disposición sobre sus datos, y la devolución al mismo de la capacidad de decidir sobre el destino de sus datos personales.

Obsérvese que la regla de admisibilidad en trato privilegia derechos fundamentales del acusado, tales como: la no autoincriminación, privacidad e intimidad (valores no epistémicos), colocándolos sobre la verdad de los hechos (valor epistémico).

En tal sentido, la única excepción para que las citadas personas puedan revelar la información adquirida, desde luego, relevante para el proceso, es que sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto, en cuyo caso están obligados a declarar. Con base a ello, estimo que para que sea admisible el testimonio de aquéllas, dicha liberación debe ser expresa y previa a su ofrecimiento.

3. Reglas de exclusión de medios de prueba de bajo valor epistemológico

A) Declarantes por referencia de terceros

Atendiendo al derecho comparado existen legislaciones procesales que no permiten a las partes ofrecer “testigos de referencias”, dado que, a priori razonablemente se desconfía de su credibilidad, toda vez que, no puede valorarse del mismo modo que con el resto de los testigos, porque no han visto aquello sobre lo que declararán, si no que dicho conocimiento lo adquirieron por otra persona. 

“Ello provoca que sean inútiles todas las ventajas de la contextualización del relato –salvo en lo que se refiere a las circunstancias en que les expresó el relato el testigo directo- y los posibles cambios en la declaración que se sugieran al testigo durante el interrogatorio. Ese testigo ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, por lo que no puede describir su contexto, y ni tan sólo puede imaginar una perspectiva diferente a la que relataron. Por tanto la falsedad de su testimonio es muy difícil de descubrir[25].”  

Desde mi punto de vista, el relato del declarante de referencia puede tener sesgos cognitivos, pues a raíz de lo mencionado por otra persona, puede producir una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí.

Ello pudiese suceder, bien porque el testigo directo le aportó información falsa o tergiversada, o porque, la interpretación de la información verdadera hecha por el declarante es distinta a la otorgada por aquél, y por ende, la forma en que la expresará será diversa, lo que desde luego puede permear sobre su contenido.

Nieva Fenoll, afirma que descartar a priori una prueba es lógico en un sistema de prueba legal, pero no en un contexto de libre apreciación de la prueba, en el que no existen exclusiones apriorísticas de medios de prueba. Y “por consiguiente hay que hacer un último esfuerzo por intentar que el testigo de referencia pueda tener alguna utilidad en el proceso”[26].

En ese sentido, sostengo que se debe de excluir a los declarantes por referencia de terceros, siempre y cuando no hayan sido ofrecidos con antelación testigos directos, o en su defecto, existan motivos razonables de la ausencia de éstos, en cuyo caso, pasado el filtro de admisión, corresponderá al Tribunal de enjuiciamiento, analizar el caudal probatorio individual y conjuntamente, a la luz de la sana crítica, para determinar el mérito convictico de cada uno de ellos. 

En caso de no adoptar esta regla, se correría el riesgo de condenar a una persona con base en una declaración aportada por otra, que ni tan siquiera conoció de ciencia propia los hechos relevantes al proceso, lo que dota de bajo valor epistémico al contenido de la información dada; y en consecuencia, mayor posibilidad de error judicial existiría.

Sobre este tópico, el citado autor enuncia una serie de parámetros que debe tomar en consideración la autoridad jurisdiccional para fundar una condena penal, tomando como base a “testigos de referencia”:

  1. Pluralidad de testigos de referencia.
  2. Coherencia de declaración de cada testigo de referencia.
  3. Coincidencia en lo afirmado por los diversos testigos.
  4. Contextualización de las circunstancias en las que el testigo de referencia tuvo acceso al relato.
  5. Verosimilitud del relato.
  6. Como correlato de lo anterior, existencia de motivos que expliquen razonablemente el silencio o ausencia del testigo de referencia.
  7. Origen diverso de testigos de referencia.

Lo anterior, se basaría en la injusticia que acarrearía emitir una sentencia absolutoria, cuando no existan testigos directos, quienes en ocasiones son coaccionados a no comparecer a las audiencias de debate, e inclusive les son arrebatadas las vidas para lograr tal fin, generando con ello impunidad.

En conclusión, para la admisión de declarantes por referencia de terceros, como elemento corroborador, se debe seguir la regla propuesta en anteriores líneas, a efecto de aumentar la potencial corroboración o disminución de las hipótesis soportadas por las partes procesales; puesto que, en caso contrario, la información que aporten será de bajo contenido epistémico, y consecuentemente, su credibilidad sería puesta en entredicho, en cuyo caso, ningún fin práctico acarrearía llevarlo a juicio oral.

Dicho de otro modo, desde la audiencia intermedia se debe de verificar la posibilidad de corroboración de la información que en un futuro aportaría el declarante, en virtud que, de no hacerlo, no quedaría otro remedio que excluir su declaración.

B) Medios de prueba que no puedan practicarse con la debida aplicación del principio de contradicción

La inmediación es uno de los ejes sobre los que gira el procedimiento penal acusatorio en nuestro país, el cual, según la doctrina tiene dos aristas: a) en sentido formal: implica que el juzgador esté presente durante el desarrollo de las audiencias, sin poder delegar dicha obligación en cualquier subalterno, y b) en sentido material: gravita en que el juzgador tome conocimiento de los hechos de manera directa de la fuente de prueba sin poder utilizar equivalentes probatorios. 

Otro principio fundamental es el de igualdad de armas, con la finalidad de lograr un equilibrio entre la acusación y la defensa; además, se exige como regla general que, el examen del testigo tenga un carácter contradictorio.

Sin embargo, la legislación adjetiva de la materia, ha establecido diversas excepciones a dichos principios. En efecto, el artículo 386, señala “Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos: i. El testigo o coimputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o ii. Cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado. Cualquiera de estas circunstancias deberá ser debidamente acreditada.”

Adviértase que, la interpretación literal de la norma jurídica, no permite garantizar un debate contradictorio, porque, en principio aparenta un carácter absoluto o inflexible; motivo por el cual, deben establecerse excepciones jurídicas basadas en normas epistémicas, a fin de poder garantizar exponencialmente los derechos de la defensa.

Es decir, las autoridades deben de aportar medidas positivas para permitir al acusado examinar o hacer examinar a los testigos de cargo. En principio, parecería injusto, condenar a aquél tomando como base únicamente la declaración de un testigo de cargo que no estuvo en condiciones de interrogar durante la secuela procesal.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2929/2018, analizó la constitucionalidad de una disposición legal procesal del Estado de Guanajuato, redactada en similares términos a la primera parte del dispositivo legal 386, del CNPP.

Del desarrollo de la ejecutoria en análisis, se aprecia que nuestro Máximo Tribunal arribó a la conclusión de que, la hipótesis normativa en comento, era inconstitucional, por vulnerar los principios de inmediación y contradicción, previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Arguyó que “(…) la previsión de incorporar a la audiencia oral, mediante lectura, las declaraciones de testigos en el supuesto en estudio es incompatible con el principio de inmediación que exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con el sujeto de prueba, dado que la ausencia del testigo en la etapa de juicio y la incorporación de su declaración mediante lectura constituye un obstáculo que impide al juez o tribunal de enjuiciamiento percibir todos los elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos. De manera que, en ese supuesto, el juez no estará en condiciones de formarse una imagen completa del contenido y exactitud de la declaración.”

Además, señaló que la referida disposición legal también transgredía el principio constitucional de contradicción, porque la ausencia del declarante en la audiencia de juicio y la autorización de incorporar su testimonio mediante lectura, también anula la posibilidad de que la contraparte del oferente someta al sujeto de prueba al escrutinio de un ejercicio contradictorio, a través del contrainterrogatorio que le permita controvertir la credibilidad de su testimonio. De ahí que la infracción a los principios constitucionales de inmediación y contradicción en la etapa de juicio oral, constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, pues no habrá garantía de que los hechos del proceso serán demostrados a través de pruebas obtenidas con pleno respeto a los derechos fundamentales y principios del sistema penal acusatorio.

Resulta complicado radicalizar el punto toral de este tema; sino por el contrario, considero que se debe buscar un equilibrio entre el derecho del acusado a contrainterrogar a los testigos de cargo, y el derecho/obligación de la parte acusadora para sostener su imputación, más si tomamos en cuenta que en medio de éstos, están en juego intereses de las víctimas directas, amén de que, no podemos dejar a un lado la realidad social de poderes de facto que tanto flagelan a la sociedad.

Por ello, pugno por armonizar la normatividad jurídica con la epistémica, a través de reglas lógicas-racionales que permitan admitir los testimonios por lectura de los registros en los que consten sus entrevistas.

En esa línea de pensamiento, planteo admitir los testimonios mediante lectura, en los supuestos que establece el artículo 386, en su primera fracción, siempre y cuando se cumpla con el siguiente test racional:

1. Que el acusado haya tenido la oportunidad de interrogar o contrainterrogar al testigo de cargo durante la secuela procesal

2. Que la declaración incorporada mediante lectura no constituya el principal elemento de prueba para justificar la sentencia condenatoria

Tocante a la primera temática, podría cuestionarse que, es incierto que durante el desarrollo del proceso el testigo en sentido amplio, caiga en cualquiera de los supuestos establecidos en la porción normativa en cita, y en esas condiciones, se obstaculiza prever interrogarlo o contrainterrogarlo. Empero, estimo que el órgano de defensa, debe ser muy meticuloso al momento de establecer su teoría del caso, dado que, desde el inicio podrá valorar la importancia del testigo de cargo principal, para estar en condiciones, de evaluar contrainterrogarlo anticipadamente. 

Atinente al segundo tópico, de inicio pudiera pensarse que se haría una evaluación del alcance probatorio del elemento de prueba, en una fase procesal inoportuna; sin embargo, considero que no es así, puesto que, si desde la intermedia el Juez de control verifica que el único señalamiento que pesa sobre el acusado, es el del testigo cuya ausencia se anuncia, deberá excluirlo porque evidentemente no será útil.

No puede ser útil el testimonio de una persona, cuya declaración sería incorporada a la audiencia de debate, a través de su lectura, si no encuentra elementos de prueba que la corroboren indirectamente.

Con el cumplimiento del pequeño test propuesto, se busca armonizar la normatividad jurídica con la epistemológica, para dotar de información relevante al Tribunal de enjuiciamiento, pero, sobre todo, darles certeza a las partes en el sentido de que, la sentencia que a la postre se dicte, se realizó observando el debido proceso.

En el caso de la fracción II, del numeral 386, del CNPP, únicamente me limitaré a señalar como correcta la posibilidad de incorporar mediante lectura las declaraciones de los testigos (lato sensu), cuando se compruebe que su incomparecencia fue atribuible al acusado, pues es de lógica elemental, que si éste directa o indirectamente intervino en la falta de comparecencia de aquéllos es porque, su dicho no le era benéfico, y por ende, optó por incidir en su ausencia.

 

V. Conclusiones

Evitar producir falsos culpables, es la justificación para que normas jurídicas sacrifiquen valores epistémicos. Lo que, sin lugar a dudas, es importante, pero habrá que preguntarnos si la única estrategia para realizar esa salvaguarda consiste en el sacrificio epistémico.

Si damos por hecho que el único fin del proceso penal acusatorio es la aproximación a la verdad, sería válido concluir que deben ser admitidos todos los elementos de prueba relevantes para cumplir con tal objetivo; sin embargo, aquél tiene diversas finalidades, las cuales son igual de legítimas.

Entre estas, se encuentran aquellas que se basan en el respeto de los derechos fundamentales de las partes procesales, a efecto de garantizar el debido proceso, instaurado como piedra angular dentro de nuestro sistema jurídico.

Es decir, no podemos acercarnos a los límites de la verdad, asumiendo cualquier costo, si no por el contrario, se deben de realizar adecuaciones jurídicas acordes a la normatividad epistémica, con el propósito de equilibrar ambos valores. Desde luego, considero que el derecho positivo puede adecuarse a los postulados de la rama de la filosofía jurídica en comento, pero debe existir un esfuerzo, no solo por parte de los operadores jurídicos, si no por los legisladores, para compatibilizarlos.

Acorde con lo señalado por el maestro Cáceres Nieto, lo anterior, puede lograrse si se incluyera en el derecho positivo instituciones jurídicas que no produzcan efectos contra-epistémicos, si no que faciliten las condiciones necesarias para que los operadores jurídicos puedan determinar la verdad de los hechos; pero no solo eso es indispensable, se requiere que no interfieran, si no que promuevan, el ejercicio de la normatividad epistémica; y, protejan valores no epistémicos de tal suerte que su protección no imposibilite la determinación de la verdad.

Lo propuesto, sin duda alguna, logrará arribar a postulados aseverativos verdaderos y justificados, y consecuentemente, disminuirá la probabilidad de error en las decisiones judiciales. No desconozco que habrá ocasiones en que sea imposible armonizar los valores epistémicos con los no epistémicos.

En estos casos, pugno porque se sacrifique un valor epistémico para salvaguardar un valor no epistémico importante, es decir, considerado a nivel derecho humano o fundamental, si y solo si no se encuentra una forma alternativa de protegerlo.

 

VI. Bibliografía

Cáceres Nieto, E., (2015). Epistemología Jurídica Aplicada. Enciclopedia de Filosofía y Teoría del derecho, volumen 3. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3876/16.pdf

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VII. Referencias

[1] Cáceres Nieto, E., (2015). Epistemología Jurídica Aplicada. Enciclopedia de Filosofía y Teoría del derecho, volumen 3. Pág. 2197. Recuperado de https://archeivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3876/16.pdf

[2] Laudan, L., (2006) Arrol and criminal law. Cambridge University Press. Pág. 5.

[3] Cáceres. Op. cit., p. 2202.

[4] Ibídem., p. 2203.

[5] María Inés Horvitz Lennon y otro. (2004) Derecho Procesal Chileno Tomo I. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile. Pág. 21.

[6] Cáceres. Op. cit., p. 2279

[7] Taruffo, Michele. (2002) La prueba de los hechos. Traducido por Jordi Ferrer Beltrán. Madrid, España. Editorial Trota. Pág. 359.

[8] Ibídem., p. 365.

[9] Vázquez, C., (2019) La prueba pericial en el razonamiento probatorio. México. Editorial Ceji. Págs. 349 y 350.

[10] Tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 174899, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tesis: P./J.74/2006, Tomo: XXIII, Junio 2016. Pág. 963.

[11] Gascón Abellán, M., (2010) Los hechos en el derecho, bases argumentales en la prueba. Tercera edición. Madrid, España. Editorial Marcial Pons. Pág. 79.

[12] Ferrer Beltrán, J., (2019) Prueba y Racionalidad de las Decisiones Judiciales. México. Editorial Ceji. Págs. 145 -146.

[13] Vázquez. Op. cit., p. 122. 

[14] Ibídem., p. 251.

[15] Taruffo. Op. cit., p. 368.

[16] Vázquez. Op. Cit., p. 72.

[17] Nieva Fenoll, Jordi y otros. (2018) Hechos y Razonamiento Probatorio. México. Editorial Ceji. Págs. 105 y 106.

[18] Miranda Estrampes, Manuel. (2019) Prueba ilícita y regla de exclusión en el sistema estadounidense. Madrid, España. Editorial Marcial Pons. Págs. 38.

[19]  Nieva. Op. Cit., p. 107.

[20] Miranda. Op. Cit., p 98.

[21] Cáceres. Op. Cit., 2292.

[22]  Miranda. Op. Cit., p. 52.

[23] Ferrer. Op. Cit., p 146. 

[24] Al respecto, el artículo 390, del CNPP, establece la posibilidad de que el Tribunal de Enjuiciamiento ordene la recepción de prueba nueva o de refutación. Léase dicho numeral para mayor comprensión. 

[25] Nieva Fenoll, Jordi.  (2010) La valoración de la prueba. Madrid, España. Editorial Marcial Pons. Págs. 278 y 279.

[26] Ibídem., p. 279.


Fernández Nava, Hever

Fernández Nava, Hever

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, obteniendo la titulación expedita por ser de los mejores promedio de su generación. Maestría en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guerrero, por examen de oposición, con mención honorifica. Realizó estudios de Doctorado en Derecho, en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado campus Acapulco. Especialidad para jueces en el sistema acusatorio y oral, por el Instituto Mexicano de Juicios orales. Especialidad en Proceso Penal y Garantismo, en el Instituto HÉBO y la Universidad de Girona, España. Especialidad en Obtención, Interpretación y Valoración de la Prueba, en la Universidad de Salamanca España. Docente certificado mediante examen de oposición por la entonces Secretaría Técnica del consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Coautor del libro “La aplicación del control difuso de convencionalidad en las normas penales”. Ha impartido diversos cursos y capacitaciones relacionados con el Proceso Penal Acusatorio en múltiples instituciones públicas y privadas. Desde hace más de seis años ocupa el cargo de Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero.

Email: f-er-nav@hotmail.com


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