La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un reciente pronunciamiento, abordó con remisión a los fundamentos emitidos en el dictamen del procurador general interino la necesidad de juzgar con perspectiva de género aquellos casos que se cometen en un contexto de violencia contra la mujer; en concreto, resolvió, una vez más[ii], sobre la aplicación de un supuesto de legítima defensa como causal permisiva en favor de la mujer víctima contra la agresión perpetrada por su ex pareja.

Nos ha surgido menudo interés en volcar en pocas líneas, como están embistiendo con gran vehemencia, los estudios neurocientíficos en el ámbito jurídico, principalmente en la faz jurídico-penal. En esta ocasión, tendremos el agrado de presentar –de la forma más escueta y sintética posible– a los lectores, como se están elucubrando estos conocimientos interdisciplinarios en la esfera del Derecho penal –tanto sustantivo como adjetivo– y, las eventuales modificaciones que el mismo puede sufrir, para bien o para mal, con estos adelantos científicos.

El artículo 1° de la ley 13.944 tipifica una figura penal que, desde mi punto de vista, es absolutamente controvertida. Su texto estipula lo siguiente: Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.

Como vemos, el delito en cuestión es de aquellos calificados como de omisión propia, ya que basta con que el progenitor deje de aportar los medios necesarios para la subsistencia de su hijo menor de edad para que se configure, es decir, no se requiere resultado dañoso alguno.

Jakobs explica el famoso ejemplo de la isla de Kant, y dice que este se basa en que un pueblo que vive en una isla decide por unanimidad de sus miembros disolver la sociedad civil, según Kant en este caso todavía tiene que ser ejecutado el asesino que se encuentre en prisión para que todo el mundo experimente el valor de sus hechos y no se produzca una lesión de la justicia.

En vistas del trabajo que me toca realizar actualmente, me toca estar mucho en contacto con causas que terminan siendo desechadas (con el imputado sobreseído) porque se ha superado el supuesto plazo razonable para que este último pudiese ser juzgado. Así lo resaltan varios Magistrados, equiparando esta solución a una posible prescripción de la acción.

Las economías informales, serán abordadas en este artículo desde los llamados “manteros” aquellas personas que ponen sus stand o mantas en la vía pública (veredas y/o calles de Once, Avellaneda, etc.) y comercializan con mercancías las cuales serían falsificaciones de marcas (Nike, Adidas, Polo, Lacoste, Pioneer, etc.), películas truchas…, este tipo de comercio promueve la corrupción y explotación de las personas.

Introducción

La dogmática penal atraviesa una controversia de larga data en referencia a la definición del dolo. Existen diversas teorías que excluyen al elemento volitivo al momento de imputar una conducta como dolosa. Estas teorías, afirman que hay dolo cuando el autor conoce o se representa como posibles o probables los resultados de su obrar. Las discusiones en orden a esta temática se vinculan de manera directa con la inclusión o no del dolo eventual como una categoría normativa vigente.

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