VIOLENCIA DE GENERO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA

 

 

 

                                                                  Por Carlos Hernán Hamlet Peluso

 

  • INTRODUCCION:

La ratificación por parte de nuestro país de la Convención de Belem do Pará en el año 1.996 generó la  inclusión del concepto de violencia de género dentro de la órbita jurídica supra-legal que gozan los Tratados Internacionales. El concepto de  “género” trae aparejado, consigo, cambios implementados a partir de la sanción de leyes, desarrollo de políticas criminales y decisiones judiciales. Sin embargo, las consecuencias jurídicas que estas modificaciones implican en el orden constitucional pueden generar la aparición de conflictos en las garantías del justiciable como las enmarcadas en el derecho de defensa, legalidad e igualdad.

 En el presente trabajo, intentaré sucintamente desarrollar el papel e implicancia que ha tenido el concepto de violencia de género en la jurisprudencia respecto de las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en torno al sistema de protección de Derechos Humanos.

 

  • “La Violencia de Género en la Convención de Belem do Pará” –

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer fue aprobada en Brasil, en el Estado de Belem do Pará en el año 1994.  Este instrumento entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Los deberes de los países firmantes de este tratado surgen de los arts. 7 y 8, al establecer como obligación de los Estados promover políticas tendientes a prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. Asimismo se impone la obligación de  conocer los derechos de la mujer, modificar conductas o patrones culturales que exacerben la violencia contra la mujer, garantizar las estadísticas y la cooperación internacional en esta materia.

En sus artículos 7.b y 7.c se establecen requisitos adicionales en lo que refiere a actos de violencia de género en contra de las mujeres. Estos requisitos implican una actuación del Estado que deberá legislar y actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

  • PLANTEO DEL PROBLEMA – MARCO JURISPRUDENCIAL

Las obligaciones emanadas de la Convención de Belem do Pará generadas a partir del sistema Internacional de Derechos Humanos tiene consecuencias en el desarrollo del proceso penal. Ahora bien, ¿La violencia de género implica cualquier agresión de un hombre hacia una mujer? ¿Debe o no configurarse un contexto de género? Estos creo que deben ser los puntos principales a tenerse en cuenta en el desarrollo de este tema a fin de que no haya colisiones con el sistema de garantías constitucionales.

  1. Fallos que fundamentan un contexto de violencia de género:

La Cámara de Casación de Entre Ríos, cambió la calificación legal de homicidio simple prevista en el art. 79 por la de femicidio, el cual encuadra en el art.80 inc. 11 del C.P. Entiende al femicidio “como el asesinato misógino de mujeres cometidos por hombres”, distinguiéndolo del vocablo feminicidio, al incluir éste un conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un marco de colapso institucional que favorece la impunidad. Asimismo, sostiene que la violencia de género no es una cuestión de antagonismo entre sexos, ni tampoco, ante una violencia individual que se ejerce solo en el ámbito familiar, sino que se trata de una cuestión cultural intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. Por tanto, desestima la hipótesis del Tribunal de Juicio, la cual niega la existencia de violencia de género en virtud de no existir una relación entre la víctima y el victimario.[1]

Asimismo, establece que no es necesario la existencia de una dependencia de tipo económico entre vicitma y victimario. La fundamentación de violencia de género resulta del material probatorio existente en la causa. Los mensajes de texto existentes entre la víctima, el agresor y un testigo prueban que la víctima en un contexto de violencia de género, pues el victimario no respeto su sexualidad libre amparada en la Convención de Belem do Pará.[2]

La Cámara Federal de Casación Penal revoca la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional en el que se había dispuesto la excepción por falta de Acción por cosa juzgada. El fundamento arriba en que el sobreseimiento había sido dictado en relación al delito de desobediencia y no al de amenazas coactivas, donde se había dictado el procesamiento. No se trata de una persecución penal múltiple, sino un solo proceso referido a un hecho que fue calificado bajo dos previsiones típicas del Código Penal. [3]De la valoración probatoria surge que las amenazas coactivas constituyen un contexto de violencia de género en virtud de lo normado por el art. 1 de la Convención de Belem do Pará. La víctima y el autor del hecho habían tenido una relación de pareja. Fundamenta que el hecho debe ser investigado de acuerdo al art. 7.b de la Convención de Belem do Pará y concordantemente por lo señalado por la Corte IDH en el caso “Campo Algodonero”.[4]

El Supremo Tribunal de Justicia de Formosa entendió que la violencia contra las mujeres constituye una violación de Derechos Humanos, invocando el art. 3 Convención do Pará, el cual establece: “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Cita además los artículos 2 y 3 inc. c) de la ley 26.485 que establece como objetivo promover y garantizar el derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia y, específicamente, a preservar su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. En virtud de ello, revoca la atenuación de la pena por causas extraordinarias.[5]

  1. Fallos que aplican la Convención de Belem do Pará sin fundamentar un contexto de género

La Corte Suprema de Justicia en el fallo estableció que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar aquellos ilícitos que revelen la existencia de violencia especialmente dirigida contra la mujer en razón de su condición, que en virtud de la Convención do Pará conforme art. 7 impone la  necesidad de establecer un procedimiento legal justo y eficaz para la mujer, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente[6]

En igual sentido, se pronunció la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocando la concesión de la suspensión del juicio a prueba otorgada por el Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 9. Establece que el delito de lesiones dolosas leves cometidas por un hombre hacia una mujer se encuentran dentro de las previsiones normadas por los arts. 1, 2 b) y 7 de la Convención de Belem do Pará.  [7]

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirma la resolución del Tribunal que había encontrado al autor del hecho responsable del delito de abuso sexual simple (art. 119 Primera parte CP)  a la pena de dos años de prisión en suspenso.[8]

Rechaza el argumento de la defensa que sostiene que la sentencia del Tribunal Oral solo se basó en los dichos de la víctima.[9] La Cámara sostiene que el Tribunal de Juicio tuvo en cuenta como atenuantes de la pena, el favorable informe socio ambiental del imputado como así también que se haya presentado a audiencia durante el juicio diligentemente. Como agravante valoró la condición socioeconómica y la posición de poder que detentaba el victimario por haber ocurrido el hecho dentro del marco medico paciente. El fallo argumenta su posición citando genéricamente la Convención de Belem do Pará.[10]

La Corte IDH en el caso “Véliz Franco y Otros c/ Guatemala” (19/4/2.014) entendió que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una obligación de medios. Sin embargo debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades tengan conocimiento del hecho deben iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva…” (Párrafo 183)

El Estado incurrirá, entonces, en responsabilidad internacional cuando no cumpla con la debida diligencia en la obligación de investigar violaciones del derecho a la vida en contexto de género. Por tanto, como en el caso “Campo Algodonero” México fue responsabilizado por feminicidio por no haber cumplido con las debidas diligencias en la investigación de una serie de asesinatos cometidos en la Ciudad de Juarez, dentro de un contexto donde había un gran número de homicidios en razón de género. Por ello, es importante destacar que no todo hecho que pueda implicar violencia de género signifique violación de Derechos Humanos u otorgarle categoría de crimen de lesa Humanidad.

Si bien puede la Convención puede establecer un deber investigar de oficio las agresiones sufridas por una mujer en contexto de género, del marco de  investigación o etapa instructoria del proceso puede surgir si los hechos se contextualizan dentro de una agresión de género o no. Por tanto, la denegación de la suspensión del juicio a prueba resulta arbitraria si la misma es fundada solo en la previsión del art. 7 de la Convención de Belem do Pará.

En tal sentido, la tesis de la contradicción insalvable que aplica automáticamente la Convención de Belem do Pará, es igualmente aplicable por caso, a la prescripción de la acción penal. Un mínimo de coherencia exigiría aceptar que tampoco es acorde el compromiso estatal asumido frente a la comunidad internacional, por ejemplo declarar prescripta la acción en un caso de abuso sexual simple, o de lesiones dolosas leves, o de coacciones o amenazas, cuando de éstos pudiera predicarse que constituyen violencia contra la mujer (cf. Art. 1, Convención de Belem do Pará) , pues en cualquiera de los ejemplos la declaración de extinción de la acción, fruto de la aplicación de una disposición general de derecho interno, obstaría del mismo modo al deber de investigar y sancionar un hecho de violencia contra la mujer. Esta tesis resulta, entonces, una inaceptable creación judicial de una nueva categoría de delitos, inexistente tanto en el orden interno como en el internacional: delitos comunes imprescriptibles.

Es cierto que la propia Corte Suprema ha validado, aunque con destacables reservas, excepciones a la aplicación de las normas generales de derecho interno cuando éstas impiden la investigación y sanción de “graves violaciones de los derecho humanos”. Si ya en estos casos existen razonables cuestionamientos, cuanto menos desde el dogma de la legalidad, parece que resignar la regla primaria de la generalidad de las leyes y establecer nuevas categorías exceptuadas de las condiciones de persecución penal previstas para los delitos comunes, importa no sólo una corrección técnica sino, sobre todo, un criterio desmesurado que empareja peligrosamente crímenes contra la humanidad, “graves violaciones de los derechos humanos” y –ahora también – delitos de leve o mediana gravedad, en la medida en que torna borrosos los límites entre unos y otros.

Por tanto, resulta un contrasentido inadmisible creer que la Convención de Belém do Pará niega en sus clausulas la vigencia de institutos del derecho interno que están en consonancia con un conjunto armónico de disposiciones del mismo sistema en el que aquélla se inserta, máxime cuando el sistema destierra tanto la idea de que todos los delitos deben ser resueltos en un debate oral, como la de la reacción estatal aconsejable sea la pena de encierro.  [11]

En mismo sentido, “… si el objetivo principal es proteger a la mujer maltratada, la respuesta a la violencia sexista debe evitar soluciones unitarias y uniformes lejanas a las particularidades del caso. Asimismo, la Convención de Belem do Pará insta a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, pero no exige que todo supuesto de violencia reciba una pena privativa de la libertad, luego de la realización de un juicio. Por lo tanto, en cada caso concreto se debe analizar si la suspensión del juicio a prueba puede ser una alternativa, sin establecer un patrón general y absoluto, que implique denegarla o concederla de manera automática. Entre las diversas pautas de valoración, pueden considerarse: la gravedad del delito, la mensuración de los daños padecidos, la existencia de empleo de armas, existencia de amenazas posteriores, probabilidad de reiteración, etc.[12]

Sin perjuicio de lo anterior, los defensores de la tesis “de la contradicción insalvable” olvidan que la suspensión del procedimiento trae aparejadas consecuencias de carácter coercitivo, cual el sometimiento a las reglas de conducta, realizar una reparación por el daño presuntamente causado o la obligación de prestar tareas comunitarias. Olvidan, también, que a la suspensión de la acción precede, naturalmente, una investigación, ésta se suspende mientras dure el período de prueba, pero debe reanudarse en caso de incumplimiento de las reglas fijadas.[13]

De este modo, aunque interpretáramos el art. 7 de la Convención de manera unidireccional y aislada, tal como propone la tesis restrictiva, tampoco sería cierto que la suspensión del proceso a prueba, tal como esta regulada en nuestro medio, impida investigar o sancionar hechos de esta naturaleza, a menos que se le asigne a la palabra “sancionar”  un significado sumamente estrecho, equivalente a condena penal.[14]

Esta parece haber sido, no obstante, la comprensión de la Corte Suprema en “Góngora” pues, en esa sentencia se asimila el término “juicio” a “la etapa final del procedimiento criminal”, con el argumento de que “únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.[15]

Este criterio, en efecto, parece ignorar que “la importante restricción de derechos que autoriza la aplicación del instituto, si bien marca su sentido preventivo y composicional, no deja de tener una clara naturaleza sancionatoria, que sólo procede ante el pedido expreso de la persona imputada, para no vulnerar el principio de inocencia.[16]

Por último, el sistema de protección internacional de Derechos Humanos debe interpretarse  en un marco armónico de garantías. Ello resulta, por tanto que la fundamentación jurídica de los agravantes en las calificaciones, también deben surgir del marco probatorio que se desprende de los hechos. Aplicar entonces la Convención de Belem do Pará para tipificar el delito agravado ante un hecho de agresión de un hombre contra una mujer sin fundamentar el contexto de género violaría  el principio de igualdad porque implicaría una sobreprotección a la mujer. Supone un atentado al principio de culpabilidad, ya que se constituiría el derecho penal de autor, en tanto y en cuanto la sola condición de hombre se transformaría en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad. Afecta el principio de inocencia y defensa, pues establecería una presunción juris tantum “contra reo”. Podría transgredirse el principio de legalidad, pues dicho concepto no cumpliría con el postulado de “lex escrita”.[17]

El derecho penal debe ser visto como el conjunto de límites constitucionales y derivados del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos que son organizados y desarrollados sistemáticamente en todas sus consecuencias como obstáculos para la aplicación de una pena en forma legítima.[18]

 

  • BIBLIOGRAFIA:
  • Bovino, Alberto – Lopardo Mauro – Rovatti, Pablo -“Suspensión del procedimiento a Prueba – Teoría y práctica –Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013.
  • Di Corleto, Julieta. “La concesión del juicio a prueba en casos de violencia de género. A propósito del fallo “Góngora. Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. T 15”; Hammurabi, Bs. As., 2.015
  • Rusconi, Maximiliano – Derecho Penal – Parte General –AD HOC – Segunda Edición – Buenos Aires – Noviembre de 2.009

[1] (R.O.A. – Homicidio agravado por alevosia s/ Recurso de Casacion” causa nº 181/14 – Sentencia nº 47) (Según voto Dra. Davite – Fs. 8).

[2] (R.O.A. – Homicidio agravado por alevosia s/ Recurso de Casacion” causa nº 181/14 – Sentencia nº 47) (Voto Dra. Davite – Considerandos V.d  – Fs. 14/19).

[3] Causa Nro. 16379 “V,W.A s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, (Voto del Dr. Slokar – Considerando 3 – Fs. 2/3).

[4]Causa Nro. 16379 “V,W.A s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, (Voto del Dr. Slokar – Considerando 3 – Fs. 4/5/6).

[5] “ZS, DA s/ Homicidio en grado de Tentativa”- Supremo Tribunal de Justicia de Formosa, Expediente Nº 66 Fº 60 año 2.012. (Del voto del Dr. Marcos Bruno Quinteros – Fs. 9/10)

[6] “Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa nº 14.092”, CSJN, (Fs. 4/7)

[7] “Alvarez, Ricardo s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV (Del voto del Dr, Mariano Hernán Borinsky, Fs. 4/6)

[8] causa nº 193/2.013 “Quintar, Luis Marcelo Javier s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III. (Fs. 1)

[9] causa nº 193/2.013 “Quintar, Luis Marcelo Javier s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III. (Fs. 2)

[10] causa nº 193/2.013 “Quintar, Luis Marcelo Javier s/ Recurso de Casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala III.  Voto del Dr. Mariano Hernán Borinsky, Fs. 12/13

[11] “Suspensión del procedimiento a Prueba – Teoría y práctica – Alberto Bovino, Mauro Lopardo y Pablo Rovatti, Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013. Págs. 205/206/207

[12] Di Corleto, Julieta. La concesión del juicio a prueba en casos de violencia de género. A propósito del fallo “Góngora. Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. T 15; Hammurabi, Bs. As., 2.015, p. 197

[13] Suspensión del procedimiento a Prueba – Teoría y práctica – Alberto Bovino, Mauro Lopardo y Pablo Rovatti, Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013. Págs. 209

[14] Ibidem Obra citada – Alberto Bovino, Mauro Lopardo y Pablo Rovatti, Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013. Págs. 209

[15] Ibidem Obra citada – Alberto Bovino, Mauro Lopardo y Pablo Rovatti, Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013. Págs. 209

[16] Ibidem Obra citada – Alberto Bovino, Mauro Lopardo y Pablo Rovatti, Ediciones del Puerto SRL, Buenos Aires 2.013. Págs. 210

[17] “R.O.A. – Homicidio agravado por alevosia s/ Recurso de Casacion” causa nº 181/14 – Sentencia nº 47 – Cámara Casación Entre Ríos – según voto del Dr. Perotti – Fs. 31

[18] Derecho Penal – Parte General – Maximiliano Rusconi – AD HOC – Segunda Edición – Buenos Aires – Noviembre de 2.009

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