Avecilla, Mauricio Jesús

Avecilla, Mauricio Jesús

Abogado especialista en derecho empresarial de la Universidad de Buenos Aires. Maestrando en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires. Cursando la especialización en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Relator en la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Email: mauricio198305@hotmail.com


Supongamos que una persona quiere ir del punto A al punto B. Según este singular esquema tendría 2 caminos: ir de A a B directamente o hacerlo pasando por C y por D. Obviamente el camino que conlleva el menor gasto económico es el directo. Bueno, lamentablemente la sociedad argentina ––en su mayoría–– no elige esto último. ¿Cómo es esto? Paso a explicar.

El sistema de salud que hoy en día ofrece nuestro país es ineficiente a nivel económico. Si bien suena frívolo analizar numéricamente un sistema que tiene la finalidad de salvar vidas, eso no puede hacernos perder de vista que todas las decisiones de la vida tienen implicancias económicas. Si el sistema de salud fuese eficiente, podrían salvarse aún más vidas, y el Estado evitaría tanto derroche de dinero.

El análisis económico de las penas alternativas en el campo del derecho penal necesariamente debe centrarse en un estudio del costo / beneficio que los distintos tipos de sanciones generan. En este marco, es imposible no partir desde una cuantificación del gasto en que incurre el Estado para mantener el sistema carcelario y de cuáles son los reales beneficios que el mismo genera.

En economía se analizan los costos y beneficios de las acciones. Como es bien sabido, todas las decisiones que uno toma en la vida generan tanto costos como beneficios, los cuales son ponderables y visualizables generalmente sin mayores problemas. Sin embargo, hay ciertos costos y beneficios que muchas veces no se analizan y son dejados de lado, son las llamadas externalidades.

Quién no ha escuchado la frase del título alguna vez en su vida, ¿no? Vaya a saber porque motivo la creencia popular es que, si un inmueble es usurpado, basta con que metan a menores dentro del mismo para que la justicia no pueda hacer nada. ¿Esto verdaderamente es así?

Independientemente de los gustos políticos, la intención de este informe es realizar un breve análisis de los motivos por los cuales el modelo propuesto por Néstor Kirchner y Cristina Fernández fracasó a largo plazo. Aclaro esto último porque entiendo que la finalidad buscada a corto plazo tuvo éxito, tal y como lo pensaría John Maynard Keynes, el filosofo económico sobre el que aquéllos basaron su plan.

Hay algo que siempre me llamó la atención del comportamiento del consumidor en nuestro país, y es que nunca adopta posiciones de grupo, siempre actúa individualmente. En la Argentina las personas no tienen verdadera conciencia del poder que tienen como consumidores, que con sus decisiones diarias pueden protegerse mutuamente, cosa que sí sucede en otros países donde hay un mucho mayor sentido de pertenencia a ese grupo del que formamos parte todos: los consumidores.

En vistas del trabajo que me toca realizar actualmente, me toca estar mucho en contacto con causas que terminan siendo desechadas (con el imputado sobreseído) porque se ha superado el supuesto plazo razonable para que este último pudiese ser juzgado. Así lo resaltan varios Magistrados, equiparando esta solución a una posible prescripción de la acción.

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