DERECHO Y POLÍTICA: DEL NUDO DE BORROMEO A LA VESICA PISCIS.

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1) INTRODUCCIÓN

En este trabajo expondré las distintas formas en las que se relacionan el Derecho y la Política, y la Política y el Derecho. Sin perjuicio de que puedan existir muchos vínculos entre dichos conceptos, me concentraré en sólo tres aspectos en los que esta simbiótica relación se evidencia notoriamente, lo que he dado llamar faz discursiva, faz pragmática y faz teórico conceptual. Se verá cómo los dos conceptos a analizar se vinculan íntimamente en cada uno de dichos ámbitos conformando un tríptico que, tal como sucede con el “Jardín de las Delicias” de El Bosco, al cerrarse la obra conformamos una nueva, a saber, “La Creación del Mundo”. En este caso los tres paneles que presentaré permitirán comprender en forma más acabada la relación entre el Derecho y la Política, la que debería quedar plasmada al cerrar la obra, tal como sucedería con la obra de arte mencionada.

Estas tres faces que analizaré se encuentran también relacionadas como un nudo de Borromeo, para contar con una imagen gráfica que permita representar este nexo. Se verá cómo cada una de ellas formará parte de la descripción de las otras.

En cuanto a relación discursiva adelantaré que la Política se vale del Derecho a la hora de manifestarse toda vez que éste le proporciona un lenguaje dotado de autoridad que legitima su discurso. Asimismo, el Derecho limita el accionar de la Política, a la vez que esta última proporciona el ámbito idóneo para la producción legítima de normas.

Por su parte, en lo que atañe a la faz pragmática, expondré el modo en el que las medidas políticas utilizan al Derecho como un telón detrás del cual desarrollarse y, a su vez, como una herramienta para implementarse. En este sentido cabe destacar que todo acto de gobierno se lleva adelante por medio de leyes, decretos, reglamentos, todos ellos instrumentos del mundo jurídico por excelencia. Asimismo, expondré cómo los fallos de los tribunales supremos estatuyen paradigmas en las distintas materias en las que la Política se expresa, estableciendo el marco jurídico necesario en el que la misma se desenvuelve.

Por último, en lo que respecta a la faz teórica, abordaré la estrecha relación que existe entre los estudios de la Ciencia Política y la Ciencia Jurídica, como así también entre sus conceptos centrales. En primer lugar trataré la idea de “Poder” y su relación con el Derecho y la Política. Además destacaré la proximidad entre aquellos conceptos en cuanto los mismos tienen un objetivo común, a saber, regular las conductas humanas. Por último, desarrollaré el concepto “Estado de Derecho” con la intención de demostrar que, también desde un punto de vista teórico, el Derecho y la Política se encuentran vinculados.

Previo a adentrarme en el desarrollo de este trabajo considero menester realizar la siguiente aclaración conceptual. Consideraré las expresiones “Política” y “medidas” o “actos de gobierno” en forma semejante toda vez que la segunda de ellas es la manifestación práctica de la primera. En este sentido, a los efectos de llevar a cabo el presente desarrollo, resultará conflictivo atenerse a una rigidez conceptual extrema. Es por ello que, a lo largo de este trabajo aportaré las definiciones conceptuales necesarias para atravesar estas líneas, mas con la previa aclaración de que el rigorismo conceptual en esta materia puede alejarnos del tópico principal.

Asimismo, cabe aclarar que no me explayaré en forma extensa con relación al vínculo entre la Política y el Poder, sino que partiré de la base de que ambos son inseparables, dado que entiendo que siempre que haya Política, habrá Poder. Me tomaré esta licencia toda vez que el análisis del concepto Política y su relación con el Poder implicaría el desarrollo de un trabajo aun más extenso que desviaría mi propósito central. No obstante ello, daré una aproximación de dichos conceptos más adelante.

Téngase en cuenta que, detrás de dos conceptos como lo son “Política” y “Derecho”, se encuentran desarrollos teóricos vastos y de antigua data. Razón por la cual buscaré armonizar los matices teóricos a fin de poder cumplir con mi cometido sin que diferencias conceptuales, que en cada una de las ciencias estudiadas en particular puedan ser relevantes, entorpezcan el presente análisis que está centrado en la relación entre la Política y el Derecho o el Derecho y la Política.

2) DESARROLLO

Ahora bien, en cuanto al desarrollo del presente trabajo, comenzaré por responder la segunda pregunta y ello me llevará a desarrollar la primera de ellas.

De tal modo entiendo que, no es posible pensar al Derecho y a la Política como dos conceptos por separado. Asumir esta postura implica explicar la relación que existe entre ambos y es eso lo que haré a continuación.

La relación entre el Derecho y la Política es simbiótica. Pensar al Derecho en forma aislada dejaría una ciencia jurídica rígida y ciega de la realidad política, económica, social y cultural que se desarrolla fuera del laboratorio normativo. Por su parte, la idea de una Política solitaria representaría la imagen de un director de orquesta sin su batuta. Claros son los esfuerzos tanto de la ciencia jurídica como de la ciencia política para conformarse como ciencias autónomas. Sin embargo, en ese afán de despojarse de todo aquello que no sea ajeno a su naturaleza, se omite destacar nexos entre ambos mundos cuya relevancia es fundamental para un más completo análisis de ambos fenómenos.

A pesar de ello y, a fin de no adoptar una posición extrema que sea sencillamente criticable, estimo relevante tener presente que, tal como sostiene Norberto Bobbio (1985):

Es verdad que el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda vacío, pero también es verdad que la teoría política no puede dejar de tomar en consideración primeramente el nulo poder, independientemente de los llamados principios de legitimidad, es decir, de las razones que lo transforman en un poder legítimo, así como la teoría jurídica no puede dejar de tomar en consideración el sistema normativo en su conjunto, como una serie de normas una a otra vinculadas según un cierto principio de orden, independientemente del aparato de la fuerza predispuesto para su actuación (Origen y Fundamentos del Poder Político, p.21-22).

Ahora bien, en algunos casos la relación entre el Derecho y la Política se muestra en forma explícita mientras que otros, subrepticia. Se verá  a continuación cómo se manifiesta el vínculo que analizo en cada una de las faces que propuse como estructura del presente trabajo.

2.1) FAZ DISCURSIVA

Respecto a este punto de análisis, desarrollaré la relación discursiva que existe entre el Derecho y la Política. En este sentido, entiendo que aquél suministra a la Política de herramientas para construir y mantener la estructura sobra la que aquélla se erige. La Ley nunca es considerada como un argumento débil, sino que siempre goza de autoridad.

El Derecho legitima al discurso político. Toda medida política reposa sobre una norma o un conjunto de ellas. No existe actividad política que se desarrolle como un mero acto discrecional, sino que la puesta en marcha de la usina gubernamental implica siempre, en primer término, un acto legal. Ya sea una Ley, un Decreto hasta un acto de imperio como un Indulto, todos los actos de gobierno se encuentran reflejados y amparados por una norma. Es menester destacar que no se trata de una mera coincidencia o producto del azar, sino que es una exigencia de un sistema republicano de gobierno, con división de poderes, por medio de la cual se busca evitar el abuso del poder por parte de los distintos órganos del Estado.

Existe todo un tramado de normas que delimitan el campo de acción político el cual queda circunscripto a los requisitos establecidos por ellas en cada caso en particular. He aquí un ejemplo que puede ilustrar esta cuestión. Nótese que para realizar un nimio acto de gobierno como sería el de expropiación, nuestra Constitución Nacional en su art. 17 establece que “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. En este sentido, se impone el empleo de un instrumento jurídico como es una Ley para poder proceder a la realización de una decisión política como resulta una expropiación.

En esta línea argumentativa resulta interesante resaltar que, no sólo una norma considerada como un “texto escrito” es necesaria a los efectos de la política tal como lo manifesté precedentemente, sino que el lenguaje particular que se emplea en el ámbito jurídico es primordial para poder concretar dicho fin. Así pues, este lenguaje al que me refiero no es igual al que se utiliza cotidianamente, sino que responde a una exigencia técnica que lo presenta como un conjunto de expresiones cuya comprensión no es asequible por todos.

Quisiera aclarar que no pretendo realizar una aproximación a la idea de un derecho “opaco” tal como lo ha sostenido en alguna oportunidad la Escuela Crítica, sino que el núcleo reside en postular la hipótesis de que la terminología utilizada en las normas, en los fallos o en todo otro tipo de manifestación jurídica, pretende denotar seriedad y solidez conceptual. Se debe tener en cuenta que la ciencia jurídica requiere un lenguaje propio para referirse a los fenómenos con los que trabaja, del mismo modo que sucede en la medicina, por ejemplo. De más está decir que, en ambos casos, muchos conceptos pueden ser definidos en otras palabras para evitar recurrir a expresiones quizá incomprensibles para las personas ajenas a estos mundos. No obstante ello, forma parte de ambas ciencias contar con un lenguaje propio con el que se desempeñan sus profesionales en forma cotidiana. En todo caso, siempre se puede proceder a explicar de diversas formas un concepto sin necesidad de recurrir a criticar el lenguaje jurídico.

Ahora bien, son la seriedad y solidez propia del lenguaje jurídico, como así también la autoridad y la legitimidad que aporta el Derecho (en un Estado de Derecho), de las que se vale la Política. Con las palabras de la Ley se construyen argumentos de mayor peso que con apreciaciones subjetivas. La objetividad en el campo político surge, al menos en parte, del recurso a la norma escrita y aun a los principios jurídicos que no se encuentren expresamente plasmados en algún instrumento jurídico.

En este sentido, no es lo mismo recurrir a una apreciación personal que ampararse en un principio constitucional a la hora de adoptar una postura. La política adopta el lenguaje jurídico como propio y eso demuestra cuán íntima puede resultar la relación entre los conceptos que analizo. Es decir, ya no se trata de una inter-relación sino que nos acercamos a una intra-relación. De un modo más gráfico y orgánico se puede considerar al Derecho, desde el punto de vista, como el conjunto de diafragma, cuerdas vocales y aire, que le permiten a la Política pronunciar sus palabras y expresarse.

Para ahondar en ese aspecto, cabe destacar que la legitimidad que aporta el Derecho a la política no sólo proviene de su contenido, sino también por sus formas. En este sentido, el mundo jurídico presenta procedimientos a seguir y, en la medida que los mismos se lleven a cabo del modo previamente establecido, todo resultado final se considerará también legítimo.

Pero la cuestión de la legitimidad no sólo puede apreciarse del lado de la Política sino que, como expresaré a continuación, también puede darse la relación inversa y, de tal modo, la Política puede asumir la forma de un medio idóneo en el marco del cual se producirán normas legítimas. Entonces, se puede hablar tanto de una “Política legítima” y un “Derecho legítimo”.

Para desarrollar esta última idea, debe tenerse en cuenta que el Derecho puede considerarse tanto un “texto” como un “discurso”. La primera de aquellas visiones es defendida por el jurista español Gregorio Robles (1998) quien señala que “la norma jurídica es una proposición lingüística de carácter prescriptivo perteneciente a un sistema proposicional expresivo de un ordenamiento jurídico y dirigida directa o indirectamente a orientar la acción humana“. Por su parte, de acuerdo al autor citado, Norberto Bobbio considera al Derecho del segundo modo, es decir, como un discurso, y entiende que “el discurso prescriptivo del legislador y a la Jurisprudencia como el análisis del lenguaje legislativo” (Guastini, Ricardo, 1999).

En este último sentido, me gustaría destacar un punto de vista con relación a la interpretación discursiva del derecho, del que se puede advertir cómo se encuentran entrelazados el Derecho y la Política. En este sentido cabe tener presente la Teoría discursiva del Derecho de Jürgen Habermas. Aquella, es la Teoría de la Acción Comunicativa que implica tres elementos que se relacionan entre sí “a) un concepto de racionalidad comunicativa; b) un concepto de sociedad que asocie los paradigmas de vida y sistema; c) una teoría de la modernidad que explique las patologías sociales” (Habermas, Jürgen, 1991, Tomo I).

Además es relevante destacar lo que este autor alemán sostiene al respecto.

El Derecho se constituye un sistema de acción integrado en el componente social de mundo de vida, donde el Estado Democrático de Derecho resulta la institucionalización que discurre a través del derecho legítimo de procedimientos y presupuestos comunicativos para una formación discursiva de la opinión y la voluntad, la cual hace posible a su vez, una producción legítima de normas (Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez: Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso, 1998)

Asimismo, es importante destacar el análisis efectuado por el Profesor Fritz Looz de la Göttingen Universität del cuarto capítulo de la obra “Facticidad y Validez: Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso” de Habermas.

El Estado se hace necesario como poder sancionatorio, organizativo y ejecutivo, porque los derechos se deben realizar, porque la comunidad jurídica requiere tanto de una fuerza que estabilice su identidad como también de una jurisprudencia organizada y porque de la formación de la voluntad política surgen programas que deben ser implementados (Habermas, Facticidad y Validez, 1995).

 

De los párrafos citados precedentemente se desprende casi evidente la postura que he planteado a lo largo de este trabajo. Destacaré la idea según la cual el Estado de Derecho resulta la “institucionalización que discurre a través del derecho legítimo” y que hace posible la “producción legítima de normas”.

Así, se manifiesta tangible el modo en que esta estrecha vinculación resulta, por momentos de conveniencia y por otros necesaria. En este sentido, el Estado de Derecho como forma de organización política, requiere indefectiblemente contar con el Derecho. Este tema lo desarrollaré más adelante.

2.2) FAZ PRAGMÁTICA

Ahora bien, para coadyuvar al análisis que a continuación expondré propongo un viaje en el tiempo y el espacio. Ahora bien, en Norteamérica a fines de 1790 y comienzos de 1791, el Congreso Federal debatió su facultad para crear el Banco de los Estados Unidos. El debate en cuestión giró en torno a las facultades implícitas del Poder Legislativo toda vez que no existía en su Carta Magna una norma que expresamente autorizara al órgano legisferante a crear un Banco. Nótese entonces que, a primera vista, el asunto era meramente jurídico. Se expusieron distintas posiciones sobre si el Congreso Federal podía realizar sólo aquello para lo que estaba expresamente autorizado o, si además, podía plantearse la existencia de otras facultades implícitas y, en base a ellas, justificar la creación del establecimiento financiero en cuestión.

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que detrás de esa discusión jurídica se ocultó un importante trasfondo político. En septiembre de 1789 el entonces Secretario del Tesoro, Hamilton, fue requerido por la Cámara de Representantes a fin de encontrar un modo de sostener el crédito público. Debe tenerse en cuenta que, para esa fecha, muchos de los Estados norteamericanos contaban con una gran deuda debido a la importante guerra que poco tiempo atrás habían afrontado.

La intención fue lograr que aquella deuda fuera absorbida por el gobierno federal y, a tal efecto, el Banco de los Estados Unidos se presentaba como un medio por demás idóneo. Ante dicho panorama, el debate jurídico, se tiñó de tintes políticos.

En este sentido, fueron dos las posiciones que se disputaron dentro del Congreso. Por un lado, el Estado de Massachusetts, que contaba con una gran deuda y, por ende, se encontraba a favor de la creación del Banco. Por su parte, el Estado de Virginia, que había logrado amortizar gran parte de su deuda y, por lo tanto, no estaba de acuerdo con tener que colaborar con los demás Estados que no habían actuado del mismo modo.

Asimismo y, por sobre todo eso, el enfrentamiento también escondía un interés mayor: establecer un modelo político y económico, a saber, colono y esclavista por parte de Virginia, y comerciante y astillero en el caso de Massachusetts. Finalmente, la decisión política de crear el Banco de los Estados Unidos se concretó y ello requirió también el empleo de dos normas, la Ley de Consolidación y la Ley de Asunción. Así, una vez más, la puesta en marcha de una medida gubernamental debió valerse del Derecho.

Ahora bien, acciones políticas como la ut supra descripta no sólo han tenido lugar en Estados Unidos. Argentina también ha sido el escenario de algunos sucesos en los que se han debatido cuestiones en términos jurídicos pero que, detrás del telón jurídico, se desarrollaba la obra principal que trataba sobre la Política. Es así el caso, de la Ley 318 del 25 de agosto de 1869. En esa oportunidad se suscitó un debate jurídico que, tal como sucedió en el ejemplo analizado, guardó íntima relación con una posición política. La norma mencionada establecía que toda intervención federal en las provincias debía ser previamente autorizada por ley especial. Asimismo, en su artículo 2, autorizaba al Poder Ejecutivo para que, en receso del Congreso, interviniera en el territorio de las provincias a solicitud de sus autoridades constituidas.

El Poder Ejecutivo finalmente vetó dicha Ley a los pocos días de su promulgación, el 2 de septiembre de 1869, con el fundamento de que “cuando el Poder Ejecutivo ejerce facultades que le son propias, inherentes, ellas no pueden someterse a la reglamentación de otro poder”(Aja Espil, 1987, p.107).

Al respecto, Aja Espil, quien desarrolla la teoría de los poderes implícitos e inherentes ofrece al respecto los argumentos vertidos por Sarmiento y Dalmacio Vélez Sarsfiel para vetar dicha Ley extraídos del Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación del 28 de septiembre de 1869.

En nuestro sistema de gobierno, cada poder público tiene su esfera de acción señalada; y es base del sistema que cada uno ejerza sus facultades y llene sus deberes con prescindencia de los otros. Es de aquí que se arranca la deducción de que las atribuciones de un poder no pueden ser delegadas en otro, y como consecuencia de ella, que los actos del uno no pueden ser sometidos a la revisión y aprobación de los demás. El proyecto sobre las intervenciones locales que el Congreso ha sancionado, echa por tierra aquellos principios fundamentales de nuestra organización política y hace del Poder Ejecutivo un mero agente del Poder Legislativo (el subrayado me pertenece) (Ibídem).

En esta inteligencia, la facultad del Poder Ejecutivo de intervenir las provincias en aquella época resultaba una herramienta fundamental de poder (se verá más adelante cómo se relacionarán también el Derecho, la Política y el Poder). Debe tenerse en cuenta que hacía muy poco tiempo que se había sancionado nuestra Constitución Nacional y que todavía las provincias se encontraban acomodándose dentro del nuevo esquema de organización administrativa y política. De tal modo, la lucha por el poder se presentaba como un factor común en todas las disputas. No sólo el Poder entre las provincias, sino también, entre los distintos poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo.

Todo este este planteo de índole político se articuló por medio de la Ley que legislaba la intervención federal, un punto crítico en lo que se refiere a la lucha por el poder. En este sentido, resultaba fundamental determinar si el Poder Ejecutivo requería el acuerdo del Legislativo para intervenir una provincia o, por el contrario, si aquello era una potestad inherente del órgano de gobierno.

La palabra final al respecto fue la que determinó no sólo la validez de la norma en cuestión sino que, como consecuencia de ello, se estableció la amplitud de las facultades del Poder Ejecutivo y, en base a ello, el poder que detenta el mismo frente al resto de los poderes y de las provincias.

En sintonía con esta última idea, resta incluir en este desarrollo el rol que juegan los Tribunales Superiores en este tipo de situaciones.

Tal como he planteado, muchas de las cuestiones políticas se manifiestan a través de algún conflicto normativo (ya sea por interpretación o por la constitucionalidad de la norma en cuestión) y por ello su solución final quedará en manos de los más altos Tribunales. Y cuando una Corte Suprema se expide, surge un nuevo paradigma que determina el modo de proceder con relación al tema que se abordó. Por ello, la discusión que pueda darse en el ámbito político se zanja por medio del Derecho, el cual tiene la última palabra, siempre que se esté en el marco de un Estado de Derecho (concepto que abordaré más adelante).

A mayor abundamiento conviene ilustrar esta idea con un ejemplo. En Argentina, a mediados del siglo XX había un amplio consenso respecto a que los fines fundamentales del poder de policía que ejercía el Poder Ejecutivo eran la seguridad, la salubridad y la moralidad pública. En 1944 la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de los fallos “INCHAUSPE HNOS.” y “FERNÁNDEZ ORQUIN, J.M. C/RIPOLL, FRANCISCO” incorporó a aquéllos uno más, a saber, la defensa de los intereses económicos de la comunidad. De tal modo, el poder de policía se ponía a la orden del desarrollo económico y de la justicia social.

En el último de dichos fallos, la postura de la minoría señaló que “La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo, es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución” (Aja Espil, 1987, p.166).

Por su parte, es relevante destacar la postura asumida por la mayoría

(…) es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el restante ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional y que, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no que la dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas. (Aja Espil, 1987, p.167).

Lo que intento señalar con esto es que, la pretensión política de extender el poder de policía al interés económico de la comunidad sólo pudo encontrar legitimidad y autoridad por medio de la decisión adoptada por la Corte Suprema.

Por todo ello, me atrevo a postular que, el problema vinculado al Derecho en los casos analizados, fue sólo la lucha por determinar cuál sería la posición correcta. El discurso jurídico, con carácter de autoridad al pasar por la pluma de la Corte Suprema, establece paradigmas y en base a ellos la Política se articula. El Derecho determina el campo en el que la política va a desarrollarse y cómo habrá de hacerlo.

En base a lo desarrollado precedentemente, se vislumbra claramente la idea del Derecho como instrumento de la Política. En este sentido, la relación entre dichos conceptos puede verse figurada en las Leyes, que reflejan una ideología estática y destinada a mantenerse en el tiempo, y en las sentencias en las que se refleja el comportamiento y pensamiento político más dinámico de la sociedad.

El Derecho se presenta como un objeto de análisis por medio del cual se dilucidan o se entienden las decisiones gubernamentales, la inclinación de las mismas, la orientación política, entre otras cuestiones.

2.3) FAZ TEÓRICO CONCEPTUAL

Comenzaré este apartado con algunas definiciones cardinales sobre el tema que abordo. En la introducción a este trabajo realicé una aclaración vinculada a otra íntima e insoslayable relación, a saber, aquella entre la Política y el Poder. Cierto es que me refiero a un tema que se aborda, por lo general, desde la ciencia política, no obstante ello, como demostraré a continuación de la mano de Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, el Derecho también participa de dicha relación y se verá cómo esta tríada conceptual pone de manifiesto la relación teórica que existe entre el Derecho y la Política.

De este modo, Bobbio (2008) en su Diccionario de Política aporta, por un lado, el concepto moderno de Política, al que lo contrapone con el significado clásico. En tal sentido sostiene que:

En la edad moderna el término perdió su significado original (…) sustituido por otras expresiones como “ciencia del estado”, “doctrina del estado”, “ciencia política”, “filosofía política”, etc., y se emplea comúnmente para indicar la actividad o el conjunto de actividades que de alguna manera tienen como término de referencia la polis, es decir el estado. De esta actividad la polis a veces es el sujeto, por lo cual pertenecen a la esfera  de la p. actos como el ordenar (o prohibir) algo con efectos vinculantes para todos los miembros de un determinado grupo social, el ejercicio de un dominio exclusivo sobre un determinado territorio, el legislar con normas válidas erga omnes. (p.1215)

Es menester señalar de esta última cita aquellos actos que son considerados como “propios de la actividad política”, puesto que los mismos se encuentran relacionados notoriamente con la actividad jurídica. En este sentido, el ordenar o prohibir una conducta es una clara tarea que se llevará a cabo por medio de Leyes, por ende allí encontramos nuevamente al Derecho.

Asimismo, en necesario efectuar algunas apreciaciones relacionadas con otro concepto fundamental que gira en torno a la Política como así también al Derecho, esto es, el Poder. Me adelanto en aclarar  que no aportaré una definición de dicho concepto, debido a lo complejo de la empresa. En esta inteligencia, el mismo Karl Loewenstein ha planteado aquella dificultad al considerar al “poder” como parte de la “enigmática tríada” y en este sentido ha considerado que junto al amor y la fe, dominan la vida del hombre en sociedad y se encuentra presente en todas las relaciones humanas. Ahora bien, en cuanto a la aproximación que habré de realizar al concepto de “poder” resulta relevante tener presente lo que Bobbio (2008) dice al respecto.

 (…) varias formas de poder que se basan en los medios de los cuales se sirve el sujeto activo de la relación para condicionar el comportamiento del sujeto pasivo (…) tres grandes clases (…): el poder económico, el poder ideológico y el poder político. (…) Esta distinción entre tres tipos principales de poder se encuentra, aunque expresamente de diferentes maneras, en la mayor parte de las teorías sociales contemporáneas, en las cuales el sistema social en su conjunto aparece directa o indirectamente articulado en tres subsistemas principales, que son la organización de las fuerzas productivas, la organización del consenso y la organización de la coacción.  (p.1216/1217)

En base de las aproximaciones conceptuales esbozadas anteriormente, corresponde resaltar la relación que puede encontrarse entre la Política y el Poder. Principalmente señalaré lo atinente al “poder político”.

Lo que caracteriza al poder político es la exclusividad del uso de la fuerza respecto de todos los grupos que actúan en un determinado contexto social, exclusividad que es el resultado de un proceso que se desarrolló en toda sociedad organizada hacia la monopolización de la posesión y el uso de los medios con los cuales es posible ejercer la coacción física. Este proceso de monopolización es paralelo al proceso de criminalización y de penalización de los actos de violencia que no se realicen por personas autorizadas por los detentadores y beneficiarios de este monopolio. (Bobbio, 2008, p.1218)

Asimismo, señalaré que Bobbio (2008) le asigna al poder político ciertas características particulares que lo diferencian de otras formas de poder. Una de aquellas características es la inclusividad y la define como:

(…) la posibilidad de intervenir imperativamente en toda esfera de posible actividad de los miembros del grupo dirigiéndoles hacia un fin deseado o distrayéndolos hacia un fin no deseado a través del instrumento del ordenamiento jurídico, es decir de un conjunto de normas primarias dirigidas a los miembros del grupo y de normas secundarias dirigidas a funcionarios especializados, autorizados a intervenir en el caso de violación de las primeras.  (p. 1219)

Por su parte, es menester destacar la relación que existe entre el Poder y el Derecho. Al respecto, Norberto Bobbio (1985) señala que:

Poder y derecho (…) son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda. Entre escritores políticos y juristas, el contraste implica cuál de esta moneda sea el frente y cuál el reverso: para los primeros el frente es el poder y el reverso el derecho, para los segundos es lo contrario. (Origen y Fundamentos del Poder Político, p.22-23).

Y luego, el autor (1990) continúa con la siguiente pregunta:

 (…) ¿va antes el poder o la norma?. A pesar de la obstinación con que los teóricos del Derecho por un lado y los teóricos de la política por el otro insisten en sostener que va antes la norma (la teoría de la norma fundamental de Kelsen) o antes el poder (la vieja y siempre nueva teoría de la soberanía como potestas superiorem non recognoscens), la solución del problema depende exclusivamente del punto de vista en el que nos pongamos. Si se parte del poder desde abajo, se llega, pasando de un poder inferior a uno superior, al poder de los poderes, al sumo poder; si se parte de la norma desde abajo, se llega, pasando de la norma inferior a la superior, a la norma de las normas, a la norma fundamental. Pero nada mejor que esta reducción en el vértice nos permite comprender que el problema del poder y de la norma son las dos caras de una misma moneda. (Contribución a la teoría del derecho, p.302)

Por último es importante hacer una última apreciación que el politólogo italiano hace al respecto:

(…) la teoría política de Weber parte de una distinción fundamental, la distinción entre poder de hecho (Macht) y poder de derecho (Herrschaft), y llega a la célebre tipología de las formas de poder legítimo. Al contrario, la teoría normativa de Kelsen parte de la distinción entre validez de las normas específicas y eficacia del ordenamiento jurídico en su conjunto, y llega, especialmente en la obra póstuma, Allegemeine Theorie der Normen, publicada en 1979, a ponerse con especial relevancia el problema del poder jurídico (Rechtsmacht), cuya solución permite observar el ordenamiento jurídico no sólo desde el punto de vista del Sollen (deber) sino también desde el punto de vista del Sein (ser). En un cierto sentido se puede decir que Weber y Kelsen llegan a la misma conclusión, a la conclusión de que el poder legítimo se distingue del poder de hecho en cuanto a un poder regulado por normas, pero partiendo de dos puntos de vista opuestos, el primero de la noción de poder que tiene necesidad de ser regulado para volverse legítimo, el segundo de la noción del ordenamiento normativo que tiene necesidad de la fuerza para volverse efectivo. (el subrayado me pertenece) (Ibídem)

Ahora bien, una vez realizadas las anteriores aclaraciones conceptuales habré de señalar lo que estimo es una importante relación entre los conceptos de Política, Derecho y Poder. En este sentido, una de las principales características del poder político es el monopolio de la fuerza y, el Derecho, le permite llevar a cabo dicho cometido en forma legítima. Al respecto, G.B. Powell y G.A. Almond (1966) han señalado que:

Estamos de acuerdo con Max Weber en el hecho de que la fuerza física legítima es el hilo conductor de la acción del sistema político, lo que le confiere su particular calidad e importancia y su coherencia como sistema. Las autoridades políticas, y sólo ellas, tienen el derecho predominantemente aceptado de usar la coerción y de ordenar obediencia en base a la misma (…) Cuando hablamos de sistema político incluimos todas las interacciones que afectan el uso o la amenaza del uso de la coerción física legítima. (p.55)

Así puede observarse cómo se da la dinámica conceptual entre el Derecho y la Política. Por medio de instrumentos jurídicos el Derecho garantiza que el monopolio de la fuerza quede en cabeza del Gobierno. Eso faculta a las autoridades políticas a poder llevar a cabo uno de sus propósitos principales que es regular la conducta de los ciudadanos.

A este último propósito el Derecho también presenta su asistencia puesto que, el modo idóneo de llevar a cabo dicha pretensión en un Estado de Derecho, es por medio de Leyes que hayan emanado del órgano legisferante, de acuerdo al procedimiento establecido en la Norma Fundamental a tal efecto. Finalmente, el legítimo ejercicio de la coerción por medio del Estado es un modo de asegurar el cumplimiento de las normas.

En el párrafo anterior mencioné otro concepto importante al efecto de este trabajo, cuyo abordaje ya había adelantado en la introducción, el Estado de Derecho. Sin adentrarse en un profundo análisis del concepto, de su sola lectura se desprende que habitan en el mismo dos palabras que nos llaman la atención sobre el vínculo que pretendo demostrar en estas líneas.

Ahora bien, resultará necesario señalar de qué modo este vínculo se hace manifiesto por medio de esta expresión. A tal fin, considero pertinente tener presente el desarrollo que realiza Luigi Ferrajoli (2001) quien ofrece dos acepciones del concepto “Estado de Derecho”, una de ellas es el sentido lato o formal que: “designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son “conferidos” por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos” (p.31).

Por otra parte, el aludido autor (2001) destaca el sentido fuerte o sustancial de dicho concepto y expresa que este:

Designa sólo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, “sujetos” a la ley (y, por lo tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. En este sentido se consideran Estados de derecho “aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales. (p.31)

En base a ello, Ferrajoli (2001) continúa explicando que:

Estos dos significados corresponden a dos modelos normativos diferentes: el modelo paleo-iuspostivista del estado legislativo de derecho (o estado legal), que surge con el nacimiento del estado moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo neo-iuspositivista del estado constitucional de derecho (o estado constitucional), producto, a su vez, de la difusión en Europa, tras la segunda guerra mundial, de las constituciones rígidas y del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias. (p.31)

A partir de lo manifestado precedentemente resulta importante destacar entonces la existencia de un Estado legislativo de derecho y de un Estado constitucional de derecho. En cuanto al primero de ellos es importante reconocer que “el estado de derecho moderno nace, con la forma del estado legislativo de derecho (…) con la afirmación del principio de legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido y antes aún existente, con independencia de su valoración como justo” (Ferrajoli, 2001, p.32)

Por su parte, en lo que atañe al Estado constitucional de derecho, implicó algunos cambios significativos tales como “la subordinación de la legalidad misma -garantizada por una específica jurisdicción de legitimidad- a constituciones rígidas, jerárquicamente supraordenadas a las leyes como normas de reconocimiento de su validez” (Ferrajoli, 2001, p.34)

Uno de los cambios fundamentales a destacar del paso de un modelo de estado legislativo a uno constitucional, según Ferrajoli (2001) es que:

La subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir una dimensión sustancial, no sólo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para que representa un límite, a la vez que la completa. Un límite porque a los derechos constitucionalmente establecidos corresponden prohibiciones  y obligaciones impuestas a los poderes de la mayoría, que de otra forma serían absolutos. Y la completa porque estas mismas prohibiciones y obligaciones se configuran como otras tantas garantías de los derechos de todos, frente a los abusos de tales poderes que -como la experiencia enseña- podrían de otro modo arrollar, junto con los derechos, al propio método democrático. Al mismo tiempo, el constitucionalismo rígido produce el efecto de completar tanto el estado de derecho como el mismo positivismo jurídico, que alcanzan con él su forma última y más desarrollada: por la sujeción a la ley incluso del poder legislativo, antes absoluto, y por la positivización no sólo ya del “ser del derecho”, es decir de sus condiciones de <existencia>, sino también de su “deber ser”, o sea, de las opciones que presiden su producción y, por tanto, de sus condiciones de <validez>. Por lo demás, existe una interacción entre transformaciones institucionales y transformaciones culturales. Quiero decir que las filosofías jurídicas y políticas son siempre un reflejo y a la vez un factor constitutivo y, por decirlo así, performativo de las concretas experiencias jurídicas de sus respectivos momentos: el iusnaturalismo en sus muchas variantes fue la filosofía jurídica dominante de la época premoderna, mientras faltó el monopolio estatal de la producción jurídica; el iuspositvismo lo ha sido a partir de las codificaciones y el nacimiento del Estado moderno; el constitucionalismo lo es hoy, o en todo caso, está llegando a serlo, después de la introducción de la garantía jurisdiccional de la rigidez de las constituciones. (p.35).

De tal modo, el concepto “Estado de Derecho” se presenta como el paroxismo conceptual en el que se refleja vivamente le relación entre el Derecho y la Política. Se puede vislumbrar las relevantes implicancias que su abordaje acarrea tanto para el mundo jurídico, como para el político.

 

3) CONCLUSIÓN

Seguramente puedan encontrarse otros vínculos, sin embargo en el presente trabajo expuse los nexos que existen entre el Derecho y la Política que considero más relevantes y en los que dicha relación se desprende, tal vez, en forma más clara, más precisa.

Cabe poner de relieve que no pretendí dejar zanjada la cuestión en torno al debate generado a raíz de la vinculación entre ambos conceptos sino que el objetivo central fue destacar las tres faces en las que el Derecho y la Política encuentran su punto en común. De ello se desprende esta invitación al lector a reflexionar sobre la relevancia práctica y teórica de analizar a ambas materias como un todo.

Asimismo, me gustaría reiterar que no se encuentra en el espíritu de esta exposición quitar autonomía al Derecho y a la Política como ciencias independientes. Por el contrario, entiendo que estudiar la interacción entre ambos conceptos enriquece el entendimiento de cada esfera en particular y potencia su análisis.

Por otra parte, no resulta ocioso manifestar que durante la redacción de estas líneas surgieron diferentes preguntas, inquietudes e incluso obstáculos. Sin embargo, al mismo tiempo, de la pluma de los autores citados nacieron las respuestas y certezas esenciales para sortear aquellas barreras.

Previo a sumergirme en las profundidades de este debate, tuve que enfrentarme a un cuestionamiento de simple lectura aunque de compleja solución: ¿es posible pensar al Derecho y a la Política por separado? Surgió inmediata la inclinación por el “no”. Respuesta que, en la medida en que este trabajo avanzaba, por momentos comenzó a volverse un tanto endeble. Quizá haya sido que por mi formación académica orientada hacia uno de dichos términos, mis herramientas teóricas se encontraron cubiertas de parcialidades. Sin embargo, ello no sólo logró reforzar aun más mi postura inicial y sino que dejó entrever que, en realidad, la vinculación entre el Derecho y la Política es más tangible que lo se piensa, como así también su fundamentación. Es así como logré comprender al Derecho en términos políticos y a la Política en términos jurídicos.

Este esquema nació pensado como una especie de  “nudo de borromeo”, conformado por las tres faces que identifiqué como relevantes para proponer la existencia de la relación pretendida.

Finalmente, a mérito de todo lo expuesto, no me queda más que concluir el presente valiéndome del símbolo de la “vesica piscis”: dos círculos del mismo radio cuyos centros se encuentran en la circunferencia del otro, es decir, dos mundos con sus propiedades y características pero conectados entre sí, dos nudos entrelazados que sin atajos remiten a la innegable relación entre el Derecho y la Política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) BIBLIOGRAFÍA

 

  • AJA ESPIL, Jorge (1987). Constitución y Poder. Argentina: Tipográfica Editorial Argentina.
  • BOBBIO, Norberto (2008). Diccionario de Política. México: Siglo Veintiuno Editores.
  • BOBBIO, Norberto (1985). Origen y Fundamentos del Poder Político. México: Grijalbo.
  • BOBBIO, Norberto (1990). Contribución a la teoría del derecho. Edición de Alfono Ruiz Miguel. Madrid: Debate.
  • FERRAJOLI, Luigi (2001). Pasado y Futuro del estado de derecho.
  • GUASTINI, Ricardo (1999). Distinguiendo. Barcelona: Gedisa.
  • HABERMAS, Jürgen (1991). Teoría de la Acción Comunicativa. Buenos Aires: Taurus 1991.
  • HABERMAS, Jürgen (1998). Facticidad y Validez: Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso. Madrid: Trota.
  • LOOZ, Fritz (1995). Habermas, Facticidad y Validez. Publicado en: Geschichte und Gesellschaft.
  • POWELL, G.B. y ALMOND, G.A. (1970). Política Comparada. Buenos Aires: Paidos.
  • ROBLES, Gregorio (1998). El Derecho como texto. Madrid: Civitas.

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