De los muchos acuerdos a los que llegamos en Argentina a lo largo de los años, hay uno particularmente fértil: aquel sobre el rol del derecho que sellamos en 1983. A diferencia de otros países y mucho antes que ellos, Argentina definió su evento de mal radical como una “violación masiva y sistemática de derechos humanos” y lo enfrentó con la justicia. Lo hizo, por un lado, en busca de la verdad como evidencia en juicios para eventualmente castigar los delitos cometidos y, por otro, a través de una reconfiguración  de su práctica jurídica.

En el presente trabajo nos proponemos analizar la constitucionalidad del tipo penal previsto en el artículo 83 del Código Penal argentino, en cuanto pune a quien ayuda a otra persona a suicidarse (no analizaremos la instigación al suicidio, también prevista en esa misma norma).

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