Algunas notas sobre la cuestión del testigo de identidad reservada y del informante

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Autor: Gonzalo Eloy Lorences 
Fecha de publicación: 07 Oct, 2020
Temas: Derecho Penal; Proceso penal; Testigo de identidad reservada; Informante, Análisis jurisprudencial, Derechos Humanos.

 

I. Introducción

En este trabajo me propongo abordar la cuestión del testigo de identidad reservada y del informante[1], con un enfoque dirigido a su aplicación en los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primer lugar, explicaré a qué nos referimos cuando hablamos de estos términos y los casos en que estas figuras pueden ser utilizadas.

Luego, haré referencia a la reglamentación local y nacional sobre este instituto. Por otro lado, analizaré la jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires sobre la cuestión y, luego, abordaré el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Norín Catrimán y otros vs. Chile” en el marco del cual dicho Tribunal regional señaló qué requisitos debe tener su aplicación para que sea respetuoso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También me enfocaré en los problemas que tienen estos institutos desde la óptica de la defensa y su imposibilidad de contraexaminarlos correctamente al no conocer, de antemano, la información sobre un testigo que puede ser vital para la hipótesis acusatoria.

Para finalizar esta introducción, entiendo relevante señalar que este artículo se encuentra dirigido, especialmente (pero no, únicamente), a los profesionales que litigan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya que el tema que tratan estas líneas es novedoso en dicho ámbito.

 

II. El testigo de identidad reservada y el informante

Antes de ingresar al análisis de los términos sobre los que discurrirán estas líneas, debe tener presente el lector que, con el dictado de la Ley Nacional N° 26.702, se transfirieron más de treinta (30) delitos a los tribunales capitalinos[2] que fueron aceptados por la Legislatura Local mediante el dictado de la Ley N° 5.935. Estas normas introdujeron al ámbito local, entre otros, algunos de los tipos penales contemplados en la Ley N°23.737[3].

Este traspaso de competencias generó, a partir de enero de 2019, un gran caudal de casos que comenzaron a ventilarse en la Ciudad de Buenos Aires, que, además de aumentar significativamente la carga de trabajo de los tribunales, trajeron consigo problemáticas ajenas a los ilícitos que allí se investigaban.

En lo que respecta a este artículo, me interesa concentrarme en los casos relacionados con la Ley N° 23.737 y el testigo de identidad reservada y el informante.

Para principiar el estudio del llamado testigo de identidad reservada y, si bien no hay normas, por lo menos aplicables en la Ciudad de Buenos Aires, que lo llamen por ese nombre, conviene señalar que el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires prescribe en su artículo 37, inciso “c” que se les garantizará a las víctimas y a los testigos: “medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes, quienes podrán disponer la utilización de medios tecnológicos adecuados para controlar y garantizar la efectividad de las medidas de protección dispuestas”.

Es decir que, ante la solicitud fundada de una víctima o un testigo para que se les reserven sus datos personales, en principio, el Ministerio Público Fiscal debería acceder a esta petición de acuerdo a la norma procesal transcripta.

Luego, analizaremos si, en cualquier caso y en todo momento del proceso, pueden adoptarse este tipo de medidas.

La Ley 27.319 regula al informante, que se diferencia, esencialmente, del testigo de identidad reservada, en que este último recibe una contraprestación dineraria por la información aportada que debe permitir a las fuerzas de seguridad detectar individuos u organizaciones dedicadas a los delitos previstos por esta ley[4].

El Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires también regula a la figura bajo análisis en el artículo 145 ter[5], pero solo para ciertos supuestos (delitos previstos en la Ley N° 23.737 y modificatorias y los prescriptos en los tipos de los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 y 131 del Código Penal y delitos cuyas penas fueran superiores a tres (3) años de prisión en abstracto y que se justifiquen en la complejidad de la investigación del hecho).

En consecuencia, si bien ambos institutos revelan diferencias sustanciales, lo cierto es que, a efectos de este trabajo, es decir, la afectación al derecho del imputado a conocer las evidencias de cargo y refutarlas, son iguales.

 

III. La posición de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires sobre el tópico bajo estudio

Las Salas II y III del Tribunal reseñado se expidieron favorablemente acerca de la viabilidad de los testigos de identidad reservada cuando cuestiones de seguridad lo ameriten; siempre y cuando la Fiscalía descubra su identidad en el marco de la audiencia de debate.

Puntualmente, la Sala II señaló que:

En relación al agravio referido a la nulidad del requerimiento de juicio por sustentarse en prueba inválida: la declaración de testigos de identidad reservada, cabe confirmar su rechazo por cuanto, tal como afirmó el Magistrado de grado, en el juicio declararán tales testigos.

En este sentido, he manifestado que “…será el debate la ocasión propicia para que la defensa técnica pueda controvertir y producir la prueba que considere necesaria para mejorar la situación procesal de su asistido y éste podrá brindar todas las explicaciones conducentes a la dilucidación del caso (Conf. CNCP, Sala IV, causa nº 456, caratulada “Gallo, Víctor Alejandro s/ rec. casación”, reg. nº 758), incluso la versión brindada en la audiencia del art. 161 de la ley de rito, de modo que el rechazo de la nulidad planteada en este sentido no se traduce como una afectación grave para el justiciable que no sea pasible de enmienda ulterior que importe una frustración a la protección de los derechos constitucionales invocados”.

A mayor abundamiento, la doctrina sostiene que “Los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos: de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar libre y directamente a los testigos, indagando de este modo sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener. Éste es el principio general; tanto es así que la ley procesal dispone que las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucción…” (JAUCHEN, Eduardo M.; Tratado de la prueba en materia penal; Ed. Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2009; págs.569-570).

En el caso el Juez de grado hizo lugar a la declaración de los testigos de identidad reservada, siempre y cuando se den a conocer antes de comenzar el juicio los datos filiatorios de los mismos.

En consecuencia, no advirtiéndose afectaciones a garantías constitucionales, el agravio en este punto tampoco podrá tener favorable acogida[6].

En definitiva, las dos Salas coinciden en que el derecho del imputado a conocer los datos de los testigos de identidad reservada adquiere virtualidad en el marco de la audiencia de debate. Es decir que, desde su óptica, antes de este hito procesal el desconocimiento del inculpado de algunos testigos de cargo no podría acarrear ningún perjuicio para el inculpado.

 

IV. La posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la cuestión

El día 29 de mayo de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) se expidió sobre la convencionalidad (es decir si su utilización afectaba las garantías reconocidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-) de los testigos de identidad reservada[7] en el marco de varios casos que se llevaron adelante contra nacionales chilenos por la supuesta violación a diferentes artículos de la Ley 18.314, llamada “Ley antiterrorista”.

En estos procesos sustanciados en Chile, algunas de las personas imputadas fueron condenadas en causas donde declararon testigos de identidad reservada.

Escuetamente, en cuanto interesa a estas líneas, los testigos declararon de la siguiente manera:

Dos testigos con identidad reservada declararon en las audiencias públicas celebradas en los juicios seguidos contra los señores Norín Catrimán y Pichún Paillalao. Lo hicieron detrás de un “biombo” que ocultaba sus rostros de todos los asistentes, exceptuando a los jueces, y con un “distorsionador de voces”. La defensa tuvo la oportunidad de interrogar a los mismos en esas condiciones. En el segundo juicio, que fue celebrado en razón de la declaratoria de nulidad del primero, se permitió que los defensores de los imputados conocieran la identidad de los referidos testigos, pero bajo la prohibición expresa de transmitir esa información a sus representados. Los defensores del señor Norín Catrimán se negaron a conocer tal información sobre la identidad de los testigos porque no se la podían comunicar al imputado. Tanto en la sentencia absolutoria inicial como en la posterior sentencia condenatoria, se valoraron y tuvieron en cuenta las declaraciones de los testigos con reserva de identidad[8].

El Tribunal señaló los derechos, en abstracto, con los que cuentan los acusados desde una óptica convencional. Así, explicó que: “El literal f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. La Corte ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada[9].

Sin perjuicio de ello, luego, reconoció que el Estado tiene el derecho de garantizar “los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal (y que ello)[10]puede justificar la adopción de medidas de protección”[11]. Aunque, señaló que una medida como la aquí analizada se debe adoptar sujeta a control judicial y “fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que se trata de una medida excepcional y verificando la existencia de una situación de riesgo para el testigo[12].

Para concluir, la Corte IDH señaló que “a) la autoridad judicial debe conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración y b) debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración[13]. Además, explicó que “la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada”[14].

 

V. Problemas entre estos institutos y el sistema acusatorio

Para poder efectuar adecuadamente un contraexamen, la Defensa debe poder contar con información del testigo que le permita desarrollar un interrogatorio eficaz de acuerdo con sus pretensiones.

Así, la doctrina enseña que el contradictorio es imprescindible para: a) “desacreditar la credibilidad personal del testigo (y vincularlo con el argumento a desarrollar en el alegato de cierre) v.s. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar; perjuicios, interés u otro motivo de parcialidad del testigo: manifestaciones anteriores, carácter o patrón de conducta del testigo. b) desacreditar la credibilidad del testimonio” y para establecer de antemano el modo en que se va a encarar el contradictorio con información previa sobre el testigo[15].

Asimismo, en el proceso acusatorio, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurre con los de tinte inquisitivo y mixto, la Defensa debe tener una posición proactiva con relación al proceso, lo que se traduce en la materialización de un legajo propio en el marco de cual se vayan agregando las evidencias de descargo o las que sean consideradas pertinentes por la parte (esta es la recomendación del Manual de Defensoría Penal Pública para América Latina y el Caribe del año 2006, redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA)[16].

En apoyo de esta posición debe recordarse que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires señala, sin distinción de funciones, señala que: “Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán -para el mejor cumplimiento de sus funciones- requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Públicos y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance”.

Con ese norte se llega a la conclusión que extraigo del trabajo de Patricia Ana Larocca ya reseñado: “En definitiva, pareciera ser que nada impediría que sea el Ministerio Público de la defensa -y por extensión, los defensores en general- el que requiera informes y realice averiguaciones, con excepción, claro está, de los actos irreproducibles y definitivos, que en todos los ordenamientos procesales, solo pueden ser realizados con intervención del magistrado interviniente”[17].

Y sigue: “Es decir que, del análisis armónico entre el Código Procesal de la CABA y de la Ley de Ministerio Público que rige en el mismo ámbito territorial, se desprende que si el primero nada dice respecto de la facultad de la defensa -o sea, no la prohíbe-, mientras que la segunda expresamente la autoriza, y en ambos casos el legislador es el mismo, a lo que se suma que el Código claramente prevé un procedimiento que predica la igualdad de armas y el contradictorio como método para llegar a la verdad procesal, claramente podemos sostener que la defensa se encuentra en condiciones de producir evidencia”[18].

Y culmina: “La idea que subyace a todos los ejemplos premencionados, en definitiva, es que la defensa se encuentra facultada para realizar una investigación previa para conocer el contenido de la evidencia antes de ofrecerla para el debate. Desde el punto de vista estratégico, resultaría ilógico que la defensa recién tome conocimiento cabal sobre lo que podrán decir los testigos por ella propuestos o del resultado de informes, cuando los mismos sean agregados al legajo de investigación fiscal, cosa que ocurre indefectiblemente cuando se la obliga a requerirle a él la medida de indagación. La defensa debería tener posibilidades de investigar el tenor de la información que estas fuentes van a arrojar, en forma previa a su presentación en la investigación preliminar, para saber la conveniencia de acompañarlas o no. Si el fiscal puede hacer una investigación previa aun antes de requerir la instrucción del sumario, no se explica por qué la defensa no podría sondear la prueba antes de hacer su descargo”[19].

En definitiva, una Defensa proactiva debería contar con un legajo propio que contenga, entre otros elementos, información sobre los testigos de cargo de la Fiscalía con el objeto de poder refutar las proposiciones fácticas que éstos rubriquen. Dicha posibilidad no se verá satisfecha con la reserva de los datos de dichos testigos.

En consecuencia, para resolver la dicotomía planteada en este trabajo; resumidamente, la tensión entre el derecho de la Defensa a contar con toda la información de los testigos de cargo y el derecho de los testigos a su seguridad, es preciso recurrir a herramientas interpretativas que exceden los objetivos de estas líneas. Sin embargo, debe recordarse que, existen ciertos casos (que siempre deben ser ponderados por el Juez/a interviniente) en los que el interés defensista debe ceder en pos de la seguridad de las víctimas o testigos involucrados (posición adoptada, por ejemplo, por la Cámara porteña); o bien, de la posibilidad de averiguar la verdad en supuestos de cierta envergadura.

 

VI. Conclusiones y palabras finales

No pasará inadvertido para el lector que nuestro tiempo trajo consigo una complejización de las sociedades y ello nuevos conflictos que, claro está, repercutieron en el Estado de Derecho y en el propio Derecho Penal que, de alguna manera, debió “atrapar” al nuevo universo de casos que se le presentaban.

En este marco aparecieron nuevos términos como “derecho penal del enemigo”, las diferentes velocidades del derecho penal, normas penales de flanqueo y delitos de peligro abstracto, entre tantos otros.

Estas cuestiones acentuaron la tensión entre los derechos del imputado y del Estado en conocer la verdad de lo sucedido. Un atisbo de solución a esta cuestión puede ser encontrada, por ejemplo, en el examen de proporcionalidad; es decir, qué derecho puede prevalecer teniendo en cuenta la situación en concreto que se nos presenta[20].

Este es el cuadro en el que se inscribe la cuestión que se expone en este trabajo y qué derecho debe prevalecer si el del imputado a contraexaminar a los testigos con todas las herramientas existentes o la seguridad de estos últimos a que no se conozca su identidad y, en definitiva, no puedan ser objeto de represalias por parte de los acusados.

Estas pocas líneas no son suficientes para dar una respuesta definitiva a la cuestión, pero tampoco era el objetivo, sino que la intención original era mostrar que allí existe una tensión, muchas veces obviada, entre dos derechos que los tribunales deben solucionar en el caso concreto con las herramientas adecuadas a tal efecto.

 

VII. Referencias

[1] Incorporado mediante Ley Nacional N° 27.319.

[2] a) Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal); b) Duelo (artículos 97 al 103, Código Penal); c) Abuso de armas (artículos 104 y 105, Código Penal); d) Violación de domicilio (Título V, Capítulo II, artículos 150 al 152, Código Penal); e) Incendio y otros estragos (artículos 186 al 189, Código Penal); f) Tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional, previstos en el artículo 189 bis, acápites 2 y 4, Código Penal, con excepción de los casos en que el delito aparezca cometido por un funcionario público federal o sea conexo con un delito federal; g) Impedimento u obstrucción de contacto, tipificado por ley 24.270; h) Penalización de Actos Discriminatorios, conforme lo dispuesto en la Ley 23.592; e i) Delitos y Contravenciones en el Deporte y en Espectáculos Deportivos, conforme lo dispuesto en las leyes 20.655 y 23.184 y sus modificatorias, en los aspectos que resulten aplicables a la jurisdicción local. La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervendrá en el supuesto del artículo 151 del Código Penal contemplado en el apartado d) precedente, siempre que el hecho lo cometiere un funcionario público o agente de la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGUNDO: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que tramite ante los tribunales locales:

a) Atentado y resistencia contra la autoridad (artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243, Código Penal); b) Falsa denuncia de delitos cuya competencia se encuentre transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 245, Código Penal); c) Usurpación de autoridad, títulos u honores (artículos 246 incisos 1, 2 y 3, y 247, Código Penal); d) Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248, 248 bis, 249, 250, 251, 252 1er. párrafo y 253, Código Penal);

e) Violación de sellos y documentos (artículos 254 y 255, Código Penal); f) Cohecho y tráfico de influencias (artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259, Código Penal); g) Malversación de caudales públicos (artículos 260 al 264, Código Penal); h) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265, Código Penal); i) Exacciones ilegales (artículos 266 al 268, Código Penal); j) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3), Código Penal); k) Prevaricato (artículos 269 al 272, Código Penal); l) Denegación y retardo de justicia (artículos 273 y 274, Código Penal); m) Falso testimonio (artículos 275 y 276, Código Penal); y n) Evasión y quebrantamiento de pena (artículos 280, 281 y 281 bis, Código Penal).
TERCERO: DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, siempre que se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289 inciso 1, 290 y 291, Código Penal); y b) Falsificación de documentos (artículos 292 al 298, Código Penal).
CUARTO: DELITOS VINCULADOS A MATERIA DE COMPETENCIA PUBLICA LOCAL:
a) Delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual (artículos 143 al 144 quinto, Código Penal), siempre que fuera cometido por un miembro de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159, Código Penal); c) Estafa procesal acaecida en procesos judiciales tramitados ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (artículo 172, Código Penal); d) Defraudación (artículo 174 inciso 5, Código Penal), siempre que el hecho se cometiere contra la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) Delito contra la seguridad del tránsito (artículo 193 bis, Código Penal); f) Desarmado de autos sin autorización, conforme lo prescripto en el artículo 13 de la ley 25.761; g) Profilaxis, en relación a los delitos tipificados por la ley 12.331; y h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la redacción de la ley 26.052 (artículos 5to. incisos c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29, ley 23.737 y suministro infiel e irregular de medicamentos, artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater, Código Penal.

[3] Con ajuste a lo previsto en el artículo 34 de la ley 23.737, conforme la redacción de la ley 26.052 (artículos 5, incisos c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29, ley 23737.

[4] ARTÍCULO 13° — Tendrá carácter de informante aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicados a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley.

ARTÍCULO 14° — El informante no será considerado agente del Estado. Debe ser notificado de que colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta reserva.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica.

No será admisible la información aportada por el informante si éste vulnera la prohibición de denunciar establecida en el artículo 178 del Código Procesal Penal de la Nación.

De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad física del informante y su familia.

[5]Informante: es la persona que, bajo reserva de identidad aporta a las fuerzas de seguridad u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación de hechos, pudiendo obtener a cambio un beneficio económico. No podrán ser informantes el personal que pertenezca o haya pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del estado. El Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que en un futuro lo reemplace reglamentará las cuestiones atinentes a la forma de contraprestación económica.

[6] CPCyF, Sala II, causa 25737-01-CC/2010, “Agüero, Norma Beatriz”, del 26 de junio de 2012. En el mismo sentido, Sala III, causa 26623/2019, “EP s/ Art. 5, inc. C se la Ley 23.737”, del 18 de julio de 2019.

[7] Corte IDH, “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile”, sentencia de 29 de mayo de 2014 (fondo, reparaciones y costas).

[8] Párrafo 234 de la sentencia aludida.

[9] Párrafo 242.

[10] El agregado entre paréntesis en pertenece.

[11] Párrafo 243.

[12] Párrafo 245.

[13] Párrafo 246.

[14]Párrafo 247.

[15] Técnicas y habilidades en la realidad del litigio (2017), Programa de formación en áreas de vacancia de la abogacía, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, p. 100. Se puede consultar en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/doctrina46244.pdf

[16] Para un abordaje integral de la cuestión se puede consultar, LAROCCA, Patricia Ana, La actividad probatoria de la defensa durante la investigación preparatoria y su legajo de investigación (2011), Publicado en Revista de Procesal Penal (2011-1), Rubinzal Culzoni, Santa Fé. Cita: RC D 805/2013.

[17] LAROCCA, op. cit. p. 9.

[18]LAROCCA, op. cit. p. 11.

[19]LAROCCA, op. cit. p. 13.

[20] Se puede recurrir, entre otros, a ALEXY, Robert, La fórmula del peso (2008), Publicado en “El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, Quito, p. 13.


Lorences, Gonzalo Eloy

Lorences, Gonzalo Eloy

Abogado con orientación penal por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella. Magister en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Prosecretario Letrado de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Email: gonzalolorences@ciudad.com.ar


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