Reflexiones acerca de la validez constitucional del delito de ayuda al suicidio (art. 83 del Código Penal)

Sumario: I. Introducción; II. Desarrollo; III. Una reflexión adicional; IV. Conclusión; V. Bibliografía.

Palabras clave: vida – suicidio – libertad – principios constitucionales –  reserva – lesividad – bien jurídico – disponibilidad – consentimiento – límites al poder punitivo.

Resumen: En este ensayo se analiza el delito de ayuda al suicidio desde la perspectiva de un Estado de Derecho que se asume como liberal. A partir de la interpretación y aplicación de los principios de reserva y lesividad se evalúa la constitucionalidad de la represión penal de esa conducta.

I. Introducción

En el presente trabajo nos proponemos analizar la constitucionalidad del tipo penal previsto en el artículo 83 del Código Penal argentino, en cuanto pune a quien ayuda a otra persona a suicidarse (no analizaremos la instigación al suicidio, también prevista en esa misma norma).

Partiendo de que el Estado Constitucional de Derecho argentino sostiene como principio fundamental la libertad, nos resulta cuanto menos cuestionable que sea punible la acción de quien ayuda a otra persona a terminar con su vida; ello siempre que el sujeto que decide suicidarse —y pide ayuda a tal fin— se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y tome esa decisión libre de cualquier tipo de presiones externas.

Tras estudiar esta figura, a la luz de los principios de reserva y lesividad, derivados de la norma fundamental, elaboraremos una conclusión acerca de si la represión punitiva de la conducta de ayuda al suicidio supera el test de constitucionalidad o no.

II. Desarrollo

El delito de ayuda al suicidio se encuentra previsto en el artículo 83 del Código Penal, en cuanto establece que: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.

Como primera medida, estimamos oportuno señalar que a nuestro modo de ver no son situaciones análogas la “instigación” y la “ayuda” al suicidio. Por eso, las siguientes reflexiones sólo estarán referidas a la conducta de ayudar a una persona a suicidarse y no a la acción de instigar a alguien a poner fin a su vida[1].

Con la creación del Estado de Derecho se declara una serie de principios que intentan proteger a los individuos, miembros de una comunidad determinada, contra la utilización arbitraria del poder punitivo estatal.

Esos principios se traducen en valores que aparecen como superiores en rango a la misma potestad penal del Estado y conforman la base política de orientación para la regulación de ese poder, en el marco dentro del cual son válidas sus decisiones, sean ellas generales o referidas a un caso concreto.

Ello así, a los fines de cuestionar la constitucionalidad del delito de ayuda al suicidio, centraremos nuestro análisis en los principios de reserva y lesividad.

Ambos se encuentran previstos en la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

De esta norma se desprende que el Derecho argentino es personalista, es decir que se reconoce a sí mismo como una herramienta o instrumento al servicio de la persona humana, entendida como un ente dotado de conciencia moral (ente autodeterminable, capaz de decidir acerca de lo bueno y lo malo).

El principio de reserva asegura una zona de imposible intervención punitiva estatal. Fija la norma general de la permisión de acciones a los seres humanos y, consecuentemente, la prohibición excepcional de sus conductas (y excepcionalísima cuando nos encontramos en el ámbito penal).

Al reconocerse la existencia de un ámbito de privacidad protegida, se está explicitando la filosofía jurídica del sistema constitucional argentino, que recepta el principio de libertad.

La norma fundamental protege la autonomía de la voluntad ya sea en su manifestación interna o externa y la consecuencia de tal protección es el resguardo de sus exteriorizaciones, las que importan la elección de alternativas o la determinación de preferencias en el obrar. Ello está indisolublemente ligado al derecho de la persona humana a su propio proyecto de vida.

La protección a la privacidad encuentra su límite en la ofensa al orden, a la moral pública y a los derechos de terceros y en tales supuestos las acciones individuales o grupales quedan sometidas a las reglamentaciones y sanciones dispuestas por el orden jurídico coercitivo dictado por el Estado.

La cuestión constitucional, entonces, consiste en determinar cuándo se ha cruzado la frontera y, en su caso, justificar que el umbral de protección a la privacidad debe ceder por verse afectado el orden, la moral pública o los derechos de terceros.

Aquí entra en juego el principio de lesividad, conforme el cual para que una conducta sea punible, además de encuadrar formalmente en los supuestos de la ley penal, debe haber lesionado o puesto en peligro cierto un bien jurídico.

Así, cuando el art. 19 CN exige acciones que perjudiquen, lo que está demandando es la definición de un criterio de imputación racional. Cuando una conducta no lesiona a nadie no existe conflictividad. El Estado no puede entrometerse en la vida de las personas si no media un conflicto.

Por lo tanto, al analizar la lesividad de una conducta lo que se busca es reducir la irracionalidad del poder punitivo, pues es inaceptable pretender penar una acción que no lesiona bienes jurídicos.

La idea de tutela de bienes jurídicos por medio del ejercicio del poder punitivo sirvió para legitimar la confiscación del conflicto de la víctima y nació con el propio asentamiento del poder punitivo (siglos XII y XIII). La limitación de este poder mediante el requisito de ofensividad es propia de la Ilustración y, por ende, del siglo XVIII.

Actualmente, partiendo de una concepción liberal del Derecho Penal, reconocemos un concepto de bien jurídico funcional a la limitación del poder punitivo.

Desde esta perspectiva, definimos bien jurídico como la relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto. Es el titular del bien jurídico quien puede hacer uso de este, de su salud, de su libertad, de su honor, de su propiedad, de su vida, etc., y solo estaríamos frente a un conflicto si se viera afectada esa posibilidad de disponer en la que nadie debe interferir.

Se suele afirmar que hay bienes jurídicos disponibles e indisponibles. Sin embargo, si así fuese, la anterior definición sería falsa. La destrucción es un límite –poco usual– de la disponibilidad. En un Estado social y democrático de Derecho, la forma ordinaria de disponibilidad es el uso del objeto de la relación.

En este sentido, es claro que la vida es el bien jurídico más disponible, pues a cada instante se dispone del tiempo de vida, que es siempre limitado.

Sostiene Buompadre que el suicidio es un acto lícito, por cuanto la vida —como otros bienes jurídicos individuales— es disponible.

Respecto de este bien jurídico se afirma que sólo es atípica su destrucción directa por el propio sujeto. Sin embargo, consideramos que también debería ser atípica la ayuda al suicidio, pues en estos casos, por medio del consentimiento del sujeto pasivo, se excluye la lesividad.

Entonces, no hay lesividad cuando el titular de un bien jurídico consiente acciones que pueden ser dañinas o peligrosas. Ello puesto que, si —reiteramos— conforme a los principios del Derecho Penal liberal se considera que la esencia del bien jurídico es la de una relación de disponibilidad, es imposible negar el valor eximente del consentimiento libremente prestado.

Como hemos afirmado, la intervención punitiva se torna irracional cuando pretende que el titular use el bien jurídico sólo en determinada forma, pues desconoce la idea misma de persona, de autonomía de la conciencia y subordina al ser humano a metas trascendentes de su humanidad.

La pretendida tutela de un bien jurídico, más allá de la voluntad de su titular, es un pretexto para penar situaciones no conflictivas y, por ende, es violatoria del artículo 19 CN.

El consentimiento, como excluyente de la tipicidad, es un acto individual del titular del bien, el que en general no debe revestir ninguna formalidad. Su revocación, en cambio, debe ser expresa, en forma tal que pueda conocerla el agente.

Es importante señalar, que la voluntad de quien acuerda o consiente no puede estar viciada, se requiere en la persona una completa capacidad de comprensión de la situación y que no haya engaño, violencia, coacción o error.

Así, la decisión de suicidarse y la ayuda que alguien le preste —a su requerimiento— se trata de actos privados que no afectan a terceros y que, por ende, están fuera del alcance de la ley penal por expresa disposición constitucional.

El Estado no puede imponer una moral individual, por imperio constitucional, por el contrario, el ámbito de autonomía moral es, sin duda, un bien jurídico protegido constitucional e internacionalmente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Bahamondez” (316:479) tuvo oportunidad de analizar el artículo 19 CN y consideró que esta norma concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de sus propias vidas, de cuanto les es propio.

Se ha ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad; y esta facultad de obrar válidamente, libre de impedimentos, conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o tentativa por enervar los límites de esa prerrogativa.

Así, la Constitución Nacional otorga al individuo un ámbito de libertad, en el cual aquel puede adoptar las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares.

La libertad de una persona adulta de tomar decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente puede ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego y que la restricción al derecho individual sea la única forma de tutelar dicho interés.

Sin embargo, nos preguntamos si es válido afirmar que existe un interés público en que continúe con su vida una persona que con pleno discernimiento decide ponerle fin. O cuál sería el interés público en que una persona no ayude a quien le solicita asistencia para suicidarse, siendo que su accionar no afecta directamente derechos de terceros, sino los derechos de quien es titular de esa vida y está pidiendo esa ayuda.

En este sentido, consideramos inválido suponer que, si bien esa conducta no es lesiva, su eventual universalización lo sería. Lo cierto es que no hay ninguna conducta que si se universalizase y todos la practicásemos continuamente no destruiría la convivencia.

III. Una reflexión adicional

Es dable señalar que la Ley Nº 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, que ha sido modificada por la Ley N° 26.742 en mayo del año 2012, avanzó en lo que hace al consentimiento en determinados casos extremos.

En tal sentido, el artículo 5 refiere a que el consentimiento informado implica hacer conocer al paciente el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable.

Esto fue receptado por los redactores del anteproyecto del Código Penal, que fue presentado en el Congreso de la Nación en el año 2014.

En el artículo 81 se prevé el delito de ayuda al suicidio de la siguiente manera: 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiere tentado o consumado. 2. El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, eximir de pena, en el supuesto de ayuda al suicidio de una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, a la que el autor estuviere unido por un vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco.

Asimismo, en el artículo 82 se admite el homicidio piadoso, en los siguientes términos: 1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que causare la muerte a una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, siempre que estuviere unido a ella por un vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco. 2. El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, eximir de pena.

Estas reformas legislativas dejan en evidencia que según los valores medios de la sociedad en que actualmente vivimos es acertada la no punición de la ayuda al suicidio, aunque —tal como se desprende de los artículos reseñados— siempre que se presenten determinadas circunstancias.

IV. Conclusión

El hecho de suicidarse se trata de un acto privado que no afecta a terceros y que, por ende, está fuera del alcance de la ley penal por expresa disposición constitucional, artículo 19 CN.

Por lo tanto, si tal acto no afecta a terceros, tampoco lo hace la ayuda prestada para concretarlo, pues quien decide suicidarse —titular del bien jurídico “vida”— dispone libremente de su vida, hasta último momento, e incluso al pedir ayuda para ponerle fin está disponiendo de ella.

El concepto de bien jurídico tutelado por el poder punitivo es falso. En la mayoría de los casos el poder penal, en el plano de la realidad, poco o nada tutela a los bienes jurídicos.

Por ello, somos de la idea de que no es mediante el ejercicio del poder punitivo la manera en que el Estado puede entrometerse en la decisión de una persona de poner fin a su propia vida y los medios que usa para alcanzar ese objetivo —verbigracia: pedir ayuda a alguien—.

En tal caso, en el supuesto en que el Estado se encuentre legitimado para intervenir e intentar disuadir a la persona de su decisión —intervención que desde nuestro punto de vista es legítima— el camino no es el poder punitivo sino que debe ser otro, tal vez facilitándole los medios para cambiar el rumbo de su vida, si es que el sujeto así lo desea.

V. Bibliografía

AMADEO, Sebastián; “Instigación o ayuda al suicidio”; en VITALE, Gabriel (Dir.), GARBERI, Patricia y AVILA, Fernando (Coord.); Código Penal Comentado de acceso libre; sitio web de la Asociación Pensamiento Penal; http://www.pensamientopenal.com.ar/cpcomentado.

BUOMPADRE, Jorge E.; Tratado de Derecho Penal Parte Especial; T. I; Buenos Aires; Astrea; 2009.

CAYUSO, Susana G.; Constitución de la Nación Argentina comentada: claves para el estudio inicial de la norma fundamental; Buenos Aires; La Ley; 2011.

D’ALESSIO, José A.; Código Penal de la Nación comentado y anotado; 2da ed. actualizada y ampliada; T. II; Buenos Aires; La Ley; 2009.

SANCINETTI, Marcelo; “Suicidio y Estado: ¿vale la máxima: ‘Debes vivir para ser penado’?”; en DONNA, Edgardo A. (Dir.); Derecho Penal: doctrinas esenciales; T. I; La Ley; Buenos Aires; 2010; p. 565-573.

ZAFFARONI, Eugenio R., ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro; Derecho penal, Parte general; 2da ed.; Buenos Aires; Ediar; 2005.

[1] Instigar al suicidio: consiste en persuadir al sujeto pasivo para que el mismo llegue al convencimiento de que debe quitarse la vida; ayudar al suicidio: consiste en la cooperación material en la muerte de un sujeto que ya se encuentra decidido a quitarse la vida.

Artículos relacionados

Comentarios

Deja tu mensaje