Opinión sobre la generalización del recurso de casación en las causas penales, incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Pena-ley-Derecho-penal

El Preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales -publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de octubre- justificaba la modificación de la Ley Ritual Penal en la idea de la generalización de la apelación en las causas penales; principalmente otorgar al recurso de casación la función para el que fue concebido, esto es, que “cumpla de forma eficaz su función unificadora de la doctrina penal”.

Así, fue el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que nuestro sistema de recursos vulneraba el artículo 14 5º del PIDCP e instó al Estado español a establecer un recurso que permitiese la revisión íntegra de toda sentencia penal condenatoria. Efectivamente, nuestro sistema procesal penal, hasta la fecha, adolecía de falta de garantías a causa de la ausencia de un sistema de doble instancia para todos los procedimientos en la jurisdicción penal, pues no contaba con la posibilidad de apelar las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y es que frente a estas sentencias solamente cabía el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En otras palabras, a fin de que España no continuara vulnerando el derecho de todo acusado al recurso de una resolución en “strictu sensu”, el Tribunal Supremo realizaba las funciones de órgano de apelación, mediante el recurso de casación. Esto derivó en la perdida de esencia del recurso de casación, pues todas las sentencias que eran dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o por las Audiencias Provinciales iban a ser conocidas por el Tribunal Supremo, sobrecargando de trabajo al Alto Tribunal y perdiendo su función de proporcionar unidad y seguridad jurídica en el conjunto del sistema penal, unificando la jurisprudencia.

A partir de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunciará sobre la totalidad de los tipos penales, garantizando un tratamiento homogéneo en toda España (lo que redundará, sin duda, en el debido cumplimiento y preservación de los principios y derechos recogidos en los artículos 9 y 14 de la Carta Magna); así como que exista doctrina de “nuestra” Sala “en todas las materias, sustantivas, procesales y constitucionales”.

Y es que el contenido y tratamiento del recurso de casación en la citada Ley 41/2015 reducirá, presumiblemente, la carga de trabajo del Alto Tribunal y permitirá una mayor profundidad, esmero y estudio en las causas objeto de resolución, derivando, a su vez, en una mejor doctrina y jurisprudencia; en otras palabras, se facilitará la consecución de los fines para los que fue creada la casación, sin conculcar el derecho al recurso de los encausados.

No obstante y vista la nueva dicción del artículo 889 de la Ley Rituaria Penal, deben extremarse las precauciones en lo relativo a la definición del denominado “interés casacional” a fin de evitar que todo lo anterior quede vacío de contenido y que esa cláusula de inadmisión genere en el justiciable la sensación de arbitrariedad –y consiguiente injusticia– ya experimentada en otras jurisdicciones y ante otros Tribunales.

Resulta a todas luces evidente que el “nuevo” recurso al más Alto Tribunal no puede convertirse en una tercera instancia -efecto no deseado de la reforma que, además, no cumpliría con los derechos que la generalización de la segunda instancia debe preservar–, pues aunque nuestro sistema no era conforme al Derecho internacional, careciendo de sentido que la verdadera función del Tribunal Supremo quedaba relegada, viéndose obligada la Sala Segunda a resolver sobre cuestiones cuyo fondo carecía de la relevancia jurídico penal necesaria e intrínseca del recurso de casación, no puede derivar en una tercera instancia, pues también se perdería la esencia del Alto Tribunal.

En definitiva, una reforma necesaria y acertada a la que dar seguimiento, en espera de que permita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo realizar la función encomendada: otorgar unidad a la doctrina penal substantiva española, siempre que la cláusula de cierre del “interés casacional” no se convierta en un impedimento en el acceso al recurso de los justiciables.

Artículos relacionados

Comentarios

Deja tu mensaje