“LA OPORTUNIDAD DE HACER JUSTICIA”

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Nos encontramos con un tema que ha sido abordado de muchas y variadas maneras, que es el tiempo en los procedimientos y procesos judiciales. Los diferentes análisis fueron efectuados desde el derecho procesal, desde la filosofía del derecho, desde la óptica de los derechos humanos y desde el derecho de fondo (civil, comercial, impositivo, laboral, etc.), siempre arribando a la misma conclusión: La justicia que no es oportuna, no es justicia (en el sentido estricto de la palabra).

Si bien resulta necesario indicar que la oportunidad es un término ambiguo, lo que aquí nos interesa realmente es la vaguedad del término, es decir, su alcance. Nosotros vamos a entender que oportuno es lo: “Que sucede o se realiza en unas circunstancias o un momento bueno para producir el efecto deseado”.

El efecto deseado, es la justicia.

Lo que se pretende aportar es una visión más humanista del sentido de la oportunidad, ya que la demora no implica un simple “vicio procesal” o un “efecto no deseado por el sistema judicial”, sino que repercute directamente en las expectativas -generalmente legitimas- de quien recurre al servicio de justicia.

Esta afectación en las expectativas de la persona, a su vez produce un daño espiritual no reparable ni cuantificable de forma posterior, generando un terrible descredito en el aparato jurisdiccional del estado, y por lo tanto produciendo una erosión directa en el estado de derecho en sentido más amplio, de la sujeción del estado y de los ciudadanos a las normas imperantes.

Más aún cuando entendemos que la única manera de reparar un daño es evitando que se produzca, dado que la indemnización sería -cuanto mucho- una morigeración del mismo.

Y es aquí donde todo pasa a ser relativo, donde cualquier medida o ardid es válido para procurarnos lo que entendemos justo en éste momento para nosotros, en una definición forzada, individualista y nefasta; porque el descredito de los mecanismos del estado también produce una relativización del ideal colectivo de justicia, cayendo en una profunda anomia, siendo justo lo que “en éste momento” me conviene, y olvidando la máxima de que mi derecho termina en donde empieza el de mi prójimo.

Es por ello, que en el arduo camino hacia la “optimización de la justicia” todos los operadores del derecho debemos comprometernos a través de una doble e inseparable faz: En la primera -como ciudadanos y seres humanos- hay que procurar, no solo el correcto y universal acceso a la justicia, sino también tomar seriamente el compromiso de lograr mecanismos eficaces, que cumplan con las legítimas expectativas de justicia. Esto constituye la faz actitudinal, es decir la actitud que se debe tomar frente al problema.

La segunda, la faz aptitudinal, se relaciona con la capacidad, que implica como inexorable punto de partida la capacitación profesional, ya que de ninguna manera podrán implementarse herramientas optimas si no se tienen las cualidades para usarlas.

Las herramientas pueden ser de dos tipos: cognoscitivas -compuestas por el conocimiento del contenido y aplicación de la normativa vigente, de los principios del derecho, de la filosofía del derecho, etc. y técnicas – implementación de los avances tecnológicos, instrumentación de reformas normativas, mejora de procesos de toma de decisiones, mejora de procesos de selección de personal, entre otras-.

La correcta combinación de lo descripto, conlleva inexorablemente a procesos eficientes (que logran una óptima utilización de los recursos) y eficaces (que logran los objetivos establecidos).

Entonces, si no nos comprometemos de manera critica, activa y profunda, con una correcta implementación no solamente perjudicaremos el sistema normativo vigente, sino que también seremos cómplices de una sociedad cada vez más injusta.

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