La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un reciente pronunciamiento, abordó con remisión a los fundamentos emitidos en el dictamen del procurador general interino la necesidad de juzgar con perspectiva de género aquellos casos que se cometen en un contexto de violencia contra la mujer; en concreto, resolvió, una vez más[ii], sobre la aplicación de un supuesto de legítima defensa como causal permisiva en favor de la mujer víctima contra la agresión perpetrada por su ex pareja.

El artículo 1° de la ley 13.944 tipifica una figura penal que, desde mi punto de vista, es absolutamente controvertida. Su texto estipula lo siguiente: Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.

Como vemos, el delito en cuestión es de aquellos calificados como de omisión propia, ya que basta con que el progenitor deje de aportar los medios necesarios para la subsistencia de su hijo menor de edad para que se configure, es decir, no se requiere resultado dañoso alguno.

Dice Kate Millet en “Política Sexual” que el coito no se realiza en el vacío; aunque parece constituir en sí una actividad biológica y física, se halla tan firmemente arraigado en la amplia esfera de las relaciones humanas que se convierte en un microcosmo representativo de las actitudes y valores aprobados por la cultura.

La ratificación por parte de nuestro país de la Convención de Belem do Pará en el año 1.996 generó la inclusión del concepto de violencia de género dentro de la órbita jurídica supralegal que gozan los Tratados Internacionales. El concepto de “género” trae aparejado, consigo, cambios implementados a partir de la sanción de leyes, desarrollo de políticas criminales y decisiones judiciales. Sin embargo, las consecuencias jurídicas que estas modificaciones implican en el orden constitucional pueden generar la aparición de conflictos en las garantías del justiciable como las enmarcadas en el derecho de defensa, legalidad e igualdad.

Copyright cieje.com / 2019