Hacia la … ¿Deforma? Laboral.

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                Desde los últimos meses y más aún desde el 27 de abril de 2018 – fecha en la que el Poder Ejecutivo Nacional elevó a senadores el proyecto de ley-, la cuestión de la reforma laboral en Argentina se ha vuelto un trending topic.

Ya desde el año pasado se dieron a conocer dos borradores de proyectos de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, ley 20.744 (LCT), los cuales resultaban completamente regresivos en materia laboral, basta solamente destacar que la única ampliación de derechos constaba en un leve mejoramiento de las licencias.

El actual proyecto cuenta con tres paquetes de reforma que en un principio versaban sobre el blanqueo de trabajadores informales, régimen de pasantías y creación de una agencia de evaluación tecnológica médica. Hasta aquí temas más o menos discutibles, que cuentan con cierto consenso en cuanto a la necesidad de su abordaje. Pero, el poder ejecutivo no aguantó la tentación y de forma conjunta con los proyectos de reforma ingresó, el tan vidrioso tema de las indemnizaciones laborales.

Brevemente, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación -y en carácter de portavoz del Poder Ejecutivo Nacional-, se informó que la reforma en el cómputo de las indemnizaciones por despido sin causa, en las que se excluirían el cálculo del aguinaldo, premios, bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento al trabajador, pretende brindar un “criterio indemnizatorio uniforme”. Obviamente, la discriminación de los rubros indicados implica una marcada disminución del monto de la indemnización en caso de un despido sin causa.

También resulta llamativo que lejos de brindar pautas que ayuden al correcto ejercicio del régimen indemnizatorio, se pretende hacer una reforma que opta por la exclusión de derechos, en lugar de la armonización de estos. Esto indudablemente se traducirá en un mayor aumento de la litigiosidad, por resultar violatorio de una masa de derechos aún mayor, en la que se verán afectados todos los trabajadores y no solamente aquellos que estén en desacuerdo con el monto de la indemnización percibida ante un despido.

En la misma sintonía, se pretende universalizar el tan controversial régimen de fondo de cese laboral, hoy aplicado al régimen del trabajo de construcción. En la actualidad éste sistema no es aceptado pacíficamente en cuanto -para muchos- no constituye una forma satisfactoria de indemnización en cuanto a su cuantía y que contiene de forma implícita una ideología de “fecha de vencimiento” del vínculo laboral que se justificaría en la naturaleza de la actividad. Lo que contraría la esencia de la LCT, en cuanto establece que la regla es que los contratos de trabajo se entienden por tiempo indeterminado (Art. 90).

El citado régimen de la construcción no solo adolece de inconsistencias en su surgimiento (Año 1980), dada la ausencia de debate y consenso en su elaboración, sino que como se indicó, encontraría su fundamento en la naturaleza particular del vínculo laboral en la construcción, resultando inaplicable y forzada su extensión a todo el sistema de derecho del trabajo actual.

Entonces, resulta evidente la colisión de la reforma en análisis con los derechos no solo del trabajador, sino también del empleador. Se observa una marcada violación del Principio de Progresividad de los derechos, que rige en la materia y que implica que los derechos y garantías adquiridos no pueden ser disminuidos.

Considero que lo más peligroso radica en el mensaje oculto que transmite la reforma, en punto atinente al cómputo de las indemnizaciones, ya que implica que el vínculo laboral va a concluir necesariamente con un despido, naturalizando este modo de extinción como el principal y hasta casi obligatorio.

Esto nos pone en una grave y tensa situación de conflicto, muy lejana a la necesidad colaboración entre los sectores trabajadores y empleadores, tan fundamental en las economías domésticas, pequeños y medianos emprendimientos, así también como en las Pymes; y por supuesto apartado de la búsqueda de la paz y justicia social consagradas en la Constitución Nacional.

Se debe evitar que trabajadores y empleadores se vean envueltos en conflictos innecesarios generados por una ley que consagre reglas ilegales, ya que la forma (Ley) de ningún modo avala directamente su contenido, si el mismo no se encuentra sujeto a los principios y reglas del Derecho vigente. Se debe brindar verdadera seguridad jurídica, que va a ser lo que impulse la productividad y la inversión.

Por lo tanto resulta necesaria una reforma que cuente con un amplio consenso, que no vea al trabajo como un costo, sino como la herramienta de dignificación de la persona humana por excelencia.

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