Sobre la “nueva” reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo

lrt

En estos días nos encontramos frente a una fuerte -y necesaria- discusión sobre la “nueva” reforma del sistema de Riesgos del Trabajo especialmente de la ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo – LRT), que junto con las leyes modificatorias y decretos[1], constituyen el pilar fundamental que rigen a los trabajadores, empleadores y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (es decir, aquellas que se originen en ocasión, causa o vinculación con el trabajo).

El poder ejecutivo, a través de un Decreto de Necesidad y  Urgencia  (DNU) Nº 54/2017, el cual fue publicado en el boletín oficial el día 23/01/17 efectúa una serie de reformas en cuanto al procedimiento de determinación de contingencias del trabajo, determinación de incapacidad, otorgamiento de prestaciones médicas y en especie (dinerarias), homologación de acuerdos, y también cuestiones de Autoseguro de las provincias y municipios.

Cabe aclarar que la discusión no es nueva. Desde la implementación de la LRT en el año 1995[2] se ha procurado, por medio de un sistema aparentemente cerrado, limitar las consecuencias jurídicas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Por un lado esta limitación se intentó desde lo procesal, imponiendo las Comisiones Médicas (CM) como instancia obligatoria a la cual debe recurrir el trabajador a los fines de resolver cualquier controversia en relación a la contingencia.

Estos órganos -compuestos mayoritariamente por médicos, además de personal administrativo y un cuerpo legal -tienen una amplia gama de facultades entre las que se  destacan la de citar a las partes, realizar estudios y revisiones médicas, solicitar información a las partes, para finalizar con un dictamen en el que resolverán la controversia en la que intervienen. Podrán de esta manera indicar (o no)  tratamientos médicos; para aceptar, o no, una patología o establecer incapacidad. Es dable destacar que se encuentra dentro de la órbita del poder ejecutivo.

También se buscó limitar la vía recursiva, formulando recurso ante la comisión médica central, que es un organismo con similares características a la de las CM, que sirve como instancia superior y definitiva.

Otra faceta de la limitación se dio al intentar “tarifar” el pago de las incapacidades, estableciendo un listado de enfermedades, porcentajes de incapacidad (mínimos y máximos de acuerdo a la patología), fórmulas de cálculo y topes de pago.

El sistema mostró falencias por todos lados. Un sin número de fallos posteriores (entre los que se destacan los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN-: Gorosito[3], Castillo[4], Aquino[5], Milone[6], Cura[7], Silva[8], Esposito[9], entre muchos otros; y los de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: Mardones[10], Cardelli[11], Castro[12] entre otros casos.) así como las diferentes reformas y decretos que sirvieron de soluciones ineficaces así lo atestiguan.

Los diferentes fallos, y las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad del Máximo Tribunal golpearon fuertemente en la estructura y predicamento del sistema, tornándolo prácticamente obsoleto. La CSJN –aún en sus diferentes conformaciones-, se encargó de poner de manifiesto la falta de sustento de la LRT.

Claramente se observa que no se puede limitar el derecho de cualquier ciudadano –en este caso que reviste el carácter de trabajador- de acceder libremente al tribunal o juzgado de trabajo correspondiente, como bien lo ordena el Art. 18 de la Constitución Nacional (CN). Ésta norma, además de tener un fuerte raigambre constitucional -considerado un contenido pétreo[13]– debe ser interpretada de forma conjunta con el precepto de igualdad contenido en el Art. 16 de la CN.

Lo indicado no puede ser subsanado por medio de vías recursivas como es la apelación ante la Comisión Médica Central (órgano no jurisdiccional) o con recurso de apelación ante el Juez competente del Trabajo, cuando previamente se obligó a transcurrir por la CM.

Aquí encontramos un gran defecto en el nuevo DNU, ya que no solamente indica la competencia obligatoria de las CM, sino que les asigna el carácter de exclusivas. En otras palabras, las convierte en una vía que excluye y resulta incompatible con la otra vía que es la de recurrir directamente a la justicia. Tamaña afirmación incurre claramente en la inconstitucionalidad de la norma.

Párrafo aparte merece un comentario sobre el real funcionamiento de las CM. En la práctica cotidiana, se observan grandes falencias en el desempeño de estos organismos. Encontramos desde desconocimiento de la normativa vigente, hasta un trato indebido  e inadecuado de parte de los empleados del organismo hacía las personas y los profesionales en general. Así también la excesiva burocracia (formularios de ingresos, formularios de datos, formularios de denuncias, dictámenes, formularios de apelación –el cual es un requisito llenarlo de forma manuscrita-, múltiples medios ineficientes de consultas, distante ubicación de las oficinas, falta de un buen sistema de transporte y reintegros, entre otras.), que lo convierten en un escollo no solamente para el trabajador (que ahora tendría que sortearlos de forma obligatoria), sino también para el empleador ya que lejos de solucionarle un problema (el que no tendría por qué afrontarlo, ya que previamente debió cumplir con la obligación de registro de trabajador, contratación de ART y pago de la misma), le genera un malestar innecesario que repercute en su relación con el dependiente y en su vida personal. Se observa que las únicas beneficiadas serían las Aseguradoras, que agregan más requisitos y formalismos dilatando la entrega de prestaciones y, eventualmente, la determinación y pago de incapacidad mientras siguen percibiendo el pago mensual de parte del empleador.

Por lógica, si el servicio brindado por el sistema de CM fue eficaz y eficiente, los interesados no dudarían en su utilización. La realidad indica lo contrario; los operadores del derecho rehúyen a las comisiones médicas. Las críticas no solo provienen de trabajadores, empleadores y profesionales, sino también del poder judicial.

Respecto del medio elegido por la Presidencia de la Nación, hay unanimidad de parte de los operadores del derecho sobre la –cuanto menos- dudosa constitucionalidad de la utilización del DNU para efectuar la “nueva” y pretendida reforma.

Del Art. 99 inc 3 de la CN se desprende que éste recurso debe utilizarse “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios…” y “por razones de necesidad y urgencia…”. Una reforma de un tema tan sensible como el sistema de Riesgos del Trabajo requiere de un debate serio en el que todas las partes interesadas sean escuchadas y puedan dar a conocer sus posturas.  Más aún cuando es una temática que se encuentra siendo tratada en el Congreso y que cuenta con media sanción en el Senado.

Dentro de los aspectos a considerar encontramos que el DNU en su expresión de motivos indica que “…corresponde ahora corregir aquellas cuestiones que han provocado situaciones inequitativas…”. También los distintos funcionarios intervinientes se encargaron de destacar que el DNU tiene por finalidad frenar la litigiosidad y reducir costos laborales.

Si bien es cierto que existen un número elevado de juicios, no es menos verídico que la mayoría de los mismos se deben a las injustas e ilegales resoluciones que tiene el sistema. Son las ART a las que se dirigen las acciones, ya que como se indicó, son las que deben cumplir con las cláusulas contractuales independientemente de las inconstitucionalidades decretadas por la CSJN, siendo éstas en definitiva las únicas “perjudicadas”.

Resulta desacertado medir en términos de costos monetarios y/o financieros las contingencias laborales, ya que no solamente traen aparejada una indemnización y/o resolución económica, sino que también hay prestaciones médicas y por sobre todo hay un ser humano que sufrió un menoscabo en su persona. Ésta discusión encuentra unanimidad en cuanto a que el Derecho Laboral tiene una función social por sobre económica.

Se entiende que no es propio de un estado republicano que se tomen decisiones sin el respeto de los mecanismos vigentes y sin tener en cuenta los intereses legítimos de los ciudadanos. Las normas constitucionales no resultan caprichosas, sino que tienen una construcción histórica y resultan necesarias a los fines de la concreción de una sociedad más justa. 

Difícilmente, puedan superarse las problemáticas en materia de accidentes y enfermedades laborales si se continúan con las modificaciones parciales e inconstitucionales y no se plantea una reforma integral, con un debate serio e inclusivo de todas las partes intervinientes. Es una cuestión compleja que demanda un desarrollo superior que la de un DNU, dado que resulta imprescindible efectuar una reconstrucción del sistema de riesgos del trabajo que tenga como centro la equidad, la legalidad, la seguridad jurídica y la justicia social. Veintitrés años de mala aplicación del sistema de Riesgos del trabajo así lo demuestran.

[1] A la fecha la LRT cuenta con 428 normas que la complementan y/o modifican, conformen lo informa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de sus portales informáticos.

[2]  Ley sancionada el Setiembre 13 de 1995 y promulgada el Octubre 3 de 1995.

[3] “GOROSITO, JUAN RAMON C/ RIVA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTES ART. 1113 C.C. – DAÑOS Y PERJUICIOS”. (Sentencia del 01 de Febrero de 2002) El máximo tribunal declara el Art. 39 de la ley de accidentes y riesgos del trabajo 24.557, que impedía que el trabajador que había sufrido alguna contingencia pudiera accionar por la vía del derecho común, salvo dolo del empleador.

[4] “CASTILLO, ANGEL SANTOS c/ CERAMICA ALBERDI S.A.” (Sentencia de fecha 7/9/2004) declaró la inconstitucionalidad del art. 46, apartado 1, de la ley 24.557, que establece la competencia federal para los recursos contra las decisiones de las comisiones médicas, por considerar que la legislación sobre accidentes y enfermedades laborales es parte del derecho común, por lo que conforme a la regla del art. 75 inc. 12 de la Const. Nacional, corresponde su aplicación a los tribunales provinciales cuando las personas cayeren bajo su jurisdicción.

[5] “AQUINO, ISACIO c/ CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A s/ accidentes ley 9688” (Sentencia de fecha 21 de Septiembre de 2004) la Corte declaró inconstitucional el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo que se alzaba como un límite a que los trabajadores accionaran por la vía civil la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo. El máximo tribunal consideró que aquella norma afectaba los derechos de los trabajadores al no permitirles obtener una reparación integral por los daños sufridos.

[6] “MILONE, JUAN ANTONIO c/ ASOCIART SA ART S/ ACCIDENTE” (Sentencia del 26 de Octubre de 2004) el tribunal declaró la inconstitucionalidad del Art. 14 Inc. 2 apartado b. y modificó el sistema de pago de las prestaciones dinerarias, en cuanto hace al pago en forma de renta o pagos periódicos, protegiendo al trabajador respecto al cobro de las prestaciones dinerarias protegiendo el carácter alimentario de las mismas, así como su intangibilidad.

[7] “CURA, HUGO ORLANDO C/ FRIGORIFICO RIOSMA S.A. S/ ACCIDENTE – ACCIÓN CIVIL” (Sentencia del 14 de Junio de 2005) en la que la CSJN -a pesar de declarar la inconstitucionalidad del Art. 39 de la LRT-, manifestó que las aseguradoras de riesgos del trabajo deben satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557, por lo tanto esa inconstitucionalidad posibilita al empleador a que pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento.

[8] “SILVA, FACUNDO c/ UNILEVER DE ARGENTINA S.A. S/ ENFERMEDAD ACCIDENTE LABORAL” (Sentencia del 18 de Diciembre del 2007) en éste fallo la Corte admitió la posibilidad de reclamar un resarcimiento por la vía de la ley civil, por una enfermedad no incluida en la listado de enfermedades aprobados mediante decretos por el Poder Ejecutivo (en el año 1996).

[9]  “ESPOSITO, DARDO C/PROVINCIA ART S/ACCIDENTE” (Sentencia de fecha 07 de Junio de 2016) el máximo tribunal puso un límite a la aplicación del RIPTE en las sentencias judiciales en aquéllos casos en los cuales el accidente o las manifestaciones de la enfermedad se presenten con carácter previo a la entrada en vigencia de la norma 26.773, que lo hizo en fecha 26 de Octubre de 2012.

[10] “MARDONES, MARIO RODOLFO c/ ERVITI HNOS. S.R.L. Y OTRA S/INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO.” (Sentencia del 29 de Diciembre de 1998.) La Suprema Corte sostuvo que los tribunales del trabajo de la Provincia de Buenos Aires son competentes para entender en un planteo sobre la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de riesgos del trabajo – ver nota al pie Nº5-.

[11] “CARDELLI, HUGO c/ ENTE ADMINISTRADOR DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO” (Sentencia de fecha 6 de Junio de 2001) El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires procedió a la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley 24.557 -ver nota al pie Nº5-.

[12] “CASTRO, HÉCTOR JESÚS c/ DYCASA S.A. Y OTROS S/ REPARACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS” (Sentencia del 22 de Octubre de 2003) En la que se declara la inconstitucionalidad del Art. 46 de la Ley 24.557, sobre el tema de competencia.

[13] Por un lado, al encontrarse en la Primera Parte de la Carta Magna Nacional, además de constituir un elemento esencial para sostener la democracia y la forma de gobierno republicana, lo que constituyen pilares fundamentales de nuestra nación.

Artículos relacionados

Comentarios

Deja tu mensaje