Nos ha surgido menudo interés en volcar en pocas líneas, como están embistiendo con gran vehemencia, los estudios neurocientíficos en el ámbito jurídico, principalmente en la faz jurídico-penal. En esta ocasión, tendremos el agrado de presentar –de la forma más escueta y sintética posible– a los lectores, como se están elucubrando estos conocimientos interdisciplinarios en la esfera del Derecho penal –tanto sustantivo como adjetivo– y, las eventuales modificaciones que el mismo puede sufrir, para bien o para mal, con estos adelantos científicos.

En el presente trabajo analizaremos el proyecto del sistema de responsabilidad penal juvenil, presentado el 19 de febrero de 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto con el Ministerio de Seguridad. Este proyecto busca modificar la ley 22.278, promulgada y sancionada en 1980 por el último gobierno militar.

El Preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ––publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de octubre–– justificaba la modificación de la Ley Ritual Penal en la idea de la generalización de la apelación en las causas penales; principalmente otorgar al recurso de casación la función para el que fue concebido, esto es, que “cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal”.

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