El Preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ––publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de octubre–– justificaba la modificación de la Ley Ritual Penal en la idea de la generalización de la apelación en las causas penales; principalmente otorgar al recurso de casación la función para el que fue concebido, esto es, que “cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal”.

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